Esta semana se reanudará en el Congreso la discusión del proyecto de ley Nº 2102/2012-CR, que propone la creación de un organismo regulador de precios de medicamentos. Indecopi ha presentado objeciones al respecto, pero estas parecen no haber sido suficientes para convencer al Congreso. La propuesta, que “busca poner  los medicamentos al alcance de todos los ciudadanos”, muestra un total desconocimiento de los fundamentos más básicos de la teoría económica y tendría el efecto contrario, como lo hemos explicado antes en el artículo Normas Contra-Propósito.

Uno de los argumentos expuestos en el proyecto de ley a favor de un organismo que controle los precios de los medicamentos es que “existe un oligopolio encubierto por los grandes laboratorios farmacéuticos que fijan el precio de venta”. Argumento errado de por sí pues este tipo de prácticas se encuentran reservadas para los monopolios naturales (servicios públicos).Más aún, como señala Augusto Rey, presidente de ALAFARPE (Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos), a la fecha no existe ninguna prueba que sustente tal afirmación. La Comisión de Libre Competencia del INDECOPI concluyó en enero del año en curso una investigación orientada al mercado de productos oncológicos, señalando que no existían indicios que sugirieran la existencia de prácticas colusorias que afectarán el precio de medicamentos.

El proyecto tampoco toma en cuenta que un paciente no puede cambiar libremente un medicamento por otro. Por ejemplo, un paciente a quien se le ha recetado ácido valproico para tratar un desorden bipolar no puede sustituirlo por paracetamol (distribuido por GlaxoSmithKline bajo el nombre Panadol). Sucede que en el mercado de medicamentos existe un concepto que quienes proponen esta ley parecen no conocer: la patente. La idea detrás de las patentes es otorgaral laboratorio que desarrolla el medicamento un monopolio temporal para su comercialización. Dado que los laboratorios de investigación necesitan realizar grandes inversiones para desarrollar una nueva molécula que dé origen a un nuevo fármaco, es necesario que luego perciba ingresos que le permitan recuperar la inversión del producto exitoso, pero también de los que no lo fueron. De lo contrario: ¿por qué alguien invertiría en un negocio en el cuál sabe que va a perder dinero?

Por un lado, entonces, una entidad reguladora que controle los precios de los medicamentos terminaría impidiendo el acceso a fármacos de última generación. Por el otro, resulta redundante para medicamentos de uso terapéutico pues existe amplia competencia, lo que ha tenido como consecuencia una caída constante en los precios de adquisición para la seguridad social y el MINSA.

Si no hay incentivos para entrar al mercado, los medicamentos más recientes simplemente dejarían de comercializarse. Como sucedió durante el tiempo en que hubo control de precios en el Perú, quedarían en el mercado solamente los medicamentos de bajo costo y mala calidad, o aquellos que maneje el mercado negro, excluyéndose los medicamentos de última generación y de buena calidad, tal como declaró anteriormente para Lampadia Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la UPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). Esta norma terminaría por afectar más a los pobres, que no pueden traerlo por Courier o en sus maletas, como una familia acomodada.

Durante el control de precios se generó un éxodo de laboratorios que recalaron en Colombia y Chile, y el desabastecimiento de los fármacos de última generación. Mientras tanto, los programas del gobierno de turno no hacían sino apelar al precio más bajo posible sin considerar la calidad, plantea Rey. ¿Por qué no contar en el Perú con productos innovadores, además de medicinas genéricas de calidad, compartiendo un mercado público y privado que promueva la competencia? De lo contrario se estaría condenando a los pacientes que necesitan estos medicamentos a no poder acceder a los tratamientos adecuados.

A través de la regulación económica de los servicios públicos se promueve la competencia en el mercado e incrementa la eficiencia económica, alentando la innovación y eliminando las barreras que impiden su desarrollo. “Teoría de la regulación económica” es un libro editado por la Universidad de San Martín de Porres que presenta el marco conceptual de la regulación de los servicios públicos, sus principales vicios y esquemas básicos, entre otros puntos importantes, señala la coautora de la obra. La entrevista fue realizada por Juan Carlos Cuadros Guedes.

––¿Por qué es necesario regular los servicios públicos en el Perú?

En la década de los noventa, y debido a las crisis económicas y financieras resultantes de políticas económicas inadecuadas, se inició una serie de reformas que implicaron la desintegración vertical de las industrias que se encontraban bajo el ámbito de la gestión del Estado y la promoción de la inversión privada. Adicionalmente, en algunos sectores –como en el de la electricidad, por ejemplo– se daban condiciones técnicas y económicas para el establecimiento de monopolios naturales que se generaron a través de un esquema de entrega de concesiones.

––¿Monopolios naturales que se imponen por la vía legal?

Pero no en todos los sectores. Por ejemplo, el de la electricidad es uno de ellos. También tenemos el segmento de las telecomunicaciones, de la generación de energía, del agua potable y los servicios de alcantarillado.

––Pero no en todos había condiciones para la competencia.

Claro. Por eso, a partir de la experiencia es que se crean los organismos reguladores en el Perú, como organismos públicos descentralizados adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros.

––¿A su criterio, estos organismos cumplen eficientemente su labor?

No es fácil su labor, pero la cumplen con eficiencia y mucho profesionalismo. La geografía peruana es muy difícil y eso hace aun más crítica su labor. No es lo mismo, por ejemplo, tender una red eléctrica en Chile que en el Perú.

––¿Tenemos tarifas altas comparativamente con otros países de la región?

El objetivo del regulador es lograr maximizar el bienestar de la sociedad y ello se consigue en el punto donde el precio se iguala al costo marginal; sin embargo, dicho resultado no es alcanzable en un contexto donde los monopolios naturales analizados brindan servicios públicos, donde los costos fijos representan una importante porción de los costos totales.

––¿Pero son monopolios rentables o es equivocada la percepción en ese sentido?

En esas circunstancias, fijar precios es difícil, pues conlleva pérdidas para el monopolio regulado.

Por eso se buscan otros mecanismos donde se maximiza el bienestar de la sociedad, pero tomando en cuenta que la empresa debe obtener beneficios lo suficientes como para cubrir sus costos totales, que son elevados.

––Esa una calibración difícil.

Sin duda. Sobre todo cuando existen diversos mecanismos para ello. Existe, por ejemplo, la regulación de tasa por retorno, por precios-tope, por comparación, modelos de subastas y competencia por el mercado, entre otros ítems.

––¿Fue fácil trabajar en el análisis de estos sistemas?

Indudablemente, no; pero gracias a la experiencia de Alfredo Dammert Lira y Max Arturo Carvajal

Navarro, coautores del libro, el tema se hizo más fácil. Tardamos un año en procesar la información, que ahora obra en manos de ustedes.

Publicado por El Comercio, 26 de julio del 2013