Guillermo Molinari Palomino
Ex Viceministro de Gestión Pedagógica
Para Lampadia

A casi un mes de iniciada las labores escolares cada día se hace más evidente la incompetencia del sector educativo al no tener listos los programas de educación remota de “Aprendo en Casa” para radio y TV, y a pesar de haber anunciado el 25 de febrero en las diferentes redes sociales que se entregarían 7 millones de cuentas con dominio @aprendoencasa.pe entre estudiantes y docentes, así como el acceso a las plataformas Google Classroom y  Google Meet para complementar los aprendizajes a distancia que además venía acompañado con un programa de capacitación a docentes, se hace importante conocer el estado de ese convenio. Pero no solo eso, nadie da cuenta del anuncio del presidente que en la quincena de abril debían estar entregadas todas las tablets y componentes adquiridos en el 2020 demostrando después de un año la incapacidad para hacer efectiva la entrega.

Hoy se reciben la denuncia de diferentes lugares del país, un ejemplo lo tenemos en el Sutep La Libertad y provinciales indican que cerca de 400 maestros contratados son obligados asistir a las aulas desde el inicio del año académico, que se encuentran dando clase a aproximadamente a 2,500 niños en la provincia de Pataz y también se reportan clases en la provincia de Bolívar en aulas con 1,000 alumnos contraviniendo la R.V.M. 121-2021-MINEDU. Cabe precisar que en lo que va del año 2021 se reportan 65 profesores que perdieron la vida por la COVID-19, que sumados a los del año pasado suman 165 fallecidos.

El 2 de abril el Ministro de Educación Ricardo Cuenca indica que no es posible seguir sosteniendo la enseñanza remota, pero lo más delicado es que indica que la campaña de vacunación para los trabajadores del sector aún no tiene fecha programada, y que, ante un eventual retorno de los millones de estudiantes a la educación presencial, no existirá ningún requisito que exija a los docentes y directores haber sido inoculados con una vacuna contra la COVID-19.

Si esta es la situación en la educación pública, más delicada es la situación de la educación privada que no solo ha debido asumir la situación de la crisis económica de las familias que les confían la formación de sus hijos sino fundamentalmente hacer frente a una híper reglamentación y controlismo que no solo empuja a la informalidad y la reafirma, van a hacer imposible una escuela libre, innovadora y variada en su oferta. En pocas palabras, la realidad presente será aun peor.

Seguramente la burocracia del MINEDU afirmará que no les queda otra alternativa ya que tienen que cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes, pero eso no es cierto. Está en su poder modificar y derogar la multitud de ataduras administrativas existentes y llevar la simplificación al Congreso cuando estas residan en leyes, pudieron además aprovechar con el D.U. N° 002-2020 y el DL N° 1476 para simplificar las cosas, en lugar de eso modificaron lo que les pareció necesario para controlar más a la escuela privada. Nadie puede entender porque si el Decreto Supremo N°005-2021-MINEDU si es tan bueno y las condiciones que exige el proyecto de reglamento son tan básicas, no se entiende por qué se otorga un plazo de tres años para adecuarse, con posibilidades incluso de extenderlo a cinco.

Lo que va a ocurrir es que muchos colegios tendrán muchas dificultades para acogerse a esta intrincada normatividad porque es inútil para mejorar el servicio que brindan a sus estudiantes y además extremadamente onerosa. Es imposible asumir todos los costos que implica. En la fecha en que las escuelas ya no se les permita funcionar, estas cerraran y veremos como el estado ineficiente no podrá atender la demanda con sus instituciones educativas , como lo que ya viene ocurriendo ahora, en que no tienen la capacidad de recibir a los estudiantes que solicitan su traslado de las escuelas privadas y en donde inclusive se reciben denuncias de que se está cobrando por los cupos y que los padres están solicitando extensión de los plazos para matricular a sus hijos en el presente año escolar.

Finalmente indicar que si estas mismas condiciones básicas de calidad se aplicaran a las escuelas públicas tendríamos que cerrar muchas de ellas, complicando aún más la situación de la educación en el país; compleja situación que le corresponderá al próximo gobierno afrontar. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Walter Aduviri quiere una nueva Constitución. No solo él, buena parte de la izquierda desea lo mismo. Hasta el ministro de Justicia, Vicente Zevallos, se ha sumado. No les gusta el capítulo económico de la Carta Magna. No quieren la relativa libertad económica que allí se establece. Anhelan un Estado más grande, más presente en la economía, un Estado empresario y dirigista, que ellos quisieran manejar con superpoderes. Es decir, algo parecido a lo que tuvimos con Velasco Alvarado, porque no hay una tercera vía.

Pero veamos, por ejemplo, el efecto que tuvo ese añorado modelo en un sector muy vinculado a sus bases, el educativo. El siguiente cuadro, tomado de una investigación de Cesar Guadalupe y otros de la Universidad del Pacífico, muestra la evolución del gasto público por estudiante entre 1950 y el 2015, gasto público que refleja principalmente el salario de los maestros.

Como vemos, en el gráfico, el gasto público anual por estudiante subió aceleradamente entre 1950 y 1966, cuando teníamos un modelo de crecimiento que algunos denominan peyorativamente “primario exportador”. El giro hacia el modelo proteccionista, intervencionista y estatista comenzó a darse, como sabemos, hacia finales del primer gobierno de Belaunde, pero alcanzó su esplendor en los 70 con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, y llegó al éxtasis durante el primer gobierno de Alan García, creador del dólar MUC, de controles de precios y del intento de estatizar la banca. Pues bien, durante esas dos décadas de gran impulso socialista es que se produce la caída abismal del gasto público educativo, que, repetimos, expresa principalmente el desplome de las remuneraciones de los maestros. ¿El Sutep quiere regresar a esas épocas?

El gasto en educación –y por lo tanto los salarios magisteriales- recién empieza a recuperarse a partir de los 90, justamente después de la nueva Constitución del 93 que cambia el modelo económico y pasa a una economía más libre, menos intervenida y con menos empresas públicas, ya privatizadas. Esta nueva economía, más productiva, genera más excedentes y más impuestos, que permiten empezar a recuperar el gasto social, educativo en este caso.  

Nótese que el gasto por estudiante de 1970 recién se recupera el 2007. ¡Perdimos 37 años! Peor aún, si vemos bien el gráfico, advertimos que el nivel de 1966 recién lo recuperamos el 2013, ¡47 años después! La izquierda quiere regresar a un tipo de Constitución que nos hizo perder casi 50 años de desarrollo educativo y magisterial, y pide el cambio de aquella que ha permitido no solo recuperar sino superar los máximos niveles anteriores. No solo eso: ¿cuánto estaría ganando un maestro ahora si el Perú no se hubiese desviado hacia la izquierda en su modelo económico? Habría que hacer la proyección.

Pero en el caso de Aduviri debe haber una confusión, porque en su plan de gobierno explica que su propuesta “implica insertarnos en base a nuestras tradiciones dentro de una economía libre de mercado y el proceso de globalización… Pero las condiciones de libre mercado y la inversión privada, no debe implicar que se destruya nuestro medio ambiente, se nos robe nuestros recursos, se nos robe nuestras oportunidades de desarrollo, se nos robe nuestra cultura”. ¿Aduviri adhiere al libre mercado? De hecho, Puno es una tierra de capitalistas emergentes. No solo eso. Su plan plantea “…formalizar nuestra economía en una región el 80% es excluida por la falta de comprensión del estado”. Y allí da en el clavo.

Lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo desde el gobierno de Ollanta Humala pero en alguna medida también desde antes, es que ha ido restableciendo un intervencionismo de baja intensidad. La Constitución se está asfixiando, como escribió Lampadia. Las actividades económicas, las empresas, están cada vez más trabadas por una profusión de normas que las ahogan y les impiden despegar. Probablemente a eso se refiere el plan de gobierno de Aduviri: el 80% de la economía es excluida por normas tributarias, laborales, sectoriales y administrativas de todo tipo que impiden trabajar porque imponen una carga demasiado  costosa en tiempo y dinero.

De lo que se trata es de tirar esa carga por la borda y derogar esas leyes y normas absurdas para facilitar los negocios y las inversiones y devolverles cancha libre. Se trata de dejar respirar nuevamente a la Constitución. Coincidimos completamente con Aduviri en ese punto.

Lo que no se entiende, en ese marco, es su posición frente a la inversión  minera. Quisiera aplicar el modelo boliviano, que es la sobrecarga absoluta, impuestos y regalías prohibitivas, salvo acaso para el que ya está produciendo, al que no le queda más remedio que tirar para adelante, si es que puede. Pero no solo carece de facultades para eso como gobernador regional, sino que con dicho modelo lo único que lograría, si pudiera aplicarlo, es que nadie invierta. Adiós al magnífico proyecto de Corani, que es un  modelo de desarrollo comunal y tiene el respaldo pleno de las comunidades (ver en Lampadia: El secreto de la minería peruana), y adiós al proyecto del litio, que puede traer grandes beneficios a la región y al país.

Si impidiera esas inversiones estaría agregando dos graves daños adicionales al país y a su propia gente, cuando todavía no ha pagado por el primero, que fue la movilización que detuvo el proyecto Santa Ana y destruyó propiedad pública y privada en Puno. No ha expiado hasta los delitos cometidos ni menos ha reembolsado los 108 millones de soles que, como recuerda Fernando Rospigliosi en El Comercio,[1] ahora el Estado peruano debe pagarle a Bear Creek a consecuencia de esa asonada. Lampadia

Por: Gabriel Sánchez Zinny

(El País, 01 de Agosto del 2014)

En la sociedad del conocimiento en la que vivimos en este siglo XXI, el capital humano es el principal activo de un país, de una empresa, de un individuo. En particular, en economías emergentes es la única forma de pasar a un nuevo estadio de desarrollo, que demanda mayor competitividad y productividad, es aumentar substancialmente los niveles de capital humano.

Sin calidad educativa, como es la situación en América Latina de acuerdo a los indicadores internacionales, y con enormes disparidades educativas según niveles de ingreso, es imposible acumular este capital, tan necesario para continuar con el crecimiento económico de la región y la disminución de la pobreza.

Generar capital humano es una responsabilidad de todos en una sociedad. Dada su profunda importancia, y el hecho de que la educación es un bien público, los Estados nacionales la garantizan, al menos el acceso a la escuela, aunque no logran igualdad calidad para todos. Todos los sectores económicos y sociales de un país deben considerar la educación como una prioridad.

Como dice Harry Patrinos, especialista del Banco Mundial, “en las economías emergentes, en países de bajos ingresos, demasiado se espera de los gobiernos. Estos son proveedores, financiadores, reguladores y también se les pide innovar. Esto no se requiere de los gobiernos en los países de la OECD”.

En particular el sector privado, con y sin fines de lucro, tiene un rol importantísimo que jugar. Por un lado, en general conforma el mayor demandante de recursos humanos en un país, y como tal, tiene un conocimiento particular de qué tipo de habilidades y capacidades el sistema educativo debería proveer. A pesar de eso, todos los estudios muestran una gran desconexión entre la demanda laboral y la oferta educativa. Es necesario que haya mayor diálogo entre gobiernos y el sector privado en lo que a educación se refiere.

El sector empresarial ha comenzado a involucrarse de muy diferentes formas. Por un lado, en las últimas décadas las empresas han aumentado sus presupuestos de responsabilidad social corporativa, con un especial énfasis en educación. Para citar solo un país, en Colombia, según la encuesta más reciente conducida por la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), la cual entrevistó a trescientos presidentes de distintas compañías, “lograr la educación primaria universal” es la prioridad del más del 40 por ciento de ellos.

La entrada de capital privado en las universidades lanza un debate sobre cómo impacta la salida laboral de los estudiantes y sus niveles de deuda posteriores

A su vez, el sector educativo está atrayendo mucho capital privado, en particular a nivel universitario. Empresas y fondos de inversión como Laureate, Whitney Education, Debry, han invertido más de 1 billón de dólares en comprar y expandir universidades en toda la región, generando algo de controversia en el camino, y lanzando un debate sobre cómo esto impacta en la calidad de la enseñanza, en la salida laboral de los estudiantes y sus niveles de deuda posteriores.

También se observa en la región mayores niveles de inversión social de impacto impulsada por instituciones como el Multilateral Investment Fund, y otros fondos como Acumem, Fundacion Inicia, New Ventures en Mexico, Velum en Colombia, conscientes de que hace falta mayor innovación en el sector educativo y de que emprendedores, con o sin ánimo de lucro, pueden generar una diferencia en iniciativas que pueden luego ser escaladas y masificadas por los gobiernos.

El sector privado está generando también una nueva ola de emprendimientos tecnológicos enfocados en la educación, que pueden ser importantes para servir a una creciente demanda de alumnos que están surgiendo en la región, debido al aumento de la clase media y al tan comentado bono demográfico.

Este aumento del capital privado en los sistemas educativos de América Latina está generando nuevos y viejos debates. Tal vez el primero se refiere a la calidad. Sabemos que los sistemas educativos no están generando calidad, ¿pero la generará el sector privado? A su vez, ¿qué regulaciones hacen falta para fomentar estos nuevos actores, estas innovaciones, pero asegurando igualdad de oportunidades para todos los estudiantes sin importar sus condiciones de ingresos? ¿Cómo lograr evaluaciones sistemáticas de maestros y alumnos, para que todo el sistema cuente con mayor información que le permita elegir mejor a las familias y alumnos?

Sin mayor innovación será muy difícil alcanzar a los países más desarrollados en sus niveles de acumulación de capital humano, y pareciera que el sector privado es el mejor preparado para traer esa innovación al sector, pero no puede hacerse sin un Estado que asegure un acceso a estas nuevas oportunidades para todos los estudiantes de la región.