Jaime de Althaus
Para Lampadia

No cabe duda que la solicitud de Pedro Castillo a Julio Velarde de permanecer en la presidencia del BCR, es un mensaje inteligente que ayuda a aliviar la ansiedad que produce la perspectiva de un eventual gobierno suyo. Pero ese pedido de plaza debería ser confirmado por una gestión personal para persuadir a Velarde de dar marcha atrás en su decisión de dejar la conducción del órgano emisor. Porque es obvio que su presencia allí sería la mejor garantía posible de un manejo monetario serio y confiable. El país lo necesitaría.

Ahora bien, la estabilidad monetaria es fundamental, y es la base del crecimiento, pero para crecer se requiere además estabilidad de buenas reglas de juego, que favorezcan la inversión y el empleo.

En ese sentido, la frase completa de Castillo en la manifestación aporta algunos elementos: “No somos comunistas, somos democráticos, respetamos la gobernabilidad, la institucionalidad peruana. Somos respetuosos de esta Constitución y, en ese contexto, pido al doctor Julio Velarde que su trabajo sea permanente en el Banco Central de Reserva. Es necesario no solo para tranquilidad económica, sino para abrir las puertas a las grandes inversiones que tienen que darse democráticamente, con reglas claras”.

Es evidente que la gobernabilidad y el respeto a la institucionalidad y a la Constitución son fundamentales para crecer y reducir la pobreza. Nos preguntamos si debemos tomar esa enunciación como un nuevo compromiso, uno positivo, dirigido a enmendar la propuesta de una asamblea constituyente, una idea mítica cuya concreción sería el más eficaz sabotaje posible a la recuperación económica y al crecimiento sostenido. A los propios planes que el vocero económico del señor Castillo ha anunciado.

Lamentablemente no podemos tomar esa declaración de respeto institucional y constitucional como definitiva. Porque tan solo dos días antes, en el Cusco, Pedro Castillo prometió a los gobernadores regionales allí reunidos que serán convocados a formar parte de la Asamblea Constituyente. “Pido a ustedes como gobernadores sean los primeros convocados para que participen en la próxima Asamblea Constituyente para que en una Constitución que así lo diga el pueblo, la salud y educación sean derechos fundamentales”.

Es imposible respetar la Constitución vigente y al mismo tiempo proponer una Asamblea Constituyente, que no existe en la Carta Magna. Menos aún una conformada por personas u organizaciones designadas prácticamente a dedo por el gobernante, como –adelantándose- hizo Castillo en el Cusco al convocar a los gobernadores a integrar la presunta futura Asamblea. En una democracia representativa no cabe una asamblea compuesta por grupos de interés o colegiados de ningún tipo, sino solo por representantes elegidos mediante voto popular.

No solo eso. El día sábado pasado, en una reunión con líderes del Foro de sao paulo, Castillo dijo “La corrupción es inherente a su Constitución o modelo económico, que tenemos que cambiar”, y arremetió contra el Tribunal Constitucional. Ver en Lampadia: Cambio de Constitución – Un inmenso daño al Perú.  

El otro elemento interesante en el discurso del profesor fue la idea de que la continuidad de Velarde permitiría “abrir las puertas a las grandes inversiones que tienen que darse democráticamente, con reglas claras”. Muy bien. Pero entre esas inversiones grandes estarían, primeras en la fila, Tía María y Conga, que él mismo ha descartado. Debería revisar esa negativa y proponerse la posibilidad de sacarlas adelante con los recursos de inversión social, ambiental y productiva que proporcionarían las mayores regalías o impuestos que se cobraría la minería, ofreciendo a las poblaciones liderar un programa de desarrollo integral financiado precisamente con esos mayores recursos. Pondría a prueba su liderazgo social, para hacerlo posible. Lampadia

Por más que las encuestas sobre las elecciones de EEUU muestran una clara ventaja para el candidato demócrata, Joe Biden, no cesan los temores de una posible trifulca en la que el presidente Trump cuestione los resultados y fuerce una contienda judicial.

Este riesgo será mayor en la medida que los resultados se acerquen, especialmente en los estados oscilantes, entre los que pueden estar Winconsin, Michigan, Pensilvania y Ohio, más eventualmente Florida, Carolina del Norte y Arizona. Algo que puede llevar a que los resultados del colegio electoral contradigan el peso del voto popular, como ocurrió en las últimas elecciones, donde Hillary Clinton obtuvo tres millones de votos más que Trump, pero perdió en el colegio electoral.

Según The Economist, Trump tiene solo 5% de probabilidades de ser reelecto, en gran medida por el mal manejo de la pandemia de coronavirus.

Aún así, como explica Nouriel Roubini, en el artículo de Project Syndicate que compartimos líneas abajo, una eventual crisis electoral puede durar varios días y hasta meses, y puede ser muy dañina para la economía estadounidense.

Esperamos, por el bien de la humanidad, que más allá de que nos guste o no, depende de los acontecimientos económicos de EEUU, que se pueda evitar esa eventual confrontación.

El cociente de caos en la elección estadounidense

Project Syndicate
Oct 27, 2020
NOURIEL ROUBINI
Glosado por Lampadia

Las encuestas de opinión en Estados Unidos vienen señalando que es muy probable que el Partido Demócrata se alce con una victoria contundente en la elección del 3 de noviembre, en la que Joe Biden gane la presidencia y los demócratas obtengan el control del Senado y se afiancen en la Cámara de Representantes, lo que pondría fin a la situación de gobierno dividido.

Pero si la elección se convierte en un plebiscito por el presidente Donald Trump, puede ocurrir que los demócratas obtengan la Casa Blanca pero no recuperen el Senado. Y no se puede descartar que Trump recorra el estrecho sendero a una victoria en el Colegio Electoral y los republicanos retengan el Senado, con lo que se reproduciría el statu quo.

Más preocupante es la perspectiva de una larga disputa en torno del resultado, en la que ambas partes se nieguen a ceder y libren fieras batallas legales y políticas en los tribunales, los medios y las calles. En la reñida elección de 2000, la cuestión no se decidió hasta el 12 de diciembre, cuando la Corte Suprema falló en favor de George Bush (hijo), y su oponente demócrata, Al Gore, aceptó el resultado con elegancia. La incertidumbre política provocó durante ese período una caída de más del 7% en las bolsas. Esta vez puede ser que la incertidumbre dure mucho más (tal vez meses) y eso implica serios riesgos para los mercados.

Hay que tomar en serio esta hipótesis de pesadilla, incluso si ahora mismo parece improbable. Aunque Biden haya liderado las encuestas en forma permanente, también las lideraba Hillary Clinton en vísperas de la elección de 2016. No puede descartarse que en los estados bisagra aparezcan votantes «vergonzosos» de Trump que no quisieron revelar sus verdaderas preferencias a los encuestadores.

Además, lo mismo que en 2016, hay en marcha campañas de desinformación a gran escala (extranjeras y locales). Las autoridades estadounidenses han advertido que Rusia, China, Irán y otras potencias extranjeras hostiles están empeñadas en tratar de influir en la elección y sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral. Trolls y bots inundan las redes sociales de teorías conspirativas, noticias falsas, deepfakes y desinformación. Trump y algunos de sus colegas republicanos han hecho propias absurdas teorías conspirativas como la de QAnon, y han dado señales de apoyo tácito a grupos supremacistas blancos. Gobernadores y otros funcionarios públicos de muchos estados bajo control republicano apelan sin el menor empacho a sucias estratagemas para suprimir los votos de grupos sociales de inclinación demócrata.

Para colmo, Trump ha dicho muchas veces (sin fundamentos) que el voto postal no es confiable; esto es porque anticipa que los demócratas serán mayoría entre quienes no voten en persona (como precaución de tiempos de pandemia). Además, se negó a decir que entregará el poder si pierde, y les hizo un guiño a milicias de derecha (a las que pidió «retroceder y esperar») que ya siembran el caos en las calles y traman actos de terrorismo interno. Si Trump pierde y apela a afirmar que hubo fraude electoral, hay una alta probabilidad de violencia y agitación social.

De hecho, si los primeros resultados en la noche de la elección no indican de inmediato una amplia victoria demócrata, es casi seguro que Trump se declarará vencedor en los estados disputados, antes de que se hayan contado todos los votos postales. Miembros del equipo republicano tienen en marcha un plan para cuestionar la validez de esos votos y suspender el recuento en los estados clave. Librarán batallas legales en las capitales de estados bajo control republicano, en tribunales locales y federales llenos de jueces designados por Trump, en una Corte Suprema con 6 a 3 de mayoría conservadora y en una Cámara de Representantes donde, de haber empate en el Colegio Electoral, los bloques legislativos de los estados emitirán un voto cada uno para elegir al presidente, y los republicanos controlan la mayoría de los bloques.

Al mismo tiempo, puede ocurrir que todas esas milicias armadas blancas que ahora están «esperando» salgan a las calles para fomentar la violencia y el caos, con el objetivo de provocar una respuesta violenta de grupos izquierdistas y dar a Trump un pretexto para invocar la Ley de Insurrección y desplegar fuerzas federales, o al ejército, para restaurar «la ley y el orden» (algo con lo que ya amenazó). Tal vez pensando en este final posible, la administración Trump ya calificó a varias grandes ciudades con gobierno demócrata como distritos «anarquistas» que tal vez deba reprimir. Es decir, es evidente que Trump y sus esbirros harán todo lo necesario para robarse la elección; y dada la amplia variedad de medios a disposición del ejecutivo, pueden salirse con la suya, si los primeros resultados electorales son parejos y no muestran una victoria clara de Biden.

Por supuesto, si los primeros recuentos dan a Biden una gran ventaja incluso en estados tradicionalmente republicanos como Carolina del Norte, Florida o Texas, a Trump le será mucho más difícil prolongar la discusión y aceptará la derrota antes. El problema es que cualquier resultado que sea menos que una victoria aplastante de Biden dejará abierto un resquicio para que Trump (con los gobiernos extranjeros que lo apoyan) apele al caos y a la desinformación para embarrar el proceso, mientras los republicanos maniobran para llevar la decisión final a ámbitos más favorables (por ejemplo, los tribunales).

Semejante grado de inestabilidad política puede dar lugar a un importante episodio de huida del riesgo en los mercados financieros, en un momento en que la economía ya se está desacelerando y las perspectivas de un paquete adicional de estímulo en el corto plazo son inciertas. Una disputa prolongada por el resultado electoral (incluso hasta inicios del año entrante) puede provocar una caída de hasta un 10% en las bolsas y que se reduzcan los rendimientos de los títulos públicos (que ya están bastante bajos); y la huida mundial hacia la seguridad presionará aun más al alza sobre el precio del oro. Lo habitual en estos casos es que el dólar se fortalezca; pero como el disparador de este episodio particular sería el caos político en Estados Unidos, puede haber una fuga de capitales contra el dólar que lo debilite.

Una cosa es segura: una elección muy disputada deteriorará todavía más el prestigio internacional de Estados Unidos como ejemplo de democracia y Estado de Derecho y debilitará su poder blando. Hace tiempo (sobre todo los últimos cuatro años) que la política del país transmite una imagen de caso perdido. De modo que, sin dejar de tener esperanzas en que el caos antes descrito no se haga realidad (las encuestas todavía muestran una clara ventaja de Biden), los inversores deberían prepararse para lo peor, no sólo el día de la elección sino también en las semanas y meses venideros.

Traducción: Esteban Flamini

Nouriel Roubini, Professor of Economics at New York University’s Stern School of Business and Chairman of Roubini Macro Associates, was Senior Economist for International Affairs in the White House’s Council of Economic Advisers during the Clinton Administration. He has worked for the International Monetary Fund, the US Federal Reserve, and the World Bank.