La controversia sobre el alza del peaje de la línea amarilla, operada por la concesionaria LAMSAC, es un claro ejemplo de cómo la política, la demagogia y la propia Contraloría pueden intervenir para socavar las bases de la inversión privada en infraestructura en un país que la necesita a gritos.

El asunto es así: la cláusula 9.9 del contrato de concesión autoriza a LAMSAC a realizar un ajuste anual del peaje por inflación. Dicho ajuste no se hacía desde el 2013. El concesionario calculó que la inflación acumulada entre el 2013 y enero 2018 era de 70 céntimos. En mayo del 2017 se subió 30 céntimos. Y el domingo pasado se subió los 40 céntimos restantes.

¿Qué pasó? Pues que en junio de 2017 la Contraloría advierte a la Municipalidad que, en la actualización de la tarifa de peaje, el concesionario venía aplicando la fórmula de reajuste de tarifa en forma distinta a la establecida en el contrato de concesión suscrito en el año 2009. Esa fórmula se venía aplicando desde el 2013, sin observaciones. Ante ello, el 23 de febrero del 2018 la municipalidad observa la aplicación de la fórmula. Y entonces, tal como señala el contrato, ante una discrepancia, se va a un proceso arbitral. No obstante, meses después, ad portas del alza del segundo tramo, el propio alcalde Luis Castañeda Lossio declara que LAMSAC no tiene autorización para subir el peaje y que si lo hace podría denunciar el contrato. Y la comuna emite un comunicado advirtiendo que “La Municipalidad de Lima no ha autorizado, ni reconoce ningún reajuste al precio de los peajes por lo que estaría iniciando las acciones legales que correspondan”.

Allí el alcalde Luis Castañeda Lossio se dejó llevar por la nostalgia del aplauso popular. Porque la cláusula 9.13 del contrato establece claramente que el concesionario simplemente comunica al concedente el reajuste tarifario, y que, si hay controversia respecto de la aplicación de la fórmula, pues ella podrá ser sometida a los mecanismos de solución de controversias establecidos. Es decir, a un arbitraje. Que es lo que ocurrió en este caso. El tema está en proceso arbitral en la Cámara de Arbitraje Internacional de París, y mientras ésta resuelva el concesionario procede con el alza.

Es decir, la municipalidad no tiene la prerrogativa de autorizar, y menos de anular el contrato, amenaza que era una barbaridad desde el punto de vista de la seguridad jurídica necesaria para que haya inversión privada de esta naturaleza en el Perú. Felizmente al final de la reunión de la comisión de Defensa del Consumidor del Congreso del día martes, Castañeda Lossio se rectificó tácitamente cuando señaló que este asunto debía ser manejado respetando el marco institucional y jurídico, y llamó a esperar el resultado del arbitraje. E incluso añadió que anular el contrato sería popular pero no es lo más apropiado.

De todos modos, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor anunció la formación de una comisión investigadora del alza del peaje y el presidente de la Comisión de Transportes, por su parte, expresó que habría que extenderla a todos los peajes a nivel nacional. Otra barbaridad demagógica. Es evidente que los contratos y los peajes no pueden estar sujetos a revisión política, pues en ese caso simplemente no habrá inversión en infraestructura con peajes en el país y las carreteras terminarán en el abandono y la destrucción por la falta de mantenimiento.   

Hay aquí, pues, politiquería de la municipalidad y de los congresistas. Pero también, aunque parezca increíble, de la Contraloría. Porque la noche anterior a la reunión de la comisión de Defensa del Consumidor, la Contraloría emitió un comunicado que ignoraba el tema del proceso arbitral y azuzaba la controversia. Decía lo siguiente:

COMUNICADO OFICIAL N° 006 – 2018-CG

Contraloría General señala que tarifas del peaje en concesión Línea Amarilla no se ajustan al Contrato de Concesión

• En junio de 2017, como se desprende del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 303-2017-CG /MPROY – AC, la Contraloría General identificó y advirtió a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que en la actualización de la tarifa de peaje, el concesionario LAMSAC venía aplicando la fórmula de reajuste de tarifa en forma distinta a la establecida en el contrato de concesión suscrito en el año 2009. En ese informe se identificó incluso un perjuicio económico al Estado Peruano por US$ 1,214,000.00 por la no aplicación de penalidades relacionadas a la incorrecta aplicación del contrato.

• Producto de dicha Auditoría, se recomendó a la MML poner en conocimiento de la Procuraduría Pública para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores involucrados en la observación respecto del reajuste de tarifas, y que disponga a sus unidades orgánicas el adecuado cumplimiento del Contrato de Concesión. A pesar de ello, la concesionaria LAMSAC, con fecha 31 de enero de 2018, informó a la MML sobre un nuevo reajuste tarifario anual de S/ 5.70, cuyo cobro se ha iniciado el 14 de octubre de 2018.

Era un ataque a la municipalidad y a sus funcionarios por haber supuestamente incumplido con actuar conforme al contrato, sin haber tomado nota que ya la municipalidad en febrero había comunicado a LAMSAC su disconformidad y que, en consecuencia, está en marcha un proceso arbitral, que es la solución a la controversia.

La Contraloría agudizó las contradicciones sin respetar la verdad de los hechos, provocando que los congresistas censuraran al alcalde y exigieran una investigación de los peajes, creando un problema donde no lo había, un problema que repercute en las condiciones jurídicas y políticas para la inversión en el Perú.

Por lo demás, la observación de la Contraloría se basa en que la fórmula para calcular el peaje no contempla las modificaciones en el tipo de cambio, sino que se basa solo en la inflación, en el Índice de Precios al Consumidor. Según LAMSAC, esto es así porque el proyecto se financió íntegramente en soles en el Perú, por medio de bonos que fueron comprados por las AFPs entre otros. De ser así, estaríamos ante otro caso de incompetencia de la Contraloría en las observaciones que formula. Como fuere, lo cierto es que hay un arbitraje en curso y de allí saldrá la verdad que las partes deberán respetar. Toda otra movida es absolutamente inútil, inconducente y contraproducente. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Aunque son cosas distintas, la denunciada compra de votos mediante obras públicas que provocó la renuncia del Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, ha puesto bajo los reflectores de la luz pública una supuesta práctica de algunos congresistas para conseguir la inclusión de obras patrocinadas por ellos en el presupuesto de inversión pública.

La variante más corrupta sería la que aparece graficada en el audio del funcionario Fredy Aragón, cuya secuencia es la siguiente: el congresista le ofrece al alcalde incluir un proyecto grande de la municipalidad en el presupuesto de la república a cambio de un 5% del monto de la obra, para lo cual el congresista cuenta con los servicios de este funcionario quien le ofrece conseguirle la programación de la obra en el MEF. Esta sería toda una cadena, una industria de la corrupción.

Se sabe asimismo que hay congresistas que tienen empresas de construcción o tienen amigos constructores que formulan proyectos para la municipalidad o para el gobierno regional y que luego ellos gestionan ante los ministerios o logran que se incluyan en la ley de presupuesto.

También puede ocurrir que el congresista visite a los ministros para presionar por la inclusión de las obras de sus alcaldes, sin que haya corrupción de por medio.

Las municipalidades ejecutan algo más del 40% de la obra pública. El presupuesto que manejan es, entonces cuantioso. Y si agregamos los gobiernos regionales, llegamos a un 65% de la inversión pública. ¿Qué porcentaje de ese total se manejará de esta manera corrupta? No lo sabemos. ¿En qué porcentaje intervienen los congresistas apoyando a sus alcaldes? Tampoco lo sabemos. Pero la ex ministra Claudia Cooper calculaba que cuando menos el 80% de los congresistas gestionan proyectos ante los ministerios. Es una parte más importante de su actividad como congresistas.

Ahora bien, la labor de gestión ante los ministerios debe diferenciarse de la asignación directa que hacen los congresistas en la Comisión de Presupuesto del Congreso. En ambos casos, sin embargo, hay que precisar que los proyectos deben cumplir con ciertos requisitos para que puedan ser presupuestados.  

Como sabemos, el 30 de agosto el Ejecutivo envía al Congreso el anteproyecto de ley de presupuesto que contiene un anexo con los proyectos de inversión a ser ejecutados el año que viene. Allí se incluyen los proyectos enviados por los ministerios y los gobiernos regionales y locales que hayan pasado los filtros. El primero de ellos es que sea priorizado, para lo cual el criterio principal, desde el modelo diseñado por Thorne, es que cierre brechas. Además, los proyectos no deben estar fraccionados, ni sobredimensionados, ni deben duplicarse, y debe cumplir con las normas técnicas sectoriales. En el último presupuesto, por ejemplo, fueron rechazados el 59% de los proyectos remitidos, porque no cumplían estas reglas.     

Entonces, cuando los congresistas van a abogar por ciertos proyectos, el ministro tiene que decirles que esos proyectos serán considerados si es que cumplen con los requisitos señalados.

Ahora bien, de todos modos, en el anteproyecto de presupuesto que se envía al Congreso queda un pequeño margen de libre asignación, de aproximadamente 800 millones de soles según nos informa Cesar Liendo, ex viceministro de Economía, respecto del cual los congresistas asignan proyectos. Pero ese monto es apenas alrededor del 2.5% del monto total de la inversión pública, que está alrededor de los 32,000 millones de soles, aunque pueda representar un 6 o 7% del monto municipal.

Según la viceministra de Hacienda, Rossana Polastri, ese monto no es tampoco una bolsa, no lo es por definición. “Lo que ponen los sectores en su presupuesto es una partida para financiar estudios de pre inversión. Cuando el legislativo propone incluir proyectos, estos entran contra esa partida. Sustituyen la asignación que habíamos puesto para pre inversión”. 

En realidad, entonces, esos mismos proyectos que los congresistas incluyen directamente en el presupuesto, tienen que pasar también los filtros señalados. Este año ha ocurrido, por ejemplo, que solo el 15% del monto asignado por los congresistas cumplía los requisitos. Se ha dado 15 días más para ver si se puede subsanar las deficiencias, pero de no hacerlo el monto en cuestión queda sin asignarse o termina siendo redistribuido por medio de algún crédito suplementario que reasigna esos recursos a proyectos que no estaban en el presupuesto y que están listos para ejecutarse.

Medidas

Entonces, una medida para asegurar cuando menos la idoneidad de los proyectos escogidos en el Presupuesto, debería ser reforzar los criterios de priorización y selección. Para ello, el MEF ha elaborado un proyecto de ley de priorización de proyectos de inversión pública, que ya envió al Congreso. Liendo nos explica que hoy existen procedimientos y requisitos técnicos para seleccionar un proyecto de inversión pública, pero son solo directivas de ministerios. La idea es darles rango de ley para que tengan un mayor blindaje legal.

Otra posible medida sería establecer estándares para las obras referidas a inversiones recurrentes, fijando diseños, metrados, costos unitarios y márgenes de supervisión, para las diversas zonas del país. Este esquema puede usarse con facilidad para la construcción de escuelas, postas médicas, hospitales, caminos, etc.

Lo otro es consolidar de una vez el Plan Nacional de Infraestructura, a fin de que haya menos espacio para la asignación arbitraria o política de proyectos. Lo que tenemos ahora es la llamada Programación Multianual de Inversiones, que tiene un alcance de tres años. En este momento hay una versión preliminar del Plan Nacional de Infraestructura que está siendo validado con los sectores.

Pero según la ministra Cooper, la mayor parte de la corrupción no está en la programación sino en la ejecución de la obra, desde la confección de las bases, que con frecuencia se orientan a beneficiar determinado postor. Una idea era que la OSCE pudiera designar funcionarios que elaboren esas bases, lo que demandaría un presupuesto apreciable. Por supuesto, el hecho de que los jefes de las oficinas de control interno de las municipalidades y gobiernos regionales vayan a ser pagados desde este año por la propia Contraloría, ayudará a mejorar el control.

Diversas formas de participación de la sociedad civil en alianza con la Contraloría deberían ayudar. Es algo que el nuevo gobierno podría impulsar. Lampadia

Fernando Cillóniz B. 
Gobernador Regional de Ica
Ica, 24 de noviembre de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

La luz de la esperanza se encendió el 6 de noviembre pasado. Aquel día juramentó Javier Cornejo Ventura como nuevo Alcalde Provincial de Ica… en reemplazo del tristemente célebre – y recientemente vacado – Carlos Ramos Loayza.

Está claro… no hay que hacer leña del árbol caído. Pero en el caso de Ica, la situación de la basura no daba para más. ¿Qué le pasó a Calín? ¿Qué bicho raro le picó al ex alcalde? ¿Qué lo llevó a enfrentarse de tal manera a Diestra SAC… la concesionaria encargada del recojo de la basura de la ciudad? La verdad… no se sabe. Y peor aún… no se entiende.

Está recontra demostrado. Las instituciones son… las personas que las dirigen. A ese respecto – hasta el mes de octubre pasado – la Municipalidad Provincial de Ica era… Calín Ramos. Una persona sencilla, introvertida, y… de apariencia inofensiva. Muy devoto del Señor de Luren. En realidad, fue él – y nadie más que él – quien gestionó y concretó el compromiso de Shougang Hierro Perú de reconstruir – bajo el mecanismo de Obras por Impuestos – el Santuario del Señor de Luren. El más caro anhelo de los iqueños. ¡Lo máximo!

Sin embargo, en lo concerniente a limpieza pública… nada que ver. La Municipalidad Provincial de Ica – mejor dicho, Calín Ramos – fue una nulidad en la materia. Desde el primer día de su gestión en enero del 2015 – de manera inexplicable – el susodicho Alcalde decidió suspender los pagos por el recojo de la basura a la empresa encargada.  

Y el resto es historia conocida. Intentos unilaterales de rescisión del contrato. Multas por doquier. Dimes y diretes por allá. “Denuncias” de intentos de soborno. Juicios. Arbitrajes. Total – como tenía que suceder – se suspendió el servicio de recojo de basura, e Ica se convirtió en un muladar. ¡Una asquerosidad sin nombre! Todo a costa de los iqueños. ¡Una pesadilla! ¡Una vergüenza!

Pero… parafraseando a un conocido refrán, se podría decir que “no hay basural que dure 3 años… ni cuerpo que lo resista”.  Efectivamente, tres largos años – una eternidad – hemos vivido los iqueños rodeados de basura, y la situación era irresistible. Gracias a Dios – con la llegada del Alcalde Javier Cornejo – la pesadilla está por terminar.  

No tiene ni un mes en funciones, y ya restableció el servicio de recojo de basura en la ciudad. Ha reactivado – como tenía que ser – el contrato con Diestra SAC y – en mérito a ello – las compactadoras de basura y camiones recolectores ya están haciendo su trabajo. ¡EXCELENTE!

Está visto… su principal virtud es la valentía. Además, se le nota sencillo, inteligente y sensible a las necesidades de los iqueños. El desafío que tiene por delante es colosal. La gestión pública es muy engorrosa y carente de recursos… económicos y humanos. Pero por lo visto en estos primeros días de gestión municipal… ¡por fin, tenemos Alcalde!

No obstante – como era de esperar – ya aparecieron los periodistas carroñeros cuestionando todo el accionar de nuestro flamante Alcalde Provincial. Y lo de carroñeros es real. Lo digo con conocimiento de causa… les atrae la basura. No pueden vivir sin ella.

Es evidente… al periodismo pesimista no le importa la limpieza de Ica. Y menos… los iqueños. Ellos sólo quieren el fracaso del Alcalde Cornejo… y – por supuesto – del Gobernador Regional, y otras autoridades públicas. Tampoco les importan los pacientes de nuestros hospitales. En realidad, no les importa nada que no sea insultar a toda autoridad que se les cruce por su camino.

Por ello, mi sugerencia es… ni caso. El periodismo carroñero de Ica NO tiene mayor acogida. Ciertamente tienen algunos seguidores que chillan igual que ellos, pero son poquísimos en comparación con la mayoría de iqueños que estamos muy esperanzados en la nueva gestión municipal.

Por ello… ¡adelante Señor Alcalde! Tiene usted el respaldo de todos los iqueños de buena fe. Lampadia

Las autoridades de nuestro país suelen medir con diferente vara a las empresas (e instituciones) estatales y privadas. Un ejemplo de ello ocurrió hace unos días, nada menos que con la Municipalidad de San Isidro luego de que se produjera una fuga de gas. El alcalde  Manuel Velarde anunció que denunciará penalmente a la empresa Cálidda por exposición al peligro de más de 3 mil vecinos al producirse una fuga de gas la noche del martes 14 de abril en la cuadra tres de la avenida Las Flores. La razón de esta determinación se debería a que la mencionada empresa habría demorado casi seis horas en controlar el siniestro, lo que obligó a que se evacuaran a un gran número de residentes del lugar, al corte de la energía eléctrica y un embotellamiento del tráfico en hora punta.

Velarde señaló que exigirá que la empresa Cálidda pague una reparación civil a los vecinos afectados y que para ello iniciará un proceso legal que obligue a la empresa a hacerse responsable por no haber reparado la fuga de manera inmediata. «Vamos a iniciar un proceso de empadronamiento para que los vecinos puedan recibir una compensación económica por los gastos innecesarios que ocasionó la fuga.El evento pudo haberse evitado en media hora pero la empresa puso en la balanza sus intereses versus los del distrito y eso no puede ser admitido», señaló a RPP.

La actitud de Velarde sería válida si es que efectivamente la responsabilidad de la fuga fuera de Cálidda y la actitud de la empresa reflejara las imputaciones del “valiente” alcalde, pero el incidente se debió a que un contratista de Sedapal que hacía trabajos en la zona rompió las tuberías de gas. No solo eso, los operarios huyeron dejando la maquinaria obstruyendo el lugar, lo que dificultó enormemente las tareas de refacción. A pesar, de ello, el alcalde no culpa a Sedapal (el contratante) por lo ocurrido, sino a la empresa de gas.

La autoridad edil solo declaró que se ha multado a la empresa contratista de Sedapal con una UIT (3,800 soles) porque, al romper la pista para realizar trabajos de reparación impactó en el ducto de gas natural produciendo la fuga.

Lo increíble es que las obras se efectuaron sin que se le pidiera a Cálidda los planos de sus tuberías y, obviamente, sin que se tomaran las precauciones del caso. Una negligencia gravísima que pudo haber producido un percance mayor o, como ha ocurrido en otros siniestros parecidos, dejar sin luz a varias cuadras al cortar la electricidad “involuntariamente”.

¿Por qué no se responsabiliza públicamente a Sedapal? Aunque, aparentemente, la Municipalidad estaría ahora analizando denunciar a esta empresa, en los medios de prensa solo se ha señalado a Cálidda, una compañía privada, como la responsable del incidente, supuestamente por demorarse en controlar la emisión de gas y no seguir los protocolos establecidos.

Lo cierto es que las demoras se debieron a que los operarios de Sedapal huyeron el lugar y no se podía retirar la maquinaria, como se señaló líneas arriba, y que dentro de los protocolos de este tipo de incidentes no se contempla cortar el servicio eléctrico ni evacuar a los vecinos. Estas medidas se tomaron por indicaciones expresas del alcalde cuando la unidad especializada de los bomberos y la empresa del gas ya estaban en la zona controlando el tema. Se debe recordar que el gas natural es un elemento seguro pues se disipa rápidamente en el aire al ser más liviano.

Aún así, sin tomar en cuenta todos estos considerandos, la Alcaldía prefirió responsabilizar a una empresa privada antes que a una estatal. ¿Por qué? Porque al Estado le cuesta, no puede o no le interesa fiscalizar al Estado. Difícilmente el Municipio (Estado) podrá sacarle un Sol a Sedapal (Empresa del Estado), pero si puede exprimir a una empresa privada. En este caso además, haciéndose el muy riguroso (¿para lucimiento personal?). El Estado prefiere siempre demonizar y culpar al privado.

En otras palabras, el Estado no controla al Estado. Por esa simple razón es que ninguna empresa debiera ser propiedad del Estado. De lo contrario, los ciudadanos, que son el fin último de cualquier empresa (como) consumidores, estarán desguarnecidos o engañados.

Esto acaba de suceder en el distrito más culto del país, no decimos rico, porque Echarate lo supera largamente en ingresos. En San Isidro se espera el mejor nivel posible de la acción del Estado, el mejor ejemplo, y también, el mejor entendimiento por parte de los ciudadanos y medios. Aprovechemos este incidente para volver a discutir sobre el rol del Estado y del sector privado en nuestra sociedad. Lampadia