Los “supuestos” males de la globalización y la automatización, que hemos rebatido extensamente en anteriores publicaciones (ver Auge de empleo en países ricos, EEUU: Crecen salarios de los menos remunerados, Retomemos el libre comercio, Otra mirada al mito de la desigualdad), han despertado preocupación entre los hacedores de política encargados de diseñar los sistemas de seguridad social en los países desarrollados. Un reciente artículo escrito por Daron Acemoglu – profesor de economía de la Universidad de Harvard y renombrado académico que ganó notoriedad por ser coautor (junto a James Robinson) del best-seller Por qué fracasan las naciones: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza – que compartimos a continuación, analiza una de las propuestas nacidas en el seno de estas inquietudes, el Ingreso Universal Básico (en adelante, UBI), a la luz de su viabilidad financiera con el actual presupuesto federal de EEUU y de la teoría económica.

Como deja entrever su análisis, dicha política, no solo es casi imposible de afrontar económicamente, sino que además, para hacerla realizable, habría que renunciar a gran parte de las partidas de gasto social que involucran los programas sociales, así como la seguridad social misma, llámese seguros de salud, seguros de desempleo, pensiones, entre otros.

Pero más importante aún es que la puesta en marcha de dicha medida ignora las distorsiones que – como todo precio mínimo por encima del de equilibrio – generaría en los mercados laborales de esta nueva era de la automatización. Imponer ingresos mínimos en una era como la actual, rompe con su tendencia característica de creación de nuevos empleos y alta movilidad laboral (ver Lampadia: Automatización demandará nuevos empleos y habilidades). En ese sentido, una política de buenas intenciones que pretendía proteger a los más vulnerables podría terminar condenándolos a percibir tal ingreso mínimo si las empresas eventualmente no pueden afrontarlo.

En contraste, consideramos que las medidas laborales que debieran acometerse en EEUU son aquellas que permitan aprovechar para bien esta nueva ola tecnológica proveniente de la Cuarta Revolución Industrial (4IR). Estas tienen que ver con simplificar y volver menos onerosos los marcos tributarios y hacer más amigable la contratación de empleo, de manera que las empresas puedan enfrentar satisfactoriamente esta nueva demanda de trabajos que surgirán en los próximos años. De no llevarlas a cabo, el boom del empleo que actualmente acontece en el país americano podría ya no ser sostenible en el tiempo.

Algo que Acemoglu no toca, es que pasaría con la diferencia de ingresos entre países, o peor, la situación de los pobres de los países emergentes. Algo que no puede solucionarse con UBIs. Por eso, la humanidad tiene que apostar por dinamizar el empleo o los trabajos individuales, para albergar, en vidas dignas, a la población. Lampadia

¿Por qué el ingreso básico universal es una mala idea?

7 de junio, 2019
Daron Acemoglu
Project Syndicate
Traducido y glosado por Lampadia

Siempre se debe tener cuidado con las soluciones simples para problemas complejos, y el ingreso básico universal no es una excepción. El hecho de que esta respuesta a la automatización y la globalización haya sido recibida con tal entusiasmo indica una ruptura no en el sistema económico, sino en la política democrática y la vida cívica.

Debido a la insuficiencia de la red de seguridad social en los EEUU y otros países desarrollados, las propuestas para un ingreso básico universal (en adelante, UBI) están ganando popularidad. La brecha entre los ricos y todos los demás se ha ampliado significativamente en los últimos años, y muchos temen que la automatización y la globalización la amplíen aún más.

Para estar seguro, si la única opción es entre el empobrecimiento masivo y una UBI, es preferible una UBI. Tal programa permitiría a las personas gastar su dinero en lo que más valoran. Se crearía un amplio sentido de propiedad y un nuevo electorado para sacudir el sistema de la política de grandes cantidades de dinero. Los estudios sobre programas de transferencia condicional de efectivo en economías en desarrollo han encontrado que tales políticas pueden empoderar a las mujeres y otros grupos marginados.

Pero la UBI es una idea defectuosa, entre otras cosas porque sería prohibitivamente costosa a menos que estuviera acompañada de profundos recortes en el resto de la red de seguridad. En los EEUU (Población: 327 millones), un UBI de solo US$ 1,000 por mes costaría alrededor de US$ 4 trillones por año, lo que se aproxima a todo el presupuesto federal en 2018. Sin grandes ahorros de costos, los ingresos fiscales de los EEUU tendrían que duplicarse, lo que impondría enormes costos de distorsión a la economía. Y, no, un UBI permanente no podría financiarse con deuda del gobierno o moneda recién impresa.

Sacrificar todos los demás programas sociales por un UBI es una idea terrible. Tales programas existen para abordar problemas específicos, como la vulnerabilidad de los ancianos, los niños y las personas con discapacidad. Imagine vivir en una sociedad donde los niños todavía pasan hambre, y donde aquellos con problemas de salud se ven privados de la atención adecuada, porque todos los ingresos fiscales se destinaron al envío de cheques mensuales a todos los ciudadanos, millonarios y multimillonarios incluidos.

Aunque UBI es un buen eslogan, es una política mal diseñada. La teoría económica básica implica que los impuestos sobre el ingreso son distorsionadores en la medida en que desalientan el trabajo y la inversión. Además, los gobiernos deberían evitar las transferencias a las mismas personas de quienes obtienen los ingresos, pero eso es precisamente lo que haría el UBI. En los EEUU, por ejemplo, alrededor de tres cuartas partes de los hogares pagan al menos algunos impuestos federales sobre la renta o la nómina, y una proporción aún mayor paga los impuestos estatales.

Además, ya se ofrece una política más sensata: un impuesto a la renta negativo, o lo que a veces se denomina “ingreso básico garantizado”. En lugar de darles a todos US$ 1,000 por mes, un programa de ingreso garantizado ofrecería transferencias solo a las personas cuyo ingreso mensual es por debajo de US$ 1,000, por lo que se cobra una mera fracción del costo de un UBI.

Los defensores del UBI argumentarían que los programas de transferencia no universales son menos atractivos porque los votantes no los aceptarán con entusiasmo. Pero esta crítica es infundada. El ingreso básico garantizado es tan universal como el seguro nacional de salud, que no imparte pagos mensuales a todos, sino que beneficia a cualquiera que haya incurrido en costos médicos. Lo mismo se aplica a los programas que garantizan incondicionalmente el apoyo a las necesidades básicas, como los alimentos para las personas con hambre y el seguro de desempleo para los desempleados. Tales políticas son ampliamente populares en los países que las tienen.

Finalmente, gran parte del entusiasmo por el UBI se basa en una mala interpretación de las tendencias de empleo en las economías avanzadas. Contrariamente a la creencia popular, no hay evidencia de que el trabajo tal como lo conocemos desaparezca pronto. La automatización y la globalización son, de hecho, trabajos de reestructuración, eliminando ciertos tipos de empleos y aumentando la desigualdad. Pero en lugar de construir un sistema en el que una gran parte de la población reciba folletos, deberíamos adoptar medidas para alentar la creación de empleos de «clase media» con una buena paga, al mismo tiempo que fortalecemos nuestra red de seguridad social. UBI no hace nada de esto.

En los EEUU, los objetivos principales de la política deben ser la atención médica universal, beneficios de desempleo más generosos, programas de capacitación mejor diseñados y un crédito tributario por ingreso del trabajo (en adelante, EITC) ampliado. El EITC ya funciona como un ingreso básico garantizado para trabajadores de bajos salarios, cuesta mucho menos que un UBI y alienta directamente el trabajo. Por el lado de los negocios, reducir los costos indirectos y los impuestos sobre la nómina que los empleadores pagan por la contratación de trabajadores estimularía la creación de empleos, también por una parte del costo de un UBI. Con salarios más altos para evitar que los empleadores se monten libremente en los créditos fiscales de los trabajadores, un EITC ampliado y una reducción de los impuestos sobre la nómina contribuirán en gran medida a crear empleos que valgan la pena en todos los niveles de la distribución del ingreso.

Igualmente importante, estas soluciones aprovechan la política democrática. No se puede decir lo mismo de un UBI, que se lanza en paracaídas desde arriba como una forma de aplacar a las masas descontentas. Ni faculta ni siquiera consulta a las personas a las que pretende ayudar. (¿Los trabajadores que han perdido sus empleos de clase media quieren transferencias del gobierno o la oportunidad de conseguir otro empleo?) Como tales, las propuestas de UBI tienen todas las características del «pan y los circos» utilizados por los imperios romano y bizantino: folletos para desactivar descontento y apacigua a las masas, en lugar de brindarles oportunidades económicas y agencia política.

En contraste, el estado de bienestar social moderno que ha servido tan bien a los países desarrollados no fue transmitido por magnates y políticos. Su objetivo era proporcionar tanto un seguro social como oportunidades a las personas. Y fue el resultado de la política democrática. La gente común hizo demandas, se quejó, protestó y se involucró en la formulación de políticas, y el sistema político respondió. El documento fundador del Estado de bienestar británico, el Informe Beveridge de la Segunda Guerra Mundial, fue tanto una respuesta a las demandas políticas como a las dificultades económicas. Se buscó proteger a los desfavorecidos y crear oportunidades, al mismo tiempo que se fomentaba la participación ciudadana.

Muchos problemas sociales actuales están arraigados en nuestro abandono del proceso democrático. La solución no es botar suficientes migajas para mantener a las personas en casa, distraídas y pacificadas. Más bien, necesitamos rejuvenecer la política democrática, impulsar la participación cívica y buscar soluciones colectivas. Solo con una sociedad movilizada y políticamente activa podemos construir las instituciones que necesitamos para compartir la prosperidad en el futuro, mientras protegemos a los más desfavorecidos entre nosotros. Lampadia

Daron Acemoglu
Daron Acemoglu, profesor de economía en MIT, es coautor (con James A. Robinson) de Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty y The Narrow Corridor: States, Societies, and Fate of Liberty (Próximamente de Penguin Press en setiembre de 2019).

Continuando con las destructoras ‘reformas’ del Sistema Privado de Pensiones (SPP), el miércoles pasado la Comisión de Economía del Congreso aprobó, sin análisis y sin debate, al carpetazo, el proyecto de Ley 30425 que permite que los afiliados al sistema de AFP puedan retirar el 25% de sus fondos para la compra de su primera vivienda.

Esto parecería una medida destinada a favorecer al sector inmobiliario que termina prácticamente de aniquilar la protección previsional en el país. Hoy en día existe una oferta de 16 mil departamentos en Lima pero solo se venden 700 al mes, cifra que podría aumentar si las personas pueden cubrir la cuota inicial con parte de su fondo previsional. El requisito para esto es simple: el afiliado tendría que tener como mínimo S/. 50 mil acumulados en su fondo para poder usar el 25% como cuota inicial, explica Francisco Dumler, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que se ha apurado a comentar la norma sin pudor alguno.

Además, se aprobó otro proyecto de ley que indica que el 4.5 % de la Cuenta Individual de Capitalización de los afiliados a las AFP sea derivado a EsSalud si es que los afiliados deciden retirar hasta el 95.5 % de sus fondos. Otra medida apurada y contraproducente que toman los congresistas sobre dinero ajeno. El esquema anterior establecía que el 4% de las pensiones fueran a EsSalud para solventar el seguro de salud. La situación de esta institución es tan grave que ha suspendido la afiliación de independientes por falta de fondos. 

Con todas estas nuevas medidas se terminará eliminando el SPP, como se advirtió con la primera norma. En un Editorial de Lampadia, explicamos porqué es que estas reformas implican la muerte del sistema privado de pensiones. Tres razones fundamentales:

1. Primero, porque la esencia del sistema es lograr pensiones decentes y seguras para los peruanos y, si ya no habrán pensiones, al retirarse los fondos, no hace ningún sentido mantener el ahorro forzoso.
2. Segundo, porque al no haber fondos de largo plazo, basados en las pensiones que tienen ese mismo horizonte, los fondos privados ya no podrán utilizarse en algunas inversiones de largo plazo, como las referidas a las inversiones en infraestructuras, tan importante para todos los peruanos.
3. Tercero, porque con este eventual dispositivo, terminaremos recreando un sistema de reparto en el cual los trabajadores peruanos tendrán las mismas pensiones miserables e injustas del sistema público de la ONP.

Los beneficios del sistema de aportes a cuentas privadas han probado largamente ser una de las reformas más importante de la seguridad social en el mundo y su reforma no puede tomarse a la ligera. Los sistemas de acumulación privados generan una mejor esperanza de contar con una pensión razonable.

Para empezar el SPP, no exige aportes de 20 años para efectivizar las pensiones, todos los montos aportados los recibe el afiliado junto con su respectivo interés. La protección individual para alguien que entre al sistema de joven y se mantenga en él durante su vida laboral, que es muy importante. Además, el SPP genera otros beneficios como la formación de ahorro nacional, el desarrollo del mercado de capitales y la capacidad de movilizar inversiones locales de largo plazo, en consonancia con la naturaleza de las pensiones.

En Lampadia publicamos, según cálculos de la Asociación de AFPs, una simulación de la posible pensión de alguien que durante toda su vida gane solo el salario mínimo vital (anterior) de S/. 750.00 constantes, a lo largo de 40 años, que debería ser el período normal de trabajo. El resultado muestra que con un aporte constante de S/. 750.00 se puede obtener una pensión de S/. 1,371. Ver en Lampadia: El Sistema Privado de Pensiones (SPP) es para los pobres.

Si se deja que se consolide el sistema y ampliamos su cobertura, podríamos ofrecer un gran beneficio a las familias peruanas. Solo un acto de máxima irresponsabilidad podría desaparecer el SPP, habiendo mejores alternativas.

Actualmente, el mayor problema para universalizar las afiliaciones es la composición laboral de los peruanos, donde prima la informalidad y el trabajo independiente. Está claramente probado que es sumamente difícil, si no imposible, incorporar a esta población al sistema tal como estaba establecido.

Con esto en mente, en Lampadia planteamos la posibilidad de canjear parte del IGV gastado por cada trabajador por aportes a su fondo individual de pensiones, a diferencia de la propuesta de Levi (BID) que lo plantea como aporte a un pozo común para un sistema de reparto tradicional. La idea es IGV por aportes individuales. (Ver: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo). Este mecanismo combatiría la informalidad al poseer fuertes incentivos para la formalización, al mismo tiempo que estimularía una mayor recaudación; así, el Estado solo “devolvería” una porción del IGV en cuentas que cada nuevo afiliado mantenga en el SPP.

El daño hecho al país con los recientes cambios al SPP, son, como se verá con toda nitidez más adelante, sumamente graves. 

Es importante que los ciudadanos tengamos claramente identificados a los responsables de semejante barbaridad. En este caso encabezan la lista los congresistas Delgado, Lezcano y García, a quienes hay que sumar al Presidente del Congreso, Luis Iberico, que conociendo las consecuencias de estas normas, no ha tenido la capacidad política para orientar mejor los debates e incorporar a los ciudadanos en sus ponderaciones.

Tal vez el argumento más claro que hemos presentado en Lampadia para tratar de evitar esta situación es aquel con el que planteamos que a quién se debía preguntar sobre el SPP era a los hijos de los pensionistas, que en un país sin pensiones, tendrán que apuntalar las condiciones de vida de sus padres. Ver: ¿Quieres que tu papá tenga una pensión?. 

Las reformas aprobadas por la Comisión de Economía del Congreso son ejemplo de una lucha de intereses ajenos al mejoramiento del sistema y más bien una manipulación populista y cortoplacista que debe ser reprochada. Pensemos en nuestro futuro antes de tomar tales decisiones. Lampadia

Líneas abajo glosamos un artículo de Alvin Powell sobre la edad de jubilación en el futuro. Las mejoras en la salud de la población global, la mayor esperanza de vida y la disminución del índice de fertilidad, están cambiando el perfil etario de la población y alargando el potencial de vidas productivas.

Típicamente, “el retiro era considerado un taburete de tres patas apoyado por la Seguridad Social, los ahorros y las pensiones privadas. Pero las pensiones en especial, se han tambaleado en las últimas tres décadas”, dijo Debra Whitman, directora de políticas públicas de AARP (Asociación estadounidense de jubilados). Efectivamente, dados estos cambios, la mayoría de los sistemas de pensiones están desfinanciados y representan un lastre económico inmenso para muchas economías, y afectan la calidad de vida del conjunto de sus poblaciones.

Entonces, los sistemas públicos tradicionales de pensiones se ven debilitados por dos lados, más años de vida con demanda de más fondos y mecanismos de pensiones desfinanciados, insostenibles en muchos casos.

Este proceso fue previsto hace años por José Piñera en Chile, el creador de las AFPs y fue adoptado por varios países que pudieron superar las típicas limitaciones prospectivas de las administraciones públicas. El Perú fue uno de ellos.

Como hemos comentado anteriormente, nuestro Sistema Privado de Pensiones (SPP), requiere mejorarse y sobre todo ampliar su cobertura, pero lo último que debemos hacer es regresionar hacia los sistemas tradicionales (quebrados) que solo aportan pensiones miserables y no reconocen el aporte individual a la sociedad de los trabajadores más productivos, como plantea el proyecto congresal para liberar el retiro de los fondos individuales a los 65 años.

Afortunadamente, hace pocos días, un grupo importante de congresistas se ha opuesto a una votación acelerada para que el Congreso insista en su proyecto, observado por el ejecutivo. Estos congresistas, a los que hay que felicitar, consideraron que el período electoral no es el mejor momento para tratar un tema de esta profundidad. Lo que propusimos en Lampadia en varias ocasiones.

Mientras tanto, sigamos analizando el tema, agregando factores como el de la edad de jubilación, presentado más abajo. 

¿Habrá una edad de jubilación en el futuro?

Escrito por Alvin Powell

Publicado por el WEF en colaboración con el Harvard Gazette

17 de febrero de 2016

Traducido y glosado por Lampadia

Ahora que el número de ancianos ha empezado a superar a los jóvenes de todo el mundo, los trabajadores, los empleadores y los políticos están reconsiderando la jubilación – ¿qué trabajo realizamos, cuándo parar y cómo vivir nuestros últimos años?

La transición demográfica mundial, descrita este jueves en un panel de la Escuela Chan de Salud Pública de la Universidad de Harvard, está ligada a la rápida expansión de la esperanza de vida y la disminución de las tasas de natalidad. Si bien es más avanzada en los países desarrollados no se queda atrás en los países emergentes.

«Las sociedades están experimentando una transición demográfica que el mundo nunca ha visto,» dijo Lisa Berkman, profesora de la Escuela Thomas D. Cabot de Política Pública, Epidemiología y Salud Global y Población en Harvard y directora de la Escuela Chan del Centro Harvard para Estudios de Población y Desarrollo. «Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido sociedades que envejecen. Y por sociedades que envejecen nos referimos a que hay más personas mayores de 60 años que menores de 5 años».

Es probable que el impacto más grande se produzca en la intersección de trabajo y jubilación, dijo Berkman.

El aumento en los años de jubilación ya está empezando a afectar la Seguridad Social, que se creó cuando la mayoría de gente vivía solo uno o dos años después de recibir beneficios y muchos entre las poblaciones desfavorecidas no vivían lo suficiente como para recibirlos.

La idea de que las personas mayores que sigan trabajando tomarán los puestos de trabajo de las personas más jóvenes es una falacia, dijo Berkman, porque las personas que siguen trabajando impulsan nuevos empleos, creando suficientes puestos para todos.

Whitman, afirma que los estudios de AARP muestran que la mayoría espera trabajar en sus 60s y 70s. Esta es una buena noticia desde el punto de vista de la salud, dijo, porque el trabajo mejora la salud cognitiva, retrasa el deterioro mental y disminuye el aislamiento. También es una buena noticia para la economía, porque la generación ‘Baby Boomer’ es la mejor educada y con más experiencia de la historia.

El retiro era considerado un taburete de tres patas apoyado por la Seguridad Social, los ahorros y las pensiones privadas. Pero las pensiones en especial, se han tambaleado en las últimas tres décadas, dijo Whitman. 

Los panelistas dijeron que es importante que los empleadores entiendan que la diversidad en el lugar de trabajo, que mejora la productividad y la innovación, incluye tener empleados de diferentes edades que trabajen juntos. «Pensar en [el trabajo] de manera más amplia podría ser crucial en las próximas décadas», dijo Berkman.

Ser capaz de trabajar, por supuesto, depende del mantenimiento de la salud en la vejez. Los cambios en la dieta y el estilo de vida pueden hacer una gran diferencia, dijeron Grodstein, incluso si no se hacen hasta la edad mediana o más.

«Nunca es demasiado temprano para empezar y nunca es demasiado tarde para empezar.»

Lampadia

En los fondos de pensiones hay mucho dinero y eso es siempre como miel para los políticos populistas que nunca desaparecerán y para los gobernantes rateros, como en Argentina, que sin más ni más se volaron los fondos de sus propios ciudadanos.

Los beneficios del sistema de aportes a cuentas privadas han probado largamente ser una de las reformas más importante de la seguridad social en el mundo. Si muchos países aún no entran, es porque no se animan a dejar el indebido usufructo de los fondos de reparto que los estados usan a su libre albedrío.

Los sistemas de acumulación privados generan una mejor esperanza de contar con una pensión razonable. Para empezar en el Perú, no exigen aportes de 20 años para efectivizarse como pensiones, retornan lo que se haya aportado con su respectivo interés. Además de la protección individual para alguien que entre al sistema de joven y no se salga, que es muy importante como retorno, están los beneficios más macro, como la formación de ahorro nacional, el desarrollo del mercado de capitales y la capacidad de movilizar inversiones locales de largo plazo, en consonancia con la naturaleza de las pensiones.

Pero el sistema en el Perú tiene un muy peligroso talón de Aquiles. Solo forman parte del sistema una proporción menor de la población económicamente activa, básicamente los que tienen trabajo formal y, además, una parte de los aportantes sigue en la ONP, un sistema quebrado que requiere el soporte público y donde, de no aportarsedurante 20 años, se puede perder el íntegro de los aportes y finalmente están sujetos a la pensión mínima, que nunca será suficiente para una jubilación decente. O sea, esta gente está jugando un partido perdedor.

El mayor problema para universalizar las afiliaciones es la composición laboral de los peruanos, donde prima la informalidad y el trabajo independiente. Está claramente probado que es sumamente difícil, si no imposible, incorporar a esta población al sistema tal como está establecido.

Por lo tanto, o nos resignamos a vivir rodeados de tiburones que acechan cada vez que tienen la oportunidad o, buscamos una solución ‘fuera del cuadrado’, una salida imaginativa que, además, puede generar otros beneficios.

Propuesta: Crear un sistema de aportes basado en el canje de una parte de los pagos que por IGV hacen todos los peruanos. Digamos, como ejemplo, que se pueda canjear el 5% de los pagos de IGV efectuados por las personas naturales y abonarlos a las cuentas individuales de cada trabajador en la AFP de su elección.

Análisis:

• Afiliación: Se universalizarían los aportes al sistema, pues sería muy extraño que un solo ciudadano no quiera efectivizar el canje del IGV por un aporte a una pensión que se recibiría (incrementada con intereses) de todas maneras, algún día.
• Costo fiscal: El Estado estaría cediendo una fracción importante del IGV nominal. Sin embargo, dado que la naturaleza del mercado laboral determina un alto nivel de pérdida de recaudación del IGV por evasión y una presiones políticas para mantener fuera del sistema una serie de elementos, como alimentos, que rompen la cadena de valor agregado, los canjes por aportes a los fondos de pensiones generarían un tremendo  incentivo de formalización y, seguramente, se recuperaría una parte importante del sacrificio de recaudación nominal,vía formalización.
• ONP: Se podría trasladar a los aportantes de la actual ONP a algún fondo privado y así mejorar la esperanza de pensiones de mucha gente y poner límite al déficit previsional creciente que afronta la República, compensando parte del sacrificio de la recaudación de IGV.
• Macro: Se potenciarían los impactos macro positivos del sistema.
• Formalización: Se iniciaría un camino sólido de formalización del trabajo en nuestra sociedad. 
• Protección política: Al masificarse la pertenencia al sistema, se alejaría a los tiburones de la política barata, que tendrían el escollo de la barrera infranqueable de todos los trabajadores peruanos, formales e informales.

Esta propuesta ya la hemos hecho antes en Lampadia, ver: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo y Propuestas para mejorar el sistema. Pero la obsesión con la búsqueda de soluciones óptimas a impedido implantar una estrategia efectiva para el logro del objetivo central de un sistema de pensiones: Cobertura universal con una pensión razonable y protegida de los avatares políticos del país.

Esperamos que, ahora que los candidatos están empezando la última fase del juego de: “quien es más populista”, podamos hacer un esfuerzo de realismo y analizar y, debatir esta propuesta o soluciones de esta misma naturaleza. Lampadia

Si los precios siguen bajos, las firmas estadounidenses más apalancadas podrían irse a pique.

Por Leonid Bershidsky

Bloomberg

(El Comercio – Portafolio, 14 de Enero de 2015)

La debacle financiera que sufrió Rusia cuando el precio del Brent cayó 50% en los últimos cuatro meses ha eclipsado la que podría aguardar a la industria estadounidense del esquisto en el 2015. Es hora de prestarle atención porque es improbable que Arabia Saudí y otros grandes productores de petróleo de Oriente Medio cedan y reduzcan la producción, y el precio ahora se está acercando a un nivel en el que la producción estadounidense empezará a reducirse con el cierre de pozos.

Los representantes de los principales miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo dicen desde hace semanas que no producirán menos petróleo por bajo que caigan los precios. El ministro de Petróleo saudí, Ali al-Naimi, ha dicho que ni siquiera un barril a US$20 los hará cambiar de opinión.

Las primeras reacciones en los EE.UU. fueron de confianza: los productores estadounidenses de petróleo son suficientemente resistentes; seguirán produciendo incluso a precios de venta muy bajos porque el costo marginal de extraer de los pozos existentes es aún menor; la OPEP perderá porque las redes de seguridad social de sus miembros dependen del precio del petróleo; y, de todos modos, la OPEP está muerta.

Ese optimismo recuerda a la reacción displicente de los rusos al comenzar la caída de precios: en octubre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que “ninguno de los actores serios” tenía interés en un precio del petróleo inferior a US$80. Esta complacencia ha llevado a Rusia al borde del precipicio: el viernes, Fitch rebajó su calificación crediticia un escalón por arriba de basura y esta probablemente siga bajando en tanto el rublo continúe devaluándose al ritmo de la caída del petróleo.

Guerra de precios

En general, es una mala idea hacerse el gallito en una guerra de precios. Por definición, todos se van a ver afectados, y cualquier victoria puede ser solo relativa. El ganador es aquel que puede soportar más sufrimiento. Mi apuesta tentativa hasta ahora es a los saudíes y, aunque parezca contrario a la lógica, a los rusos.

Por ahora, la única señal de que la producción estadounidense de petróleo crudo puede reducirse es el menor número de plataformas petroleras en actividad en los EE.UU. La semana pasada bajó a 1.750, 61% menos que la semana anterior y cuatro veces menos que hace un año. Sin embargo, la producción petrolera sigue estando en un nivel récord. En la semana que terminó el 2 de enero, cuando la cantidad de plataformas petroleras también se redujo, llegó a 9,13 millones de barriles diarios, más que nunca en la historia. Las empresas petroleras solo están interrumpiendo la producción en los peores pozos, los que producen pocos barriles por día: a los precios actuales, esos pozos no justifican el costo de alquilar los equipos.

Como nadie reduce la producción, el precio sigue cayendo; ayer el barril de Brent estaba a US$48,27 y las tendencias todavía se orientan hacia abajo.

Todo esto finalmente tendrá su impacto. Según un análisis reciente de Wood Mackenzie, “un precio del barril de Brent de US$40 o menos haría que los productores redujeran la producción a un nivel en el cual habría una contracción significativa de la oferta petrolera mundial. Con un Brent a US$40, 1,5 millones de barriles diarios representan un flujo de caja negativo, en tanto el mayor aporte proviene de varios proyectos de arenas bituminosas de Canadá, seguido por los EE.UU. y luego Colombia”.

Extraer a pérdida

Eso no significa que, una vez que el Brent llegue a US$40 –y ese es el nivel que ahora prevé Goldman luego de renunciar a su pronóstico de que la OPEP cedería–, la producción de esquisto automáticamente se reducirá 1,5 millones de barriles diarios. Muchas empresas estadounidenses de fracking seguirán extrayendo a pérdida porque tienen deudas que pagar: unos US$200.000 millones de deuda total, comparables con las necesidades financieras de las compañías energéticas estatales de Rusia.

El problema de las empresas de fracking de los EE.UU. es que es imposible refinanciar esas deudas si están perdiendo efectivo. En algún momento, si los precios siguen bajos, las compañías más apalancadas se irán a pique y las más exitosas no podrán hacerse cargo de ellas porque no tendrán ni el efectivo ni la confianza de los inversores que las ayudaría a conseguir financiamiento para sus deudas.

Las insolvencias y la falta de expansión finalmente llevarán a recortes de la producción. La Administración de Información de Energía de los EE.UU. aún pronostica que la producción estadounidense de crudo promediará 9,3 millones de barriles diarios, 700.000 barriles diarios más que en el 2014. Pero si el Brent llega a US$40, ese pronóstico vuela por la ventana. Probablemente sea excesivamente optimista ya hoy.

En cuanto a los saudíes y los Emiratos Árabes Unidos, ellos seguirán produciendo. Son países, no empresas, y no pueden simplemente cerrar sus puertas e irse a casa: siguen teniendo presupuestos que financiar y carecen de un reemplazo para el petróleo como fuente de reservas internacionales. Rusia, el tercer productor mundial de petróleo después de Estados Unidos y Arabia Saudí, es mucho menos estable que las monarquías petroleras de Oriente Medio, pero está en la misma situación: el petróleo es su savia.

La Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE) comunicó recientemente que un grupo de ONG locales ha iniciado una campaña que busca declarar de interés público un medicamento para el VIH/SIDA, con el objetivo de suspender los derechos de patente que protegen a este medicamento hasta el año 2018. Esta solicitud revela un desconocimiento del sistema legal de protección de la propiedad intelectual, así como de las causas que justifican la existencia de las patentes en el mundo. 

Bajo la normativa internacional sobre propiedad intelectual, un gobierno puede permitir que una medicina patentada sea producida como genérica en casos excepcionales bajo el mecanismo de las licencias obligatorias. Así, en casos de urgencia nacional solo el Presidente de la República está facultado para otorgar una licencia extraordinaria temporal (y no exclusiva) para abastecer al mercado interno con el medicamento demandado, mediante un Decreto Supremo. No obstante, las licencias obligatorias no son instrumentos diseñados para generar ahorros en la seguridad social, sino para brindar una alternativa que posibilite soluciones rápidas en caso se enfrente una epidemia o crisis generalizada en la salud pública. De ahí su naturaleza temporal.

Las patentes no son instrumentos populares, porque brindan exclusividad. Sin embargo, son instrumentos necesarios para incrementar la oferta de bienes socialmente deseables que no se producirían en mercados sin protección. En efecto, para producir medicamentos de última generación se requieren grandes inversiones en investigación y desarrollo, así como largos plazos de ejecución. Los costos de investigación y desarrollo representan la mayor parte del costo de las medicinas, por ello su precio puede ser mucho más alto que el de su costo directo  de producción. La fórmula de elaboración de estos medicamentos se consigue a través de un conocimiento generado por la investigación que tiene naturaleza económica de “bien público”. Esto significa que en un mercado desregulado, una vez generada la molécula, sería imposible evitar que otros accedan a su formulación (comportamiento del “free rider”), con lo cual desaparece todo incentivo a generar nuevos medicinas. Esto determinaría una situación típica de una relación “perder-perder”, en la que por un lado perderían los laboratorios y por otro, el conjunto de la humanidad.

La teoría económica nos enseña que la intervención en los mercados se justifica cuando existe alguna falla, que en este caso, es la pérdida de bienes (medicinas) deseables para la sociedad. Así, se justifican los incentivos por parte del Estado para que el mercado genere dichos bienes. De esta manera, las patentes juegan un doble rol: primero incentivar la innovación y, segundo, permitir que la industria farmacéutica recupere sus costos.

Tendencia mundial

Como reseña The Economist, con el aumento de los ingresos y la reducción de la pobreza, ha crecido la esperanza de vida en los países emergentes, así como la demanda por medicinas contra el cáncer, diabetes y otras enfermedades crónicas. En China e India, las medicinas representan el 43% del gasto total en salud, mientras que en EEUU y Europa solo el 12%. Los gobiernos de estos países quieren expandir el acceso a los tratamientos médicos, ante lo cual se ha vuelto una tendencia en los últimos tiempos que varios países emergentes, como Brasil y Sudáfrica estén pensando en diseñar reformas que afecten las patentes. Precisamente, este uno de los puntos que está retrasando el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). Mientras tanto, una ola de innovación está produciendo nuevas moléculas para tratamientos complejos: solo en el 2012 se aprobaron 39 patentes en EEUU, la cifra más alta desde 1996.

En el caso peruano, el reclamo puntual explicado por ALAFARPE, se da porque algunas ONG argumentan, falazmente, que el costo del tratamiento para el VIH/SIDA se eleva debido a que un medicamento útil para tal fin está protegido por una patente. Como explica ALAFARPE, existen alternativas de bajo costo que pueden ser usadas. Además, en el caso reseñado se está haciendo un pedido que no se condice con las regulaciones internacionales sobre las licencias obligatorias. Las patentes son necesarias y no deben desvirtuarse.

“Más licencias obligatorias no son convenientes para los enfermos del planeta; la protección de las patentes de las medicinas, sí.”  (“More compulsory licensing is not in the interests of the world’s sick; protection for drugs patents is.” – The Economist, Pharmaceutical pricing, The new drugs war, 4 de enero del 2014). Lampadia