Ale Costa
Curadora de Economía del Comité de Lectura
De su Twitter, 9 de setiembre 2021
Glosado por Lampadia

Lo explico en un hilo a pedido del público:

Primero, veamos qué es la tasa de interés de referencia. Suena complicado, pero en realidad, es una tasa de interés (como la que te cobran por un crédito) que sirve, como su nombre lo dice, como referencia para otras operaciones en el sistema financiero.

¿Qué operaciones se hacen con esa tasa?

La tasa de referencia o tasa clave determina el costo de las operaciones interbancarias de muy corto plazo, es decir, la tasa de interés que le cobra un banco a otro banco por prestarle dinero por un día.

Estas son de las operaciones de menor costo en el sistema financiero. Recordemos que la tasa de interés refleja el riesgo de que no te paguen el crédito y prestarle a otro banco tiene bajísimo riesgo. Además, es de un plazo cortísimo. Es como la pieza más chicha de este meme.

La tasa influye, primero, en los costos de que la liquidez (el dinero) fluya en el sistema financiero. A mayor tasa, menores flujos de liquidez y, a menor tasa, mayor flujo. En cristiano: si la tasa sube, habrá menor dinero circulando/si la tasa baja, circulará más dinero

Así, moverla hará que poco a poco las tasas de interés del resto de créditos suba o baje, de modo que terminará definiendo cuánto cuesta obtener dinero en una economía. Este efecto se va dando en el tiempo.

Su capacidad para determinar el costo del dinero es la razón por la que el @bcrpoficial y la mayoría de bancos centrales usan esta tasa como su principal herramienta de política monetaria para cumplir con su meta primigenia: combatir la inflación.

La política monetaria (PM) es la parte de la política económica que busca controlar cuánto dinero hay en la economía para moderar la inflación y estimular el crecimiento. En el Perú, la maneja el BCR, que se fija como meta mantener la inflación entre 1% y 3% al año.

Cuando la inflación se escapa de ese nivel, el BCR puede elevar esa tasa para echarle un poco de «agua fría» a la economía (PM restrictiva). Cuando el dinamismo de la economía (y la inflación) baja, como a inicios del 2020, puede bajarla para meterle «gasolina» (PM expansiva).

¿Por qué? Porque al definir el costo del dinero, facilita o dificulta que las personas y empresas compren, es decir, alimenta o reduce la demanda. La inflación (incremento de precios), en términos básicos, se genera cuando la demanda supera a la oferta.

Esto suele suceder cuando las economías se reactivan después de las crisis: la demanda (capacidad de comprar cosas) se recupera más rápido que la oferta (capacidad de producir cosas). Y eso ahora está generando en el mundo un alza fuerte de los precios de las materias primas.

¿Qué está pasando en Perú? Pues que la inflación ha subido fuertemente en los últimos meses. En agosto, llegó a casi 5%, su mayor nivel desde 2009 (luego de la crisis financiera) por dos factores: la inflación internacional y el alza local del tipo de cambio.

El Perú importa inflación al importar insumos como el trigo, el maíz y el aceite de soya para producir pan, pollo o aceite vegetal. Y esto se intensifica por la fuerte alza del dólar, que eleva aún más los precios que pagan los importadores por esos insumos y productos terminados.

Los combustibles también han subido en el mundo y eso, agravado por el mayor tipo de cambio, eleva los costos de transporte de los productos y todo eso encarece la electricidad (parte de los costos de todos los productos). Todo alimenta la inflación.

Pero en economía, no solo juegan los números, la realidad o el presente. También cobran importancia las expectativas: si todos creemos que los precios van a seguir subiendo, tomaremos decisiones que van a terminar alimentando la inflación.

Y lo que ha pasado en agosto es que, por segundo mes consecutivo, esas expectativas están subiendo. Según la encuesta que hace todos los meses el BCR, los analistas, entidades financieras y empresas creen que en los próximos 12 meses la inflación estará por encima de la meta.

¿Por qué son importantes las expectativas ahora? Porque el BCR considera que la inflación actual es temporal, pero si las expectativas siguen subiendo y se mantienen altas, la alta inflación podría quedarse por más tiempo y convertirse en un verdadero problema macroeconómico.

El alza de la tasa de referencia tiene efecto real, pero toma tiempo. En primera instancia, puede cambiar esas expectativas. El BCR está diciéndoles a los agentes económicos que no va a tolerar una alta inflación y que va a hacer todo lo posible para combatirla.

¿Cómo manda ese mensaje?

Con la magnitud del alza. El BCR suele subir la tasa de 0.25 en 0.25 puntos porcentuales, así que hacer un alza de 0.50 puntos es como escribir un tweet en MAYÚSCULAS.

Según @EconomiaDiaADia, los únicos antecedentes son en agosto y setiembre del 2010.

El BCR ha dicho que «la política monetaria continúa siendo expansiva con una tasa de interés de referencia históricamente baja. La presente decisión no implica necesariamente un ciclo de alzas sucesivas en la tasa de interés de referencia»

Con esto, el BCR quiere calmar a quienes temen que el alza de tasas pueda seguir. ¿Por qué el temor? Porque si se encarece más el dinero, se encarecen las inversiones, se reduce la demanda y, por lo tanto, se dificulta la reactivación económica. Ese es el costo.

Otros países como Estados Unidos están planeando retirar sus estímulos monetarios (bajas tasas o inyección de dinero comprando bonos) para evitar que sus economías se «recalienten», generando inflación. Sin embargo, la economía peruana está lejos de esa situación.

El BCR, entonces, está haciendo su trabajo. Sin embargo, falta que el Gobierno haga lo suyo y empiece a generar confianza y reducir la incertidumbre (que es lo que ha alimentado el alza del dólar) y se ponga las pilas para estimular que la economía peruana siga creciendo. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

A raíz de la publicación del Reglamento del Decreto Legislativo 1434, que obliga a las empresas del sistema financiero a brindar información mensual a la Sunat sobre las cuentas financieras cuyos montos sean iguales o mayores a 10,000 soles; se ha generado un debate entre economistas de orientación fiscalista y constitucionalistas.

Los fiscalistas privilegian los objetivos tributarios sobre los derechos de los ciudadanos a la privacidad, concretamente al secreto bancario, cautelado por la Constitución. Ver en Lampadia: Norma que facilita acceso a datos bancarios sería inconstitucional.

Este tema se da además en el contexto de los impactos económicos de la pandemia, absurdamente inducidos por la negligencia e incapacidad del gobierno de Vizcarra, que entre otros daños ha debilitado gravemente la posición fiscal del país.

Efectivamente, el 2020 cerrará con un déficit fiscal del orden de 10% del PBI, y para el 2021 se estima uno algo mayor a 6%. Esta situación se da tanto por los gastos extraordinarios generados por la pandemia, como por el deterioro de la economía, que lleva a que la capacidad contributiva de las empresas esté seriamente mermada.

Más allá del tema del secreto bancario, la crisis económica y la necesidad de recuperar el crecimiento y la salud de las empresas, nos obligan a ser muy cautos en el manejo fiscal. No es momento para pensar en eliminar exoneraciones y mucho menos en el aumento o creación de nuevos tributos. Pero en los medios, se multiplican las opiniones y enfoques fiscalistas que se acogen sin sentido crítico y más bien se difunden con un absurdo tono de falsa justicia.

Por estas razones, y para que se hagan análisis serios, estamos volviendo a publicar uno de nuestros artículos de julio de 2019, sobre los mitos de que las grandes empresas no pagan impuestos, cuando la realidad es que las empresas formales, especialmente las más grandes, están sobre gravadas. En el Perú, el 78% de los tributos internos los paga el 0.16% de los contribuyentes.

Fake News tributarias
Mito: Las empresas grandes no pagan impuestos

Publicado por Lampadia
Lima-Perú, 18/07/2019
Reeditado

En general los políticos, los medios, y muchas veces el propio gobierno afirman que las empresas grandes no pagan impuestos. La verdad es otra, la recaudación de tributos está concentrada en las grandes empresas.

Se habla mucho de que la presión tributaria es muy baja en el Perú, implicando un nivel de tributación insuficiente. En verdad esto se debe al alto nivel de informalidad de la economía y la baja productividad de muchas empresas pequeñas, pero no a la equivocada generalización de que las empresas grandes no pagan impuestos.

Como podemos ver a continuación, las empresas formales en el Perú (mayormente las grandes), tienen más bien una sobrecarga tributaria, bastante mayor que la de sus equivalentes en la Alianza del Pacífico. Veamos:

La economía formal soporta una presión tributaria del orden de 26.5%, casi cuatro puntos más que en Chile.

Este cuadro muestra todo lo contrario de lo comúnmente anotado en los medios y el mundo político. Las empresas formales, y en mayor medida las empresas grandes, soportan una carga tributaria exagerada.

El siguiente gráfico muestra la presión tributaria y el nivel de informalidad para los países de la Alianza del Pacífico, que explica que en promedio tengamos una baja presión tributaria.

Además, en el siguiente gráfico (fuente de la SUNAT), podemos ver que el 78% de los tributos internos lo pagan 14,532 contribuyentes, solo el 0.16% del total, lo que corrobora la concentración de la tributación en las empresas más grandes.

Fuente: SUNAT

Ver en Lampadia: Prejuicios mediáticos anti empresa.

En cuanto al impuesto a la renta, muchas veces las empresas terminan pagando más de la tasa nominal (30%), por acciones de la SUNAT por las cuales no reconocen algunos gastos, muchas veces antojadistamente. Por ejemplo, según explica el contador de Telefónica, desde 1994 la empresa pagó 9,000 millones de soles, que corresponde a una tasa mayor al 40%. Ver en: https://www.facebook.com/ElContadorDeTelefonica/.

Además las empresas formales soportan una carga burocrática ridículamente alta. Las empresas formales no son victimarias, son más bien, víctimas de un sistema que desalienta la inversión y las apuestas por el largo plazo.

Por lo tanto, buena parte de la atención del gobierno está desenfocada, incluyendo el verbo anti elusivo de reciente difusión. Si queremos mejorar los ingresos del Estado, más allá de posibles excepciones, el foco no debe estar en perseguir a las empresas grandes, sino en superar la informalidad y en alentar el crecimiento de la economía y el aumento de la productividad de las empresas más pequeñas. Lampadia

El Congreso de transición cree estar trabajando por los más pobres, pero está sembrando más informalidad y más exclusión, al final, más pobreza. Legislando contra el mercado, ese supuesto monstruo voraz, está condenando a los ciudadanos más pobres a una vida de limitaciones y angustias.

Veamos tres ejemplos:

El Agro

La derogatoria y dación de un nuevo régimen agrario, donde se pretende intervenir el mercado salarial, condenará a los agricultores más pequeños a salir del mercado; pues no alcanzan a contar con la tecnología más moderna, ya sea por que no cuentan con las mejores variedades (que requieren más inversión), o porque no tienen los sistemas de riego más eficientes, o no tienen suficiente conocimiento de los mercados internacionales, o por tantos otros factores de competitividad en este sector de la agricultura moderna, que requiere mucha tecnología. Por otro lado, también se está condenando a desaparecer a los sembríos de menor rentabilidad, como los de granadas, ciertos cítricos, o tal vez hasta los espárragos y arándanos.

Además, se está instalando un incentivo anti empleo, al empujar a las empresas a mayores niveles de automatización.

La agricultura peruana está a medio desarrollarse. Con la agricultura moderna, solo se ha incorporado al mercado al 15% del empleo del sector. Además, hay un desarrollo muy positivo en la sierra rural, con programas como el de Sierra Productiva, pero de alcance muy limitado, dada la falta de apoyo de sucesivos gobiernos. Ver en Lampadia: REVOLUCIONES PRODUCTIVAS EN EL CAMPO.

Estando a medio camino, en vez de impulsar un mayor desarrollo, los congresistas están destruyendo lo avanzado.

En conclusión, tendremos más informalidad y más exclusión en el agro.

El crédito

Con la fijación de topes a las tasas de interés, se está expulsando a los ciudadanos y empresarios más pequeños fuera del sistema financiero hacia el financiamiento informal de los prestamistas.

Se dice con error que los empresarios más pequeños, que no logran salir de la informalidad, tienen muy baja productividad. En verdad, en buena parte, muchos de ellos, al tener que recurrir al crédito informal de muy alto costo, pierden una gran parte de la riqueza que generan, alimentando a los prestamistas informales. Además de ello, están obligados a pagar coimas a los inspectores de distintas instituciones públicas.

Así, entre intereses usureros de los prestamistas informales y las coimas, pierden mucho de lo que generan. En los últimos años, muchos de ellos, con gran esfuerzo, han venido accediendo al sistema financiero, principalmente a través de las microfinancieras, ya sean Cajas, Edpymes, Cooperativas, o de la banca especializada. Con esta norma insensata, ese proceso de bancarización será abruptamente truncado, y lo que es peor, muchos que ya están en el sistema, correrán el riesgo de salir de el.

Según el BCRP (El Comercio), la tasa de interés promedio de los prestamistas informales, según una encuesta realizada a Mypes es de 20% mensual, equivalente a 792% anual. Más aún, “los cobros son diarios y el incumplimiento de los pagos tienen mecanismos de cobro delincuenciales”. Hoy, más que nunca, después de la pandemia, necesitamos un sistema financiero sólido y dinámico.

En conclusión, tendremos más informalidad y más exclusión en el crédito.

Deducción fiscal de intereses hasta el 30% de las utilidades.

Increíblemente, el inefable Congreso, contrariando el proyecto del ejecutivo que establecía que la deducción de intereses tuviera un tope solo para las empresas que tuvieran utilidades mayores de 44 millones de soles, ha decretado abusivamente, para el año 2021, el año de la pos-pandemia, en el que la mayoría de empresas estará al borde de hacer pérdidas o estará perdiendo plata, que solo se pueda considerar como gasto por intereses un 30% de sus utilidades.

Evidentemente, esto afectará gravemente a las empresas medianas y chicas, encareciendo sus costos financieros.

Esta norma del Congreso es una prueba clara de que los congresistas están haciendo daño adrede a los empresarios más pequeños.

Análisis

Todas estas normas se están imponiendo en contra de advertencias expresas por parte de las instituciones especializadas del Estado, como el BCRP, la SBS y el MEF. Así como de tardíos reproches de gremios empresariales.

En general el país asiste pasivamente al desmantelamiento progresivo de nuestra joven economía de mercado. El mundo académico brilla por su ausencia en momentos tan álgidos, excepto, por supuesto, de aquellos que hace tiempo renunciaron al rigor académico en pos de ideologías estatistas, como es el caso de la PUCP y más recientemente, de la Universidad del Pacífico.

En este aspecto, también deja muchísimo que extrañar, la actuación de la gran mayoría de los medios de comunicación. Por ejemplo, en el caso del tema agrario, no han hecho una sola investigación seria del tema y cada vez se extiende más la insensata costumbre de muchos periodistas, que cuando entrevistan a un empresario, su pregunta más importante e incisiva es ¿Cual es su autocrítica?

Quitémonos la venda de los ojos, todo esto no es casualidad. Es producto de una hábil manipulación de un activo grupo de congresistas que tienen una agenda anti mercado, ya sea producto de ideologías atrabiliarias o simplemente, de agendas políticas de corto plazo; que terminan arrastrando a la mayoría, que carecen de una visión política del Perú.

Muchas veces hemos hablado en Lampadia sobre la debilidad institucional de la sociedad civil en el Perú. Hemos reclamado muchas veces la necesidad de contar, por ejemplo, con think tanks que defiendan la economía de mercado y la modernidad. Curiosamente, a raíz de los acontecimientos de desorden político en Chile, donde tienen muchos think tanks y centros de pensamiento liberales poderosos, en el Perú se ha dicho que eso no le sirvió de nada a nuestros vecinos. Sin embargo, hay que mirar un poco más. Los think tanks chilenos, siendo muy buenos en análisis y propuestas de políticas públicas, fallaron sorprendentemente en su llegada a la opinión pública. Por ejemplo, el Centro de Estudios Públicos (CEP), el de mayor raigambre, solo tiene 24,181 seguidores en Facebook y 75,427 en twitter. Por su lado, la más combativa Fundación para el Progreso, dirigida por Axel Kaiser, tiene 280,000 seguidores en Facebook, también insuficiente.

Entonces pues, tenemos que insistir en crear una potente presencia de la sociedad civil en think tanks y gremios que se comprometan con difundir y defender, ante la opinión pública, la economía de mercado como la mejor aliada de la democracia y de la búsqueda del bienestar común. Otra vez tenemos que gritar ¡Acción! ¡Acción Ahora! Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

No puede haber discusión sobre la tremenda caída de nuestra economía a raíz de la lucha contra el covid. Esta caída impacta, más allá de cualquier otro indicador, en la situación social de la nación, el empleo, la pobreza y la misma salud.

Igualmente, es evidente que es urgente y prioritario recuperar la economía de la manera más rápida posible.

Dadas estas premisas es importante preguntarse qué necesitamos para reactivar nuestro aparato productivo. Por el lado del sector externo, las cosas están avanzando en la dirección correcta. La demanda de minerales y sus precios son satisfactorios, así como la demanda y precios de nuestras agroexportaciones. La debilidad del sector externo está en el turismo, que está colapsado.

Pero veamos que necesitamos que se dé en el frente interno:

• Primero que nada, necesitamos recobrar la confianza en el futuro.
• También necesitamos un ambiente de armonía entre los poderes del Estado, entre el gobierno y el sector privado, y en general, la unión de los peruanos par enfrentar la peor crisis de nuestra historia desde la guerra del Pacífico.
• Igualmente, se necesita un ambiente favorable a la inversión, con señales positivas del gobierno, disposición de ánimo de la burocracia, y actitudes proactivas del sector empresarial.
• Necesitamos multiplicar la inversión, la pública y la privada. Pero no nos olvidemos que la inversión privada supera el 80% del total. Por ello hay que activar los grandes proyectos de infraestructuras y, principalmente, por su impacto, la inversión minera.
• Para viabilizar todo esto es indispensable fortalecer el sistema financiero. Requerimos un sistema líquido y propenso a dinamizar el crédito desde las empresas grandes hasta las más pequeñas.

Lamentablemente, las cosas no están yendo en esta dirección.

• La confianza en el futuro está muy deteriorada.
• Los poderes del Estado están desarticulados.
• Hay una manifiesta desconfianza del gobierno en el sector privado y las señales del gobierno son cada día peores. Como, por ejemplo, con la amenaza de estatización de las clínicas privadas.
• La burocracia estatal está en medio de una vorágine estatista y de creación de procedimientos y protocolos absurdos e incumplibles, que parecen hechos adrede para evitar la reactivación de la economía.
• Con todo esto, el sector privado está básicamente a la defensiva.
• El sistema financiero está a la espera de la ejecución de Reactiva Perú II, trabado por requisitos, cada día más antojadizos. Pero lo que es peor, el sistema financiero está amenazado por los proyectos del Congreso, como el límite a las tasas de interés y la condonación de intereses.

En estas condiciones es muy difícil salir adelante y recuperar la salud de la economía. Sin embargo, se puede ir avanzando y corrigiendo el tema de confianza, coordinaciones y burocracia. Pero lo que no se podría manejar, es el impacto negativo de la condonación de intereses propuesto por la Comisión de Economía del Congreso.

De darse esta norma, tendríamos un sistema financiero dañado y víctima de una suerte de Exocet en la línea de flotación.

La primera obligación de una institución financiera es cuidar su liquidez, para cautelar a sus ahorristas. Con la eventual condonación de intereses, cada una de las instituciones financieras se vería obligada a suprimir, o por lo menos a recortar drásticamente sus colocaciones, el crédito, como una medida preventiva ineludible.

Además, se propiciaría una importante salida de fondos del sistema, y se debilitarían los patrimonios de los bancos y financieras, cuando más se necesita su fortalecimiento.

Esta medida sería un suicidio, que haría imposible recuperar la economía del Perú, condenando a todos los peruanos, especialmente a los más pobres, a una larga y profunda crisis de vida.

La recuperación de nuestra economía se presenta como algo muy difícil de lograr, pero no porque seamos débiles, sino, como hemos apreciado líneas arriba, porque nosotros mismos estamos saboteando nuestras posibilidades de recuperación. Si tomamos conciencia de esta situación, debemos corregir urgentemente nuestras actitudes. Y esperamos que el Congreso de la República logre evitar un daño tan grande. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Quizá el problema estructural más serio del Perú es su altísima informalidad. Esta se expresa, entre otras cosas, en la baja tasa de inclusión financiera. Contrario sensu, si fuera posible acelerar la inclusión financiera o la profundización bancaria en el país, los sectores populares e informales crecerían más rápidamente y podrían aspirar a formalizarse. Eso beneficiaría al país de distintas maneras. En ese sentido, la billetera electrónica (BIM) puede convertirse en un instrumento eficaz de inclusión financiera y formalización. ¿Cuánto ha avanzado? ¿Funciona?

Impacto y necesidad

Comencemos reconociendo la realidad que mencionábamos: solo el 42% de los peruanos tiene cuenta bancaria, y solo el 30% usa tarjetas de crédito. La bancarización ha venido subiendo, como podemos ver en el siguiente gráfico, pero es todavía reducida.

Pero esta penetración es engañosa porque una parte apreciable de quienes tienen cuenta, no la usan, con el agravante de que esa parte ha aumentado, como podemos ver en el siguiente gráfico: aquellos que hicieron cuando menos un depósito en su cuenta, por ejemplo, en los últimos 12 meses, bajaron del 83% al 70%, entre el 2014 y el 2017. 

¿Qué es la billetera electrónica?

La billetera electrónica (BIM) fue parte de un compromiso adoptado por el sector privado financiero en el CADE 2014, presidido por Ricardo Briceño. Prácticamente todas las instituciones financieras peruanas (bancos, cajas municipales, cajas rurales, financieras, Edpymes y empresas emisoras de dinero electrónico) conformaron una empresa, Pagos Digitales Peruanos, para sacar adelante esta iniciativa. Es un caso único en el mundo.

La BIM se abre en el celular, en cualquier celular. No necesita ser un Smart Phone ni tener internet. Se puede cargar dinero en la BIM en cualquier agente bancario, en una bodega que sea agente bancario, por ejemplo. Y se puede retirar dinero también allí. Con la BIM se puede pagar o transferir dinero de celular a celular. La puedo usar para transferirle dinero a un familiar o a cualquier persona o para pagar algún servicio o una compra. Por ejemplo, para comprar minutos de teléfono prepago para mi celular. También hay una aplicación, llamada BIM, que se puede usar.

Crecimiento

Carolina Trivelli nos explica que la billetera electrónica se lanzó el 2016 pero se demoró en adquirir velocidad. Esto porque requiere de una red de agentes bancarios lo suficientemente tupida donde se pueda cargar la billetera y retirar dinero (cash in y cash out). La idea original era que el bodeguero prestara su teléfono para la operación, pero los bodegueros se resistían. La solución fue introducir la función BIM en el POS del bodeguero. Hoy existen 14 mil puntos de “cash in” y “cash Out”.

El hecho es que en los últimos meses el monto total de transacciones con la BIM, sin representar aún una porción importante del mercado, ha crecido aceleradamente. Lo podemos ver en el siguiente gráfico:

No obstante, el número de personas con BIM está alrededor de las 500,000. Trivelli calcula que en dos años debería haber 2 millones de personas cuando menos. Pero 2 millones sigue siendo muy poco. El número de personas mayores de 15 años suma casi 24 millones de personas, de los cuales 16 millones carecen de ningún medio de pago digital, y 14 millones no tiene ninguna relación con el sistema financiero: ni cuenta, ni tarjeta ni dinero electrónico. Cuando se lanzó el BIM, Trivelli estimó 5 millones de usuarios, una muestra de la debilidad del producto.  

Es obvio, entonces, que el esfuerzo de Pagos Digitales Peruanos es claramente insuficiente. En la actualidad realiza pilotos en San Juan de Lurigancho para estudiar las maneras de escalar el número de usuarios y de encontrar nuevos usos. Fuera de las transferencias de persona a persona, un pago frecuente es la recarga del celular. También se puede pagar el RUS a la Sunat. Las caseras podrían pagar con la BIM sus compras en el mercado. Se ha tratado de que los bodegueros paguen con la BIM a las empresas proveedoras, pero aún no se ha logrado debido a usos y costumbres y a procedimientos internos de las propias empresas de distribución. Pero se está haciendo nuevos pilotos para ver cómo viabilizar esta alternativa. Si se unificara el sistema de recaudación del transporte público en Lima, se podría pagar los pasajes con BIM, por ejemplo.

Pero una de las limitaciones del sistema es que el costo de menor transacción era de 0.50 soles (equivalente al precio de dos panes), en vez de como en el África, tener costo cero para promover la inclusión de los más pobres. Ver en Lampadia: La billetera digital llega al Perú – buena iniciativa.

Otra importante observación a la BIM es que al ser un producto del conjunto del sistema financiero, dificultó que los agentes no bancarios, como en otros mercados, tuvieran iniciativas más audaces.

Como fuere. El ritmo es muy lento. Quizá Pagos Digitales Peruanos deba revisar su estrategia, redoblar su inversión, incorporar otra clase de actores y empresas al esfuerzo, y posiblemente se necesite que el Estado se interese y se convierta esto en un gran proyecto público privado. Porque tener a más de la mitad de la población fuera de la formalidad más elemental –como es alguna conexión con el sistema financiero- es un lastre muy pesado para la competitividad del país y una manera de condenar a las mayorías a no salir de niveles de subsistencia. 

El dilema de los bancos: entre la ganancia inmediata y el largo plazo

En este tema las entidades del sistema financiero se enfrentan, en alguna medida, a un dilema: privilegiar las ganancias de corto plazo o destinar recursos a una ampliación del mercado en el largo plazo. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, son una fuente de ingreso importante para los bancos, pero no son aceptadas por las bodegas y otros pequeños negocios –que son la gran mayoría en el Perú- debido no solo a la mayor complicación en el pago sino sobre todo a las elevadas comisiones que tienen que pagar, que pueden llegar al 4 o 5%. Por eso, y por la publicidad negativa de los medios, la penetración de las tarjetas de crédito es muy baja.

De otro lado, en general las entidades y financieras tienden a priorizar los ingresos de corto plazo. Por eso, comprometerse a redoblar una inversión de este tipo exige una política de los directorios de postergar en alguna medida ganancias inmediatas en provecho de una decisión estratégica de largo plazo que apunte a profundizar el sistema financiero y que a la larga deberá beneficiar no solo a las empresas financieras sino al país entero.

Porque, por ejemplo, si bien inicialmente los negocios que reciben pagos con la BIM no pagan comisiones a Pagos Digitales Peruanos, aunque los usuarios si sufren algunos pequeños cargos la billetera electrónica le permite a las entidades financieras tener acceso a los teléfonos de los bodegueros o a los periodiqueros o los puestos de mercado o de los usuarios en general de las BIM, de modo que, vía inteligencia artificial, les será posible a las entidades financieras ir diseñando productos interesantes para convertir a esos usuarios en sujetos de crédito.   

Ahora, algunos bancos empiezan a diseñar aplicaciones nuevas como Tunki (Interbank) y Yape (BCP), que permiten pagar a los comercios sin que éstos tengan que pagar comisiones. Son formas de ampliar el mercado a la larga, aunque en el corto plazo quizá algunos ejecutivos perciban que esos productos compiten contra fuentes de ingreso tan rentables como las tarjetas de crédito. El problema es que las comisiones que cobran esas tarjetas son una barrera de entrada muy alta.

También es cierto que las regulaciones financieras son múltiples y muy pesadas, lo que de alguna manera actúa como un inhibidor de un sistema financiero más dinámico, especialmente para la oferta de productos en los sectores emergentes.

Según Trivelli, Pagos Digitales Peruanos ha invertido hasta la fecha alrededor de 40 millones de soles en el diseño y masificación de la BIM, y calcula que su punto de equilibrio lo alcanzaría el 2021, cuando se alcance unos 3 millones de transacciones al mes. A setiembre del 2018 estaban en 500,000. Pero, como hemos visto, el esfuerzo aun no da la talla.

Conclusión

Más allá del tema regulatorio, es muy importante entonces que las entidades financieras revisen su estrategia de inclusión financiera para darle un impulso mucho más fuerte y avancen en sus propios medios de pago electrónicos o telefónicos que impliquen un costo nulo o mínimo para los comercios pequeños en el país. Deberíamos pasar a una estrategia público-privada que abra el juego a todos los actores posibles y dé las facilidades para avanzar rápidamente en este tema. Pues la inclusión financiera será, a la larga, una de las vías a la formalización de la economía peruana y permitirá potenciar la capacidad de crecimiento de la gran base de micro y pequeñas empresas que tenemos en el Perú. No podemos seguir teniendo a más de la mitad de la población completamente fuera del sistema financiero porque eso la condena a no salir de niveles de subsistencia o a prosperar en la ilegalidad y anula la competitividad del país. Lampadia

A diferencia de otros países que supieron fijar prioridades y cautelar sus intereses, luego de las revelaciones de corrupción de Odebrecht en el Perú, nuestro gobierno (PPK), hizo todo mal, a pesar de que, un mes antes del DU 003, se le recomendó cómo proceder y evitar riesgos.

Ya que la orientación del DU 003, ‘empoderaba’ al ministerio de Justicia, y tanto PPK como el primer ministro Zavala no dominaban el tema, tenemos que asumir que el decreto fue inspirado por quién entonces estaba a cargo de la cartera, Marisol Pérez, una ministra con agenda propia, que no supo servir los intereses nacionales.

El diseño del DU 003 fue fatal, paralizó obras esenciales, destruyó empleo y quebró empresas, dejando al país sin capacidad de enfrentar la reconstrucción de los impactos causados por el ‘niño costero’, ni de relanzar las inversiones esenciales para recuperar el crecimiento económico.

Peor aún, tuvimos muchas oportunidades para enmendar los errores, pero tanto el gobierno como la oposición de FP se mantuvieron en un juego político suicida. El gobierno de PPK no atinaba a nada, y en FP estaban obnubilados con el deseo de castigar al supuesto monstruo de José Graña MQ y su aludido manejo del (por su lado) absurdo anti-fujimorismo de El Comercio.

Finalmente, a la hora undécima, el MEF logró articular, la Ley 30737, que se conversó con tirios y troyanos, y a la cual no se plantearon mayores objeciones por parte de varios agentes económicos vinculados al problema de la parálisis generada por el DU 003, porque la nueva ley, con todos sus defectos, era mejor que el DU 003 y que el eventual vacío del vencimiento del DU, sin el imperio de una nueva norma.

Pero, como ‘el diablo está en los detalles’, la nueva ley no se ha podido reglamentar hasta ahora, manteniendo un espacio de incertidumbre que solo agrega más daño a todo lo acumulado hasta hoy.

A estas alturas, es mejor ir adelante con el reglamento, pero organizando un grupo de trabajo que incluya al Ejecutivo, Congreso, un par de gobiernos regionales, consultores y constructores, para, en paralelo, ir diseñando un nuevo mecanismo que recoja las observaciones planteadas y se oriente a conjugar los resultados de la norma en función de un arreglo sensato de prioridades.

Anoche el gabinete habría aprobado el reglamento de la ley. Veremos si recoge algunas propuestas de cambio. Mientras tanto, veamos nuestras observaciones:

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY 30737

I. SU ORIENTACIÓN

La Ley 30737 parte de una base errónea, pues prioriza fundamentalmente mecanismos que tratan de asegurar el pago inmediato de las reparaciones civiles a favor del Estado, fijando un 10% del presupuesto de todas las obras públicas manejadas por las empresas sometidas a casos de investigación.

No recoge la importancia para el país, trabajadores, proveedores, de la economía en general, de la necesidad de que las obras públicas paralizadas por los efectos del DU 003, se reanuden y que las distintas entidades del Estado puedan llevar adelante nuevas obras.

Se mantienen bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia, múltiples instancias de gestión vinculadas a los fideicomisos, algo para lo cual no está capacitado y será, sin lugar a dudas, una traba infranqueable para el manejo de las obra y proyectos.

Los otros objetivos declarados en la norma son puramente declarativos, pues el primer objetivo de la norma se opone a su consecución: no incentiva la colaboración eficaz, no evita la paralización de las obras públicas ni las de las asociaciones público privadas, y no evita la ruptura de la cadena de pagos.

II. ¿POR QUÉ NO FUNCIONARÁ EL REGLAMENTO?

• No se prioriza la obra pública y se queda únicamente en cálculos económicos de la reparación civil sin tomar en cuenta la realidad de las obras paralizadas, ni de los proveedores y trabajadores impagos de construcción civil.
• El monto a colocar en un fideicomiso del 10% del presupuesto de reparación civil es casi siempre superior a la utilidad de las obras contratadas investigadas. Es decir, el pago de la reparación es muy alto respecto del patrimonio, lo cual solo conduce a la quiebra de la empresa. Este monto no debería ser superior al 20% del patrimonio.
• Las empresas al incurrir en montos que exceden el patrimonio no son sujetas a crédito por carta fianza y crean problemas de caja que concluyen en la ruptura de la cadena de pagos y el abandono de las obras. Tengamos presente que si las obligaciones son 2/3 de su patrimonio son declaradas en quiebra formal ante el INDECOPI.
• Las empresas estarían propensas a pérdidas con efectos en el empleo y puestos de trabajo. No olvidemos en las reuniones de las comisiones de Economía y de Justicia que antecedieron a la aprobación de la Ley 30737 se pudo conocer de propia voz del sindicato de trabajadores obreros de construcción civil una pérdida de 100 mil puestos de trabajo debido a la paralización de obras y 60,000 trabajadores impagos, así como de la Asociación de Proveedores de Odebrecht que señaló que a esa fecha ya habían quebrado 169 empresas peruanas que habían dado servicio a la contratista brasileña.
• No se puede cumplir los objetivos de la norma por exagerar la reparación civil. Por esta razón, sigue creciendo el círculo vicioso de la incertidumbre ante los actores económicos, quienes no podrían definir el riesgo de una organización pues sería irrelevante saber si ejecutó un proyecto cuestionado o no, y tiraría por los suelos la posibilidad de recuperar la confianza de los decisores económicos para el sector construcción.

III. ¿QUÉ SE DEBE HACER PARA QUE FUNCIONE?

Se necesita un régimen simple aplicable a las empresas investigadas que permita asegurar la separación de activos y los recursos a un fideicomiso que garanticen al Estado la reparación civil en caso resulten culpables, pero a su vez debe evitar que esas mismas empresas terminen estranguladas por la ley y quiebren. Porque una empresa quebrada no paga reparación civil, ni proveedores ni trabajadores, y mucho menos concluye los proyectos de infraestructura a su cargo.

El proyecto de reglamento debe incluir:

• El incentivo a la colaboración eficaz
• La estrategia para evitar la paralización de las obras
• El blindaje de la cadena de pagos

Las empresas investigadas deben sobrevivir, concluir sus proyectos, pagar sus deudas y destinar todo recurso que no se use para pagar la reparación civil. Solo así se logrará la meta integral de la ley. No al revés.

Con ese objetivo propusimos en Lampadia, en enero de 2017, la figura del interventor, recogida a medias en la ley, sin darle el peso adecuado como veedor, el interventor tendría que auditar la contabilidad de cada empresa y/o proyecto, y verificar el buen uso de los recursos. Que una empresa que está siendo investigada no pueda usar ni un centavo para repartir dividendos o utilidades. Que ningún accionista pueda recuperar los préstamos hechos. Y que año a año esos recursos remanentes sean destinados al fideicomiso que garantiza el pago de la reparación civil. Y no por 5 años como indica el reglamento, sino por todos los años que se requiera, hasta llegar a completar el 100% de la reparación civil calculada.

Solo así se logrará recuperar la confianza del sistema financiero, que hoy se encuentran a espaldas al sector construcción.

Ver en Lampadia:

A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente)

DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones

DU 003, fiducias, confusiones e irresponsabilidades

Del 003 a la Ley Frankenstein

Lampadia

El gobierno dice que está trabajando en el diseño de una reforma integral de la protección social, cuyo objetivo sería que las personas estén amparadas  cuando se enfermen, cuando pierdan el empleo y cuando dejen de trabajar en la madurez. La manera clásica, bismarckiana, de acceder a esos beneficios ha sido por medio del empleo formal, que es el que permite acceder a un seguro social de salud, a una pensión de jubilación y a una indemnización o seguro por despido.

Pero en el Perú el empleo es mayoritariamente informal. Por lo tanto, una reforma integral debe comenzar por facilitar la formalización del empleo, es decir, por la reforma laboral, pero debe complementariamente buscar formas de aseguramiento o protección que no dependan únicamente de las relaciones laborales formales y que cubran a los trabajadores independientes, carencia que ha sido el Talón de Aquiles del Sistema Privado de Pensiones (SPP), dando pie una serie de ataques populistas.

Pues en nuestro país ni siquiera el empleo formal asegura una protección social efectiva. Por ejemplo, la atención de Essalud es muy deficiente. Muchos días para conseguir una cita y meses para obtener turno para una intervención quirúrgica. Esto se debe fundamentalmente a problemas de gestión, pues en los dos hospitales concesionados mediante APPs de ‘bata blanca’, el nivel de servicio es muy bueno y al mismo costo de las atenciones directas. Pero también se debe al reducido número de aportantes debido a la alta informalidad. Es un círculo vicioso. Pero un factor importante es el populismo legislativo, que eliminó las aportaciones correspondientes a las gratificaciones. Y, mucho más grave aún, eliminó en buena cuenta las  pensiones del SPP con la ley que permite retirar el 95.5% de los aportes realizados al momento de la jubilación.

El resultado de esta ‘iluminada’ ley promovida por los peores congresistas de la historia peruana, ha sido que coincidentemente el 95% de las personas que se jubilan en el SPP retiran de manera inmediata todo el fondo que han acumulado. Es decir, renuncian a recibir una pensión mensual por el resto de sus vidas. Algo absolutamente previsible, dada la naturaleza de los seres humanos, advertido a los legisladores e ignorado con desfachatez por todos ellos.

En efecto, esta ley se aprobó en los estertores del gobierno anterior, en abril del 2016 y, según información brindada por la Asociación de AFPs, ya desde el mes siguiente, mayo de ese año, solo el 1% de las personas que se jubilaron decidieron convertir su fondo en una pensión hasta el final de sus días. El 95% optó por retirar el 95.5% de su ahorro pensionario y alrededor de un 4% decidió alguna combinación de ambas opciones.

Lo más probable es que esta ley termine siendo un boomerang contra el fisco, porque no es que los que retiraron su fondo lo hayan invertido en algo mejor. A partir de los datos existentes, la Asociación de AFP concluye que probablemente el 60% de los fondos retirados se fueron a alguna forma de consumo. El monto de dinero retirado por las personas supera el 1% del PBI del 2016, pero “los depósitos realizados por las personas naturales a diciembre 2016 en el sistema financiero, ascienden a un total de S/107,976,790, solo mayor en S/2 mil millones a lo registrado en el 2015; este incremento representa el 40% de lo que los afiliados al SPP retiraron de sus fondos de pensiones (S/5,836 millones)”, precisa la nota.

Lo que queda claro es que en el Perú el empleo formal ya no asegura una pensión. El resultado de esta irresponsable ley es que el porcentaje de personas con pensión en el Perú, que era apenas de 30%, ¡se reducirá a 10%! ¿Qué vamos a hacer dentro de 20 o 30 años? ¿Todos pasaremos a pensión 65? ¿Cómo se sostiene eso?

Es evidente, entonces, que una parte fundamental de la reforma de la protección social debe contemplar la derogatoria de la ley del 95.5%, quizá permitiendo retirar del fondo propio solo aquello que esté por encima de una pensión mensual básica a determinarse.

El sistema de pensiones como tal requiere una reforma que permita integrar el sistema público y privado dentro de un esquema de capitalización individual. El gobierno estaría pensando en centralizar la gestión  administrativa de las pensiones en una entidad (pública o privada) que maneje las cuentas y las relaciones con los clientes, de modo que las AFP se concentren solo en el manejo de las inversiones. Otro disparate, pues se crearía un monstruo administrador con capacidades monopólicas y sin lugar a dudas, con una muy mala calidad de servicio.

Algo que deberíamos tener claro a estas alturas, es que los mejores sistemas de pensiones existentes, son los basados en capitalizaciones individuales. El que el gobierno no se pronuncie hasta ahora sobre esto, es solo producto de la cobardía de los funcionarios que temen las reacciones políticas de los enemigos del sistema privado de acumulación individual y que prefieren  sorprender al país con un nuevo esquema que se aprobaría entre gallos y media noche.

El reto más importante del sistema de pensiones es que cubra adecuadamente a los trabajadores independientes e informales. Para ello se hace necesario poner en práctica mecanismos que incentiven el ahorro pensionario de los independientes, de aquellos que no tienen una relación laboral formal. En Lampadia hemos propuesto repetidas veces que las personas puedan destinar una parte del IGV que pagan cuando compran algo, a su cuenta individual en una AFP. Lo que, de paso, ayudaría a formalizar las empresas vía el pedido de facturas a los comerciantes y proveedores. Una alternativa, pobre, que se estaría estudiando es establecer aportes automáticos y obligatorios en los recibos de agua, luz y telefonía.

Por otro lado, según los trascendidos, el equipo del gobierno que está diseñando el nuevo esquema, habría adoptado la filosofía del consultor del BID, Santiago Levi, que propone dejar los impuestos directos como el de la renta, para basar los aportes en los impuestos indirectos como el IGV. Una idea positiva en cuanto a la ampliación de la cobertura del sistema, pero con una gran falla, pues postula que la recaudación vaya a un gran pozo para crear un sistema de reparto, con pensiones igualitarias.

La propuesta de Lampadia, de enero 2014, consiste en usar parte de los pagos de IGV como aportes individuales a fondos privados de pensiones de todos los peruanos sin excepción. Ver: Sobre formalización, pensiones e IGV.

Este mecanismo permitiría formalizar el empleo y dar acceso a pensiones privadas al 100% de los trabajadores.

Con el aporte de una parte de los pagos por IGV a cuentas individuales se podrían obtener los siguientes resultados:

• Registrar y formalizar a toda la clase trabajadora, pues sería muy extraño que alguien dejara de canjear su IGV por ahorro previsional privado bien remunerado.
• Establecer un sistema universal de pensiones al que se podría aportar desde los 18 años y que podría permitir acumular un fondo adecuado, por lo menos para una pensión base o mínima de buen nivel, dado el período de aportes de 47 años (18 a 65) con el efecto de la tasa de interés compuesta. Por ejemplo, un aporte de 10 soles después de 47 años con un rendimiento de 7% anual generaría 240 soles, y en 24 años, el promedio del período sugerido de aportes, 51 soles por cada 10.
• Se podría disminuir la evasión de pagos del IGV.
• Se podría cerrar la ONP y poner coto al forado fiscal que conlleva, así como Pensión 65 (¿?)
• Se podría ir eliminando las exoneraciones e inafectaciones al IGV y tener un sistema plano y universal.
• Aumentaría la recaudación de IGV, lo que junto con el ahorro generado al cerrar el déficit de la ONP, podría compensar (total o parcialmente) los puntos que se usen en los canjes individuales.

En Lampadia asumimos que el nivel de canje debería estar entre 3 a 5 puntos de los actuales 18 puntos del IGV. Sin embargo, es evidente que habría que hacer los cálculos adecuados en función de los períodos de aporte y demás factores vinculados.

También será necesario que se establezca una pensión mínima que podría lograrse mediante aportes del Estado que complementen lo que el trabajador pueda haber acumulado por su cuenta.

No vaya a ser que el gobierno nos sorprenda con un sistema equivocado o mediocre, que no haya podido ser debatido en la sociedad civil. El congreso anterior, bajo la presidencia del irresponsable Luis Iberico, puede haber apurado,  en su undécima hora, barbaridades, pero hoy, estos temas deben ser cuidadosamente analizados por todos los estamentos que tengan la capacidad de aportar. Lampadia  

El famoso analista económico del Financial Times plantea una crítica muy fuerte al sistema financiero, al comentar el eventual impacto de las nuevas tecnologías en este negocio de intermediación financiera.

Desde la crisis del 2008/9, la banca internacional a sido objeto de muchos ataques por los excesos de los bancos más grandes de EEUU y Europa, que pusieron al mundo al borde de una crisis generalizada. A pesar de las intervenciones de los estados, la crisis fue muy grande, pero se evitó el colapso de la economía global, de haberse cortado el crédito. Esto hubiera tenido consecuencias catastróficas para toda la humanidad, con un costo social imposible de calcular.

Sin embargo, esas instituciones financieras enormes ‘to big to fail’ (muy grandes para fallar), que de alguna manera les aseguran una inadecuada protección estatal en casi cualquier circunstancia, no se han llegado a reformar y regular de manera de disminuir la concentración excesiva de poder y, tampoco se han evidenciado los castigos suficientes a los responsables de la crisis.

Sin lugar a dudas, una buena parte de las regulaciones y castigos, siguen pendientes, pero de ahí a transmitir una evaluación parcial de la crisis, hay un gran paso.

En cuanto a las nuevas tecnologías, se espera efectivamente que tengan un gran impacto en la estructura del sector financiero. Introducirán mayor competencia, menores costos de transacción, más transparencia, mayor cobertura y mejores servicios. Veamos las expresiones de Wolf.  

Buenas noticias: “Fintech” puede ser disruptivo de las finanzas

Escrito por Martin Wolf

Financial Times

Publicado el 8 de marzo de 2016

Traducido y glosado por Lampadia

Actualmente, la banca es ineficiente, costosa y plagada de conflictos

La tecnología de la información ha afectado los negocios del entretenimiento, de los medios de comunicación y del comercio minoristas y, más recientemente, la oferta de habitaciones de hotel y taxis. ¿Va a suceder lo mismo con las finanzas? Mi primera respuesta es: ¡por favor! Mi segunda respuesta es: Sí. Como Bill Gates ha dicho, “Siempre sobrestimamos el cambio que se producirá en los próximos dos años y subestimamos el cambio que se producirá en los próximos 10 años. No te dejes llevar hacia la inacción”. Este consejo no sólo se aplica a las personas en los negocios, también a los hacedores de políticas.

Las finanzas son un negocio de información. El negocio de las finanzas gasta una mayor  proporción de sus ingresos en tecnología de la información, que cualquier otro negocio. Parece  listo para experimentar los efectos disruptivos de las tecnologías de la información. Consideremos sus tres funciones esenciales: pagos; intermediación entre ahorros e inversiones; y seguros. Todas estas actividades son intensivas en información.

Los bancos y las aseguradoras son el corazón de las instituciones financieras. Los bancos gestionan los sistemas de pago; crean la mayor parte del dinero de la economía; son responsables de una gran porción de la intermediación financiera; son los creadores de instrumentos financieros; y actúan como creadores de mercado y agentes. Las aseguradoras desempeñan un rol fundamental en la evaluación y gestión de riesgos.

¿Por qué podría esperarse que la nueva tecnología financiera, o “Fintech” (por sus siglas en inglés) vaya a transformar estos negocios? La respuesta, en especial para la banca, es que actualmente no se están llevando a cabo adecuadamente. La banca parece ser ineficiente, costosa, plagada de conflictos de intereses, con tendencia a un comportamiento poco ético y, no menos importante, capaz de generar enormes crisis.

En un reciente discurso sobre las posibilidades de una revolución financiera, Andrew Haldane del Banco de Inglaterra señaló que, sorprendentemente, el costo unitario de la intermediación financiera de EEUU parece no haber cambiado en más de un siglo. Además, los ingresos de las finanzas simplemente aumentan y disminuyen con el valor de los activos. Esto connota una enorme cantidad de extracción de rentas. Además, 10 millones de hogares en EEUU y 1.5 millones de adultos en el Reino Unido, todavía no tienen cuentas bancarias. A nivel mundial, los bancos generan una alarmante cifra equivalente a US$1.7 mil millones en ingresos — un 40% del total por la función de hacer pagos. En la era de la computadora, un pago todavía puede tardar horas o días.

En relación con el comportamiento, tal y como John Kay lo ha escrito, “partes del sector financiero en la actualidad… muestran los estándares éticos más bajos de cualquier industria lícita”. Parece que el pago de inmensas multas se considera, simplemente, parte del costo de hacer negocios. Por último, las crisis bancarias posteriores a 2007 fueron tan extensas como cualquiera otra en el pasado. El hecho de que su impacto económico no haya sido peor que en  las anteriores se debió a la disposición de los gobiernos de rescatar a los bancos. [Esta es una declaración irresponsable. Si la llamada crisis de Wall Street hubiera llegado al sector real, se hubiera cortado el crédito a la economía y las consecuencias hubieran sido catastróficas. Otra cosa es si después de salvar la crisis, se hizo o no, el escarmiento suficiente por las malas prácticas].

La nueva tecnología pudiera ayudar a cambiar esto en, por lo menos, dos formas. En primer lugar, pudiera transformar los pagos. Una posibilidad es el pago en tiempo real a través de libros de contabilidad distribuidos.

Una segunda transformación pudiera ocurrir a través de los préstamos parte a parte (P2P), en el que las nuevas plataformas desintermedian el negocio tradicional entre ahorradores e  inversionistas. Este tipo de préstamos está creciendo rápidamente.

Los optimistas imaginan un futuro en el que los pagos, la creación de dinero (incuestionablemente de activos líquidos y seguros), y la intermediación se separarían. En este caso, la capacidad del sector bancario para crear el caos se reduciría. Sin embargo, también existen oportunidades de malversación en las plataformas P2P; de hecho, son inevitables en las transacciones que dependen de las promesas para un futuro inherentemente incierto.

Una potencial fuente de transformación adicional es la que proporciona ‘Big Data’ (los datos masivos). Éstos pudieran transformar la calidad del crédito, pero es más probable que los efectos más impactantes se observen en el negocio de los seguros. En el negocio de los seguros, una cierta cantidad de ignorancia es una bendición para los clientes.

En balance, las oportunidades que ofrece la aplicación de las tecnologías de la información a nuestro sistema financiero parecen ser amplias. La dificultad pudiera estar más bien en el asegurar que, en esta ocasión, los beneficios sean a favor del público en lugar de que sean a favor de una pequeña cantidad de operadores tradicionales o incluso de sus reemplazos más dinámicos. Las finanzas, en particular la banca, necesitan una revolución. Sin embargo, ésta es un área en la que los hacedores de políticas no pueden simplemente suponer que todo va a salir bien. La importancia de las finanzas hace que se necesite una revolución. Pero, por esa misma razón, dicha revolución requiere también una observación muy cuidadosa. Lampadia

Comentario de Lampadia

Excelente análisis de Joaquín Estefanía sobre el manejo de la crisis financiera del 2008 en EEEUU y Europa. Como explica Estefanía, EEUU fue consistente en la aplicación de políticas de soporte financiero a las entidades, financieras y no financieras, invirtiendo importantes recursos fiscales. Estos no solo han sido ya recuperados, inclusive han generado utilidades al tesoro norteamericano, han logrado una mejor salud del sistema financiero, mejores balances del sector privado en su conjunto y una sustancial reducción del desempleo, a niveles de, prácticamente, full empleo.

En cambio, Europa, con sus dificultades políticas de la unión no muy uniforme de varios países, con situaciones fiscales divergentes y las típicas dudas cartesianas de los europeos, nunca se avino a establecer y mantener un programa de apoyo financiero y productivo. Como consecuencia de esto, Europa se debate aún cerca de la recesión, agravada por el riesgo de la deflación, con altísimos niveles de desempleo y altas cargas fiscales.

Estefanía plantea que esta situación es una prueba palpable de la eficacia de una versus otra política monetaria y fiscal.

Los frutos de la adversidad

Por Joaquín Estefanía

(El País, 12 de Enero de 2015)

El permanente debate de política económica, que ha durado toda la Gran Recesión, entre los partidarios de ajustar las economías primero para que luego creciesen (los ortodoxos), y los que defendían que era imprescindible crecer antes para ajustar después (los pragmáticos), ya tiene un vencedor claro: EE UU, el representante más genuino de la segunda opción. Sus datos macroeconómicos (el crecimiento y, sobre todo, la creación de puestos de trabajo) avalan esa victoria con gran holgura.

Este debate no fue tal en los momentos más duros. Después de la quiebra de Lehman Brothers y de la implosión del sistema financiero en otoño de 2008, los líderes de los países más ricos del mundo (G-20) se reunieron en Washington (noviembre de 2008), Londres (abril 2009) y Pittsburg (septiembre de 2009) y convinieron que la única forma de evitar el pánico bancario y estimular una economía mundial mortecina era fomentar los rescates a las entidades en dificultades e inyectar dinero público en el sistema para crear empleo y para que la coyuntura no llegase a parecerse a la de la Gran Depresión de los años treinta (la forma en la que se entendió eso en España fue el epidérmico Plan E de Zapatero). A partir de junio de 2010 (cumbre de Toronto), las sensibilidades se modificaron: mientras una parte del mundo liderada por EE UU continuó con una política monetaria laxa y medidas de estímulo para que su economía continuase creciendo y detuviese el sufrimiento de un paro masivo, otra parte – Europa- cambió radicalmente su visión de las cosas, implantó el dogma de las políticas de austeridad autoritaria y del equilibrio presupuestario frente a cualquier otra prioridad.

El resultado de ambas opciones se ha hecho visible ahora. Los EE UU de Obama, que crecieron a un ritmo del 5% de su PIB en el tercer trimestre del año, ya ha recuperado todos los puestos de trabajo perdidos durante la crisis y terminaron el curso con una creación de empleo de casi tres millones de personas, lo que sitúa su tasa total de paro en el 5,6%, a punto de llegar al pleno empleo. Por el contrario, la Europa del euro, la de la señora Merkel, dobla la tasa de desempleo estadounidense (11,5%) en una coyuntura de estancamiento económico y deflación de sus precios. Esta media es, como casi todas, engañosa: mientras Alemania tiene un paro del 6,5%, el menor desde la unificación del país a principios de los años noventa, la Europa del Sur (Grecia, España y Portugal) se encuentra en porcentajes insufribles (25,7%, 23,9% y 13,4%, respectivamente). No es de extrañar que cuando le preguntaron a Matteo Renzi, primer ministro italiano, por las reformas españolas, respondiese: atrás, Satanás, “nuestro modelo es Alemania, no España”.

Mientras que aquí todavía se espera, inquietos por las presiones alemanas en contra, que el Banco Central Europeo anuncie en su reunión de dentro de 10 días el inicio de la expansión cuantitativa (la compra masiva y directa de bonos públicos de los países europeos con más dificultades), EE UU ya la abandonó el pasado mes de octubre después de 37 meses aplicándola, mientras mantiene el precio del dinero (tipos de interés) próximos a cero.

Una y otra parte del planeta tienen que observar con atención los riesgos geopolíticos existentes, que pueden limitar el comportamiento de sus economías: el precio y la especulación sobre el petróleo, el deterioro de los mercados de materias primas, el resultado de las elecciones griegas, y el frenazo de los países emergentes. Y dentro de estos últimos, la situación de Rusia. George Soros advertía hace unos días que Rusia es la mayor amenaza para la evolución económica del mundo ya que el colapso de los precios del petróleo se une al efecto de las sanciones económicas impuestas por la anexión de Crimea, por lo que “no sería sorprendente” el impago de la deuda rusa.

Un aspecto unifica los mercados laborales estadounidense y europeo: la baja calidad del empleo creado (temporal, parcial, sin garantías,…) y la devaluación salarial, principal causante, junto con el paro, del incremento exponencial de la desigualdad en esta época. La Gran Recesión se recordará por la distribución de la renta y la riqueza en sentido contrario al progreso. 

En el 2015, la economía mundial mostrará preocupantes similitudes con lo vivido a fines de la década de 1990.

The Economist

(Gestión, 23 de Diciembre del 2014)

Crisis financiera en Rusia, precios del petróleo a la baja y un dólar fuerte, un nuevo boom en Silicon Valley y una resurgente economía estadounidense, debilidad en Alemania y Japón, divisas tambaleantes en los mercados emergentes, un demócrata en problemas en la Casa Blanca. ¿Es esta una proyección del mundo para el 2015 o un retrato de fines de los noventa?

La reciente historia económica ha estado tan dominada por la contracción del crédito del 2008-09 que es fácil olvidar lo que sucedió en las décadas previas. Pero mirar lo que sucedió hace quince años es instructivo, en términos de lo que hay que hacer y lo que se debe evitar.

Así como entonces, ahora Estados Unidos se halla a la vanguardia de una revolución digital y, en 1999, su PBI crecía más de 4% al año, casi el doble del promedio de los países avanzados, y el desempleo cayó a 4%, el nivel más bajo en 30 años. Los inversionistas extranjeros hacían cola, impulsando tanto el dólar como los precios de las acciones.

El optimismo sobre este país contrastaba con el pesimismo en el resto de la economía global, igual que hoy. La economía de Japón entró en deflación en 1997 y en Alemania, sus empresas sufrían estancadas por un rígido mercado laboral y otros costos. Los mercados emergentes estaban en crisis: entre 1997 y 1999, desde Tailandia hasta Brasil, las monedas colapsaron, mientras el capital extranjero huía y las deudas en dólares se volvían impagables.

A la larga, Estados Unidos también acusó problemas, pues la burbuja de las “dotcom” estalló y causó una caída bursátil generalizada, así como una retirada de la inversión privada, particularmente en tecnología. Para principios del 2001, ya estaba en recesión (aunque una moderada), junto con la mayoría de economías desarrolladas. Es inevitable que los paralelos no sean perfectos. La principal diferencia es China, que en 1999 era un actor pequeño, pero hoy es la segunda economía más grande del mundo.

Son tres las tendencias que desestabilizaron la economía global en esa época y que podrían hacerlo de nuevo. La primera es la brecha entre Estados Unidos, donde el crecimiento se está acelerando, y el resto, donde se está ralentizando. En ese entonces se advirtió que la economía mundial volaba “con un solo motor” y, para el 2015, el panel de expertos de The Economist proyecta un 3% de expansión en Estados Unidos y de 1.1% para Japón y la eurozona. En China, la tasa podría reducirse a 7%.

El segundo paralelo preocupante es la pésima perspectiva de las otras dos grandes economías avanzadas. El crecimiento de Alemania se ha derrumbado a alrededor de 1% y existe una profunda perturbación causada por años de escasa inversión y un gobierno demasiado obsesionado por sus metas fiscales y temeroso de continuar con sus reformas estructurales. Por su parte, Japón ha repetido el error que cometió en 1997: destruyó su escape de la estagnación con un incremento prematuro del impuesto a las ventas. El tercero es el peligro en los mercados emergentes. A fines de los noventa, fueron los tipos de cambio fijos y la excesiva deuda pública externa; ahora el cambio es flotante y las deudas son más bajas, pero existen muchas señales preocupantes, sobre todo en Rusia y otros exportadores de materias primas, especialmente en África.

En otros países, el peligro reside en el sector corporativo. Muchas empresas brasileñas están altamente endeudadas en dólares y una racha de incumplimientos podría ser menos espectacular que las crisis de deuda soberana de Asia hace década y media, aunque harían que los inversionistas se pongan nerviosos y empujen una subida del dólar.

Todo esto hace prever que el 2015 será escabroso. Los apostadores esperarán que un dólar al alza, emparejado con el adormecimiento de la eurozona y unas cuantas crisis en el mundo emergente causarán una nueva recesión en Estados Unidos. Pero por el lado optimista, hay que notar que los mercados bursátiles no se ven tan burbujeantes como antaño y aunque muchas empresas tecnológicas están invirtiendo de manera descontrolada, la mayoría presenta estados financieros decentes.

Además, el sistema financiero global se encuentra menos apalancado y, por tanto, menos vulnerable al contagio. En 1998, el incumplimiento del pago de la deuda rusa causó la caída del fondo de coberturas estadounidense LTCM. Hoy, tales efectos de repercusión son menos probables.

Si la economía mundial tambalea, restaurar la estabilidad será más difícil porque los gobiernos tienen menos espacio de maniobra. En 1999, la tasa de interés de la Reserva Federal era alrededor de 5%, lo que permitía recortarla cuando la economía se enfriaba, pero hoy las tasas en los países ricos están cercanas a 0%.

El escenario político también es distinto, y nada positivo. Entonces, la mayoría de habitantes en el mundo avanzado había recibido los frutos del boom: los salarios reales en Estados Unidos crecieron 7.7% en el periodo 1999-2000, pero desde el 2007, se han estancado, y han caído en Reino Unido y gran parte de la eurozona.

Hoy, los electores en esos países están enojados con sus gobiernos y lo muestran sus intenciones de voto por partidos de oposición. Si se les vuelve a sacudir el próximo año, su descontento se transformará en ira. La economía del 2015 puede lucir similar a la de fines de los noventa, pero probablemente la política será peor.

Es indudable que la percepción de riesgo sobre la economía peruana ha venido cayendo a lo largo de los años. Instituciones internacionales de prestigio han destacado en múltiples ocasiones, incluso con más confianza que los propios peruanos, la solidez de nuestra deuda (ver: Midiendo la solidez de la deuda del Estado Peruano). En Lampadia, ya hemos reseñado en diversos artículos cómo el buen manejo macroeconómico, la acumulación de reservas, la favorable posición financiera externa y la salud de nuestro sistema financiero han reducido la vulnerabilidad de nuestra economía (ver: Deuda peruana es la menos vulnerable). Hasta ahora, lo que ha primado para avanzar en la calificación ha sido la seguridad sobre nuestra capacidad de servir la deuda.  Sin embargo, nuestra calificación se encuentra en el rango B, mientras que Chile y México tienen calificaciones en el rango A. ¿Qué necesita el Perú para dar ese importante salto en su apreciación de riesgo externo? 

En una reciente entrevista publicada en Gestión, Jaime Reusche, vicepresidente y analista senior de Moody’s Investor Service explica por qué Chile tiene una calificación Aa3, cinco escalones más altos que el Baa2 del Perú. El especialista señala que las diferencias son cualitativas y están asociadas a la calidad institucional, al nivel educativo de la población, al nivel de confianza en el Poder Judicial, un aceptable nivel de gobernabilidad y tener un consenso social básico sobre la estabilidad del modelo. Estos son aspectos en los que el Perú viene fallando sistemáticamente y en los que Chile ya ha avanzado.

Reusche señala además que no solo se trata de atender los temas relacionados a la competitividad. “Por ejemplo, está el hecho de que no hay tanta cohesión social. Siempre existen trabas a estas mejoras [reformas estructurales] en los distintos poderes del gobierno; o todavía no hay consenso en lo que se quiere hacer para incentivar a la inversión”. Esta batalla ya la ganaron México y Chile (los únicos países Latinoamericanos con calificación A). En el caso mexicano, el especialista remarca que hace un mes elevaron la calificación crediticia hasta el nivel A3, debido a las fuertes reformas estructurales que emprendió Peña Nieto, lo cual fue tomado por Moody’s como un cambio determinante del país frente a sus debilidades estructurales.

Debido a nuestra sólida posición fiscal, las perspectivas de crecimiento, y la buena trayectoria de los indicadores de deuda, en la próxima evaluación crediticia, el Perú debería mantener la actual calificación o mejorar un peldaño, pasando a Baa1. En cualquier caso, Reusche enfatiza que aún estaríamos lejos de llegar a la categoría A.

Nuestra Agenda Pendiente va más allá de los temas económicos. Comprende, fundamentalmente, la necesidad de mejorar la educación, nuestras instituciones (Sistema Judicial, Policía, Sistema de Partidos Políticos, etc.) y, cerrar las brechas en infraestructuras. Todo esto, sin descuidar el clima de inversión, que, cómo hemos visto viene deteriorándose continuamente (ver: Otra vez La Parada, esta vez en la inversión). Esta agenda no solo debe establecer los fundamentos para un desarrollo durable, sino que también debe atacar los obstáculos que Moody’s ha identificado para que el Perú alcance la categoría A. El gran reto es: i) impulsar esta agenda, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado; ii) acercarnos a un consenso social sobre el diseño y dirección del modelo de desarrollo; iii) lograr la cohesión de los distintos poderes del Estado y su articulación con los gobiernos sub nacionales.

Dos recientes “papers” (documentos), publicados en diferentes partes del mundo, concluyen que las crisis financieras serían una consecuencia ineludible del capitalismo, y que ante esta situación, la excesiva regulación resulta costosa e inefectiva. La mejor medida disponible para un gobierno sería el fortalecimiento de una “red de seguridad financiera” (con propuestas concretas) y un adecuado manejo de los  efectos de las crisis.  

Es irremediable que la economía capitalista esté sujeta a ciclos económicos a lo largo de su desarrollo: episodios de expansión económica seguidos de una desaceleración transitoria en torno a una tendencia (normalmente, de crecimiento) de largo plazo. Desde la Gran Depresión (1929), muchos economistas han investigado cuáles son los determinantes y las fuentes del ciclo económico, así como los mecanismos de propagación de las fluctuaciones económicas. En algunos episodios de la historia, la evidencia empírica ha respaldado a las teóricas que enfatizan a los factores de demanda, como los “choques monetarios”, mientras que en otras situaciones ha sido evidente que el origen de las fluctuaciones del producto fueron los llamados “choques reales”, generados por la introducción de innovaciones tecnológicas.

Diversos países del mundo han experimentado turbulencias en años recientes como consecuencia de diversas crisis financieras. La crisis mexicana (1994) tuvo importantes consecuencias en Latinoamérica, y la crisis asiática (1997) fue considerada “la primera gran crisis de la globalización”, al tener consecuencias planetarias y desencadenar el “efecto tequila” de 1998, y la crisis brasilera de 1999. Las crisis que se desencadenan como consecuencia de la inestabilidad en los sistemas financieros son difíciles de predecir, sus efectos tienen impactos duraderos y un poderoso “efecto contagio”. Esto se ha visto con la crisis financiera de EEUU (2007), que terminó golpeando fuertemente al sistema financiero europeo, hasta estos días, afectando principalmente a las economías periféricas con fundamentos macroeconómicos más débiles (Grecia, Italia, Portugal, España, Chipre, entre otras). ¿Son evitables las crisis financieras? ¿Existe algún tipo de regulación que pueda prevenirlas?

Un reciente artículo de The Economist (The inevitability of instability-La inevitabilidad de la inestabilidad), analiza estas importantes preguntas, a través de las conclusiones de un paperpublicado por el Banco Central de Brasil (Why Prudential Regulation Will Fail to Prevent Financial Crises, de Marcelo Madureira Prates,  Noviembre 2013) y  un documento preparado por Adair Turner, ex Jefe de la Autoridad de Servicios Financieros de Gran Bretaña (Too much of the wrong sort of capital flow, Enero 2014). En ambos documentos se explica que las crisis financieras serían una consecuencia ineludible del capitalismo, y ante esta situación la regulación debería ser prudencial y orientada a adoptar medidas que minimicen el daño.   

Turner considera que las crisis y la inestabilidad financiera tienen como fuente el crecimiento sostenido del apalancamiento que no está relacionado a nuevas inversiones de capital y la creciente complejidad dentro del sistema financiero para liquidar estas deudas. En palabras del autor, el problema viene de la acumulación del “tipo equivocado de deuda”. Frente a esta situación, las políticas domésticas más adecuadas son aquellas que moderan el déficit en cuenta corriente y controlan la relación entre la entrada de capitales y los ciclos crediticios.  No obstante, Turner enfatiza que implementar medidas de este tipo puede resultar incluso más difícil que negociar facilidades con el FMI para cubrir los requerimientos de liquidez del sistema financiero.

Prates, del Banco Central de Brasil, coincide en su documento con la ineficacia de la regulación para enfrentar las crisis financieras. Remarca que la inestabilidad y la innovación son características naturales de los sistemas financieros. Ante esto, se hace difícil aplicar una regulación compleja, orientada a la prevención de las causas de las crisis, que sea capaz de adaptarse al constante cambio que muestran los productos financieros. El exceso de regulación tampoco sería efectivo, por los altos costos que tendría la autoridad financiera para su aplicación y fiscalización.  ¿Qué hacer ante esto? El autor considera que lo más importante es fortalecer la red de seguridad financiera. Esto se puede lograr perfeccionando los seguros de depósitos y fondos de liquidación para ser usados como herramientas ante las eventuales crisis. Los seguros de depósitos podrían ser financiados por una tasa aplicable a todas las instituciones relevantes, no solo a los depositantes. Además, se podrían tener planes de liquidación para las instituciones fallidas y retener una proporción de los pagos de bonos de cada banco, en un fondo que pueda usarse si este entra en problemas. El autor también explica la importancia de alinear correctamente los incentivos para evitar los mayores riesgos que se podrían asumir al existir esta red de seguridad financiera (en jerga económica, “riesgo moral”), estableciendo responsabilidades personales para los ejecutivos de los bancos que causen pérdidas.

Hace 40 años, Hyman Minsky de la Universidad de Harvard, uno de los primeros economistas en estudiar la inestabilidad de los mercados financieros, escribió: “Una característica fundamental de nuestra economía, es que el sistema financiero oscila entre la robustez y la fragilidad, y esa oscilación es parte integrante del proceso que genera los ciclos económicos”. Las idas y venidas en los mercados financieros son inevitables e inherentes al capitalismo, y parece ser que el consenso en la academia es que la mejor opción disponible para los gobiernos consiste en orientar sus esfuerzos a manejar adecuadamente las consecuencias de las crisis, antes que destinar recursos a controlar sus causas.

El capitalismo puede no gustarle a muchos, pero con todo y sus defectos, es la alternativa de organización económica que la historia ha demostrado ser viable y útil para reducir la pobreza y generar bienestar general. Como bien dijo el gran Nelson Mandela: “El libre mercado no es simplemente una exportación americana, sino que es la ruta reconocida por las economías de todo el mundo. Los mercados cerrados y las economías dirigidas se auto evidencian inapropiadas para nuestros tiempos”. Lampadia