Como hemos reportado ene veces en Lampadia, Bill Gates es uno de los filántropos más notables de los tiempos modernos. No solo cedió gran parte de su fortuna a la Fundación Bill y Melinda Gates, sino que dedica buena parte de su tiempo a recorrer las zonas más pobres del planeta, velando por supervisar los proyectos de la fundación, mayormente dirigidos a aliviar la salud lejos del origen de su fortuna. Además, formó otro esfuerzo filantrópico, Pledge to Give, institución que invita a otros billonarios a donar su dinero para temas de salud y pobreza.

Sin embargo, a raíz de la pandemia, tema que él desarrolló hace cinco años en una charla de TED, Bill Gates viene siendo atacado en las redes sociales como un manipulador que busca negocios detrás de vacunas inservibles o mortales y que pretende instalar microchips a las personas para beneficiarse con su información.

Como lo muestra la BBC en el artículo que presentamos líneas abajo, todo esto es absurdo y falso. Más allá de sus méritos empresariales, Gates es uno de los hombres más notables de la humanidad por su entrega a mejorar las condiciones de pobreza y salud en todo el mundo.

Ver artículos anteriores sobre Bill Gates en Lampadia:

• Creador de Microsoft dedica su fortuna a los pobres – El Circuito Virtuoso del Capitalismo
• Bill Gates: “El mundo necesita mejores baños”
• Balance de los avances del 2018

Cómo Bill Gates se convirtió en el centro de tantas teorías de la conspiración en medio de la pandemia

Jane Wakefield
Corresponsal de Tecnología
BBC
7 de junio, 2020

Derechos de autor de la imagen AFP/GETTY IMAGES

En 2015, un Bill Gates sin pretensiones subió al escenario de una conferencia TED en Vancouver para lanzar una advertencia grave.

«Si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, es probable que sea un virus altamente infeccioso en lugar de una guerra», dijo a la audiencia.

Sus palabras proféticas ganaron cierta cobertura mediática en ese momento, incluso de la BBC, pero en gran parte del mundo no fueron escuchadas.

Pero ahora, el video de esta charla se ha visto más de 64 millones de veces, y muchas personas están más interesadas en las razones detrás de ese discurso que en la charla misma.

• La charla TED de Bill Gates en la que pronosticaba una crisis similar a la del coronavirus (y qué soluciones daba)

Algunos lo acusan de liderar una clase de élites globales. Otros creen que está liderando esfuerzos para despoblar el planeta.

Muchos más lo acusan de hacer que las vacunas sean obligatorias, o incluso de intentar implantar microchips en las personas.

El rostro de la salud pública

«Hay miles de conspiraciones en torno a Bill Gates», dice Rory Smith, de la página de verificación de datos First Draft News.

«Es una especie de muñeco vudú al que algunas comunidades están pinchando con sus propias conspiraciones. Y no es sorprendente que se haya convertido en el muñeco vudú, porque siempre ha sido la cara de la salud pública», señala.

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Bill Gates ha sido el rostro de la salud pública por más de una década.

Las teorías que vinculan falsamente a Bill Gates con el coronavirus se mencionaron 1,2 millones de veces en la televisión o las redes sociales entre febrero y abril, según un estudio del periódico The New York Times y Zignal Labs, una empresa de análisis de medios.

Gran parte del contenido se publica en grupos públicos de Facebook, desde donde se comparte millones de veces.

• Un niño de 5 años ciego y otros trágicos casos de los efectos de la desinformación sobre el covid-19

First Draft News también descubrió que la plataforma china de videos TikTok se está convirtiendo en un nuevo hogar para tales teorías conspirativas.

El equipo antidesinformación de la BBC ha estado investigando algunas de las más extravagantes, completamente falsas o sin evidencia:

• Estas teorías incluyen afirmaciones de que la Fundación Bill y Melinda Gates ha probado vacunas en niños en India y África, lo que ha provocado miles de muertes y lesiones irreversibles. Una publicación incluso sugirió que enfrenta un juicio en India.
• Está acusado de lanzar una vacuna contra el tétanos en Kenia que incluye fármacos para el aborto.
• Un video en la página de Facebook de The New American Magazine continúa con el tema de la despoblación masiva a través de las vacunas y el aborto, y también vincula a Gates con el Partido Comunista de China. Fue compartido 6.500 veces y visto 200.000 veces.
• Mientras tanto, un video que acusa a Gates de querer implantar microchips en las personas ha registrado casi dos millones de visitas en YouTube.

Rico y famoso

¿Cómo se convirtió el cofundador de Microsoft, que ha invertido miles de millones en la atención médica global desde la fundación filantrópica que dirige con su esposa Melinda, en el centro de teorías conspirativas sobre el covid-19?

El profesor Joseph Uscinski, politólogo de la Universidad de Miami y autor de libros sobre teorías de conspiración, cree que es simplemente porque es rico y famoso.

• Por qué hay tanta gente que cree en las teorías de la conspiración

«Las teorías de conspiración tratan de acusar a personas poderosas de hacer cosas terribles», dice a la BBC. «Las teorías son básicamente las mismas, solo cambian los nombres».

«Antes de Bill Gates, eran George Soros y los hermanos Koch y los Rothchild y los Rockefeller», señala.

Aunque la mayoría de las teorías de conspiración mueren rápido, las que perduran son aquellas que ofrecen «grandes villanos y abordan cuestiones que a las personas les interesan».

«No debería sorprendernos que personas ricas y grandes corporaciones sean acusadas de conspirar para poner chips en nuestros cuellos porque eso es algo a lo que le tememos», explica.

«Esta ha sido la munición de las teorías de conspiración durante mucho, mucho tiempo», afirma.

• Las teorías conspirativas sobre el 5G y el coronavirus que llevaron a la quema de mástiles de telefonía celular en Reino Unido

Si bien él piensa que tales conspiraciones «no tienen ningún vínculo con la verdad», la gente todavía parece estar cayendo en ellas.

Según una encuesta de Yahoo News y YouGov, más de una cuarta parte de los estadounidenses y el 44% de los republicanos creen que Bill Gates quiere usar una vacuna contra el covid-19 para implantar microchips debajo de la piel de las personas.

Smith, de First Draft News, piensa que suele haber un «núcleo de verdad» que se «saca de contexto».

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Bill Gates teme que cuando exista una vacuna contra el covid-19 la gente se rehúse a ponérsela a causa de lo que dicen las teorías conspirativas.

Por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates sí financió un estudio, realizado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts en 2019, que analizó la posibilidad de almacenar el historial de vacunación de un paciente en un patrón de tinta. Sería invisible a simple vista y podría administrarse debajo de la piel al mismo tiempo que una vacuna.

Es difícil determinar la raíz de las teorías de conspiración, pero se cree que internet las extiende aún más.

«Antes de internet, existían solo en unas burbujas dentro de ciertas comunidades, pero internet les permite viajar a través de tendencias políticas similares, entre comunidades, por lo que creo que hay mucho más espacio para las teorías conspirativas convencionales que antes de internet», dice Smith.

• 10 mitos y consejos falsos sobre el coronavirus que debes ignorar

Y agrega que las teorías de conspiración han florecido particularmente durante esta pandemia global porque las personas son «psicológicamente vulnerables».

«Esta crisis no tiene precedentes en tamaño y alcance, y los consejos cambian a medida que se publican nuevos estudios. Hay grandes áreas de incertidumbre y los humanos aborrecen la incertidumbre», sostiene.

Para lidiar con esto, los individuos recurren a algo que él llama sentido colectivo.

«Aprovechamos cualquier información para inyectar algún tipo de sentido y orden, y ahí es cuando comienzan los rumores. Las teorías de conspiración, y especialmente las teorías de conspiración de Bill Gates, llenan estos vacíos informativos», dice.

«Te tienes que reír a veces»

La Fundación Bill y Melinda Gates, que se ha comprometido a destinar US$300 millones para combatir el covid-19, se ha mantenido optimista ante el aluvión de reclamos falsos.

«Estamos preocupados por las teorías de conspiración que se difunden en internet y el daño que podrían causar a la salud pública», dijo la fundación en un comunicado a la BBC.

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Bill Gates y su esposa Melinda.

«En un momento como este, cuando el mundo se enfrenta a una crisis económica y de salud sin precedentes, es preocupante que haya personas que difundan información errónea cuando todos deberíamos buscar formas de colaborar y salvar vidas. En este momento, una de las mejores cosas que podemos hacer para detener la propagación de covid-19 es difundir los hechos», añadió.

En una entrevista con la BBC, Bill Gates expresó sorpresa de que se hubiera convertido en el centro de tales teorías.

«Es preocupante que haya tanta locura. Cuando desarrollemos la vacuna, queremos que el 80% de la población se la ponga, pero si han escuchado que es una conspiración y no hay personas dispuestas a ponérsela, la enfermedad seguirá matando gente«, dijo.

«Estoy un poco sorprendido de que [las teorías] se centren en mí. Solo estamos dando dinero, firmamos el cheque… y sí, pensamos en proteger a los niños contra las enfermedades, pero no tiene nada que ver con chips y ese tipo de cosas. Casi te tienes que reír a veces», señaló.

EDITORIAL DE LAMPADIA

Jaime de Althaus

En la carrera por las vacunas contra el COVID no estamos quedando atrasados por la desidia del MINSA.

Países grandes como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, etc. han colocado desde hace meses órdenes de fabricación y compra adelantada de vacunas a varios laboratorios para garantizar su entrega inmediata cuando estén disponibles. Salieron a comprar antes incluso de que las vacunas estuvieran aprobadas, a todos los laboratorios, para que las comenzarán a producir.

Eso no lo podemos hacer nosotros. Lo que sí podemos hacer es lo que hacen países como los nuestros: ofrecer participar en los ensayos clínicos de la fase 3 (que se realiza con decenas de miles de voluntarios) en institutos de investigación locales (que si los tenemos) con monitoreo permanente para medir seguridad, reacciones o efectos secundarios, etc., y obtener como contraprestación una cantidad interesante de dosis garantizadas tan pronto se autoricen.

Brasil por ejemplo está trabajando con Aztra/Zeneca (Oxford) y con Sinovac (China); Chile también con Sinovac; Argentina con Pfizer (USA) y Biontech (Alemania); Panamá y México con Sinovac y se comenta que Venezuela y Cuba lo estarían haciendo con Rusia.

El Perú es un país atractivo para postular por la cantidad de infectados y la variedad de climas. Pero no concretamos. ¿Qué pasa? La Cancillería y el grupo privado que integra el “comando vacuno” sí se han reunido con representantes de los principales laboratorios que producen la vacuna, y hay mucho interés. Pero quien se demora es el Minsa, específicamente el Instituto Nacional de Salud (INS), que debe dar una doble autorización: la primera es para que laboratorios peruanos (San Marcos, Cayetano y varios privados) hagan los ensayos clínicos de la fase tres, con voluntarios. Y, la segunda, para negociar con varios laboratorios extranjeros cuántas vacunas nos van a dar a cambio de los ensayos clínicos que hacemos.

Pues la negociación y los convenios tienen que hacerse con varios laboratorios porque será difícil que uno solo nos venda las 36 millones de vacunas que necesitaremos para vacunar dos veces a 18 millones de peruanos.

Pues bien, hasta el momento de escribir esta nota, el INS no había dado ni siquiera el primer paso, pese a que es un tema que la Cancillería viene gestionando en el exterior hace buenas semanas. Aparentemente el ex ministro Zamora o la alta dirección del Ministerio no le dieron importancia al tema confiando en usar el canal de la OMS o de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que es sumamente lento y ofrecería vacunas para fines del 2021 en el mejor de los casos. El Perú podría tenerlas a fines de este año si hacemos sí experimentamos acá y negociamos directamente.

Hay que tener en cuenta que cuando el mundo esté vacunado y el Perú no lo esté, y sigamos sin poder controlar en número de infectados y fallecidos, el Perú no va a poder celebrar eventos internacionales ni se abrirán los vuelos internacionales y los turistas tampoco vendrían a nuestro país. Los peruanos tampoco serán bien recibidos en el exterior y probablemente serán impedidos de viajar sin un certificado de vacunación. Y, por supuesto., seguiremos muriendo.

¿Es hora que el Ministerio de salud se ponga las pilas! Una vez más. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Habíamos preparado un editorial resaltando los mensajes positivos del discurso de Pedro Cateriano ante el Congreso, que ayudarían a crear un clima más esperanzado en el futuro del país, aunque faltara el anuncio de cambios en la estrategia sanitaria. (Ver el texto a continuación de este editorial).

Por eso, lo que jamás imaginamos es que se le negara el voto de confianza. Es una decisión suicida, en medio de una pandemia. Revela la hegemonía de la pequeña entraña de los intereses mezquinos por encima del interés nacional. Aprovechar el río revuelto para pescar a como dé lugar. La incapacidad para unir esfuerzos ante el enemigo común.

La señal para la inversión es pésima, de modo que la recuperación del país queda casi condenada; peor aún si el Congreso, envalentonado, aprueba la batería de leyes populistas que tiene en cartera. La gestión del gobierno, que ya era deficiente, se trabará aún más con un nuevo cambio de gabinete en menos de tres semanas.

Es prácticamente la anarquía, la ruptura de la civilización democrática. Pero hay que señalar que el primer responsable ha sido el presidente Vizcarra, que ha cosechado los vientos que sembró al haber disuelto (inconstitucionalmente a nuestro juicio) el Congreso anterior, como consecuencia de una crisis política que fue forzada y azuzada por él mismo al proponer el 28 de julio del año pasado el adelanto de elecciones.

Doble irresponsabilidad al disolver sin tener partido propio. La disolución del Congreso solo tiene sentido para zanjar la confrontación buscando un nuevo Congreso con mayoría propia para poder gobernar. Acá se trató solo de un ejercicio populista para acumular popularidad.

Definitivamente el Congreso actual ha resultado mucho peor que el anterior, que en medio de sus desatinos cuando menos tenía una fuerza que ordenaba el debate controlando impulsos populistas y no le censuró siquiera un ministro al presidente Vizcarra. ¿Pero éste? Jamás congreso alguno había negado el voto de investidura a un nuevo gabinete. Ni había aprovechado la pérdida brutal de ingresos y empleo de la gente para dar irresponsablemente cuanta ley o proyecto de ley populista puede imaginarse, hipotecando el futuro del país y socavando las bases mismas del crecimiento.  

Es increíble que una de las razones del baloteo haya sido la elocuente defensa de la minería hecha por el ex Premier. Que el Frente Amplio sea anti extractivista, vaya y pase. Pero que se sumen otros es un indicador de una enfermedad nacional. Si un paciente en estado de gravedad no quiere tomar el remedio que lo curará, es que ya no tiene, precisamente, remedio.

Quizá Cateriano debió hablar menos y actuar. Solo por defender unas ideas fue visto como arrogante. Y faltaron cambios en la estrategia sanitaria. Pero más cierto es que en Podemos, Alianza para el Progreso y buena parte de Acción Popular, se han juntado intereses pecuniarios vinculados a las universidades con prejuicios ideológicos impensables hace pocos meses en esos partidos y pequeñez política absoluta. Ha sido la alianza entre la ruindad y las izquierdas lo que se tumbó a Cateriano. En cambio, los enemigos íntimos, los protagonistas de la confrontación en el Congreso anterior, el Partido Morado y Fuerza Popular, coincidieron en el voto a favor. Habla bien de la actitud superior de Fuerza Popular en este caso.

¿Qué le queda a Vizcarra? Quizá lo que debió hacer con el Congreso disuelto: poner un primer ministro del Congreso, consultado con el Congreso, para ir a una cohabitación a la francesa. Uno que refleje el pensamiento populista y anti reformas de la mayor parte de bancadas. Pero eso sería mayor desastre aún. Dios nos coja confesados. Lampadia

[Proyecto de editorial antes de la censura del gabinete]

Cateriano en el Congreso
Un mensaje positivo; ojalá pueda cumplirse

Aunque faltó una nueva estrategia sanitaria

Fue positivo el discurso del primer ministro Pedro Cateriano ante el Congreso. Sin duda ayuda a crear un clima más esperanzado en el futuro del país. 

Tuvo anuncios interesantes en Salud (rectoría de Salud, telemedicina, historias clínicas, etc.), incluyendo un proyecto de ley para la creación del Organismo Público Descentralizado de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, que reemplazaría a la actual Digemid, sumamente lenta y burocrática para otorgar registros y autorizaciones. 

Sin embargo, no explicó cambios en la estrategia sanitaria a fin de contener el nuevo embate de la pandemia, un vacío inexplicable. Nada acerca de conseguir el apoyo de la logística privada para aislar y abastecer a los contagiados y sus contactos, a fin de cortar la cadena de contagios. Aunque sí anunció que se está invitando a otros gremios empresariales (distintos al de las clínicas) a participar en el Comando Covid, lo que implica que por ese medio quizá se consiga el aporte tecnológico y logístico privada. Es imperioso. 

Hizo una elocuente defensa de la importancia de la minería, sobre todo para un momento de gran dificultad como el actual. En realidad, es increíble que haya quienes se oponen a poner en valor el recurso más rico e importante que tenemos para nuestro desarrollo, más aún cuando existe la tecnología para no perjudicar el ambiente. Anunció una serie de medidas para simplificar procedimientos y reducir plazos, a fin de facilitar la inversión. Explicó la modificación al Reglamento de Exploraciones Mineras para que, entre otras cosas, la ficha técnica ambiental (FTA) se apruebe en diez días hábiles con silencio administrativo positivo.

No se refirió directamente a Tía María ni a ningún proyecto minero en particular, pero en el capítulo de agricultura -no en el de minería- anunció la construcción de represa Yanapuquio en valle del Tambo, donde está Tía María, con una inversión de 608 millones de soles para irrigar más de 11 mil hectáreas. Esperemos que esa obra forme parte de un plan para sacar adelante el proyecto minero y que se nombre a alguien encargado de llevarlo a cabo. Pues, al final, ¿de dónde salen los recursos para las obras hidráulicas y para las obras en general?

Cateriano reveló que hay más de 13 mil millones de soles de canon que los gobiernos regionales no han ejecutado, y anunció un DU para usar expeditivamente ese dinero en salud y agua potable, por ejemplo, en el corredor minero. Pero allí debería aprovecharse para difundir masivamente las tecnologías de Sierra Productiva, que incluyen agua segura en las viviendas, pero permiten que los campesinos salgan de la pobreza por sus propios medios convirtiéndose en empresarios. Haku Wiñay tiene algo de esas tecnologías, pero debe ser reorientado sobre todo a los microreservorios familiares y al riego por aspersión. Ese programa debería ser priorizado porque es mucho más importante que varios de los programas de empleo temporal que mencionó el Premier (Trabaja Perú, por ejemplo), pues entraña una transformación estructural del agro andino -que es una deuda histórica del país-, y con efecto inmediato.

Cateriano informó que el segundo bono universal se distribuirá por medio de la banca celular (en lugar de billeteras electrónicas), lo que supone desaprovechar una vez más el bono para hacer inclusión financiera. ¿Qué impide masificar billeteras electrónicas? En cambio, sí formuló un anuncio muy promisorio: inclusión financiera con cuenta DNI para todos, en poco tiempo. Una cuenta DNI no es exactamente una billetera electrónica, pero es posible depositar dinero en ella y desde allí pagar a otras billeteras electrónicas. Veremos.

Hubo otros anuncios esperanzadores. Por ejemplo, que desde junio pasado la plataforma de PerúEduca puede capacitar simultáneamente hasta 500 mil docentes. Eso es un cambio revolucionario. Puede ayudar a mejorar rápidamente la calidad del profesorado. Si eso se suma a la distribución de tablets con cursos interactivos incorporados, podemos soñar con un salto en la calidad educativa de la escuela pública en pocos años.

También anunció un tren de pasajeros Callao-Chosica, Choquequirao, la interconexión eléctrica con Chile, más competencia bancaria, 6 mil grilletes electrónicos, expediente penal electrónico, un observatorio de avance de obras, entre otros.

¿Qué faltó? Fuera de la estrategia sanitaria arriba mencionada, lo siguiente:

•          Anunciar una flexibilización de las normas laborales para recuperar millones de empleos formales perdidos y facilitar los emprendimientos. Podría convocar a las asociaciones de micro y pequeños empresarios para que formulen una propuesta de normatividad laboral inclusiva.

•          Un comando público-privado para recuperar economía (aunque sí lo convocó en el comando Covid),

•          Proponerle al Congreso trabajar una agenda legislatura conjunta. O una política de diálogo con las comisiones para frenar la hemorragia populista   

•          Aprobar reformas de gobernabilidad para darle viabilidad al próximo gobierno, que deberá reconstruir el país.

El balance del discurso, sin embargo, es positivo. Ahora hace falta que se cumpla lo anunciado. Podría pedirle a la Contraloría que empiece a sancionar a los funcionarios que demoran o que no deciden. Comencemos por allí. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

¿Tiene sentido el “Pacto Perú” propuesto por el Presidente de la República? Creemos que sí, pero con otra finalidad, menos temas, quizá más actores. Y antes que eso, el pacto inmediato y urgente es el de una agenda legislativa conjunta con el Congreso.

Comencemos con la finalidad. El Presidente la definió así: “Este pacto debe ayudarnos a todos los peruanos a transitar este proceso de transición en paz con acuerdos mínimos que den marco al debate necesario que se dará en la próxima campaña electoral”. En realidad, un proceso electoral es una competencia, una contraposición de ideas y programas. Entonces pedirles a los que están compitiendo a que se sienten a acordar, equivale a forzar un poco la naturaleza de las cosas.

Pero, pese a ello, sí hay una razón, de fuerza mayor, para buscar un acuerdo. Nace del hecho de haber tenido los peores resultados en el mundo en la lucha contra la pandemia, en lo sanitario y en lo económico. La causa de esos pésimos resultados no estuvo solo en los errores del gobierno, sino en que se confabularon además dos problemas estructurales: la precariedad de la salud pública y la altísima informalidad. Tienen en común que se trata de dos formas de exclusión social masiva. Por lo tanto, sí tiene sentido sentarse a llegar a acuerdos sobre cómo resolver, de una vez por todas, esos problemas estructurales. No podemos correr el riesgo de volver a fallar nuevamente.

Y hay una razón adicional para buscar un acuerdo en torno a esos temas: que son aquellos en torno a los cuales precisamente no hay acuerdo. No tiene sentido sentarse a buscar acuerdo en torno a temas en los cuales todos estamos de acuerdo. Eso es lo que ocurre con por lo menos dos de los cinco temas propuestos por el Presidente: calidad educativa y lucha contra la pobreza.

En cuanto a calidad educativa, el Consejo Educativo Nacional acaba de publicar el Proyecto Educativo nacional al 2036,[1] que es en cierto sentido el acuerdo nacional por la educación. Eso ya está. Las mejoras que puede haber son de gestión y énfasis, y dependen del programa de cada gobierno. Salvo que se acuerde algo como lo que propone Fernando Cillóniz: una institución autónoma de los gobiernos -tipo BCR- que maneje la educación pública. Pero eso debería formar parte de otro pacto, que no ha sido planteado: uno sobre la reforma del Estado, que incluye una reforma de la descentralización.

Estos son los cinco temas propuestos por el Presidente:

La lucha contra la pobreza tampoco requiere acuerdo. Se sabe que la pobreza se reduce principalmente con el crecimiento. Cambios en los programas sociales tales como transformar Juntos en Juntos Productivo, por ejemplo, no requiere un acuerdo. Es una mejora que entra dentro de la discreción gubernamental.

De los cinco puntos, solo el primero coincide con los problemas estructurales que afectaron la eficacia de la lucha contra el virus, aunque habría que plantearlo mejor, lo que no es motivo de este artículo. El segundo tema planteado por el Presidente podría contener en alguna medida el problema de la informalidad o, dicho de otro modo, la reforma de la formalidad, para que sea incluyente, para incorporar a los peruanos al Estado legal. Pero está centrado en temas como eliminar prácticas anticompetitivas, que no requieren acuerdo nacional.

El “Pacto Perú”, entonces, debería concentrarse solo en esos dos temas: cómo incluir a los peruanos en una buena Salud Pública y cómo incluirlos en la formalidad, en el Estado legal. En el fondo es un solo tema: la inclusión de los peruanos en el Estado nacional. Si lo resolvemos, habremos dado un paso gigante hacia nuestra conformación como república.

Y esos sí necesitan acuerdo por una sencilla razón: las soluciones que requieren para ser resueltos generan resistencias en los grupos beneficiarios del statu quo. Por eso son políticamente complicados. Y por eso cabe preguntarse por los actores de esos acuerdos: ¿sólo los partidos políticos, como plantea el Presidente, o también los sectores involucrados y la sociedad civil?. Lo segundo entraña el riesgo de que, precisamente, no se llegue a acuerdo alguno, como ocurre siempre, por ejemplo, en el Consejo Nacional del Trabajo cuando se plantea cualquier reforma. Pero debe intentarse, con toda la seriedad del caso. Quizá se pueda manejar en dos pisos, dejando a los partidos como la última instancia.

Si queremos agregar más temas relevantes, tenemos el de la reforma del Estado y la descentralización, antes mencionado, que también requiere de un acuerdo para ser ejecutable. O un mandato claro solicitado por el candidato que gane las elecciones presidenciales.

Y tenemos por último el tema de la reforma política y de la justicia, que sí fue propuesto por el Presidente. Pero este asunto debería ser tratado en otro marco: el de la gestación de una agenda legislativa común entre el Ejecutivo y el Legislativo, tarea insoslayable de Cateriano, tanto para contener la hemorragia populista como para acordar efectivamente las reformas que se requieren para que el próximo gobierno tenga un Congreso que le permita gobernar. Es decir, en este caso el escenario es el Congreso, y los actores, las bancadas allí representadas.

En suma, el Pacto Perú debería reducirse a las dos reformas estructurales ya impostergables sobre las que no hay acuerdo: la salud y la informalidad, agregando quizá la reforma del Estado y de la descentralización. Fuera de eso, el acuerdo sobre la reforma política debe formar parte de la construcción de una agenda legislativa común, que es el pacto político de necesidad inmediata y urgente. Lampadia

Desde que brotó la pandemia del covid 19, un importante proceso político de nuestra región que venía programado para abril de este año se aplazó para octubre: el referéndum que modificaría la constitución chilena (ver Lampadia: ¿Una nueva constitución en Chile?).

Ahora, con la crisis encima, nuestro vecino del sur se encuentra ensimismado en discusiones políticas absurdas que no solo no contribuyen a mejorar la gestión de gobierno en lo económico y sanitario – fragmentando más al país – sino que amenazan con acrecentar permanentemente la cuota de poder del Estado en su economía (ver Lampadia: La política en bancarrota).

Guardando las distancias, el Perú se encuentra pasando por algo similar, siendo víctima de un desbordado populismo por parte del Congreso que amenaza con generar un quiebre en nuestro modelo económico hacia las elecciones de abril del 2021 (ver Lampadia: Un peligroso populismo se cierne en el Perú).

Estos riesgos de cambio de régimen de desarrollo pueden seguir sucediendo en toda la región, a propósito del cambio que han sufrido las políticas – de un enfoque liberal hacia un mayor intervencionismo en los mercados – que ha suscitado la misma pandemia, por lo que debemos estar alertas de cómo evolucionarán y si es que se harán inmutables en el mediano plazo. Algo que sería nefasto para las economías, cuando más libertades económicas deben darse para gatillar la recuperación en los próximos años.

Veamos el análisis que hace The Economist a la crisis chilena y cómo se ve proyectado el futuro político de Chile si el presidente Piñera, así como buena parte de los partidos liberales de este país, siguen cediendo a las presunciones de las izquierdas más radicales. Lampadia

El covid-19 acelera los cambios en el modelo de economía de mercado de Chile

Bajo la presión de la crisis de salud, el país puede volverse más socialdemócrata.

The Economist
18 de julio, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

En una esquina de la calle en El Bosque, un barrio pobre de Santiago, Dixa Contreras sirve porotos con riendas («frijoles con riendas»: es decir, sopa de frijoles y espagueti) de una olla grande. Un muchacho toma suficiente para una familia de cuatro, enferma en casa con covid-19. Contreras y seis ayudantes ofrecen 250 comidas gratis al día, y pan fresco cada dos días para la noche una vez (té). Vecinos, tiendas, puestos en el mercado semanal de productos y EPES, una organización benéfica, proporcionan la comida.

Las cocinas de sopa como estas han aparecido en todo Chile desde que se produjo la pandemia en marzo. Fueron vistas por última vez durante una recesión a principios de la década de 1980, cuando Augusto Pinochet, un dictador, gobernó el país. Ayudada por las políticas pro mercado que introdujo Pinochet, la economía creció rápidamente en los años posteriores a su partida en 1990, aunque últimamente el ritmo se ha desacelerado. Le dieron al sector privado un papel importante en la provisión de pensiones, educación y atención médica. La tasa de pobreza de Chile cayó del 45% a mediados de la década de 1980 al 8.6% en 2017, según la encuesta socioeconómica bianual del gobierno. En los años posteriores a Pinochet, Chile ganó una reputación de buena gestión económica, niveles relativamente bajos de corrupción e instituciones estables.

Incluso antes del covid-19 su reputación sufrió un golpe. Las pensiones, que los chilenos ahorran para sí mismos, fueron más bajas de lo que muchos esperaban cuando se introdujo el plan en 1980. Los chilenos acomodados obtuvieron una mejor atención médica y educación que los pobres. Las manifestaciones masivas y a veces violentas contra la desigualdad comenzaron en octubre pasado y se disiparon solo con el inicio de la pandemia. Obligaron a Sebastián Piñera, el presidente de centroderecha, a prometer más gasto social y un referéndum, que se celebrará en octubre, sobre si se debe reescribir la constitución, que se basa en la que Pinochet dejó el país. «Existe un consenso de que el estado necesita brindar más y mejores servicios públicos de calidad», dice Rodrigo Vergara, ex presidente del Banco Central. La pandemia y la intervención del gobierno que ha provocado pueden acelerar una evolución hacia la socialdemocracia que ya estaba en marcha.

El historial del gobierno en el manejo de la pandemia ha sido mixto. Como parte de su población, los 321,205 casos confirmados de Chile y las 7,186 muertes se encuentran entre las más altas del mundo. En lugar de bloquear a todo el país, el gobierno simplemente cerró los epicentros del covid-19. Comenzó a hablar de un regreso a una «nueva normalidad» a mediados de abril, antes de que la enfermedad alcanzara su punto máximo. El gobierno impuso un bloqueo total de la capital, donde vive un tercio de la población, solo el 15 de mayo. «Es una historia de arrogancia», dice Eduardo Engel, director de Espacio Público, un think tank

El gobierno mitigó esas fallas haciendo muchas pruebas (una razón por la cual su carga de trabajo se ve tan grande). Ha aumentado la cantidad de ventiladores y camas de cuidados intensivos. El cierre de la capital, seguido de un endurecimiento de las restricciones en las áreas en cuarentena, finalmente ha llevado a una disminución en el número de casos nuevos a nivel nacional.

El gobierno espera que el PBI se contraiga un 6.5% este año. Esa es la mayor disminución desde la recesión en 1982-83 (aunque es más pequeña que el promedio regional esperado). La tasa de desempleo promedio de marzo a mayo alcanzó el 11.2%, su nivel más alto desde que comenzó la actual forma de calcularlo en 2010. Es probable que la tasa de pobreza alcance el 15% este año, dice Dante Contreras, economista de la Universidad de Chile.

Los vecindarios densos, las casas estrechas y la necesidad de tomar el transporte público fomentan la propagación del covid 19 entre los pobres. El ministro de salud, Jaime Mañalich, admitió en mayo que no sabía cuánta pobreza y hacinamiento hay en partes de Santiago, lo que hace que el gobierno parezca despistado. Renunció.

El gobierno ha sido torpe en proteger a los chilenos de los estragos económicos del covid-19. Ha actuado lentamente. Sus medidas, aunque grandes, no han satisfecho la necesidad. Su baja reacción podría causar una reacción violenta que se equivoca en la dirección opuesta.

El primer paquete para proteger el empleo, las pequeñas empresas y los hogares pobres, presentado en marzo, tiene un valor de US$ 17,000 millones, casi el 7% del PBI. (Algunos se otorgan en forma de préstamos y, por lo tanto, no se cuentan como gastos presupuestarios). Incluye un plan de baja, que permite a los trabajadores obtener un seguro de desempleo mientras mantienen formalmente sus trabajos, además de efectivo y cajas de alimentos para los más pobres. Pero el apoyo que brindaron a las familias fue menor que la línea oficial de pobreza. Las protestas estallaron en barrios pobres. Los activistas proyectaron la palabra hambre en la torre de Telefónica en Santiago. Bajo presión, el gobierno llegó a un acuerdo con los partidos de oposición el 14 de junio para gastar US$ 12,000 millones adicionales en dos años.

Siguió con un paquete de US$ 1,500 millones para la clase media, que incluye aplazamientos de pagos de hipotecas y préstamos sin intereses. Los chilenos de clase media estaban enojados porque gran parte de la ayuda consistía en préstamos. Para calmarlos, el 14 de julio el gobierno ofreció nuevamente un refuerzo tardío: una entrega única de US$ 632 a los trabajadores formales cuyos ingresos han disminuido.

Los gobiernos posteriores a Pinochet en su mayoría han mantenido bajos los déficits presupuestarios. Este año, el gobierno espera que el déficit alcance el 9.6% del PBI, el nivel más alto en casi 50 años. Su gasto es pasar del 24% del PBI en 2019 a alrededor del 30% este año.

Si Piñera se salía con la suya, el gasto podría retroceder. Pero su mandato finaliza a principios de 2022. Las protestas y la pandemia lo han debilitado. El papel del gobierno será determinado por su sucesor y, si los chilenos lo respaldan, por una asamblea constitucional. Es probable que cambie. Los llamados a un estado más activo por parte de la izquierda ahora se hacen eco de los políticos de la derecha, como Joaquín Lavín, el alcalde de un próspero distrito de Santiago, que puede convertirse en el próximo presidente. En su apoyo a los beneficios sociales, como las viviendas de bajos ingresos, suenan más como demócratas cristianos europeos que como liberales del laissez-faire.

Existe un amplio acuerdo de que los ingresos fiscales deben aumentar del 20% del PBI. Ya, en respuesta a las protestas del año pasado, el gobierno aumentó la tasa impositiva para los ingresos más altos. El nuevo ministro de salud, Enrique Paris, un tecnócrata, favorece un límite a las ganancias de las aseguradoras de salud privadas, aunque esta no es una política del gobierno.

La ira popular inspira ideas más radicales. La rebelión contra la primera versión del paquete de ayuda de la clase media llevó a una propuesta en el Congreso para permitir a los chilenos retirar el 10% de sus ahorros de pensiones para ayudarlos a superar la pandemia. Eso reduciría los beneficios futuros, que los chilenos ya consideran demasiado bajos o, lo que es más probable, obligaría al gobierno a cerrar el hoyo, a un costo de al menos US$ 16,500 millones. De cualquier manera, si se aprueba el proyecto de ley, se debilitaría una institución central del modelo chileno. [El retiro de 10% fue aprobado por ambas cámaras y promulgado por el presidente]. Algunos miembros de la coalición de Piñera se unieron a la oposición para respaldarla. El dinero extra para los trabajadores formales era una forma de recuperarlos. También lo fue la promesa de Piñera de «cirugía mayor» para el sistema de pensiones. No está trabajando. El 15 de julio, la cámara baja del Congreso aprobó el proyecto de ley y lo envió al Senado.

Tal radicalismo plantea un riesgo. La mayoría de los chilenos está de acuerdo en que el estado debería actuar para reducir la desigualdad y elevar a los necesitados. Pero su enojo podría crear apoyo para las políticas populistas que harían al país más pobre. El éxito de la reinvención de Chile «dependerá de si el sistema político es capaz de establecer límites», dice Vergara. El próximo grupo de líderes tendrá que hacerlo mejor que los actuales. Lampadia

Víctor Shiguiyama
Exjefe de la SUNAT
Para Lampadia

Recientemente, el Ministro de Hacienda de Chile, Ignacio Briones abrió la posibilidad de generar un nuevo mecanismo para financiar las pensiones a través del consumo. Plantea la posibilidad de generar un ahorro individual a partir de los consumos de cada ciudadano.

Esta es una idea que tuvimos la oportunidad de plantear desde Sunat[1], cuando se inició el proceso de generalización del comprobante de pago electrónico, que es sin duda el medio tecnológico que permitiría este cambio paradigmático en el sistema de financiamiento de la protección social de nuestro país.

Con la crisis sanitaria desencadenada desde comienzos de año, queda claro que mantener al 70% de la población excluida de un sistema de protección social hace poco viable el desarrollo y bienestar sostenible del Perú. Adicionalmente a generar una mayor informalidad laboral, se está convirtiendo en un impresionante catalizador para la adopción de la transformación digital que ya estaba en curso (y que ni los más optimistas visionarios de la Cuarta Revolución Industrial hubieran soñado).

La informalidad, la pérdida de mercados, la economía de encargo (gig economy), los cambios en los modelos empresariales como las economías de plataforma, nos obliga a repensar los escenarios para brindar protección a la población. Finalmente, recordemos que la tributación y los diferentes sistemas de gobierno tienen como objetivo último la protección y el bienestar de las personas.

Una propuesta para derivar la demanda de bienes y servicios hacia los mercados formales, es proporcionar un beneficio en base al consumo, donde podríamos aplicar por ejemplo una fórmula como el 1,2,4 donde 1 punto porcentual (pp) del IGV pagado se le devuelve al consumidor (cash back) o permite una reducción inmediata (a lo Uruguay) para los pagos con medio electrónico; 2pp al fondo de salud y 4pp al fondo de pensiones. Todos estos aportes a cuenta individual y gestionados automáticamente por Sunat, basados en la boleta electrónica.

El 1pp de cash-back podría ser empleado para pago a cuenta del impuesto a la renta, incluso podría estudiarse un mayor reconocimiento si fuera así, de tal manera que el valor percibido de este monto sea mayor para aquellos contribuyentes que reportan la totalidad de sus ingresos y están dispuestos a un cumplimiento cabal de sus obligaciones tributarias. Podría incorporarse mecanismos para que estos puntos del IGV sirvan como pago de servicios esenciales o para el pago de impuestos al patrimonio como el predial, siendo aun muy bajo, resulta muy complicado elevarlo en el corto plazo.

Además, a vista de la pandemia, es fundamental encaminarnos hacia la universalización del seguro de salud, otorgando al 100% de peruanos un acceso a capa universal, no importando si aporta o no (actualmente tenemos más del 90% con algún sistema: 20 millones con SIS, 11 millones con ESSALUD y 1 millón en FFAA y PNP). Pero también debe quedar claro que para sostener este deseo, es fundamental incrementar los ingresos fiscales.

Las aportaciones para la protección social universal, tendrían tres fuentes de origen: las tradicionales en base a los aportes por ser un trabajador dependiente (que debieran ser menores al 9% actual de ESSALUD o sus prestaciones ser mucho mejores, porque la capa básica sería universal), por aportes o pagos voluntarios como los que actualmente sucede con seguros privados, y la tercera (2pp del IGV) en base a las compras formales que realiza un ciudadano (al pedir boleta con su DNI).

Los 4pp planteados para fondo de pensiones, deberían ser una nueva formulación de aportes donde el fondo queda en manos del Estado para obras de infraestructura. Una primera idea es que capitalice a tasas similares a bonos o deuda pública, considerando que sería una cuenta por pagar del Estado a favor del futuro pensionista. Este fondo podría capitalizarse (transferirse) al fondo de pensiones de elección del ciudadano cada determinado tiempo (por ejemplo, cada 5 ó 10 años).

Aún hay muchos detalles por discutir aún, como los mecanismos para reducir la regresividad (aunque planteando la universalización, se garantiza la cobertura esencial), el rediseño o coordinación de los sistemas de salud, pensiones, y la masificación de medios digitales de pago.

Sin duda existe un riesgo de pérdida inicial de recaudación, como todo proceso de transición, pero es indispensable moverse rápido y cambiar el modelo actual que ha demostrado absoluta ineficacia, y pensar en las mejoras sostenibles de largo plazo. Y más aún cuando una crisis como la desencadenada por el Covid y que bien podría volver a ocurrir cada cierto tiempo, ha desnudado innumerables limitaciones, debilidades, riesgos y vulnerabilidades de las actuales políticas públicas y arreglos institucionales de nuestro país.

El impacto en la caja fiscal puede ser acotado, especialmente si consideramos que actualmente las pensiones y la salud dependen de recursos corrientes, pero el cambio que se puede generar en el comportamiento de los ciudadanos puede ser fundamental, para lograr un mayor bienestar y desarrollo del Perú.

En esencia podríamos desarrollar un programa de fidelización del ciudadano que compra formal, donde lo que paga por IGV tendría un mayor valor percibido que el propio cash, de tal manera que se genere competencia real contra la informalidad. Así, a más formalidad, mayores beneficios. Lampadia

Cayetana Aljovín
Presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería
Para Lampadia

Han transcurrido más de 120 días desde que la pandemia generada por el COVID-19 llegó al país y los resultados son conocidos por todos: por un lado, la ansiada meseta nunca llegó y nuestro sistema de salud sigue aún sin poder atender a los miles de peruanos enfermos por este virus, produciendo diariamente muertes que nos duelen a todos; y por otro, una  economía que algunos consideran decrecerá entre 10 y 15%.

Sin embargo, en esta columna no nos quedaremos en el diagnóstico. Superada finalmente la dicotomía absurda entre salud y economía, es momento que los principales sectores de la economía sigamos trabajando sin desmayo en lograr que la caída de la economía sea de un dígito y no dos. Ello, a fin de poder brindar los recursos necesarios para que el sector salud pueda hacer frente a las necesidades de los peruanos que lo requieren, pero además, para que no se sigan perdiendo más puestos de trabajo. Preservar el empleo debe ser una meta en la que todos debemos contribuir.

Por ello, desde el sector pesca planteamos una serie de medidas que permitirían lograr este doble objetivo.

En primer lugar, urge un shock de confianza que impulse la inversión privada. En ese sentido, la designación del Gabinete Cateriano parecería brindar la tranquilidad que se respetará por lo menos los requisitos mínimos para promover la inversión: estabilidad, predictibilidad y seguridad jurídica.

Pero ello no es suficiente. Para hacer competitiva la industria pesquera y así preservar los más de 112, 000 empleos que ésta genera, a los cuales se deben sumar los empleos indirectos que según el Instituto Peruano de Economía se debe multiplicar por 3; resulta necesario eliminar los sobrecostos en la actividad pesquera, los cuales en los últimos años se incrementaron en casi un 400%. Para ello, debería empezarse por la reducción del costo del programa de control y vigilancia, el cual pasó de costar US$ 1 dólar por TM descargada cuando se instauró a US$ 4.2 dólares por TM descargada en el 2020.  Ello, se lograría si se realizase un plan de automatización, empleando la tecnología disponible, con lo que podría reducirse el costo del mismo en casi un 30%.

Asimismo, resulta necesario dictar políticas que permitan volver a capturar la anchoveta en el sur en lugar de que esta sea captada por el vecino país del Sur. Para darnos una idea, en el año 2019 mientras que Perú capturó 209 mil toneladas métricas (TM), Chile pescó 553 mil TM, cuando hacía 10 años atrás las capturas peruanas superaban de forma importante las del país sureño. Ello permitiría que regrese la inversión al sur y se genere más de 6,000 puestos de trabajo, que son los que se perdieron por la variación del régimen del Sur.

Pero la agenda pesquera no se limita a la anchoveta. Perú podría ser también muy competitivo en jurel, caballa y atún.

Así, en el caso del jurel, es importante anotar que esta especie ha regresado a nuestro mar y tenemos que hacer los esfuerzos para asegurar su sostenibilidad, pero también acceder a este recurso cuando las condiciones están dadas, como sucede en la actualidad. En tal sentido, es necesario que se amplíe la cuota de jurel este año. Con ello, se podría contribuir a elevar las cifras de exportaciones y la de las divisas que ésta pesquería genera, así como dotar a las mesas peruanas de un recurso altamente nutritivo y de precio accesible.

De otro lado, si tuviésemos la capacidad de dejar atrás dogmas que no conducen a nada, se podría impulsar la industria atunera nacional, estableciendo un sistema de reintegro del ISC al combustible que utilizan los barcos, a fin de ser competitivos frente a la flota atunera ecuatoriana, que paga tres veces menos por el combustible que consume. Ello, además en un contexto donde los costos de operación de la industria conservera se han incrementado en un 25%, como producto de la pandemia. De darse esta modificación podríamos generar más de 70,000 empleos en la zona norte del Perú en los próximos años y exportar más de 1 millón de conservas, generando importantes divisas para el país; y promoviendo el consumo de atún peruano en lugar de importar atún tailandés para los programas sociales como Qali Warma.

Finalmente, tenemos un potencial enorme en la Acuicultura. Es momento de promover esa industria en lugar de seguir obstaculizándola con trámites innecesarios que impiden su desarrollo.
Arranquemos de una vez. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Construir un sistema de salud eficiente y resolver el problema de la informalidad se han convertido en los dos grandes objetivos nacionales a partir de la pandemia. Alcanzarlos requiere de un diagnóstico certero acerca de lo que impide avanzar en ambos temas. En un pequeño ensayo recientemente publicado[1], Alberto Vergara señala que “en los últimos 20 años teníamos un Estado hábil para administrar la macroeconomía del país y defectuoso para gobernarlo”, muy bueno para acumular ahorros, malo para gestionar servicios y soluciones.

Eso es cierto, y la descripción es muy buena, pero en lo que falla, a mi juicio, el ensayo, es en la explicación, en la asignación de responsabilidades. Algo clave, porque una equivocación en eso puede agravar los problemas en lugar de ayudar a resolverlos.

Su argumento es, de un lado, una versión sofisticada de la conocida imputación ideológica de la izquierda en el sentido de que la respuesta del Estado ante el COVID ha fracasado porque el neoliberalismo precarizó los servicios de salud para beneficiar a los negocios privados. Vergara no llega a ese extremo, pero escribe: “somos una región donde se deja a los pobres una salud, seguridad y educación pública de pésima calidad, mientras los ricos y las clases medias pagan por esos servicios. Con un pacto de ese estilo, no había forma de actuar como Alemania, Corea del Sur o Singapur”. Explica que tenemos un gasto público en Salud muy bajo y que ha crecido solo en términos brutos, con el crecimiento del PBI, pero no como proporción del PBI. Y agrega: tenemos “un Estado que puede tener dinero, pero desvinculado del país. Ni lo extrae de su ciudadanía, ni lo invierte en su desarrollo”.

Es verdad que la calidad de la salud pública es muy mala, pero ello no se debe a falta de recursos. No es cierto que el Estado peruano no haya invertido Salud ni que haya abandonado presupuestalmente ese sector.

Como mostré en artículo anterior sobre la base de cálculos del IPE,[2] no es solo que el sector salud ha tenido más dinero porque la economía creció, sino que lo ha tenido en una proporción mucho mayor al crecimiento nacional. El gasto público en salud se ha multiplicado nada menos que por 7 en términos reales (soles constantes) en los últimos 20 años. ¡Por 7! Y se ha multiplicado por 3 como porcentaje del PBI y por 2 como porcentaje del presupuesto nacional. Según el INEI la cobertura de los seguros de salud subió del 42% de la población en el 2007 al 85% el 2019. Y el número de médicos por habitante subió en 50% entre el 2010 y el 2018.[3] En el sector ha habido una evolución incremental que debe reconocerse.[4]

Cierto es que la ampliación de la cobertura no significa incremento de la calidad, pero el hecho es que el gasto en Salud no creció inercialmente, sino por voluntad política.[5] El sector fue priorizado.

Entonces no es cierto que “quienes defendieron las políticas económicas favorecieron también la mediocre inercia de todo el resto”, como argumenta. No son ellos quienes forman parte de ese “pacto” de pobres servicios. Los “defensores de las políticas económicas” no solo autorizaron más presupuesto, sino que crearon instrumentos para mejorar la calidad de los servicios, tales como presupuestos por resultados y la ley del Servicio Civil (SERVIR) para implantar la meritocracia y la gestión de desempeño. Si, pese a todo ello, las mejoras fueron limitadas, lo que debemos hacer es identificar bien el mecanismo que traba las reformas e impide el cambio.  

Un par de ejemplos sirven para ello. A instancias del MEF, se aprobó la mencionada ley que crea el régimen de la Ley del Servicio Civil. Un gran avance para pasar de un Estado patrimonialista (y corrupto) a uno profesional y eficiente. Pero ante un reclamo de los sindicatos de Essalud, el Congreso anterior pasó los CAS no al régimen Servir sino a la 728, que atornilla en el puesto sin evaluación ni posibilidad de exigir rendimiento. Y el Congreso actual ha consagrado la propiedad absoluta de los puestos de trabajo y el ascenso automático en todo el sector Salud. ¿Es posible conseguir una salud pública eficiente en esas condiciones?

En los 90 se crearon los comités locales de administración de salud (CLAS), con médicos contratados y participación de la comunidad en el directorio. Las postas funcionaron mucho mejor porque se exigía más rendimiento y horas de trabajo. Pero luego de un paro el Congreso de Toledo nombró a los médicos, y los CLAS perdieron toda capacidad de exigir desempeño.

El mecanismo que traba las mejoras es una alianza natural entre el clientelismo político en el Congreso y las demandas de privilegios patrimonialistas por parte de los sindicatos del sector. Una cosa son las demandas remunerativas justas -que también han ayudado a incrementar el presupuesto- y otra rechazar la introducción de regímenes de gestión modernos, exigentes y meritocráticos.

Lo que esa alianza produce es una pésima gestión patrimonialista sin metas ni evaluaciones y organizada en torno a la corrupción, que ha impedido que los mayores recursos se transformen en calidad del servicio.

El propio Vergara parece por momentos darse cuenta de ello: “…la avalancha de dinero llegado al Estado en los últimos años lo engordó, encareció y ayudó a la propagación de la corrupción”, reconociendo, en esta parte del ensayo, que sí hubo más recursos. “Teníamos muchos recursos, pero la crisis de salud vino a reconfirmar, una vez más, que la plata no compra eficacia gubernamental”.

Se convertiría entonces en un eficaz aliado de la reforma si profundizara en esa línea para identificar con precisión los factores que la han impedido una y otra vez. En cambio, si insistimos en poner en la mira a los “defensores de las políticas económicas”, vamos a sacar del tablero a los únicos que intentan introducir principios y modelos de gestión modernos y eficientes y vamos a empeorar aún más la situación.

Esto es clave porque neutralizar el mecanismo que impide mejorar los servicios requerirá de un fuerte consenso nacional, que solo puede basarse en una conciencia clara de la existencia de dicho mecanismo. 

Y es mas o menos el mismo que está detrás de nuestros niveles tan altos de informalidad. Pues esta formalidad tan costosa y farragosa que excluye a los informales, expulsa a los formales, impide el crecimiento de los pequeños y mantiene bajos los salarios, se ha formado también en parte a punta de presiones de grupos de interés recogidas en leyes y normas. 

El asunto no es fácil porque se trata del interés difuso de la sociedad, que no puede defenderse, versus el interés rentista de grupos organizados, que tiene a su favor la precaria institucionalidad política que tenemos, tremendamente proclive a favorecer las presiones patrimonialistas. Un sistema de muchos partidos, híper fragmentado hasta el delirio con el voto preferencial, solo sirve para que cada partido busque apuntalarse ofreciéndole alguna ventaja a algún bolsón electoral. Fomenta la irresponsabilidad, la entrega de beneficios presentes a costa del futuro. En el otro extremo, un sistema bipartidista fomenta la responsabilidad, porque el partido que está en la oposición sabe que en el próximo periodo puede ser gobierno, y entonces no socava el futuro.

Tenemos que entender el sistema que bloquea cada vez más la transformación de los servicios públicos en el Perú. De lo contrario, nunca podremos mejorarlos. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En el mes de abril escribí un primer recuento de lo que, a mi juicio, hacían del Sr. Vizcarra un improvisado, sin visión de estadista, ni capacidad para gobernar. Probablemente haya que explicarle que gobernar significa tener; clara visión del país, sus debilidades y fortalezas, al igual que sus riesgos y amenazas, sus problemas y sus posibles soluciones. De igual forma, tener capacidad de convocatoria, de armar equipos capaces de diseñar estrategias y de ejecutar adecuadamente aquello que se planeó.

Pensé en algún momento que podría haber excedido mi apreciación negativa y que, el presidente merecería aún el beneficio de la duda. Lamentablemente, no es así y, a la luz de hechos posteriores o identificados con posterioridad, veo que me quedé corto.

Basta ver que, a los prácticamente 3 meses de la declaratoria del “Estado de emergencia sanitaria”, la que se declaró fundamentalmente para poder tomar medidas económicas, de compras y manejo de la situación, “saltándose” las reglas y procedimientos convencionales del Estado, el gobierno “descubrió” que no tenía oferta suficiente de oxígeno. Nunca hicieron una proyección de la demanda, un inventario de las plantas de oxigeno disponibles, ni de las que habían comprado, pues tenían en abandono incluso en el Hospital de Huaycán, entre otros y por supuesto, no compraron más plantas. Lo anterior, pasando por el crimen de la carencia de oxígeno en distintas regiones de la costa y la selva, con niños y adultos fallecidos por esa negligencia.

A propósito del tema del oxígeno, no se les ocurrió que estaban exigiendo oxígeno al 99% (exigencia creada por el hoy gerente de operaciones de ESSALUD y miembro del “Comando COVID”, durante su tiempo de ministro de salud), cuando este estándar podía ser al 93% y a sabiendas que, con la valla impuesta, estaban alimentando un oligopolio corrupto, que generaba un pingüe negocio. ¿Por que no corrigieron oportunamente esa exigencia? ¿Por que no instalaron y pusieron en operación las plantas recientemente adquiridas para los hospitales, ni repararon aquellas que estaban malogradas o compraron de emergencia las plantas requeridas? No, ante la incapacidad del Gobierno, se tuvo que recurrir a la caridad del sector privado y sus donaciones. No sólo eso, sino que no priorizaron la atención temprana con oxígeno, antes que las camas UCI, que hubiera salvado muchísimas vidas.

Igualmente, en el abastecimiento de medicinas, siendo el Estado el principal comprador y suministrador de estas, no se manejó una compra negociada de forma centralizada, ni una logística adecuada, pero se repartió dinero (léase, se alimentó corrupción descentralizada) mostrando así su incapacidad. Pero claro, de inmediato y en la mejor de sus rutinas de teatro, culpó a los laboratorios privados y amenazó con imponer controles de precios. En esto entró en competencia por populismo con el congreso.

Si queremos referirnos a nuestro sacrificado equipo de profesionales de la salud; a ellos no se les entregó los equipos de protección personal (EPP), ni en cantidad, ni oportunidad, ni en calidad requeridos. No se les paga sus remuneraciones oportunamente y los tenemos con dos o tres meses de retraso en sus pagos. Hemos traído 85 personas entre médicos y enfermeros de Cuba, a quienes, por supuesto se les paga bien y oportunamente, independientemente de la incapacidad y falta de calificaciones demostrada para el manejo de esta enfermedad y peor para la atención en UCI. Mientras que, en cambio, no les dieron la oportunidad a 1890 médicos peruanos, recién graduados y deseosos de apoyar. Tampoco se ha sido diligente con la selección e incorporación de médicos venezolanos, residentes en el Perú, pero absolutamente sub empleados.

Tema especial fue el de las clínicas particulares y el uso de camas UCI, que según el gobierno ya están llegando a dos mil. Después de más de dos meses de haber promulgado un decreto que indicaba el uso indistinto de las camas UCI por el Estado, según designación del Seguro Integral de Salud (SIS), no establecieron ni el procedimiento correspondiente, ni fijaron los términos económicos de tal contratación. Al encontrarse al borde del colapso, lanzó una pataleta con amenaza de expropiación y se llegó esa misma noche a un acuerdo entre el SIS y las clínicas. Lo que no dicen, es que el acuerdo fue al mismo precio que se había venido negociando con toda anticipación. Ciertamente, como el Sr. Vizcarra se siente de salida, no le importó nada el impacto internacional de su amenaza y “bravuconada” expropiatoria para el Perú (una vez más era el “faite” del barrio y lanzó la amenaza por un total de 55 camas, 15 de ellas en Lima).

Como anda por puntitos de encuestas como el diablo por almas, un día de abril amaneció con que quería comprar un millón de “tablets” para uso escolar, por supuesto, se las imagino con conexión automática a internet, cargadores solares, con procesadores de tecnología no más antigua que 2019 y servicio de contenidos. Todo para tenerlas disponibles y entregadas en el mes de julio 2020. Se convocó a más de 43 empresas y, dadas las condiciones, sólo quedó una de ellas en carrera y ya veremos, en medio de esta carrera loca, qué resulta.

Por supuesto, levantada la inamovilidad, ya empezamos actividades con la “nueva normalidad”. Desde luego, al transporte público se le exige muy severamente la distancia social con el consecuente aforo reducido, pero el gobierno no pensó en la necesidad de aumentar dramáticamente la cantidad de unidades del Metropolitano y sus alimentadoras, ni la necesidad de pagar un subsidio del orden de S/.6 millones semanales. Mientras tanto el transporte informal hace lo que quiere y les ha aumentado la demanda, con lo que podemos asegurar la agudización del caos en el transporte limeño y de otras grandes ciudades, al igual que el nivel de contagios (similar al que se produjo en los mercados y bancos por el bono). Desde luego que, como no han planeado nada durante los cuatro meses de cuarentena, hoy en medio de este caos, recién están revisando los contratos y qué opciones les permite, no saben si controlar el subsidio por consumo de combustible o por viaje controlando con GPS. Ya veremos en qué terminan.

Como el Sr. Vizcarra no se proyecta a largo plazo, no se le ocurrió mejor cosa que autorizar que, el 28 de setiembre de 2018 se suscriba el acuerdo de Escazú, hoy ad portas de ser ratificado por el Congreso, y que nos lleva a perder soberanía en las decisiones sobre nuestros recursos naturales, sometiendo cualquier última decisión a tribunales internacionales. Eso nos puede costar la prolongación del estado de pobreza de millones de compatriotas.

En fin, qué podemos esperar, cuando en lo económico, según se comenta en la columna Bajo la Lupa del diario Gestión, “andamos sin brújula”. Vivimos con estimaciones económicas proyectadas por el BCRP, el FMI, el Banco Mundial o el Consejo Fiscal, porque el MEF no ha actualizado nada desde el año pasado y para “facilitar” el descontrol, han decidido suspender las reglas fiscales -en vez de utilizar las cláusulas de excepción- y diseñar estrategias para corregir.

Por último y para ratificar su inmadurez política, nos presentó el show del “cumplimiento de su compromiso personal” de convocar a elecciones, como si eso fuera un mérito, cuando debiera tener claro que, no convocar oportunamente es una grave infracción constitucional que le costaría la vacancia inmediata.

La pena es que, con el desmadre que está dejando con sus “reformas políticas”, estoy seguro que en el siguiente periodo tendremos iguales o peores ejemplares políticos, encargándose de destruir las instituciones del Perú.

¡Que Dios nos agarre confesados! Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

“Si uno conoce a su enemigo y conoce a su propio ejército, no debe temer por el resultado de cientos de batallas. Si uno conoce a los suyos, pero no al enemigo, por cada batalla ganada va también a sufrir muchas bajas. Pero si uno no conoce las condiciones de su ejército ni las de su enemigo, va a sucumbir en cada batalla”.

Este fue uno de los mensajes de Sun Tzu (General, filósofo y estratega de los ejércitos del rey Helü de Wu desde el año 512 a. C), en su libro “El arte de la guerra” y, en esta guerra contra el COVID-19, lamentablemente  en el Perú no le estamos prestando atención.

Es muy cierto que este es un virus nuevo, del que se está aprendiendo cada día y que los conocimientos sobre el mismo vienen siendo revisados y discutidos a base de innumerables investigaciones, teorías y experiencias recientes en diversos países. Cierto también es que, el comportamiento de este virus ha sido distinto en distintas latitudes y ante comportamientos poblacionales análogos. Por lo tanto, no conocemos al enemigo.

Algunos países cerraron fronteras ante la primera amenaza de la infección, declararon emergencia sanitaria, siguieron un procedimiento riguroso de pruebas moleculares sistemáticas y se puso en cuarentena de los infectados. De la misma forma, se identificó la red de contactos de los infectados y de inmediato se les sometió a pruebas moleculares, con idéntico proceso de confinamiento sanitario a los contaminados. Quienes hicieron esto, tuvieron un muy bajo nivel de contaminados y de fallecidos y hoy están prácticamente de salida de esta amenaza.

Otros países optaron por cerrar fronteras, pero fueron muy tolerantes con la circulación de la población joven. Aplicaron pruebas moleculares, para una identificación temprana de la infección y serológicas, para controlar la evolución a quienes ya habían sido diagnosticados. Tomaron la precaución de separar y poner en estricta cuarentena a la población de adultos mayores y con morbilidad que representaban alto riesgo. En estos países, se apostó porque su población joven y de menor riesgo se contagie y alcance el efecto rebaño, esto es infectarse sabiendo que, en muchos casos, ellos pueden resultar asintomáticos o la enfermedad podría no pasar de un proceso similar al de una gripe, con mínimo riesgo de vida y muy controlado. El grupo de países que actuó así, habiendo puesto a buen recaudo a su población adulta y sensible, ha tenido también un resultado bastante exitoso.

Un tercer grupo de países fue sorprendido por esta pandemia y cuando reaccionaron a tomar medidas de confinamiento, ya era demasiado tarde. El número de infectados creció incontrolablemente y para colmo, el alto porcentaje de adultos mayores en su estructura etárea de población, trajo como consecuencia un muy alto número de fallecimientos. De alguna manera, los niveles diarios de fallecimiento también se están reduciendo y ojalá no se presente un rebote de la epidemia.

Contrario a lo recomendado por Sun Tzu, quien también resaltó que, “un buen general se asegura la victoria haciendo muchos cálculos y estudios previos” (planes y estrategias), debemos lamentar que en nuestro país no se hizo ningún planeamiento, ni se planteó una estrategia y, consecuentemente, no se pudo hacer un manejo inteligente de la pandemia. Se confinó a todos en sus casas, decretando una cuarentena generalizada (la más radical de las que se tenga conocimiento), pero sin un plan de estudio y control epidemiológico. Esto ha demandado un gran esfuerzo de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. No se cerró inmediatamente las fronteras y no se obligó a pruebas moleculares a quienes arribaban del extranjero, poniéndolos en cambio, en cuarentena en hoteles. El nivel de pruebas efectuado inicialmente fue muy bajo (1650 promedio diario en los primeros 24 días, de ellas 969 moleculares y 681 rápidas) y no se realizó ningún esfuerzo por identificar la cadena de contactos que pudieron ser infectados para examinarlos. Lo que resultó revelador fue que,15.5% de las pruebas moleculares dieron positivo, mientras que sólo 4.5% de las serológicas lo dieron.

Lamentablemente, por desinteligencias del gobierno (o sabe Dios qué), no se repuso a la velocidad debida los “kits” necesarios para pruebas moleculares y se privilegió un aumento en la proporción de pruebas rápidas. Ya para el 20 de abril, el promedio diario acumulado de pruebas moleculares efectuadas fue de 1149 (con 21.7% de positivos) y de 2963 rápidas (con 6.9% de positivos).

 A pesar de la evidente diferencia en la calidad de los resultados, por orden específica del ministro de salud Zamora, se dispuso multiplicar las pruebas rápidas, llegándose a una proporción de 5.7 veces de pruebas rápidas por cada prueba molecular. Y para completar el cuadro, estas pruebas se realizaban sólo a personas que, habían tenido contacto con infectados y tuvieran síntomas. En el camino, por razones no satisfactoriamente explicadas, tenemos un nivel de “sub-registro” de fallecimientos por Covid-19 y resulta que hay 10,226 fallecimientos reconocidos por esta causa, mientras se cuenta con un exceso de fallecimiento de más de 35,000 personas, respecto al promedio de los tres años anteriores y sin certificación de causa.

Evidentemente, esta práctica introdujo una importante distorsión en la calidad de la información, lo que explica claramente por qué nuestra base de datos es de tan mala calidad y, consecuentemente, no tenemos forma de conocer al “enemigo”, pero tampoco cómo ni dónde nos ataca.

A partir del 1 de julio, se ha dispuesto el levantamiento de la cuarentena y se permita la libre circulación de los ciudadanos, por supuesto con ciertas recomendaciones de cuidado y prevención. La pena es que no sabemos a ciencia cierta, cuál es la situación de salud de nuestros ciudadanos y no tenemos una buena identificación geográfica de las zonas (claramente delimitadas) con poblaciones infectadas y, consecuentemente, las zonas de mayor riesgo y puntos de la ciudad que el poblador debiera evitar y por supuesto, no se puede divulgar.

En resumen, no conocemos cual es la situación de nuestra sociedad frente al virus y, además, no hemos actualizado nuestras proyecciones macroeconómicas. En estas condiciones, tal como dijimos en la introducción, si no conocemos a nuestro enemigo, ni tampoco las condiciones de nuestro “ejército”, estamos encaminados a sucumbir.

Finalmente, Sun Tzu también resalta que no hay forma que alguien se pueda beneficiar de una guerra prolongada y aquí ya tenemos largos cuatro meses combatiendo, nuestras primeras líneas están agotadas y nuestras arcas fiscales están debilitadas.

Por favor, hagamos un mejor planeamiento. ¡Esta no es una tarea para aprendices, ni para gente que actúa por impulso, creyendo que después corregirá sus errores! Lampadia

Para los que seguimos muy de cerca el trabajo filantrópico de Bill Gates en los últimos años, sabemos que una crisis sanitaria como la que azota al mundo actualmente no podía pasar desapercibida para su fundación, la cual dedica cuantiosos recursos anuales para mejorar la salud de los más pobres.

Más aún con la existencia de GAVI, la Alianza Global de Vacunas e Inmunización, una iniciativa internacional creada allá por el año 2000 y cuyas contribuciones son sostenidas principalmente por la Fundación Gates. En un reciente video publicado en la página de la fundación y que compartimos líneas abajo, Gates explica cómo esta organización ha permitido la masificación de vacunas hacia varias enfermedades mortales sobre los países de menores ingresos, un hecho que hubiera tardado décadas en concretarse sin esta cooperación internacional y que permitió una reducción significativa de contagios y muertes sobretodo en niños.

En un contexto en el que pululan en el mundo por lo menos unas 24 candidatas de vacunas al covid 19 que ya se encuentran en etapas de pruebas con humanos, iniciativas como GAVI jugarán un rol fundamental para garantizar el acceso universal de la vacuna final, pero con especial énfasis en los países que han sido más golpeados por la pandemia como el Perú.

Sin duda alguna una iniciativa a aplaudirse y que muestra una vez más cómo desde el lado privado se puede contribuir enormemente al bienestar, más allá de los esfuerzos limitados ofrecidos desde el estado. Esperamos que esta cruzada pueda ser emprendida con éxito en los meses que están por venir, en el que las vacunas llegarán a sus últimas fases de pruebas y empezarán a producirse. Lampadia

Búsqueda incesante de un mundo equitativo

Cuando una vacuna COVID-19 esté lista, este grupo se asegurará de que todo el mundo pueda acceder a ella

The Optimist
Bill & Melinda Gates Foundation
Traducida y comentado por Lampadia

Probablemente ha estado escuchando sobre la carrera para desarrollar una vacuna para COVID-19. Hay docenas de candidatos potenciales que se están investigando. Uno podría estar listo el próximo año.

Quería poner el desarrollo de una vacuna COVID-19 en un contexto un poco más amplio: ¿De dónde vienen las vacunas? Y una vez que se desarrollan, ¿cómo llegan a donde necesitan ir? La historia es más compleja de lo que piensa. Explico más (con la ayuda de algunos cuadros y gráficos interesantes) en el video.

La historia de las vacunas es larga. La primera para la viruela fue descubierta hace más de 200 años. Pero la parte de esa historia en la que la mayoría de las personas podría acceder a las vacunas es relativamente corta. Alrededor del cambio de milenio, todavía había millones de niños que morían de enfermedades prevenibles cada año.

Esta es una gran parte de la razón por la que Melinda y yo nos metimos en la filantropía. Una de nuestras primeras grandes inversiones fue para una organización llamada GAVI, la Alianza de Vacunas. Desde 2000, GAVI y sus socios han inmunizado a más de 760 millones de niños, salvando más de 13 millones de vidas. Y ahora, GAVI tiene un nuevo esfuerzo en marcha para comprar vacunas COVID-19 para países de bajos ingresos tan pronto como estén disponibles. Lampadia

Entrevista de Lampadia
Liliana Rojas-Suárez
Directora de la Iniciativa Latinoamericana: Center for Global Development

Para Liliana Rojas-Suárez, la única forma de reactivar la economía es mejorar la confianza en que la situación se va a manejar de la mejor manera posible. La crisis es fiscal. El gobierno tiene que compensar a la gente con bonos, transferencias directas, no con moratorias o controles de tasas de interés, medidas que distorsionen el sector privado y financiero y que pueden afectar el acceso a financiamiento externo, que es vital. Debería planificarse un segundo bono, pues para los pequeños los mecanismos de garantías a los bancos no funcionan.

Pero se necesita que el sector privado sea mucho más proactivo, que comparta la carga. Debe plantearse qué hacer para ayudar al país a salir del problema, por su propio bien. Podría proponer un plan de recuperación, un listado de proyectos de inversión. El Perú no tiene cultura de reuniones público-privadas, pero esa no debería ser una restricción para el sector privado, no necesita la convocatoria. 

“No veo sentido de unidad, como ayudo. Sólo veo críticas”.

Añade que el proceso electoral será positivo si los partidos confluyen hacia lo que la gente demanda: inversiones en salud, resolver la informalidad. La gente se formaliza cuando siente el beneficio de la formalidad. Con los bonos la gente ha visto los beneficios de formalización digital. Hay que construir sobre esos beneficios.