Simplificar el Estudio de Impacto Ambiental y proponer paralelamente el Estudio de Desarrollo Integral para el adelanto social

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La creación de una institucionalidad que facilite la comunicación y el desarrollo compartido entre empresa minera, Estado, comunidad y sociedad civil a fin de hacer posible la inversión minera con beneficio para todos, está aún por crearse. Forma parte de ella el planteamiento del “adelanto social”, que se aplicó en cierta medida en Las Bambas pero que no ha sido sistematizado ni se ha hecho el esfuerzo de aprender de las experiencias existentes. La SNMPE (Sociedad Nacional de Minería y Energía)  tampoco ha procesado, que sepamos, las experiencias mineras exitosas de comunicación, relacionamiento y desarrollo rural y ambiental que hemos tenido en el país, como la de la mina Corani de Bear Creek en Puno por ejemplo, la de Antamina en algunos aspectos, la de Goldfields, o las de Barrick, Milpo y Minsur con Sierra Productiva, entre muchas otras. Menos aun ha hecho un recuento sistemático de lo que no funciona, de lo que resulta contraproducente, de lo que no hay que hacer. 

Representantes del Poder Ejecutivo en una mesa de diálogo con dirigentes de Cotabambas
Fuente: El Comercio

Uno de los elementos de esta institucionalidad que hay que mejorar, son los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Para comenzar, son enciclopédicos y están escritos en un lenguaje inaccesible para las poblaciones. No sirven como un instrumento de comunicación y de socialización de las tecnologías que usará el proyecto y de los posibles impactos positivos y negativos de la operación minera.

El siguiente cuadro muestra claramente las dimensiones del delirio. El EIA de Cerro Verde, por ejemplo, tuvo ¡36,617 páginas! Había que transportarlo en camión. El más pequeño, del proyecto Tambomayo de Buenaventura, tuvo 15,414 páginas. Los resúmenes ejecutivos no bajan de ¡300 páginas! Es evidente que documentos tan voluminosos no los leen ni los especialistas, de modo que pierden incluso su utilidad preventiva. Y ni qué decir de los alcaldes y las poblaciones que asisten a los talleres y a la audiencia final, que obviamente no pueden digerir tamaña información. Y por lo general no se hace el esfuerzo de poner esos tomos en presentaciones sencillas y comprensibles. Lo que debería ser un instrumento para no solo para prevenir impactos sino también explicar y compartir la naturaleza del proyecto y sus efectos, no funciona como tal. Se instala, entonces, el reino del oscurantismo en el que los miedos y las medias verdades, manipulados por agentes interesados, terminan copando la escena. 

La excesiva extensión de los EIAs se origina no sólo en una normatividad (por lo general absurda y detallista), sino en los temores de los funcionarios a la Contraloría, que sienten que tienen que pedir más y más información y hacer observaciones tras observaciones para que no se les acuse de nada. La buena noticia es que, según Patrick Wieland, jefe del SENACE, esta entidad está contratando una consultoría para modificar el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para introducir términos de referencia y requisitos más simples y sencillos, y que el resumen ejecutivo no pase de 25 páginas, como es en Chile. También para que el SENACE pueda “ponderar” o filtrar mejor los pedidos que formulan otras entidades a las que debe pedírseles opinión, que son innumerables: la ANA, DIGESA, SERFOR, Produce, DICAPI, y muchas otras. 

Pero no basta con simplificar los EIA de modo de convertir los talleres con las comunidades en ocasiones fructíferas desde el punto de vista de la comunicación y discusión de las características del proyecto. En realidad, esta tarea debería ser anticipada por la mina en grupos pequeños a los que se les explique bien en qué va a consistir el proyecto, qué tecnologías va a usar, si estas contaminan o no, de dónde y cómo va a tomar el agua, etc. La única manera de despejar los temores es viendo con claridad cómo va a operar la mina. Y eso requiere de un trabajo paciente de explicación muy didáctica a toda la comunidad pero en grupos pequeños.  Es lo que se hizo, por ejemplo, en la mina Corani en Puno.

Por último, tampoco basta con esta difusión. Raúl Delgado Sayán de CESEL ha propuesto que antes o junto con el EIA, el Estado, quizá el CEPLAN, prepare y consulte un Estudio de Desarrollo Integral, con la propuesta de desarrollo rural integral del área que pueda ser ejecutada por una APP productiva y con un fideicomiso financiado con el adelanto del canon, el famoso adelanto social. Todo proyecto minero tiene que formar parte de un plan de desarrollo integral de la región en la que opera, de modo que los campesinos y los agentes económicos auto generen ingresos con sus propias actividades productivas y comerciales, abasteciendo incluso a la mina pero sobre todo al mercado. Es la única forma de establecer relaciones sanas y no parasitarias entre comunidad, sociedad civil y mina. Así debería ser.  Lampadia

El Perú ha desaprovechado la riqueza potencial de sus bosques. Basta ver el mapa del Perú con cierto detenimiento para descubrir que el 50% de nuestro territorio está cubierto de bosques naturales (68 millones de hectáreas). Somos el segundo país Latinoamericano con esta riqueza y décimo primero a nivel mundial. A pesar de ello, hemos despreciado este inmenso potencial como se ve expresado en que nuestras exportaciones no llegan ni al uno por ciento de la demanda global por recursos forestales. Como hemos señalado en Lampadia, este es un desperdicio sin nombre que las regulaciones actuales no llegan a corregir y se ve agravado por la tala ilegal que sufre la selva amazónica al punto de poner en riesgo de extinción especies como la caoba.

Sin una clara visión que promueva una política adecuada para el desarrollo forestal, nuestros bosques vienen siendo desbrozados por mafias de taladores ilegales que incluso han llegado al asesinato de dirigentes nativos con el fin de perpetuar su comportamiento delictivo. Aunque no existen cifras precisas, se cree que por lo menos el 50% de la madera que se extrae en el país es de dudosa procedencia.

Mientras los taladores ilegales operan literalmente amparados en la Ley de la Selva, el Estado poco o nada hace para detener este tráfico y mucho menos para que se efectúe una explotación racional, técnica, eficiente y legal, que ponga en valor este magnífico recurso, hoy desperdiciado y saqueado. Desde el 2004, en que se dieron las últimas concesiones madereras  ya se mostraba la falta de efectividad de esta política, el sector ha estado en el abandono. Como recuerda el Comité de Madera e Industria de la Madera de Adex, “de los 17 millones de hectáreas con aptitud forestal que existen en el Perú, menos de 2 millones se encuentran en producción real”. De las 613 concesiones forestales que se otorgaron hasta el 2004, las cuales cuentan con 7’622,244 hectáreas, solo el 35% se halla en actividad, según Serfor. Las exportaciones peruanas de madera solo ascienden a 150 millones de dólares anuales.

¿La razón? El sistema de concesiones no crea las condiciones e incentivos suficientes. Un estudio de la Universidad del Pacífico concluyó que el periodo de concesión es muy breve, por lo que no creaba los alicientes necesarios para que el bosque se explote adecuadamente y al largo plazo, como exige la naturaleza del recurso.

Como señaló en Lampadia, antes de su sensible fallecimiento, Antonio Brack Egg, uno de los mayores problemas que impiden el desarrollo de la industria forestal es que “el estado no garantiza los derechos de los inversionistas y eso empezó antes del 2006, cuando un grupo de personas, cerca de Atalaya, invadió un campamento forestal con una inversión española calculada en 36 millones de dólares, quemó el campamento, se robó todo lo que podía llevarse, y gente política del gobierno de aquel entonces los apoyó. Eso paralizó enormemente. Tenemos que ser conscientes: El sector forestal en el Perú puede ser un sector económicamente poderoso, fuerte, pujante, pero tenemos que dar el marco y el control para que eso se verifique, y dar confianza al inversionista”.

Otra debilidad importante ha sido la limitación impuesta por la definición de los bosques como propiedad del Estado, así sean plantaciones industriales y de reforestación. Estas últimas debieran tener la “condición de cultivos forestales”, y por ende, el mismo tratamiento que los cultivos agrícolas. Mientras esta condición no se establezca con claridad, el manejo de las plantaciones estaría sujeto a regulaciones engorrosas y disuasivas de su desarrollo.  

Recientemente entró en funcionamiento el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Este organismo está diseñado para incentivar la actividad forestal del país. Como señala su directora Fabiola Muñoz, la idea es “crear una industria forestal fuerte y competitiva, por ello el Serfor antes que una institución controlista busca ser un ente promotor. Vamos a modernizarnos para desaparecer la lista interminable de trámites”. Espera en breve contar con una plataforma para trámites en línea y, especialmente de vigilancia satelital para un mayor control de los bosques. Un avance considerable.

Según Muñoz, el potencial es inmenso. Solo para el mercado interno peruano se importa anualmente 1,000 millones de dólares en productos maderables y sus derivados. En los últimos diez años las importaciones de estos productos han crecido 281%, mientras que nuestras exportaciones solo se incrementaron en un 115%. (Ver cuadro)

Como se ha hecho en Chile y otros países que han sabido manejar este recurso, se debe desarrollar una industria poniendo en valor los recursos forestales. Chile cuenta con dos millones de hectáreas de bosques para explotación comercial lo que le permite exportar más de 6,000 millones de dólares anuales y emplear a 250 mil personas. Como hemos señalado en Lampadia, “el potencial de desarrollo del sector forestal en el Perú debería ser del orden de cinco veces el de Chile, y constituye un buen ejemplo de una magnífica oportunidad que se está desperdiciando para generar una producción forestal de más de US$ 25,000 millones anuales, dando empleo de calidad a toda la población de la selva y a buena parte de la de la sierra”.

Ese es el reto. “El Perú se ha trazado la meta de tener dos millones de hectáreas reforestadas y cero de deforestación al año 2030”, ha señalado Muñoz. Para ello Serfor “está trabajando en tres líneas: la primera es sobre el patrimonio forestal que ya tenemos para promover un manejo forestal sostenible. Sobre las áreas degradadas tenemos que plantar bosques que pueden ser con fines comerciales (…). Otro elemento fundamental es la lucha contra la deforestación, no perder más bosques naturales”, detalló la directora de Serfor.

Actualmente existen al menos 10 millones de hectáreas aptas para la reforestación. De ellas, 7 millones están en la sierra, 2.5 millones en la selva y 0.5 millones en la costa. La reciente promulgación del Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales en tierras de propiedad privada permitirá que unas cuatro millones de hectáreas se siembren con recursos maderables de fines comerciales, lo que generaría que el Perú exporte unos 1,000 millones de dólares en el corto plazo. Hay que recordar que la madera es uno de los pocos commodities que incrementa su demanda anualmente. Para el 2050 se espera que esta llegue a los 4,500 millones de metros cúbicos de madera rolliza. El Perú no puede desaprovechar sus favorables condiciones naturales para crear una gran industria forestal.

Actualmente el sector forestal representa un irrisorio 0.1% del PBI, nuestras exportaciones son 40 veces menores que las de Chile, teniendo el potencial de ser cinco veces mayores. Es hora  que empecemos a desarrollar esta industria y que apuntemos a ser una potencia maderera. Como es el caso de la explotación de otros recursos naturales, este desarrollo permitiría múltiples encadenamientos con otros sectores, una gran demanda de empleo de calidad,  mayores exportaciones y recursos fiscales. Además, con buenas concesiones, se formalizaría todo el sector y se tendría una actividad legal que si podría competir con éxito con la tala ilegal y los sembríos de coca.

El desarrollo del sector forestal es clave para la generación del empleo a vistas de la tercera revolución industrial, ver en (L): Apuntes para la creación de empleo al 2034 (II). Lampadia