La desaceleración de la economía peruana es cada vez más pronunciada. Como hemos señalado (ver en Lampadia (L): Hay que prender el motor de la inversión privada), esta se debe en gran medida por la caída de inversión privada y  pública que el año pasado tuvieron un ratio negativo de 1.6% y 3.6%, respectivamente. El freno de la inversión privada se debe en gran medida a que varios proyectos del clave sector minero y de infraestructura no salieron.

Una demostración de que la inversión privada ha caído es que, “las expectativas empresariales se han deteriorado dela mano de la fuerte desaceleración económica. La prueba más palpable de esta situación es que el número de empresas cerradas ha llegado a su mayor nivel desde que se tiene registro.El año pasado se cerraron 163,729 empresas, 6.7% más que en el 2013, en una coyuntura de menor demanda tanto interna como externa, según el boletín “Demografía Empresarial en el Perú”, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).Pero fue hacia el cuarto trimestre del año en que se llegó al punto más álgido,con hasta 46,370 empresas dadas de baja, lo que representó un 58.6% más que en el mismo periodo del 2013”, según Gestión.

Habría que hacer notar que los “sectores más vulnerables al cierre de empresas fueron el comercio al por menor (17% del total de bajas en el último trimestre), seguido de comercio al por mayor (16.6%), servicios prestados a empresas (14.7%) y otros servicios (12.5%)”. Este golpe se ha sentido mayormente en Lima que concentra el 44.3% del total de compañías desaparecidas. Las regiones parecen haber soportado mejor esta situación aunque las más golpeadas,entre ellas, son “Arequipa (5.3%), La Libertad (5.2%), Cusco (3.8%) y Junín (3.6%), zonas donde se registra un alto dinamismo empresarial”.

La situación económica, como no podía ser de otra manera “afectó el ritmo de creación de empresas.El año pasado se registraron 262,973 firmas nuevas en todo el país, un 8.2% menos que durante el 2013”. Esta situación está, indudablemente, afectando la creación de empleo.

Asimismo, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas, trata de dejar más dinero en  manos de los ciudadanos y empresas, la Sunat hace lo contrario, al crear mayor rigidez para los procesos de fraccionamiento de las deudas tributarias. Esto obliga, como hemos señalado, a que muchas empresas cierren, despidan trabajadores o terminen informalizándose. Además, la Sunat está restringiendo los gastos que se pueden imputar como descuentos fiscales, con lo cual, se retira, adicionalmente, más caja a las empresas.(Ver en Lampadia: El MEF y la Sunat tiran de la cuerda en distintas direcciones).

En el tema laboral, una primera reforma podría ser el evitar lo que Pedro Olaechea llama “el valle de la muerte”, que es el abismo en que cae una empresa que decide formalizarse. El problema es que una vez formalizada es posible de que una eventual inspección laboral termine acotando a la empresa multas y recargos por los incumplimientos laborales en que incurrió mientras era informal. Como es fácil de entender, las eventuales cargas pueden ser tan onerosas que ninguna empresa se arriesga a pasar por el proceso. Las más ingeniosas abandonan su RUC y empiezan a trabajar con uno nuevo. Pero eso crea otros problemas y costos. ¿Cómo hacer? Pues, mediante cierto compromiso de la empresa, se le debería eximir de los eventuales cargos, estableciendo un plazo límite para que estas se acojan a una promoción práctica de la formalidad.

En cuanto a la Sunat, esta debiera desandar sus recientes acciones para dificultar los fraccionamientos. Además, cómo cualquier acreedor bancario, no debiera limitar la posibilidad refinanciar las pérdidas de fraccionamientos, una y otra vez, cobrando algo de cuotas iniciales cada vez que el deudor tributario necesite refinanciar. De lo contrario, si los deudores no cuentan con recursos suficientes para pagar de una sola vez el íntegro de sus deudas, no les queda otra alternativa que volverse informales o quebrar.

En las actuales circunstancias, es necesario que se haga una estrecha coordinación del objetivo de las normas del MEF, el Ministerio de Trabajo y la Sunat para establecer un período de facilitación de la formalización laboral y tributaria. Lampadia

El quinto paquete reactivador aprobado por el Congreso en primera votación el 26 de noviembre (aún pendiente de segunda votación), impone cambios tributarios en las tasas del impuesto a la renta de tercera categoría y simultáneamente en la tasa del impuesto a los dividendos. Baja el impuesto a la renta, pero se compensa con el aumento del impuesto a los dividendos (personas naturales). El objetivo manifestado es incentivar la reinversión, manteniendo constante la carga tributaria (33%, considerando ambos tributos). Lamentablemente, el paquete incluye también un nuevo impuesto a los dividendos, gravando ahora a las empresas (personas jurídicas) cuando antes solo se aplicaba a las personas naturales. Esto tendrá un efecto contrario a los objetivos reactivadores de los cinco “paquetes”. 

Actualmente, el reparto de dividendos dirigido a personas jurídicas no está gravado de manera anticipada, puesto que se aplica cuando el reparto llega a las personas naturales o a las personas jurídicas no domiciliadas. El proyecto “reactivador” crea un nuevo impuesto anticipado a los dividendos aplicable a las empresas que los reciben. El proyecto de ley lo califica como un Impuesto a la Renta de tercera categoría, pero le asigna una tasa especial (la misma que grava el reparto de dividendos a personas naturales: 6.8%, 8% y 9.3% según el año correspondiente).

Sobre esto último, la preocupación del Poder Ejecutivo es evitar que las empresas operativas transfieran dividendos a empresas matrices como una estrategia para eludir el pago del impuesto a los dividendos. Es incorrecto asumir que la única razón que tiene un inversionista para trasladar dividendos de una empresa operativa a una empresa matriz es eludir el Impuesto a la Renta. Por el contrario, es perfectamente razonable y usual que un inversionista que está diversificado (o quiera estarlo) reinvierta utilidades de un negocio en otro distinto. Esto no se refiere solo al caso de empresas holding, sino que las empresas operativas pueden tener, a su vez, subsidiarias operativas.

Para ese tipo de inversionista (que no es el que “quiere eludir” el impuesto a los dividendos), sino más bien que quiere reinvertir en el país de forma diversificada, el proyecto de Ley 4007-2014-PE supone una distorsión, una “norma-contra-propósito” que afecta la eficiencia de las empresas. Es contrario a los objetivos planteados, pues generará un desincentivo para que los inversionistas reinviertan y se diversifiquen como, además, busca el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) del Gobierno.

Adicionalmente a lo anterior, cabe mencionar que según la legislación actual, las empresas holding (cuya principal fuente de ingresos son los dividendos generados por sus inversiones), no pueden deducir para efectos tributarios gastos que no estén directamente vinculados a la reinversión de esos dividendos. Los gastos no vinculados a esa reinversión, están gravados con un impuesto de 4,1%. La razón principal por la cual existen empresas holding no es para obtener un beneficio tributario, sino para viabilizar la reinversión de utilidades de manera diversificada y eficiente.

Sería absurdo que el paquete reactivador paralice una parte importante de la reinversión de utilidades, puesto que los inversionistas diversificados preferirían, bajo las nuevas normas, repartir dividendos a los accionistas (personas naturales), en lugar de ser reinvertidos en otros negocios.

El nuevo Impuesto a los Dividendos para Personas Jurídicas, tal como está propuesto, limitará la reinversión de utilidades de una empresa operativa en otros negocios a través de sus matrices. Además, impedirá la colocación eficiente de capital, irá contra de los objetivos del PNDP, complicará innecesariamente el sistema tributario y terminará generando el efecto opuesto al que se quiere promover: reactivación económica y reinversión de utilidades.

Esperamos que el Ejecutivo y el Congreso corrijan este “lapsus” fiscalista de efectos anti-reactivadores. Lampadia