A través de la regulación económica de los servicios públicos se promueve la competencia en el mercado e incrementa la eficiencia económica, alentando la innovación y eliminando las barreras que impiden su desarrollo. “Teoría de la regulación económica” es un libro editado por la Universidad de San Martín de Porres que presenta el marco conceptual de la regulación de los servicios públicos, sus principales vicios y esquemas básicos, entre otros puntos importantes, señala la coautora de la obra. La entrevista fue realizada por Juan Carlos Cuadros Guedes.

––¿Por qué es necesario regular los servicios públicos en el Perú?

En la década de los noventa, y debido a las crisis económicas y financieras resultantes de políticas económicas inadecuadas, se inició una serie de reformas que implicaron la desintegración vertical de las industrias que se encontraban bajo el ámbito de la gestión del Estado y la promoción de la inversión privada. Adicionalmente, en algunos sectores –como en el de la electricidad, por ejemplo– se daban condiciones técnicas y económicas para el establecimiento de monopolios naturales que se generaron a través de un esquema de entrega de concesiones.

––¿Monopolios naturales que se imponen por la vía legal?

Pero no en todos los sectores. Por ejemplo, el de la electricidad es uno de ellos. También tenemos el segmento de las telecomunicaciones, de la generación de energía, del agua potable y los servicios de alcantarillado.

––Pero no en todos había condiciones para la competencia.

Claro. Por eso, a partir de la experiencia es que se crean los organismos reguladores en el Perú, como organismos públicos descentralizados adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros.

––¿A su criterio, estos organismos cumplen eficientemente su labor?

No es fácil su labor, pero la cumplen con eficiencia y mucho profesionalismo. La geografía peruana es muy difícil y eso hace aun más crítica su labor. No es lo mismo, por ejemplo, tender una red eléctrica en Chile que en el Perú.

––¿Tenemos tarifas altas comparativamente con otros países de la región?

El objetivo del regulador es lograr maximizar el bienestar de la sociedad y ello se consigue en el punto donde el precio se iguala al costo marginal; sin embargo, dicho resultado no es alcanzable en un contexto donde los monopolios naturales analizados brindan servicios públicos, donde los costos fijos representan una importante porción de los costos totales.

––¿Pero son monopolios rentables o es equivocada la percepción en ese sentido?

En esas circunstancias, fijar precios es difícil, pues conlleva pérdidas para el monopolio regulado.

Por eso se buscan otros mecanismos donde se maximiza el bienestar de la sociedad, pero tomando en cuenta que la empresa debe obtener beneficios lo suficientes como para cubrir sus costos totales, que son elevados.

––Esa una calibración difícil.

Sin duda. Sobre todo cuando existen diversos mecanismos para ello. Existe, por ejemplo, la regulación de tasa por retorno, por precios-tope, por comparación, modelos de subastas y competencia por el mercado, entre otros ítems.

––¿Fue fácil trabajar en el análisis de estos sistemas?

Indudablemente, no; pero gracias a la experiencia de Alfredo Dammert Lira y Max Arturo Carvajal

Navarro, coautores del libro, el tema se hizo más fácil. Tardamos un año en procesar la información, que ahora obra en manos de ustedes.

Publicado por El Comercio, 26 de julio del 2013

Hay espacio para diseñar un plan que vuelva a impulsar las inversiones a fin de mejorar la confiabilidad y no perder la competitividad en las tarifas, dijo el también director de Edelnor, Ignacio Blanco Fernández. La entrevista fue relizada por Luis Hidalgo Suárez

¿Cuál es la situación actual del sector eléctrico?

Lo primero es que, siendo el sector intensivo en capital, necesita un marco general del país que dé tranquilidad a la inversión, y eso se está dando en el Perú.

¿Qué indicadores le dicen eso?

El Perú es un país admirado en Europa y Estados Unidos; Perú es un país donde todos quieren invertir porque tiene una situación política estable, un marco económico adecuado y sostenido en el tiempo. A esa estabilidad se suma la disminución importante de la pobreza en los últimos seis años (30 puntos). También hay un marco jurídico muy estable y adecuado en energía en los últimos 20 años, incluido este Gobierno.

Entonces, la inversión en el sector goza de un ambiente adecuado….

Así es, y de manera recíproca, el sector energético, y el eléctrico, en particular, es un piñón fundamental en la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo. Todavía hay 4 millones de peruanos que no tienen servicio de luz (de 8 millones que había) y tenemos que avanzar más en ello.

De otro lado, el sistema eléctrico del Perú tiene una tarifa muy competitiva a nivel de la región (7.48 centavos de dólar/kW.h), donde es superado por países cuyo sector eléctrico está intervenido (por el Estado).

¿Es adecuada la regulación?

Ha habido una buena gestión, hay un organismo regulador técnico e independiente, y eso también es fundamental para que el sector se venga desarrollando, prueba de ello es el crecimiento de las inversiones (ver gráfico) a una tasa media anual de 30% desde el 2003 (cuando se reformó la ley para la generación eficiente). Entonces, el marco político y regulador adecuado y estable ha hecho que crezcan las inversiones con una tarifa muy competitiva.

¿Cómo es la comunicación entre regulador e inversionistas?

El diálogo ha sido fluido entre el ministerio, regulador y los inversionistas. Nuestro reto es mantener esta tendencia en los próximos años.

Una denuncia recurrente en los últimos años es que el sistema eléctrico es inestable y que puede colapsar. ¿Existe ese riesgo?

El sistema eléctrico nacional es confiable. Aunque se diga lo contrario, el margen de reserva en generación, por ejemplo, es suficiente para enfrentar cualquier contingente que se pueda presentar (sequías y demás). Yo diría, además, que tenemos una generación de energía eléctrica suficiente hasta el 2018. Y en transmisión y distribución las inversiones también están creciendo de acuerdo con la demanda (ver gráficos).

¿Aun con el riesgo que existe en el suministro de gas natural frente a un siniestro y las demoras que podría suscitar eso en la reposición de la energía?

Siempre hay que hacer pequeños ajustes específicos. Un tema clave es que el gasoducto de Camisea tiene que ampliarse porque el año que viene se saturará por crecimiento de la demanda. Estamos esperando que se amplíe para el 2015, pero por las conversaciones que tenemos con TGP (consorcio que tiene a su cargo el ducto de Camisea) se está trabajando bien en ello. La propia empresa está comprometida con ese plazo y las entidades estatales están dando el apoyo respectivo para dar seguridad.

¿No ve un riesgo de que esto pueda tener un impacto futuro en las tarifas eléctricas?

Es verdad que el próximo año, si la saturación del ducto de Camisea ocurre, puede haber un desajuste (en el suministro), pero no escasez de energía sino problemas en el sistema de fijación de precios por zonas. Vemos que puede haber un problema de subida de tarifas en determinadas zonas, como el sur, o para determinados clientes libres. Pero es un problema que se puede solucionar de una manera relativamente fácil.

¿Cómo así?

Ese problema tarifario, que sería, en todo caso, transitorio, podría quedar solucionado con alguna medida regulatoria transitoria para el 2014 – 2015 (eso lo estamos viendo y conversando también con el Gobierno).

¿Y de qué medida estaríamos hablando?

Es un tema probabilístico, no sabemos exactamente qué demanda de gas habrá en el 2014, depende mucho de qué tipo de año sea. Si es más húmedo (lluvias) no habrá tanta repercusión y si es más seca sí podrían ser subidas importantes, de 30% a 40% para un cliente libre, que es lo que estamos buscando eliminar, precisamente, suprimiendo esas distorsiones a determinadas áreas del mercado.

¿Cuál ha sido el comportamiento de la demanda de electricidad?

La demanda ha venido creciendo entre 6.5% y 7% anual en los últimos 8 o 9 años (salvo el 2009, por la crisis financiera internacional) y este año, tras algunas caídas de la demanda tanto en potencia como en energía (ver tablas) en febrero y marzo (ocasionado por las diferencias en número de días del mes), luego se ha recuperado a sus niveles alrededor de lo anterior.

Vemos que continúa el crecimiento de la demanda de energía eléctrica en el país, y también que en Lima está creciendo menos, y ahora crece más en provincias.

¿En cuánto crecerá la demanda al cierre de este año?

Espero que estemos entre 6% y 7%. En general, la demanda de energía está dinámica porque aun cuando algunas empresas exportadoras han bajado su consumo (por las menores exportaciones) las que se dedican al mercado interno siguen aumentando su demanda.

Volviendo al tema del gasoducto de Camisea, ¿le preocupa que se pueda interrumpir el suministro si no se amplía oportunamente o por cualquier otra contingencia?

Se ha venido trabajando (para enfrentar esa contingencia). La reserva fría se pensó desde el 2008 para mitigar esa contingencia, pero también para que en el futuro, cuando el Perú tenga una red de gasoductos por todo el país, esas centrales térmicas (duales) de reserva puedan trabajar con gas natural.

Entonces, ¿descarta un colapso energético?

La seguridad absoluta (al 100%) no existe en ningún sistema, pero se puede dar un mensaje de tranquilidad a la población, por las inversiones realizadas y las que se siguen realizando, y porque la solución a las contingencias se viene trabajando hace tiempo.

¿Cuáles son las perspectivas del sector eléctrico?

Como dije, hasta el 2018 estamos cubiertos razonablemente, y ahora tenemos cierto espacio para conversar entre los actores, hacer números, contrastar posibilidades y diseñar un plan (como se hizo en el 2003) para volver a impulsar las inversiones con dos objetivos: aumentar más la confiabilidad (estamos bien, pero a medida que la sociedad se moderniza pide más calidad) y no perder la competitividad (en las tarifas).

¿Cuáles son los retos a futuro?

Después de ampliar el ducto de Camisea, el reto será viabilizar el ducto al sur, tema que está impulsando el Gobierno y para ello ha contratado a una consultora. En la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), estamos trabajando conjuntamente los temas de gas y electricidad para tener una planificación a largo plazo. Hay algunas distorsiones que vienen del pasado (ver recuadro).

También se dice que puede haber cortes porque las líneas de transmisión no son suficientes. ¿Hay ese riesgo?

Las cifras indican que la inversión en transmisión ha crecido de manera sustancial (ver tabla) y se siguen realizando. Desde el 2002 que se interconectó a nivel nacional el sistema, y sobre todo desde el 2004 en adelante se han venido haciendo las inversiones que requiere el sector. Hoy cada seis meses se licita una línea de transmisión y esperamos que esa tendencia continúe.

Publicado por Gestión, 23 de julio del 2013

Los precios de los minerales han caído consecutivamente desde el último trimestre del año pasado, lo que hace pensar que las ventas de la producción minera también disminuirán este año y, por ende, el canon y las regalías de este sector. Sin embargo, según Apoyo Consultoría, el Perú tendría como fortaleza para enfrentar este escenario, el tener costos productivos más competitivos frente a otros países como Chile, China o Canadá.

Según indicó Víctor Albuquerque, jefe de análisis de Apoyo Consultoría, el país tiene costos de operación menores, así como disfruta de otros aspectos como leyes de mineral más estables y costos de energía más baratos.

“Tenemos aún costos manejables en energía por el gas; además, las leyes mineras no están siendo tan afectadas. Esto nos permitiría mantener la competitividad en el sector”, indicó.

Explicó que además hay condiciones económicas para mantener la inversión minera en el país que permiten prever un escenario optimista: tasas de crecimiento sólidas e inflación baja.

Sin embargo, Albuquerque sostuvo que el 2013 y el 2014 serán dos años picos de inversión minera efectiva (con US$10.000 millones), pero que si las condiciones para permitir la fluidez de la inversión no mejoran, se vería una caída en las inversiones hasta el 2017 (a cerca de US$4.000 millones). Sostuvo que los esfuerzos que está haciendo el Gobierno por empujar las inversiones mineras podrían revertir este pronóstico, pero recién se verá en el 2015 si fueron efectivos o no.

“Así como hoy estamos viendo que están saliendo proyectos como Toromocho o Las Bambas, por procesos que se iniciaron incluso en anteriores gobiernos, los efectos de las políticas que se están implementando hoy recién se verán en dos años”, explicó.

El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, confió en que las recientes medidas para agilizar la inversión minera permitirán aumentar la producción del sector, para así reducir el efecto de la caída de los commodities.

Indicó que en los próximos días el Ministerio de Energía y Minas publicará un decreto orientado a facilitar las gestiones administrativas en esta entidad, como reducir el tiempo en los procesos de los estudios de impacto ambiental.

Altos costos

Enrique Morales, director del Centro de Innovación en Minería de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, indicó que la minería mundial está orientada hoy a una intensiva reducción de costos, sobre todo porque entre el 2002 y el 2011 el costo productivo de una libra de cobre en el mundo ha aumentado en cerca de 175% mientras que el índice de productividad solo lo ha hecho en 36%.

Publicado por El Comercio, 14 de junio, 2013

Las reacciones al anunciado incremento de participación de Petroperú en la explotación de hidrocarburos no se hicieron esperar. De acuerdo con expertos en materia energética, la intervención de la petrolera estatal –de entre 25% y 49%– en los 36 nuevos lotes que se licitarán en noviembre, es un contrasentido.

Y es que el insuficiente patrimonio de la estatal imposibilita tanto la participación mayoritaria o minoritaria de esta, apuntó el economista y consultor energético Víctor Medina Calderón.

Teniendo en cuenta que tan solo perforar un pozo en la zona de selva cuesta alrededor de US$ 100 millones, y la exploración en alrededor de US$ 5 millones, ¿podría Petroperú, con un patrimonio que no llega a más de US$ 800 millones, participar en la inversión que se destinaría en los 36 nuevos lotes?

“Petroperú prácticamente está imposibilitada de hacer algún tipo de inversión”, dijo Medina al momento de indicar que al poco nivel de inversión se suma el riesgo que tendría que afrontar la empresa, ya que el orden de riesgo de las exploraciones de pozos petroleros es de un 60%.

Sin embargo la visión del cuestionado titular de Petroperú, Humberto Campodónico, es otra. Según el funcionario, la estatal “cuenta con la experiencia y capacidad técnica y profesional para realizar actividades de explotación, las cuales constituyen un paso fundamental para la integración vertical de la empresa; es decir, para la realización de actividades en todos los tramos de la cadena productiva de esta industria”.

“Petroperú no solo no tiene respaldo patrimonial, sino que su participación en la Bolsa de Valores es incipiente”, acotó Medina Calderón tras revelar que al interior de la empresa de bandera esto se sabe y el directorio, contrario a Campodónico, está decidido a no avalar ningún crédito para proyecto alguno, salvo en situaciones de emergencia como en caso de escasez de combustibles.

El experto en hidrocarburos agregó que las declaraciones de Rosa María Ortiz, presidenta de Perupetro –quien el martes sorprendió a propios y extraños al informar que la participación de Petroperú en la explotación de hidrocarburos en el país se incrementará–, obedecen a una campaña que ejecuta Campodónico por mantenerse en el cargo y crear en la ciudadanía la ilusión de un correcto manejo financiero de la empresa.

Para el abogado constitucionalista y presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Raúl Castro Stagnaro, la aventura empresarial que pretende Petroperú “es un contrasentido”, pues va en contra del rol subsidiario del Estado que delimita la Constitución.

“Estamos volviendo a transitar caminos que ya recorrimos y en los que no nos fue nada bien”, dijo Castro al momento de argumentar que no ve por qué el Estado quiere ser socio activo de actividades que requieren de alto grado de inversión y tecnología que no se tiene.

“El Estado peruano no es una compañía petrolera. Debe preocuparse más bien por cobrar sus rentas y especializarse en los temas que le competen”, apuntó el ex parlamentario al indicar que el Gobierno se debe enfocar en ejecutar bien las regalías que percibe y brindar trabajo eficiente, “pero no debería meterse a estas aventuras que terminan desanimando a los inversionistas”.

Factor de competencia

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ratificó lo dicho por la presidenta de Perupetro, Rosaria María Ortiz, de que las empresas que ganen la buena pro de los 36 nuevos lotes calificarán en base a tres variables: participación de Petroperú de entre 25% y 49%, monto de regalías y cantidad de inversión.

Sin embargo, los especialistas en temas energéticos coinciden en que el Estado debe apuntar solo a los factores de competencia relacionados con las regalías e impuestos, tal como se hizo hasta la última licitación de lotes para la explotación petrolera en 2010.

El dato

Perúpetro anunció ayer la próxima licitación de 36 lotes de exploración. En estas convocatorias, Petroperú tendrá una participación accionaria, entre el 25% hasta el 49% en cada lote licitado, con la empresa ganadora.