La descentralización ha sido uno de los anhelos más importantes de las regiones, probablemente una de las banderas de lucha más presente en el reclamo de  décadas de los provincianos contra el asfixiante centralismo limeño. Cuando se abordó en los años 80, terminó en el fracaso y la regresión. Finalmente, en los años 2000 se lanza un proceso apurado que hoy vivimos y sufrimos. El Presidente de la República ha recogido el sentir nacional y en su último mensaje a la Nación,  nos ha dicho: “Se requiere plantear un debate nacional sobre la efectividad del proceso de descentralización, en el cual venimos avanzando hace ya una década. Cabe preguntarnos si hemos logrado construir un Estado presente, efectivo y transparente al servicio de todos los compatriotas. En torno a estas reflexiones, invito a la Representación Nacional a iniciar un amplio debate con miras a fortalecer el proceso de descentralización y presentar propuestas normativas para lograr los objetivos de modernización del Estado y mejorar los servicios que requiere el ciudadano”.

En Lampadia estamos de acuerdo con la necesidad de llevar a cabo un gran debate que nos permita mejorar el proceso actual, para que todos entendamos que es la descentralización de un país unitario, que debemos esperar de ella, cómo debemos evaluar sus resultados y cómo, la nación, debe controlar el proceso y el desempeño de los líderes regionales.

Aportes al debate de la descentralización desde sus pecados originales

1.     La descentralización vigente fue anunciada por el Presidente Toledo en su discurso de investidura ante el Congreso de la República en julio del 2001, sin contar con el beneplácito de su Gabinete Ministerial. El Congreso apuró el debate, no se hizo caso a los llamados a la cordura y sensatez para privilegiar un diseño cuidadoso antes que uno expeditivo. Se recibieron consejos de expertos internacionales, como algunos de España, que ya llevaban 25 años manejando sus autonomías, y seguían enfrentando problemas complicados. El tema de la descentralización se convirtió en una oferta política y no importaba si salía pato o gallareta. Finalmente se aprobó la descentralización sin haber terminado de establecer la legislación correspondiente.

2.     De partida se cometieron errores muy graves:

–         No se enfatizó que se estaba diseñando un proceso de descentralización de un país unitario.

–         Se fijó una región para cada departamento.

–         Se estableció indebidamente el cargo de Presidente Regional, elegido por sufragio.

–         Se permitió la reelección inmediata sin que el Estado Central tuviera la capacidad de controlar el uso indebido de recursos públicos en 25 regiones.

–         Se desmembraron una serie de competencias del Gobierno Central para ser asignadas a las regiones mediante un proceso simple de corte y traslado, sin contemplar el diseño de vínculos entre ambas instancias de gobierno que permitieran una acción conjunta y coordinada.

–         No se prestó la menor atención a la creación de capacidades.

–         Se otorgó a los gobiernos regionales capacidad discrecional absoluta sobre sus resoluciones, sin que los ciudadanos y empresas pudieran recurrir en queja o revisión a una instancia administrativa nacional, a una segunda instancia, principio fundamental de las democracias modernas.

–         No se diseñó un buen arreglo de pesos y contrapesos, estableciéndose una concentración excesiva de poder en los llamados presidentes regionales.

–         No se establecieron sistemas adecuados de rendición de cuentas.

–         No se establecieron capacidades de control para el Gobierno Central, más allá de los referidos a los procesos a cargo de la Contraloría General, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

3.     Posteriormente, durante el segundo gobierno del Presidente García, se aceleró el proceso populachero e irresponsable de desmembramiento y transferencia de competencias centrales a los gobiernos regionales y/o locales, con el mismo expediente simple de corte y delegación, sin los necesarios procedimientos de coordinación entre lo central y lo regional.

4.     Entre tanto se presentó la necesidad de regular la distribución del canon, como producto de la recuperación de nuestra industria minera, que debía, evidentemente, producir beneficios directos en las zonas de influencia de sus proyectos, sin cautelar las compensaciones necesarias para las zonas no mineras.

5.     Nunca se entendió, y menos se explicó a la población, que la descentralización de un país es esencialmente económica. Máxime en el caso del Perú, en que por décadas se había proscrito la inversión privada en las regiones, puesto que el Estado capturó la minería para paralizar su desarrollo, prohibió la presencia del sector privado en el campo, y capturó también la pesca y el turismo.

Nunca se entendió, ni se explicó, que con el retorno del Perú a un manejo económico ortodoxo y a la promoción de la inversión privada, dadas nuestras inmejorables capacidades naturales, íbamos a tener una serie de proyectos de inversión en las regiones que podían transformar nuestra vida, y que era muy importante que autoridades, líderes de opinión y ciudadanos, entendiéramos que todos seríamos responsables de propiciar y cuidar un buen clima de inversión.

Contrariamente, una buena parte de los líderes regionales y locales, empoderados con una serie de atribuciones de gobierno y contando con los  recursos distribuidos por el gobierno central y los provenientes del canon, pensaron que el desarrollo de sus regiones dependía de ellos, de sus propias luces y de lo que ellos pudieran financiar con los recursos públicos. Así es como, en vez de que se haya desarrollado un proceso de colaboración entre el sector público y el privado, en algunos casos se han producido conflictos muy profundos, como en el caso de Puno, con su anterior Presidente, o de Cajamarca, con Santos, imponiendo una dictadura anti-minera con métodos estalinistas de coerción y manipulación.

6.     Ante los conflictos sociales, los propios líderes y autoridades regionales y locales reclamaban la presencia del Estado, que ellos debían representar. Autónomos para hacer de las suyas, pero, con destacadas excepciones, irresponsables y ausentes cuando quemaban las papas.

7.     Mientras tanto, el Estado Central se ha mostrado inerme, maniatado por unas regulaciones de descentralización absurdas, que han descuartizado nuestras capacidades de gobierno.

Sin embargo, a pesar de los grandes problemas de nuestra descentralización política, la verdadera descentralización, la económica, avanza viento en popa. En la medida que la economía de mercado promovió el regreso de la inversión privada a la minería, el campo, la pesca y el turismo, las regiones y los municipios gozan ahorade recursos que eran inimaginables durante el modelo proteccionista de sustitución de importaciones, que concentraba la inversión en Lima.

Algunos ejemplos del avance de las regiones: entre el 2001 y el 2012, ocho regiones del país registraron un crecimiento anual promedio del PBI per cápita por encima del promedio nacional de 5.1%. (Ver cuadro 1). Los ingresos familiares también han crecido más en las regiones que en Lima (Ver cuadro 2), y el empleo, igualmente se desarrolla con más fuerza en las provincias (Ver cuadro 3).

En otras palabras, el proceso de descentralización, ha sido salvado y sustentado por el mercado, por el sector privado. Lo importante ahora, es cómo diseñar un mejor arreglo institucional que promueva procesos que sumen hacia objetivos comunes de los gobiernos regionales, locales y el gobierno central; y también entre el sector público y el sector privado.

Todos queremos un Perú unitario, descentralizado y efectivo para la gesta del desarrollo y el bienestar general.

¡Bien Presidente, debatamos! L

En anteriores artículos hemos resaltado los grandes avances económicos y sociales que hemos logrado en los últimos 20 años, avances que se sustentan en cifras concretas que nadie las puede negar. (Ver Hagamos el balance de lo avanzado y miremos al futuro).

El crecimiento económico, el nivel de inversión privada, la reducción de la pobreza, la desigualdad, la desnutrición y la mortalidad infantil; el aumento sustancial de los ingresos y del empleo adecuado, con una mejor distribución de ingresos y empleo a lo largo y ancho del país, y la multiplicación por siete del crecimiento de los ingresos en la sierra rural, son indicadores seriosque han hecho que el país sea reconocido internacionalmente como una “estrella en ascenso”.

Sin embargo, debemos ser conscientes que el Perú tiene todavía un largo camino por recorrer, debido a que los daños generados por las erradas políticas de los 60, 70 y 80 fueron muy profundos y aún estamos recuperándonos.

Gracias a lo avanzado es que ahora podemos concentrarnos en la agenda pendiente, pues contamos con mejor capacidad de recursos para enfrentarla. No hacerlo sería  inmoral.

La agenda pendiente debe enfocarse en lograr un Estado que funcione y una economía más competitiva, como hace poco manifestó en Lampadia Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría.

El banco global HSBC en su publicación “The World in 2050” (“El mundo en el 2050”) indica que el Perú puede ser uno de los países que más crezca durante los próximos cuarenta años, alcanzando el lugar 26 entre las economías más grandes del planeta mediante un crecimiento del PBI de 5.5% como promedio anual.

Para su análisis, el HSBC ha considerado el perfil de la población, la demanda de commodities y otros factores como el promedio de años de educación, la esperanza de vida al nacer, la fertilidad, el imperio de la ley, el nivel de consumo del Gobierno, el índice de democracia y la tasa de inflación.

Del análisis del HSBC se puede decir que esta oportunidad se basa en dos factores estructurales y cuatro de coyuntura. Los estructurales se dan más allá de nuestras acciones y los coyunturales dependen de nuestro manejo.

En lo estructural están la demanda global de los commodities que deberían ofrecernos buenos niveles de precios, y el perfil de nuestra población, en el que la relación de nuestra PEA (población económicamente activa) al total de la población es muy alta y por lo tanto nos ofrece una buena base de crecimiento.

Entre los factores de coyuntura, tenemos aquellos que debemos manejar con destreza, como la mejora de la educación, el desarrollo de infraestructuras, un buen clima de inversión y el fortalecimiento de nuestras instituciones. En estos cuatro temas debiéramos centrar el debate sobre nuestras acciones futuras.

Nuestro bienestar general demanda una verdadera revolución en el tema educativo.

La brecha en infraestructuras también es alarmante, se calcula en alrededor de US$ 88,000 millones.

En el clima de inversión estamos retrocediendo. Las asonadas político-sociales anti-mineras y anti-inversión privada en muchas regiones, han alcanzado niveles de sedición.

La debilidad de nuestras instituciones es una nítida amenaza al crecimiento.Necesitamos contar con un Sistema Judicial eficiente y moderno, crear partidos políticos que representen a la mayoría de la población, reformar el Estado hacia el servicio de los ciudadanos, con eficiencia, vocación de servicio y una acción ética.Garantizar el equilibrio de poderes y la libertad de prensa.

En los próximos días estaremos abordando cada uno de estos temas y fomentando un debate al respecto.

The World in 2050 – Global Economics January 2012 HSBC

“Willaqniki” es el primer informe sobre conflictividad social de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). De modo optimista, el documento oficial identificó solo 66 conflictos sociales por resolver y 20 resueltos hasta noviembre de este año.

De los 66 contados hay 21 relacionados con la actividad minera, 10 con la explotación de hidrocarburos, 10 con la minería informal, ocho con el agro y seis con la demarcación territorial. Para el informe gubernamental, 45 de estos conflictos ya cuentan con mecanismos de diálogo necesarios para solucionarse. Otros 21 están en “tratamiento”.

Una vez más el diagnóstico del Ejecutivo es muy distinto al que elabora la Defensoría del Pueblo. Mientras la PCM identifica 66 conflictos hasta noviembre, la Defensoría del Pueblo recoge 167 hasta octubre.

Para la PCM, la región con mayor conflictividad es Loreto, con siete conflictos, mientras la Defensoría tiene a Áncash como la región más convulsionada, con 32 casos. En Loreto, la defensoría identifica 13 casos.

Descargar el informe oficial aquí.

Lima, 5 nov (Lampadia).- Si bien es cierto que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, el gabinete Jiménez y el propio Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, han reconocido responsabilidad política en la revuelta del jueves 25 de octubre en La Parada, en los hechos, quienes han cargado con la culpa de la improvisada clausura del Mercado Mayorista, que causó 4 muertos, 108 heridos y diversos saqueos son el general Aldo Miranda, jefe de la VII dirección Territorial de la PNP, y otros cinco coroneles.

Los oficiales han sido separados de sus respectivos cargos y enfrentan el riesgo de ser acusados penalmente de las muertes ocurridas. Como se ve, la pita, otra vez, se rompió por el lado más débil.

Para todos ha quedado claro que el 25 de octubre se organizó un monumento a la improvisación: elección de un jueves en la tarde con miles de comerciantes y transeúntes en calles aledañas, ausencia inteligencia, falta de plan operativo y escaso número de efectivos. Sin embargo el sábado siguiente sucedió todo lo contrario: hora adecuada, inteligencia, plan y número de efectivos suficientes.

¿Cómo explicar una diferencia abismal en solo 48 horas? Había, pues, plan, inteligencia y efectivos. Es evidente que alguien presionó para la acción del jueves. Si alguna culpa, pues, tienen los oficializados es haberse dejado presionar. Diversos analistas han señalado que el objetivo de los dirigentes del municipio limeño era ocultar la noticia de ese día: se habían conseguido lasa 400 mil firmas para convocar el proceso de revocatoria de la alcaldesa.

De allí la necesidad de establecer responsabilidades políticas. En el caso del ministro del Interior debería considerarse la renuncia y, con respecto al director de seguridad ciudadana del municipio, Gabriel Prado- encargado del operativo del jueves-, se impone la separación del cargo.

¿Exceso de celo con el titular de Interior y la administración municipal? De ninguna manera. El deficiente manejo de los conflictos sociales ha generado censuras y renuncias de ministros, caídas de gabinetes y otras sanciones políticas. Durante el régimen toledista, recordemos los sucesos de Ilave que motivaron  la censura del ministro Fernando Rospigliosi en el Legislativo; durante el Baguazo, la ministra Cabanillas fue removida del cargo como una manera de subsanar el error. Con el régimen nacionalista los gabinetes Lerner y Valdes sucumbieron en medio de las acciones pre- insurreccionales contra el proyecto minero Conga en Cajamarca. Es decir, este tipo de sucesos siempre producen efectos, ya sea por mecanismos constitucionales o por la presión de la opinión pública.

¿Por qué, entonces, ahora no hay consecuencias para los responsables del fracaso en La Parada? Se reconocen responsabilidades políticas, pero se niegan a las renuncias o separaciones del cargo. Más aún, cuando a quienes se les pide explicaciones pertenecen a la izquierda que siempre ha exigido dimisiones ministeriales, ha cortado cabezas y ha promovido el derribo de gabinetes en medio de los conflictos sociales.

El municipio de Lima no solo fracasó durante el operativo del jueves 25 de octubre. También se equivoca desde meses atrás. Los funcionarios ediles  se negaron al traslado de los comerciantes de La Parada al mercado de Santa Anita arguyendo diversas razones, cuando la mayoría de ellos estaba de acuerdo. Esa negativa solo se explica por la voluntad de desmerecer a la anterior gestión limeña. Luego se dinamitaron todos los puentes del diálogo hasta convertir a los dirigentes mayoristas en enemigos de la administración actual. ¿Cómo los entusiastas promotores del nuevo mercado mayorista se convirtieron en opositores acérrimos del traslado? Solo se puede explicar por la impericia y la soberbia política. La izquierda siempre exigió agotar el diálogo. ¿Qué pasó en este caso?

Los errores de los políticos en la democracia se sancionan, ya sea en las urnas, mediante las renuncias o en las separaciones del cargo. A diferencia de cualquier otro sistema político de la historia, en la democracia el yerro en política tiene su sanción. De lo contrario estaríamos viviendo el gobierno de los reyes y noblezas intocables que -como gobiernan por designio divino- jamás se equivocan.

Horas después de que lo invitara a Cajamarca para solucionar el conflicto minero, el presidente de esa región, Gregorio Santos, incitó sorpresivamente a la población cajamarquina a levantarse contra el mandatario Ollanta Humala para “sacarlo” del poder, tal como ocurriera en Ecuador y en Bolivia en décadas pasadas.

Durante un mitin en la Plaza de Armas, Santos les preguntó a los miles de asistentes: “¿Cuando el presidente no cumple su palabra?”. ¡Lo sacan!, respondió la muchedumbre. “¿Cuando el presidente no honra sus compromisos?”. ¡Lo sacan!, añadió. “Eso es democracia”, refirió el presidente regional.

Tal como escribiera el lunes en su cuenta de Twitter, Santos recordó a los manifestantes que en Ecuador ocurrieron asonadas contra los presidentes Lucio Gutiérrez (2005), Jamil Mahuad (2000) y Abdalá Bucaram (1997). Igualmente, recordó lo ocurrido a Daniel Sánchez de Lozada, en Bolivia, en 2003.

“Ecuador lo sacó a Gutiérrez porque le mintió, lo sacó a Mahuad porque le mintió, lo sacó a Bucaram porque le mintió, y Ecuador no ha desaparecido. Bolivia sacó también a Sánchez de Lozada y no ha desaparecido”, subrayó.

Santos aprovechó el mitin para solicitar “una nueva asamblea constituyente y una nueva Constitución Política”.

QUE INTERVENGA PELÁEZ

El incendiario discurso de Santos generó duros cuestionamientos de los representantes del Ejecutivo y del Congreso, quienes demandaron la inmediata intervención del fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, en este caso.

Fue el primer ministro Óscar Valdés quien, citando frases de Jorge Basadre, le envió un mensaje a Santos. “Los incendiarios quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata. Los congelados se han encerrado dentro de ellos (…) Los podridos prostituyen conceptos, hechos e instituciones al servicio exclusivo de sus medros, granjerías, instintos y apasionamientos”, escribió en su Twitter.

Asimismo, durante una rueda de prensa con medios extranjeros, replicó duramente a las exigencias de Santos para que el presidente Ollanta Humala cumpla sus promesas electorales. “El presidente gobierna para el cien por ciento de los peruanos, y si alguien del treinta por ciento cree que porque dio su voto va a imponerse sobre el resto, está muy equivocado”.

Daniel Abugattás, titular del Legislativo, sostuvo por su parte que Santos “ha cometido apología del delito de rebelión” al elogiar actuaciones golpistas en Ecuador y en Bolivia. “Ha cometido el delito de apología del delito de rebelión previsto y sancionado en el inciso 1º del artículo 316º del Código Penal, que sanciona tal conducta con una pena no menor de cuatro años ni mayor de seis”, indicó.

Asimismo, invocó al fiscal Peláez a que “actúe de oficio conforme al artículo 159º de la Constitución, formulando la inmediata denuncia penal”.

Por la noche, Santos manifestó que el comunicado del Congreso invocando la intervención del fiscal Peláez Bardales “está provocando a la población de Cajamarca”.

Igualmente, justificó los alcances de su discurso. “No podemos negar los hechos que han sucedido en Ecuador y en Bolivia”, sentenció.

DATOS

– El ministro de Defensa, José Urquizo, dijo que Santos “atenta contra la democracia y pretende conducir al Perú a un extremismo peligroso”.

– Wilver Calle, titular del Interior, estuvo en Cajamarca supervisando el comportamiento de la PNP.

– La ministra de Educación, Patricia Salas, anunció sanción a profesores por el uso de escolares en el paro.

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y autoridad regional de San Martín, César Villanueva, consideró que el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, ha cometido excesos verbales y demandó la instalación de una mesa de diálogo para resolver el conflicto en esa región, tras una reunión de presidentes regionales con el presidente Ollanta Humala.

“El presidente Gregorio Santos está actuando con excesos, aunque aún no hay un elemento de ilegalidad. Espero que se pueda tranquilizar. Nosotros hemos señalado sus excesos y lo condenamos”, remarcó Villanueva al señalar que el presidente cajamarquino ha aceptado que incurrió en exceso al preguntar en un mitin qué pasa cuando un presidente incumple sus promesas y los manifestantes contestaron “lo sacan”.

El presidente regional de San Martín le propuso a Santos una mesa de diálogo en la que participen las autoridades de Cajamarca, el gobierno central y las empresas, para solucionar el problema. “Los paros y las huelgas solo perjudican a la población”, indicó.

“Todos los presidentes regionales vamos a seguir promoviendo la inversión privada. La minería responsable no se opone a los aspectos sociales. Hay la necesidad de que las empresas respeten a las comunidades que viven en los alrededores de los yacimientos”, dijo.

PAZ Y DESARROLLO

Remarcó que la ciudadanía debe estar tranquila, porque los gobiernos regionales trabajan en función de la paz y el desarrollo. “Los gobiernos regionales estamos para trabajar con el gobierno central y no para promover la toma de carreteras, huelgas y paros”, precisó.

“Hemos venido para fortalecer la gobernabilidad y el Estado de Derecho. El Perú está en una situación de estabilidad económica frente a la crisis internacional y no debe desaprovechar esta oportunidad para dar un paso adelante al futuro”, apuntó.

Villanueva sostuvo que los problemas en las regiones y en el Congreso solo pueden resolverse con el diálogo. “En la mañana dialogamos con el presidente del Congreso (Daniel Abugattás), para transmitirle lo mismo”, acotó.

“El presidente Ollanta Humala nos ha expresado su voluntad de reforzar la descentralización, porque los gobiernos regionales son aliados estratégicos del desarrollo nacional y deben trabajar en equipo al margen de las camisetas políticas”, subrayó.

El pasado jueves la Federación Médica, profesores del Sutep, miembros de la CGTP y trabajadores de construcción civil salieron a las calles una vez más a marchar y protestar por mejores condiciones laborales (aunque la CGTP, de hecho, no tenía ningún reclamo propio; simplemente salió a “sumarse” a la protesta de los médicos y profesores).

Violar la ley se ha convertido en la manera de protestar de más de un gremio. La marcha de médicos y profesores no contaba con permiso, sus movilizaciones bloquearon vías dejando intransitable la capital por varias horas y los huelguistas del Conare Sutep se enfrentaron con piedras y palos a la policía. De forma similar, la huelga de Essalud que terminó el mes pasado fue declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo. A pesar de ello, y en contra de la ley, se interrumpió la atención en centros de salud y se dejaron de atender 672 mil citas y 21 mil operaciones. Asimismo, en sus últimas movilizaciones nacionales, el Sutep bloqueó vías de tránsito y el pasado 18 de setiembre un grupo de sus profesores atacó a pedradas el local del Ministerio de Educación y dejó dos personas heridas.

Ya en un anterior editorial mencionábamos que, en ciertas esferas de la sociedad, lejos de ejercerse algún tipo de democracia participativa o representativa, lo que se ejercía era una suerte de “democracia coactiva”. Es decir, algunos grupos de presión coaccionan a las autoridades para que estas cedan a sus demandas e intereses, al margen de los canales democráticos y de lo que pueda ser la voluntad de la mayoría. El gobierno, por su parte, ha institucionalizado esta manera de hacer “democracia” con las ya famosas “mesas de diálogo” donde se negocia la ley con los violentistas y, de paso, los derechos de los afectados por las ilegalidades cometidas.

Muchas personas justifican esta forma de protestar bajo el argumento de que es la única manera en la que los grupos que no tienen poder económico pueden hacerse oír; algo así como que el sistema democrático no les permite canalizar sus reclamos, por lo que solo les queda recurrir a la fuerza, violar la ley y atropellar derechos ajenos para conseguir justicia.

Este argumento tiene un problema: no es cierto. Y es que la mayoría de grupos que no gozan de poder económico sí canaliza sus reclamos por vías legales y democráticas.

Según el último anuario estadístico del Ministerio de Trabajo que recoge información hasta el 2010, en este año se registraron 83 huelgas en el sector privado que involucraron a 30.606 trabajadores. La enorme mayoría de estas movilizaciones, sin embargo, no terminó en las primeras planas por haber protagonizado desmanes y episodios de violencia, lo que demuestra que el derecho constitucional a la huelga sí puede ser ejercido de manera pacífica para alcanzar soluciones concertadas.

También es cierto que los grupos no vinculados al poder económico sí se organizan para canalizar sus intereses a través del proceso parlamentario. Por ejemplo, el Congreso actualmente discute proyectos de ley que representan las inquietudes de asociaciones de consumidores (el que busca combatir el abuso a los usuarios de servicios de transporte), personas con discapacidad (el que quiere regular su atención en terminales aéreos, terrestres y marítimos) e incluso grupos pro derechos de animales (el que quiere prohibir su sacrificio en espectáculos públicos). Después de todo, los grupos empresariales no son los únicos que tienen representación en el Congreso, para empezar porque buena parte de los congresistas está bien lejos de ser pro empresa (incluidos los miembros de Gana Perú). Finalmente, pensemos en grupos que se suelen enfrentar a menudo en discusiones sobre proyectos de ley como la Iglesia Católica contra el Movimiento Homosexual de Lima, los grupos pro legalización del aborto o pro pastilla del día siguiente. ¿Acaso alguno de ellos manda matones a bloquear vías bajo la insignia de “protesta social”?

La mayoría de los peruanos sí usa los mecanismos democráticos. Son solo ciertos grupos quienes han obtenido, literalmente a patadas, un privilegio que el resto del país no tiene: cambiar la huelga legal o la discusión parlamentaria (en que todos los intereses se encuentran representados) por una cómoda mesa de negociación ad hoc.