Cecilia Blume
Para Lampadia

A veces es complicado hacer las obras que tanto necesitan los peruanos.  Tenemos demasiadas normas, la mayoría no sirven y lo único que hacen es cumplir con actos administrativos que nadie sabe para que existen.  Tenemos requisitos sin sentido, miles de documentos que llenar, varios departamentos donde van los documentos, personas que los leen sin entender bien lo que significan porque muchas veces les llegan sólo parte de los mismos y luego, para ponerle la cereza al helado, cambian los funcionarios constantemente y se requiere un nuevo aprendizaje pues, desafortunadamente, la función pública no es valorada.

El Perú tiene muchas necesidades y en muchos casos hay dinero para hacer obras, pero no somos capaces de llevarlas adelante. Esto, que llamamos “incapacidad de gestión” se puede resolver cuando se juntan los sectores público y privado para lograr su realización. 

En el año 2008, se dio la Ley Nº 29230, “Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado”. que crea el sistema de Obras por Impuestos y permite que las empresas usen hasta el 50% de su impuesto a la renta del año anterior para hacer obras y con estas pagar sus impuestos.  Este sistema, que es creativo, reconoce la importancia del trabajo conjunto de privados y públicos.  Esta ley, modificada varias veces, no ha sido muy efectiva hasta la fecha. Básicamente porque el sector privado considera que es engorrosa y finalmente es más fácil pagar impuestos directamente y dedicarse a sus propias actividades. Sin embargo, hoy hay algunas empresas que quieren hacer estas obras sobre todo en los lugares más pobres y por eso debemos intentar aplicar este mecanismo.

Las obras por impuestos se pueden hacer en todo el país en diversos sectores tales como salud, educación, turismo, agricultura, riego, orden público, seguridad, cultura, saneamiento, electrificación rural, industrial turismo, pesca, deporte, ambiente, remediación de pasivos ambientales, habilitación urbana, protección social, desarrollo social, transportes, comunicaciones, justicia, acceso a servicios de atención al ciudadano, mercado de abastos, incluyendo su mantenimiento.

Se requiere un proyecto bien hecho que pase por el Control Previo de la Contraloría básicamente para verificar si la entidad tiene presupuesto para asignarlo. Luego una empresa seria, que a su vez elija a una constructora adecuada. Una supervisora puesta por el Estado que acompañe el proceso y posteriormente el informe final de la Contraloría que permita imputar lo invertido. Todo esto puede parecer complicado, pero no necesariamente lo es tanto, sobre todo si se hace infraestructura estándar: postas, colegios, comisarías, muelles, agua y desagüe, entre otros.  Hay un aprendizaje que lograr, pero una vez que se tenga se puede hacer mucho.  El monto máximo del CIPRL, el certificado negociable con el que pagas tus impuestos, está atado para los gobiernos regionales y locales a los recursos del canon, sobre canon, regalías y rentas de aduanas. Esto debe ser verificado antes de empezar un proyecto.

Lo cierto es que cuando los ciudadanos de una zona pobre reclaman, lo hacen por tener una vida digna contando con servicios de primera necesidad. Es ahí donde los privados y los públicos, unidos, pueden hacer una gran diferencia: agua y desagüe, postas, escuelas, todo con Obras por Impuestos. Lampadia

Ni estatismo ni estricta subsidiariedad: necesitamos un Estado que sepa liderar

David Belaunde Matossian
Para Lampadia

Ante el fracaso estrepitoso del Perú en la lucha contra el COVID-19 (alta propagación y mortalidad, alto impacto económico) la prensa televisiva y un sinnúmero de comentaristas se han esforzado en culpar al pueblo, a la informalidad, o a las carencias en el sistema de salud.

Esta tentativa, frecuentemente motivada por una voluntad de exonerar al gobierno de toda responsabilidad, así como por agendas ideológicas, ignora la naturaleza misma de la labor de gestión, ya sea pública o privada. Esta requiere entender el contexto en el que se opera, y adaptar su accionar en consecuencia.

Todos conocíamos desde hace mucho antes de la pandemia cuales eran nuestras debilidades estructurales. La labor del gestor público era entonces encontrar maneras de esquivar esas dificultades y no, como se hizo, simplemente adoptar el paquete enlatado de la OMS anunciando que si este no funcionaba sería culpa de la población.

Para ello, era necesario un diálogo con los actores económicos y de la sociedad civil afín de anticipar los problemas, encontrar soluciones y planear la mejor manera de implementarlas. Sin embargo, el Gobierno no optó por esta vía. Los ejemplos de oportunidades perdidas abundan, desde involucrar rápidamente a laboratorios privados en el esfuerzo de testing a apoyarse en asociaciones caritativas y empresas para reparto de ayuda.

Incluso el caso de las UCI en clínicas privadas – tan mediatizado como prueba de codicia excesiva del privado – es uno en el que, si el Estado hubiera sido mas proactivo en buscar apoyo, hubiera podido evitar conflictos destructivos y salvar vidas.

Esta falta de consultas y de cooperación que hemos observado se debe a una concepción errónea del Estado como entidad que debería solucionar problemas con sus propios medios. Subyacente a esta carencia está una desconfianza generalizada en el sector privado y la sociedad civil, y una idealización – antigua, pero renovada cíclicamente por personajes que no aprenden las lecciones de la historia – del Estado como repositorio único de la virtud y del desinterés.

Esta concepción de un Estado como gestor monopólico debe substituirse por la de un Estado que demuestra liderazgo, en un sentido moderno del término. Es líder quien sabe situarse al centro de una red de conceptores y de implementadores. Así:

1) Todo paquete de medidas de importancia debería necesitar el trabajo de un amplio comité consultativo (como los Advisory Boards en Estados Unidos) reuniendo actores públicos y privados – no solo “expertos” – para recabar ideas, inteligencia de terreno y diagnósticos de un amplio pool no solo de talento sino de conocimiento local.

2) Del mismo modo, la implementación de un paquete de medidas debería exigir responder previamente a la pregunta: ¿Quién – dentro y fuera del Estado – tiene las capacidades de ejecutar estas acciones? Y luego se debería coordinar la implementación entre diversos actores públicos y privados.

No se trata, por cierto, de reafirmar el carácter subsidiario de la intervención estatal enunciado por la constitución de 1993. Es perfectamente concebible tener un Estado proactivo – en el contexto de una sociedad civil que tiene dificultades en generar sus propios equilibrios – pero que se apalanque sobre el sector privado y asociativo para alcanzar sus objetivos.

Es más, en cierto modo, la idea misma de subsidiariedad genera una división conceptual contraproducente, que, así como limita el rol del Estado, hace lo mismo para el sector privado. Basta así que algunos consideren que el sector privado ha “fallado” – muchas veces por miopía o por equilibrios subóptimos – para que se justifique el que el Estado asuma directamente la responsabilidad de concebir y proveer servicios que están por encima de sus capacidades de concepción y de ejecución. En realidad, no tiene por qué haber campos en los que el Estado no pueda ejercer liderazgo, ni áreas de las que el sector privado deba ser excluido. 

Este nuevo modo de gobernanza que proponemos permitiría no solo lidiar mas eficazmente con situaciones de emergencia, sino también encontrar mejores soluciones a largo plazo a nuestros problemas estructurales – en salud, educación, infraestructura, diversificación económica, y reducción de la informalidad. Evitaría también caer en una experiencia estatista que, con los recursos y competencias existentes, estaría condenada al fracaso. Lampadia