No culpe a las políticas favorables al mercado por el descontento de América Latina

Chile sigue siendo un modelo para otros países de la región.

The Economist, 2 de noviembre de 2019
Traducido y comentado por
 Lampadia

Para los defensores de los mercados libres en América Latina, octubre fue un mes sombrío. En Chile, la economía favorita de los vendedores libres en la región, las protestas contra el aumento de las tarifas en el metro de Santiago se convirtieron en disturbios y luego se convirtieron en una marcha de 1.2 millones de personas contra la desigualdad y los servicios públicos inadecuados. Sebastián Piñera, el presidente de centroderecha, despidió a algunos funcionarios y prometió reformas. En Argentina, los votantes expulsaron al presidente proempresarial, Mauricio Macri, después de un mandato. En cambio, eligieron a Alberto Fernández, cuyo movimiento peronista prefiere un estado musculoso a mercados vigorosos.

Ambos países se están levantando contra gobiernos «neoliberales», afirmaron políticos y expertos. Nicolás Maduro, el dictador socialista de Venezuela, tuiteó elogios para el pueblo «heroico» de Argentina y para los «nobles» de Chile. En esto, habla por gran parte de la izquierda.

Su alegría está fuera de lugar, porque las suposiciones detrás de esto están equivocadas. A pesar de sus defectos, Chile es una historia de éxito. Su ingreso por persona es el segundo más alto en América Latina y cercano al de Portugal y Grecia. Desde el final de una dictadura brutal en 1990, la tasa de pobreza de Chile ha caído del 40% a menos del 10%. La inflación es constantemente baja y las finanzas públicas están bien administradas.

Argentina es un fracaso, pero no por las razones que imagina Maduro. Su economía está en recesión, la inflación supera el 50% y la tasa de pobreza supera el 35%. Esto no fue causado por el «neoliberalismo» de Macri. Heredando un desastre económico en 2015, cometió errores de táctica y sincronización, entre ellos la duda en reducir el déficit fiscal. Pero los problemas subyacentes provienen de décadas de mala gestión, en gran parte por parte de los gobiernos peronistas, que han llevado a incumplimientos reiterados, crisis monetarias y alta inflación. Casi el doble de rico que Chile en la década de 1970, Argentina ahora es más pobre. Se beneficiaría de ser más como su vecino liberal.

Este no es un argumento para la complacencia en Chile. El modelo chileno, elaborado en la década de 1970 por economistas formados en la Universidad de Chicago, exigía un estado pequeño y un papel importante para los ciudadanos en la provisión de su propia educación y bienestar. Ha evolucionado: hay, por ejemplo, más dinero para los alumnos pobres; pero los chilenos todavía se sienten desatendidos por el estado. Ahorran para sus propias pensiones, pero muchos no han contribuido lo suficiente como para permitir una jubilación tolerable. Los tiempos de espera en el servicio de salud pública son largos. Entonces la gente paga más por la atención. El acceso a la universidad se ha expandido, pero los estudiantes se gradúan con deudas altas, solo para descubrir que los mejores trabajos son para personas con conexiones familiares.

Chile carga poco a los ricos. Los oligopolios se han coludido para fijar los precios en las industrias, desde las drogas hasta las aves de corral. La desigualdad de ingresos es más baja que el promedio regional, pero es alta para los estándares de los países ricos. Más de una cuarta parte de los trabajadores están en trabajos informales. Incluso los chilenos de clase media viven en viviendas estrechas. Detrás de la rebelión de la subida de las tarifas yace una sensación generalizada de injusticia.

Con finanzas públicas saludables, Chile puede afrontar estos agravios. Piñera planea gastar más en pensiones. Busca acelerar el paso de un esquema para cubrir enfermedades catastróficas. Creará un nuevo tramo superior del impuesto sobre la renta del 40%, cinco puntos más que la tasa actual. La reforma debe ir más allá. Los destructores de confianza deben tomar medidas enérgicas contra los oligopolios. Los chilenos necesitan atención médica más barata y rápida y mejores escuelas. El sistema tributario depende del IVA para casi la mitad de los ingresos, y el IVA, aunque eficiente, es regresivo, por lo que el estado debería tomar menos o redistribuir más.

Fernández, ante una crisis económica en Argentina, tiene una tarea más difícil. Tendrá que renegociar la deuda (una vez más), mantener una política fiscal estricta y restablecer la confianza en el peso. No puede aliviar el dolor aumentando el gasto público. Ya es más del 40% del PBI, en comparación con el 25% en Chile. A la larga, Argentina necesitará un estado más pequeño y un sector privado más competitivo. Mientras que Piñera arregla el modelo chileno, Fernández haría bien en emularlo. Lampadia




De cómo EEUU defendió su sistema económico

El 9 de julio pasado, publicamos en LampadiaNuestra economía de mercado bajo ataque – A ponerse las pilas.

Hoy día, republicamos líneas abajo, solo el ‘Manifiesto de Powell’, sin nuestro análisis de su similitud con el Perú, para facilitar su lectura, que consideramos muy oportuna para los peruanos preocupados con el futuro de nuestro país.

El Manifiesto de Powel
(También conocido como el memorando Powell)

Publicado por primera vez el 23 de agosto de 1971
Presentado por: Reclaim Democracy
Traducido y glosado por Lampadia

En 1971, Lewis Powell, [cercano al partido demócrata], entonces abogado corporativo y miembro de las juntas directivas de 11 corporaciones, escribió un memorándum a su amigo Eugene Sydnor Jr., el Director de la Cámara de Comercio de EEUU. El memorando fue fechado el 23 de agosto de 1971, dos meses antes de la nominación de Powell por el presidente Nixon ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Aunque el memorando de Powell no fue la única influencia, la Cámara y los activistas corporativos tomaron en serio su consejo y comenzaron a construir una poderosa serie de instituciones diseñadas para cambiar las actitudes y creencias públicas a lo largo de los años y décadas.

El memo influyó o inspiró la creación del Heritage Foundation, Manhattan Institute, Cato Institute, Citizens for a Sound Economy, Accuracy in Academe y otras organizaciones poderosas. Su enfoque a largo plazo comenzó a dar frutos en la década de 1980, en coordinación con la filosofía del «negocio de manos libres» de la Administración Reagan.

Memorando confidencial: ataque al sistema americano de libre empresa

23 de agosto, 1971
Para: Eugene Sydnor, Jr., director de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.
De: Lewis Powell 23/8/1971

Este memorando es presentado a su petición como base de discusión. Su propósito es identificar el problema y sugerir caminos de actuación para consideración futura.

Dimensión del ataque

Ninguna persona con capacidad de reflexión de los Estados Unidos puede cuestionar que el sistema económico de los Estados Unidos se encuentra sometido a fuertes ataques que varían en alcance, en intensidad, en las técnicas empleadas y en el nivel de visibilidad.

Siempre ha habido personas que se han opuesto al sistema americano, prefiriendo el socialismo u otras formas de estatismo (comunismo o socialismo). De la misma forma, ha habido críticos del sistema cuyo criticismo ha sido sano y constructivo en la medida en que su objetivo era mejorar el sistema en lugar de subvertirlo o destruirlo.

Pero lo que ahora nos preocupa es una novedad en la historia de los Estados Unidos. No estamos tratando con ataques esporádicos o aislados de unos pocos extremistas o incluso de la minoría socialista. Por el contrario, el ataque al sistema de empresa se produce de forma amplia y consistente. Está adquiriendo fuerza y conversos.

Orígenes del ataque

Los orígenes son variados y difusos. Incluyen, por supuesto, a los comunistas, la Nueva Izquierda y otros revolucionarios que querrían destruir el sistema entero, tanto político como económico. Estos extremistas de la izquierda son mucho más numerosos, mejor financiados y son cada vez más bienvenidos y alentados por otros elementos de la sociedad como nunca antes en la historia. Pero siguen siendo una pequeña minoría, y no son ahora la causa principal de preocupación.

Las voces más inquietantes que forman parte del coro de críticas proceden de elementos muy respetables de la sociedad.

  • De los campus universitarios,
  • Los púlpitos,
  • Los medios,
  • Las revistas intelectuales y literarias,
  • Las artes y las ciencias,
  • Los políticos

En la mayoría de estos grupos el movimiento contra el sistema está formado sólo por minorías. Sin embargo, muy a menudo son las mejor articuladas, las más ruidosas y las más prolíficas en su hablar y escribir.

Además, muchos medios de comunicación (por varios motivos y en distintos grados) o bien otorgan publicidad por voluntad propia a estos “atacantes” o, como mínimo, permiten que éstos utilicen los medios para sus propósitos. Esto es especialmente cierto en la televisión, que juega ahora un papel preponderante en la conformación del pensamiento, las actitudes y las emociones de nuestra gente.

Una de las desconcertantes paradojas de nuestro tiempo es la amplitud con que nuestro sistema tolera, o incluso participa, en su propia destrucción.

Los campus universitarios de donde emana la mayor parte de la crítica son soportados por i) impuestos ampliamente generados por las empresas estadounidenses y ii) contribuciones de fondos de capital controlados o generados por empresas estadounidenses. Los claustros de las universidades están compuestos abrumadoramente por hombres y mujeres que son líderes en el sistema.

La mayor parte de los medios, incluyendo la red de televisión, pertenece y es teóricamente controlada por empresas que dependen de los beneficios y del sistema de empresa para su supervivencia.

Tono del ataque

Las citas que siguen son suficientes para proporcionar una idea general:

William Kunstler, calurosamente acogido en los campus y mencionado en una reciente encuesta entre estudiantes como “el abogado estadounidense más admirado” incita a su audiencia de la siguiente forma:

“Tienen que aprender a luchar en las calles, a rebelaros, a disparar con pistolas. Aprenderemos a hacer todo aquello que temen los detentadores de la propiedad”. Los nuevos izquierdistas que atendieron los consejos de Kunstler están comenzando a actuar no solo contra oficinas de reclutamiento militar o fabricantes de munición, sino contra una diversidad de empresas: “Desde febrero de 1970, sucursales del Bank of America han sido atacadas 39 veces, 22 veces con artefactos explosivos y 17 con bombas incendiarias”. Aunque los portavoces de la Nueva Izquierda están consiguiendo radicalizar a miles de jóvenes, la preocupación principal es la hostilidad de liberales y reformadores sociales respetables. Es la suma total de su visión e influencia lo que de verdad puede debilitar o destruir el sistema.

Steward Alsop escribe una descripción aterradora de lo que se está enseñando en muchas de nuestras universidades:

“Yale, como todas las universidades más importantes, está graduando a numerosos jóvenes que practican la ‘política de la desesperación’. Estos chicos desprecian profundamente nuestro sistema político y económico… [sus] mentes parecen ser totalmente cerradas. No viven mediante el debate racional sino a través de eslóganes sin sentido”. Una encuesta reciente entre estudiantes de doce universidades representativas señaló que “casi la mitad de los estudiantes estaban a favor de la socialización de las industrias básicas”.

Un catedrático inglés, visitante en el Rockford College, impartió una serie de conferencias tituladas “La guerra ideológica contra la sociedad occidental”, en la que documentó la amplitud con la que los miembros de la comunidad intelectual están prosiguiendo la guerra ideológica contra el sistema de empresa y los valores de la sociedad occidental.

En un prolegómeno de estas conferencias, el famoso doctor Milton Friedman de Chicago advirtió: “Está meridianamente claro que los fundamentos de nuestra sociedad están siendo sujetos a un amplio y poderoso ataque no por comunistas ni ninguna otra conspiración, sino por individuos descarriados repitiéndose las mismas cosas como loros sin ser conscientes de que están favoreciendo objetivos que nunca promoverían intencionadamente”.

Tal vez el principal antagonista del sistema estadounidense sea Ralf Neider, quien, gracias en gran parte a los medios de comunicación, se ha convertido en una leyenda de su propio tiempo y en un ídolo de millones de americanos. Un artículo reciente en la revista Fortune describe a Naider en los siguientes términos:

“La pasión que lo posee —y él es un hombre apasionado— se orienta a destruir el objetivo de su odio, que es el poder empresarial. Piensa, y dice sin rodeos, que muchos ejecutivos de empresa deberían ser encarcelados por defraudar a los consumidores con mercancías mezquinas, por envenenar los productos alimenticios con aditivos químicos y fabricar a sabiendas productos inseguros que mutilarán o matarán al comprador. Insiste en que no se refiere a ‘charlatanes de feria’, sino a los primeros ejecutivos de las grandes empresas”.

Los objetivos favoritos son actualmente propuestas sobre incentivos fiscales mediante cambios en las tasas de depreciación y los créditos a la inversión. Los medios se refieren a estas propuestas como ‘tax breaks’, lagunas o ‘beneficios fiscales’ para beneficio de las empresas. Como se pudo leer de un columnista del Washington Post, estas medidas fiscales beneficiarían “sólo a los ricos”, sin beneficiar a “los pobres”.

Es desalentador que muchos políticos presenten el mismo argumento de que las medidas impositivas de este tipo benefician solo a los «negocios», sin beneficio para «los pobres». El hecho de que esto sea una demagogia política o un analfabetismo económico es de poco consuelo. Esta configuración de los «ricos» contra los «pobres», de los negocios contra la gente, es el tipo de política más barata y más peligrosa.

La apatía y ausencia del empresariado

¿Cuál ha sido la respuesta de la empresa a este masivo asalto contra los fundamentos de su economía, contra su filosofía, contra su derecho a gestionar sus propios asuntos y, en definitiva, contra su integridad?

La dolorosa y triste verdad es que, en gran medida, las empresas, incluyendo a sus directorios y los ejecutivos principales, de grandes y pequeñas empresas, a todos los niveles han respondido a menudo —cuando lo han hecho— contemporizando, con ineptitud e ignorando el problema.

Hay que reconocer honestamente que los hombres de empresa no han sido capacitados o equipados para conducir guerras de guerrillas contra quienes realizan propaganda contra el sistema y buscan insidiosa y constantemente sabotearlo. El papel tradicional de los ejecutivos de negocios ha sido gestionar, producir, vender, crear puestos de trabajo, hacer utilidades, aumentar el nivel de vida, ser líderes en sus comunidades, servir en consejos caritativos y educativos y, en general, ser buenos ciudadanos. Por cierto, han realizado esta tarea muy bien.

Pero han tenido poca voluntad de enfrentarse con sus críticos, y pocas habilidades para el debate intelectual y filosófico eficaz.

En una columna reciente del Wall Street Journal puede leerse: “Nota a General Motors: ¿por qué no defenderse?”. Aunque se dirigía a GM por su nombre, el aviso era una advertencia a todas las empresas. El columnista St. John decía:

“General Motors, como todas las empresas estadounidenses en general, tiene verdaderos problemas, porque las obviedades intelectuales han sido sustituidas por una sólida exposición intelectual de su punto de vista”. St. John se refería a la tendencia de los líderes empresariales al compromiso y al aplacamiento de los críticos. Citaba las concesiones con las que Nader vence a los gestores y hablaba de la visión falaz que muchos hombres de empresa tienen de sus críticos. Dibujaba un paralelismo con la equivocada táctica de muchos administradores universitarios: “Los gestores universitarios aprenden demasiado tarde que este tipo de contemporización sólo sirve para destruir la libertad de expresión, la libertad académica y la libertad de cátedra. Los rectores concedieron una demanda radical que fue seguida por un nuevo cultivo que pronto escaló hasta una demanda de declaración de rendición”.

No es preciso estar completamente de acuerdo con el análisis de St. John. Pero muchos observadores de la escena política estadounidense coinciden en que la esencia de su mensaje es sólida. Estando la empresa americana con verdaderos problemas, la respuesta al amplio abanico de críticos no ha sido eficaz, y ha incluido negociaciones; ha llegado el momento —de hecho, hace ya tiempo— de reunir la sabiduría, la creatividad y los recursos de las empresas en contra de quienes quieren destruirla.

La responsabilidad de los ejecutivos de empresas

¿Qué es lo que hay que hacer exactamente? Lo primero, lo más esencial —y un prerrequisito para una acción efectiva— es que los hombres de negocios confronten esta cuestión como una responsabilidad primaria de la gestión corporativa.

La necesidad primordial de darse cuenta de que el problema último es la propia supervivencia; supervivencia de lo que denominamos sistema de libre empresa, con todo lo que significa para el progreso de los Estados Unidos y la libertad de nuestra gente.

Ha pasado ya el momento en que el presidente de una gran empresa descarga su responsabilidad manteniendo simplemente un crecimiento satisfactorio de los beneficios, con la observancia de las responsabilidades empresariales y sociales. Para que nuestro sistema sobreviva, la alta dirección debe preocuparse también de proteger la sobrevivencia del sistema mismo. Esto implica mucho más que un mayor énfasis en “relaciones públicas” o “asuntos gubernamentales”, dos áreas en las que las empresas han invertido hasta ahora sumas sustanciales.

Un primer paso significativo para cada empresa podría ser la designación de un vicepresidente ejecutivo cuya responsabilidad fuera la de contrarrestar los ataques al sistema empresarial. El departamento de relaciones públicas podría ser uno de los fundamentos asignados a este ejecutivo, pero su responsabilidad debería abarcar algunas de las actividades a las que nos referiremos en este memorando. Su presupuesto y personal debe ser el adecuado para la tarea.

Posible rol de la Cámara de Comercio [de los gremios empresariales]

Pero la actividad independiente y la coordinación realizada por cada empresa, por importante que sea, no será suficiente. La fuerza reside en la organización, en la planificación cuidadosa e implementación a largo plazo, en la consistencia de la acción a lo largo de un número indefinido de años, en la escala de los recursos disponibles sólo mediante el esfuerzo conjunto y en el poder político disponible sólo a través de la unidad de acción y de las organizaciones nacionales.

Además, existe una comprensible renuencia por parte de cualquier corporación de exponerse demasiado y de hacerse excesivamente visible.

El papel de la Cámara de Comercio es pues vital. Otras organizaciones nacionales (especialmente los distintos grupos industriales y comerciales) deben unirse en el esfuerzo, pero ninguna organización parece estar tan bien situada como la Cámara. Disfruta de una posición estratégica, con buena reputación y un amplio soporte de las bases. También —y esto es de un mérito inconmensurable— existen centenares de Cámaras de Comercio locales que pueden jugar un papel de soporte vital.

Es apenas necesario señalar que antes de embarcarse en este tipo de programas, la Cámara debe estudiar y analizar posibles caminos de acción y actividades, sopesando los riesgos frente a la posible eficacia y viabilidad de cada una.

Los Campus Universitarios

El asalto al sistema de empresa no se montó en poco tiempo. Ha evolucionado gradualmente a lo largo de las pasadas dos décadas, apenas perceptible en sus orígenes y beneficiándose de un gradualismo que provocaba poca conciencia de la acción y mucho menos alguna reacción real.

Aunque los orígenes, las fuentes y las causas son complejas y están interrelacionadas, y obviamente es difícil identificarlas, hay razones para creer que las universidades son la fuente más dinámica. Las facultades de ciencias sociales suelen incluir miembros que no simpatizan con el sistema empresarial. Desde Herbert Marcuse, un marxista de la Universidad de California en San Diego, y socialistas convencidos, al liberal crítico ambivalente que encuentra más elementos de condena que de acuerdo. No hace falta que estos universitarios supongan una mayoría. Suelen ser personalmente atractivos y carismáticos, influyen en los profesores y su controversia atrae a los estudiantes. Son prolíficos escritores y conferenciantes, autores de muchos de los libros de texto y ejercen una enorme influencia —mucho más allá de su proporción numérica— sobre sus colegas y el conjunto del mundo académico.

Las facultades de ciencias sociales (ciencias políticas, económicas, sociólogos y muchos historiadores) tienden a ser liberales [*] incluso sin la presencia de izquierdistas. No se trata de criticismo per se, pues la necesidad del pensamiento liberal es esencial para un punto de vista equilibrado. El problema es que el equilibrio es conspicuo por su ausencia en muchas universidades, con relativamente pocos miembros de convicción conservadora o incluso moderada e, incluso, esos pocos, a menudo menos articulados y agresivos que sus colegas en campaña.

[*] Liberales: en su concepción estadounidense se refiere a quienes creen en la intervención del Estado para la creación de oportunidades e igualdad, contrariamente a los llamados conservadores, que abogan por la libertad individual y el libre mercado.

Esta situación se remonta a muchos años atrás y, con el desequilibrio que empeora gradualmente, se ha producido un enorme impacto en millones de estudiantes. En un artículo en Barron’s Weekly, buscando una respuesta a la desafección de tantos jóvenes hasta el punto de convertirse en revolucionarios, se dijo: “Porque fueron educados así”. O bien, como escribió el columnista Steward Alsop en referencia a su alma Mater: “Yale, como todas las universidades más importantes, está licenciando a muchos jóvenes brillantes… que desprecian el sistema político y económico estadounidense”.

A medida que estos “jóvenes brillantes” de las universidades de todo el país buscan oportunidades para cambiar el sistema al que les han enseñado a desconfiar —si no a despreciar— encuentran empleo en los centros de poder e influencia real de nuestro país, a saber: i) los medios de comunicación, especialmente la televisión; ii) el gobierno, como consultores a varios niveles; iii) en la política; iv) como conferenciantes y escritores; y v) en las facultades, a distintos niveles.

Muchos entran en el sistema de empresa —en negocios o en profesiones— y en la mayor parte de los casos descubren enseguida las falacias que les han enseñado. Pero aquellos que esquivan el centro del sistema permanecen a menudo en posiciones claves de influencia desde donde moldean la opinión pública y conforman, frecuentemente, la acción gubernamental. En muchas ocasiones, estos intelectuales acaban en agencias legislativas o departamentos gubernamentales con gran autoridad sobre el sistema en el que no creen.

Si el análisis anterior fuera aproximadamente cierto, una tarea prioritaria para las empresas —y organizaciones como la Cámara— es confrontar el origen de la hostilidad universitaria. Pocas cosas están más santificadas en la vida de los Estados Unidos que la libertad académica. Sería fatal atacar esto como principio. Pero si la libertad académica supone retener las cualidades de “apertura”, “honestidad” y “equilibrio” —que son esenciales por su significación intelectual— existe una gran oportunidad para la acción constructiva. La motivación de esta acción debe ser el restablecimiento de las mencionadas cualidades de la comunidad académica.

¿Qué se puede hacer con los campus?

La responsabilidad última sobre la integridad intelectual en el campus descansa en la administración y el cuerpo docente de las universidades. Per, organizaciones como la Cámara de Comercio puede ayudar y activar un cambio constructivo de muchas maneras, incluyendo lo siguientes:

Plantilla de académicos

La Cámara debe considerar el establecimiento de un equipo de académicos altamente calificados en las ciencias sociales que sí crean en el sistema. Debería incluir varios académicos de reputación nacional cuya firma fuera muy respetada, incluso cuando se está en desacuerdo con ella.

Plantilla de oradores

También debe promover un equipo de oradores de la más alta competencia. Estos pueden incluir a los académicos, y sin duda los que hablan para la Cámara tendrían que articular el producto de los académicos.

Oficina del Orador

Además del personal dedicado a tiempo completo, la Cámara debería tener una Oficina del Orador, que debería incluir a los defensores más capaces y eficaces procedentes de los niveles más altos del mundo empresarial estadounidense.

Evaluación de libros de texto

La plantilla de académicos (o, preferiblemente, un panel de académicos independientes) debería evaluar los libros de texto de ciencias sociales, especialmente en economía, ciencia política y sociología. Éste debería ser un programa permanente.

El objetivo de esta evaluación debería estar orientado a restaurar el equilibrio esencial para la libertad académica genuina. Esto incluiría la garantía de un trato justo y empírico de nuestro sistema de gobierno y de nuestro sistema empresarial, sus logros, su relación fundamental con los derechos y las libertades individuales, así como comparaciones con los sistemas socialista, fascista y comunista. La mayoría de los libros de texto existentes tienen algún tipo de comparaciones, pero muchas son superficiales, sesgadas e injustas.

Hemos visto como el movimiento de derechos civiles insiste en volver a escribir muchos de los libros de texto en nuestras universidades y escuelas. Los sindicatos también insisten en que los libros de texto sean justos con los puntos de vista del movimiento obrero. Otros grupos de presión ciudadana ​​no han dudado en revisar, analizar y criticar los libros de texto y los materiales didácticos. En una sociedad democrática, esto puede ser un proceso constructivo y debe considerarse como una ayuda para una auténtica libertad académica y no como una intromisión en ella.

Si los autores, editores y usuarios de libros de texto saben que van a ser sometidos —con honestidad, imparcialidad y rigor— a revisión y crítica por parte de eminentes académicos que creen en el sistema estadounidense, se puede confiar en un retorno a un equilibrio más racional.

Igualdad de tiempo en el campus

La Cámara debe insistir en la igualdad de oportunidades en el circuito de conferencias universitarias. El FBI publica cada año una lista de los discursos pronunciados en las universidades por comunistas declarados. En el año 1970, el número superaba los 100. Hubo, por supuesto, varios cientos de intervenciones de progresistas e izquierdistas que impulsan los tipos de puntos de vista indicados anteriormente en este memorándum. No hubo representación del mundo empresarial estadounidenses, o incluso de personas u organizaciones que defendieran públicamente el sistema estadounidense de gobierno y de empresa.

Cada campus tiene sus propios grupos formales e informales que invitan a oradores. Cada facultad de derecho hace lo mismo. Muchas universidades patrocinan oficialmente programas de conferencias y charlas. Todos conocemos la insuficiencia de la representación empresarial en estos programas.

Alguien dirá que se extenderán pocas invitaciones para los oradores de la Cámara. Sin duda, esto será cierto a menos que la Cámara insista agresivamente en el derecho a ser escuchada; a menos que insista, a todos los efectos, en la “igualdad de tiempo”. Las autoridades universitarias y la gran mayoría de los comités y de los grupos estudiantiles no vería con agrado que se les colocara en la posición de rechazar públicamente un foro con puntos de vista diversos, de hecho, esta es la excusa clásica para permitir que los comunistas hablen.

Los dos ingredientes esenciales son: (i) tener oradores atractivos, elocuentes y bien informados, y (ii) ejercer el grado de presión —pública y privada— que sea necesario para asegurar las oportunidades de hablar. El objetivo debe ser siempre informar y educar, y no sólo hacer propaganda.

Equilibrio entre el profesorado

Tal vez el problema más importante es el desequilibrio en el profesorado de muchas universidades. Su corrección es, en efecto, un proyecto difícil y a largo plazo. Sin embargo, debe llevarse a cabo como parte de un programa global. Esto significaría insistir a los gestores y los consejos de administración de las universidades en la necesidad del equilibrio del profesorado.

Los métodos a emplear requieren una profunda reflexión, y hay que evitar las trampas evidentes. La presión indebida sería contraproducente. Pero los conceptos básicos de equilibrio, justicia y verdad son difíciles de resistir, si se presentan adecuadamente a los consejos de administración, por escrito y oralmente, así como a través de llamamientos a las asociaciones y grupos de ex alumnos.

Este es un camino largo y no es para pusilánimes. Pero si se persigue con integridad y convicción podría conducir a un fortalecimiento tanto de la libertad académica en el campus como de los valores que han hecho de Estados Unidos la más productiva de todas las sociedades.

Escuelas de graduados de negocios

Los gremios empresariales deberían disfrutar de un especial entendimiento con las cada vez más influyentes escuelas de negocios. Mucho de lo que se ha propuesto más arriba también vale para dichas escuelas. ¿No debería solicitarse también cursos específicos en dichas escuelas que se ocupen de la cuestión abordada en este memorándum? Esto es ahora formación esencial para los ejecutivos del futuro.

Educación secundaria

Aunque la primera prioridad debería ser a nivel universitario, las tendencias mencionadas anteriormente son cada vez más evidentes en las escuelas secundarias. Deberían tenerse en cuenta programas de acción, adaptados para las escuelas secundarias y similares a los mencionados. Su puesta en práctica podría convertirse en un importante programa para las cámaras de comercio locales, aunque el control y la dirección —especialmente, el control de calidad— debería conservarlos la Cámara nacional.

¿Qué puede hacerse con la ciudadanía?

Alcanzar el campus y las escuelas secundarias es vital para el largo plazo. Llegar a la ciudadanía en general, puede ser más importante en el corto plazo. El primer elemento esencial es establecer equipos de académicos, escritores y oradores eminentes, que piensen, analicen, escriban y hablen en público. También será esencial contar con personal que se haya familiarizado con los medios y con el modo más eficaz de comunicarse con la ciudadanía. Entre los medios más obvios hay los siguientes:

Televisión

Las cadenas de televisión nacionales deberían ser observadas minuciosamente de la misma manera que los libros de texto deberían mantenerse bajo vigilancia constante. Esto vale no sólo para a los llamados programas educativos, sino también para los “análisis de actualidad” diarios, que tan a menudo incluyen la clase más insidiosa de críticas al sistema empresarial. Tanto si esa crítica proviene de la hostilidad como si es resultado de la ignorancia económica, el resultado es la erosión gradual de la confianza en el “mundo de los negocios” y la libre empresa.

Para ser eficaz, este seguimiento requeriría una constante inspección de textos de muestras adecuadas de programas televisivos. Las quejas a los medios de comunicación deben hacerse inmediata y enérgicamente cuando los programas sean injustos o inexactos.

Se debe exigir igualdad de tiempo cuando sea oportuno. Debería hacerse el esfuerzo de conseguir que los programas tipo foro ofrezcan al menos tantas oportunidades de participación a los partidarios del sistema americano como a sus detractores.

Otros medios de comunicación

La radio y la prensa escrita también son importantes, y todos los medios disponibles deberían ser utilizados para desafiar y refutar los ataques injustos, así como para presentar la argumentación afirmativa a través de estos medios de comunicación.

Las revistas científicas

Es especialmente importante que el “profesorado erudito” de los gremios empresariales publique. Una de las claves del éxito de los profesores progresistas y de izquierda ha sido su pasión por la “publicación” y las “conferencias”. Entre los académicos de los gremios debe existir una pasión similar.

Se pueden diseñar incentivos para inducir más “publicaciones” entre los académicos independientes que sí creen en el sistema.

Debería haber un flujo bastante constante de artículos académicos presentados a un amplio espectro de revistas y publicaciones periódicas, que van desde las revistas populares hasta las más intelectuales, así como las diversas revistas profesionales.

Libros, libros de bolsillo y folletos

Los quioscos —en los aeropuertos, farmacias y otros lugares— están llenos de libros de bolsillo y panfletos que defienden de todo, desde la revolución hasta el amor libre y erótico. Uno casi no encuentra ningún panfleto atractivo y bien escrito que esté “de nuestro lado”. Será difícil competir con un Eldridge Cleaver o incluso un Charles Reich por la atención del lector, pero a menos que se haga el esfuerzo —en una escala lo suficientemente grande y con la imaginación apropiada para asegurar cierto éxito— esta oportunidad para educar a la ciudadanía estará irremediablemente perdida.

Anuncios pagados

El mundo de los negocios paga a los medios de comunicación cientos de millones de dólares en publicidad. La mayor parte de este gasto apoya a productos específicos, buena parte apoya la creación de imagen institucional, y una fracción de la misma apoya al sistema. Pero esto último ha sido más o menos tangencial, y rara vez ha formado parte de un gran y sostenido esfuerzo para informar y educar al pueblo estadounidense. Si las empresas estadounidenses dedicaran el 10% de su presupuesto anual de publicidad a este objetivo general, sería un gasto propio de estadistas.

El descuidado terreno político

En el análisis final, la recompensa es lo que hace el gobierno. El mundo empresarial ha sido el chivo expiatorio favorito de muchos políticos durante muchos años. Pero quizás la mejor medida de lo lejos que se ha llegado se encuentra en los puntos de vista anti-empresariales que están expresando en estos momentos varios de los principales candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos.

La doctrina marxista sigue afirmando que los países “capitalistas” están controlados por las grandes empresas. Esta doctrina, que es una parte consistente de la propaganda izquierdista en todo el mundo, cuenta con una amplia audiencia entre los estadounidenses.

Sin embargo, como todos los ejecutivos de negocios saben, hay pocos elementos de la sociedad estadounidense de hoy en día que tengan tan poca influencia en el gobierno norteamericano como el hombre de negocios estadounidense, las sociedades anónimas, o incluso los millones de accionistas de las sociedades anónimas. Si alguien lo duda, permítanle asumir el papel de ‘lobista’ del punto de vista empresarial ante los comités del Congreso. Lo mismo ocurre en las cámaras legislativas de la mayoría de los estados y ciudades importantes. No es exagerado afirmar que, en términos de influencia política con respecto al curso de la legislación y la acción del gobierno, el ejecutivo de negocios norteamericano es un auténtico “hombre olvidado”.

Ejemplos actuales de la impotencia de los negocios y del casi desprecio con el que se consideran las opiniones de hombres de negocios, son las estampidas de los políticos para apoyar casi toda legislación relacionada con el “consumismo” o el “medio ambiente”.

Los políticos reflejan lo que ellos creen que es la opinión de la mayoría de sus electores. Por lo tanto, es evidente que la mayoría de los políticos están calculando que la ciudadanía tiene poca simpatía por el empresario o su punto de vista.

Los programas educativos propuestos anteriormente estarían diseñados para educar al pensamiento público; no tanto sobre el empresario y su papel individual como sobre el sistema que administra, y que suministra los bienes, servicios y puestos de trabajo de los que nuestro país depende.

Pero no se debe posponer la acción política más directa, esperando que el cambio gradual de la opinión pública se efectúe a través de la educación y la información. El mundo empresarial debe aprender una lección aprendida hace mucho tiempo por los trabajadores y otros grupos de presión. La lección es que el poder político es necesario; que ese poder debe ser cultivado con perseverancia, y que, cuando sea necesario, se debe usar con agresividad y determinación –sin vergüenza y sin la renuencia que ha sido tan característica del mundo empresarial estadounidense.

Por desagradable que le pueda resultar a los gremios empresariales, deberían considerar asumir un papel en el terreno político más amplio y vigoroso.

Oportunidades desaprovechadas en los tribunales

Los negocios estadounidenses y el sistema de empresa se ​​han visto tan afectados por los tribunales como por el ejecutivo y el legislativo. En nuestro sistema constitucional, especialmente con un Tribunal Supremo de mentalidad activista, la judicatura puede ser el instrumento más importante para el cambio social, económico y político.

Habiendo reconocido esto, otras organizaciones y grupos han sido mucho más astutos que los negocios estadounidenses en la explotación de la acción judicial. Tal vez los explotadores más activos del sistema judicial han sido los grupos que, en orientación política, van desde “liberal” hasta la extrema izquierda.

La American Civil Liberties Union es un ejemplo. Inicia o interviene en decenas de casos cada año, y presenta numerosos amicus curiae ante el Tribunal Supremo de Justicia. Los sindicatos, grupos de derechos civiles y ahora los bufetes de abogados de interés público son sumamente activos en el ámbito judicial. Su éxito, a menudo a expensas de la empresa privada, no ha sido intrascendente.

Se trata de una vasta área de oportunidad si los gremios están dispuestos a asumir el papel de portavoz de las empresas estadounidenses y si, a su vez, las empresas están dispuestas a proporcionar los fondos.

Al igual que con respecto a los académicos y los oradores, los gremios necesitarían una planta de abogados sumamente competentes. En situaciones especiales debería estar autorizada para contratar a abogados de reconocido prestigio y reputación nacional que comparecieran como amicus curiae ante el Tribunal Supremo. En la selección de los casos en los que participar o en los pleitos a iniciar, se debería ejercer el mayor cuidado posible. Pero la oportunidad bien merece el esfuerzo necesario.

El descuidado poder de los accionistas

El ciudadano promedio piensa en “los negocios” como una entidad corporativa e impersonal, propiedad de los muy ricos y gestionada por ejecutivos excesivamente remunerados. Hay un fracaso casi absoluto para apreciar que “los negocios” en realidad abarca —en una forma u otra— a la mayoría de los estadounidenses. Aquellos que trabajan en empresas privadas constituyen un sector bastante obvio. Pero los 20 millones de accionistas —que en su mayoría son de escasos recursos— son los verdaderos dueños, los auténticos empresarios, los verdaderos capitalistas en nuestro sistema. Ellos suministran el capital que alimenta el sistema económico que ha producido el mayor nivel de vida en toda la historia. Sin embargo, los accionistas han sido tan ineficaces como los ejecutivos de empresas en la promoción de una verdadera comprensión de nuestro sistema o en el ejercicio de la influencia política.

La cuestión que merece un examen más completo es cómo se puede movilizar el peso y la influencia de los accionistas —20 millones de votantes— para apoyar (i) un programa educativo y (ii) un programa de acción política.

Las sociedades anónimas están ahora obligadas a elaborar numerosos informes para los accionistas. Muchas sociedades anónimas también tienen revistas caras de “noticias” destinadas a empleados y accionistas. Estas oportunidades de comunicación se pueden utilizar con mucha más eficacia como medios educativos.

La sociedad anónima como tal debe actuar con moderación en la realización de la acción política y debe, por supuesto, cumplir con las leyes pertinentes. ¿Pero acaso no es factible —a través de una filial de los gremios o de otra manera— establecer una organización nacional de los accionistas norteamericanos y darle suficiente fuerza como para ser influyente?

Una actitud más agresiva

Los intereses empresariales —especialmente los de las grandes empresas y sus gremios nacionales— han tratado de mantener un perfil bajo, especialmente con respecto a la acción política.

Como sugiere el artículo de The Wall Street Journal, ha sido bastante característico del hombre de negocios promedio el ser tolerante —por lo menos, en público— con los que atacan a su empresa y al sistema. Muy pocos empresarios u organizaciones empresariales responden con la misma moneda. Ha habido una disposición a la contemporización, a considerar que la oposición estaba dispuesta a hacer concesiones, o que, de forma igualmente probable, esta oposición se desvanecería en su debido tiempo.

El mundo de los negocios ha esquivado la política de la confrontación. Comprensiblemente, ha sido ahuyentado de esta política por la multiplicidad de “exigencias” innegociables formuladas constantemente por grupos de interés de todo tipo.

Si bien ni los intereses de empresas responsables, ni los de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, se involucrarían en las tácticas irresponsables de algunos grupos de presión, es esencial que los portavoces del sistema de libre empresa —a todos los niveles y a cada oportunidad— sean mucho más agresivos que en el pasado.

No debería haber ninguna vacilación en atacar a los Naders, los Marcuses y otros que persiguen abiertamente la destrucción del sistema. No debería haber el menor titubeo para presionar con fuerza en todos los ámbitos políticos para que se apoye al sistema empresarial. Tampoco debería haber renuencia en sancionar políticamente a quienes se le oponen.

En este sentido se pueden aprender lecciones de los sindicatos. Puede que, a los empresarios, el jefe de la AFL-CIO [la principal organización sindical estadounidense] no les resulte el ciudadano más modélico y más preocupado por el interés general del país. Sin embargo, durante muchos años, los jefes de las organizaciones sindicales nacionales han hecho el trabajo por el que se les paga de manera muy eficaz. Quizás no hayan sido muy queridos, pero han sido respetados —donde más cuenta— por los políticos, en los campus y en los medios de comunicación.

Es hora de que el sector empresarial estadounidense —que ha demostrado la mayor capacidad de toda la historia para producir y para influir en las decisiones del consumidor— aplique enérgicamente sus grandes talentos en la preservación del sistema mismo.

El costo

Si se realiza a largo plazo y con el personal adecuado, el tipo de programa descrito más arriba (que incluye una amplia combinación basada en la educación y la acción política) requeriría un apoyo financiero de las grandes empresas estadounidenses mucho más generoso que el que la Cámara haya recibido jamás. También requeriría la participación de una gestión de alto nivel en los asuntos de la Cámara.

La planilla de la Cámara tendría que aumentarse significativamente, estableciendo y manteniendo la más alta calidad. Los salarios tendrían que estar en niveles totalmente comparables a los que se pagan a ejecutivos de negocios clave y a los académicos más prestigiosos. Habría que reclutar a profesionales de gran talento en la publicidad y en el trabajo con los medios de comunicación, oradores, abogados y otros especialistas.

Es posible que la organización de la propia Cámara se beneficiaría de la reestructuración. Por ejemplo, tal como sugiere la experiencia sindical, el cargo de presidente de la Cámara podría ser un puesto de carrera profesional a tiempo completo. Para asegurar la máxima eficacia y continuidad, el director ejecutivo de la Cámara no se debería cambiar cada año. Las funciones que ahora desempeña en gran parte el presidente de la Cámara podrían ser transferidas a un presidente de la Junta directiva, elegido anualmente por los miembros. La Junta, por supuesto, seguiría ejerciendo el control político.

El control de calidad es esencial

Los ingredientes esenciales de todo el programa deben ser la responsabilidad y el “control de calidad”. Las publicaciones, los artículos, los discursos, los programas de los medios de comunicación, la publicidad, los informes presentados ante los tribunales, y las intervenciones ante los comités legislativos —todos deben cumplir con los estándares más exigentes de precisión y excelencia profesional—. Deben merecer el respeto por su nivel de erudición y responsabilidad pública, esté uno de acuerdo con los puntos de vista expresados o no.

Relación con la libertad

La amenaza para el sistema empresarial no es simplemente una cuestión de economía. También es una amenaza a la libertad individual. Esta es la gran verdad —ahora tan sumergida por la retórica de la Nueva Izquierda y de muchos liberales— que debe ser reafirmada si este programa quiere ser relevante.

Parece que hay poca conciencia de que las únicas alternativas a la libre empresa son diversos grados de regulación burocrática de la libertad individual —desde el socialismo moderado hasta el talón de hierro de la dictadura de izquierda o de derecha—. Nosotros, en Estados Unidos, en realidad ya nos hemos acercado mucho hacia algunos aspectos del socialismo de Estado, ya que las necesidades y complejidades de una vasta sociedad urbana exigen tipos de regulación y control, que eran bastante innecesarios en tiempos anteriores. En algunos ámbitos, dicha regulación y control ya ha perjudicado gravemente la libertad de las empresas y de la mano de obra, y, de hecho, de la ciudadanía en general. Pero la mayoría de las libertades esenciales se mantienen: la propiedad privada, el beneficio privado, los sindicatos, la negociación colectiva, la elección del consumidor y una economía de mercado en la que la competencia determina en gran medida el precio, la calidad y la variedad de los bienes y servicios prestados a los consumidores.

Además del ataque ideológico contra el propio sistema (examinado en el presente memorándum), sus esencias también se ven amenazadas por una tributación injusta, y —más recientemente— por una inflación que ha parecido incontrolable. Pero cualesquiera que sean las causas de la disminución de la libertad económica, la verdad es que la libertad como concepto es indivisible. Como demuestra la experiencia de los países socialistas y totali tarios, a la contracción y la negación de la libertad económica les siguen inevitablemente las restricciones gubernamentales sobre otros derechos preciados. Éste es el mensaje, por encima de todos los demás, que debe llevarse de vuelta a casa para el pueblo estadounidense.

Conclusión

Casi no es necesario decir que las opiniones expresadas anteriormente son provisionales y provocativas. El primer paso debe ser un estudio exhaustivo. Pero esto sería un ejercicio ocioso a menos que el Consejo de Administración de la Cámara acepte la premisa fundamental de este trabajo, es decir, que el mundo de los negocios y el sistema empresarial están en serios problemas, y que el tiempo apremia.

Notas a pie de página (de Powell)

  1. Llamado de varias maneras: el «sistema de libre empresa», «capitalismo» y el «sistema de ganancias». El sistema político estadounidense de democracia bajo el imperio de la ley también está siendo atacado, a menudo por los mismos individuos y organizaciones que buscan socavar el sistema empresarial.
  2. Richmond News Leader, 8 de junio de 1970. Columna de William F. Buckley, Jr.
  3. Artículo N.Y. Times Service, reimpreso del Richmond Times-Dispatch, 17 de mayo de 1971.
  4. Stewart Alsop, Yale y el peligro mortal, Newsweek, 18 de mayo de 1970.
  5. Editorial, Richmond Times-Dispatch, 7 de julio de 1971.
  6. Dr. Milton Friedman, Prof. of Economics, U. de Chicago, escribiendo&
Lampadia



Nuestra economía de mercado bajo ataque

Hace varios años que nuestra economía de mercado, nuestro modelo de desarrollo, viene siendo atacado desde varios frentes. Sin unidad de mando, ni coordinación entre las fuerzas contrarias a la inversión privada, todas convergen en la misma dirección, sin que los llamados a defender el modelo registren el problema y tomen acción.

Nuestra defensa del modelo no significa que nuestro desarrollo sea suficiente y que hayamos superado nuestras graves deficiencias institucionales, ni nuestras brechas sociales en educación y salud. No por ello, debemos caer en la relativización de nuestros avances, como lo han hechos varios ‘tontos útiles’, que al final solo coadyuvan a facilitar el camino de los enemigos declarados de nuestros muy importantes avances, como son, principalmente, todos los suscriptores del pos-extractivismo, y los grupos políticos radicales como, el Frente Amplio y Nuevo Perú.

El problema es que los ataques a nuestro modelo vienen, además, de varios frentes, que no tenemos en la mira, pero que han ido socavando la imagen de la economía de mercado, de la globalización, de las empresas y de la inversión privada.

Para ilustrar esta debilidad, vamos a recurrir al ‘Manifiesto de Powell’ del año 1971 en EEUU, en la que Lewis Powell explica con maestría, como entonces, “el sistema económico estadounidense, se encontraba sometido a fuertes ataques que variaban en alcance, en intensidad, en las técnicas empleadas y en el nivel de visibilidad”.

El Manifiesto de Powell “influyó o inspiró la creación del Heritage Foundation, Manhattan Institute, Cato Institute, Citizens for a Sound Economy, Accuracy in Academe y otras organizaciones poderosas”, que ayudaron a mejorar los balances ideológicos y los paradigmas de desarrollo en la sociedad estadounidense. Una tarea pendiente en el Perú.

Líneas abajo compartimos en su integridad el ‘Manifiesto de Powell’. Pero antes queremos destacar que las llamadas de atención de Powell de 1971, parecen hechas para el Perú del 2018. Veamos algunos elementos del manifiesto:

i. Orígenes de los ataques

  • Algo muy inquietante es que las críticas proceden también de ‘elementos muy respetables de la sociedad, como:
    • Los campus universitarios.
      La fuente más dinámica de generación de ideas anti sistema de mercado. Por ejemplo, en el Perú, el activismo de los (mediáticos) profesores de economía de la PUCP, y la multiplicación de consultorías de la PUCP en el Ministerio de Educación, para instalar su ideología en los programas escolares, entre otras.
  • Los púlpitos.
    Más allá de los representantes de la Iglesia Católica y de otros credos, comprometidos en el activismo político, como el ex cura Arana, ahora congresista, y el párroco piurano Daniel Turley Murphy que luchó contra el proyecto minero de Manhattan en Tambogrande, entre otros; muchos representantes de las iglesias creen que cuidando un corazón se salvaguarda el bienestar de toda la humanidad, o que la muy importante caridad, se puede universalizar como estrategia de desarrollo humano. Por ejemplo, el propio Papa Francisco critica la economía de mercado como el vehículo de las malas ambiciones de los seres humanos, y no reconoce que en las últimas décadas se duplicó la población mundial, se redujo sustancialmente la pobreza y mejoró la esperanza de vida, un indicador clarísimo de avance social.
  • Los medios. Ya hemos explicado anteriormente, cómo en muchos medios se produce una prédica anti inversión privada. Esto es especialmente notorio en los radios de provincias, pero también, cada vez más, en algunos importantes medios nacionales, que sesgan muchos de sus programas.
  • Los políticos. La acción política anti economía de mercado es el pan de cada día en la difusión y formación de normas y propuestas.
  • El movimiento contra el sistema está formado sólo por minorías. Pero son las mejor articuladas, las más ruidosas y las más prolíficas en su hablar y escribir.
  • Muchos medios de comunicación o bien otorgan publicidad por voluntad propia a estos “atacantes” o, como mínimo, permiten que éstos utilicen los medios para sus propósitos. Esto es especialmente cierto en la televisión, que juega ahora un papel preponderante en la conformación del pensamiento, las actitudes y las emociones de nuestra gente.
  • “Una de las desconcertantes paradojas de nuestro tiempo es la amplitud con que nuestro sistema tolera, o incluso participa, en su propia destrucción”. Cambiar de actitud, hacia un activismo pro economía de mercado, no implica pretender suprimir las opiniones ni de los críticos, ni de los proponentes de ideas contrarias al libre mercado, sino más bien, estar en el debate y no perder por walkover.

ii. Énfasis en la apatía y ausencia del empresariado

  • “La dolorosa y triste verdad es que, en gran medida, las empresas han respondido a menudo contemporizando con ineptitud e ignorando el problema”.
  • Los hombres de empresa no han sido capacitados o equipados para conducir guerras de guerrillas contra quienes realizan propaganda contra el sistema y buscan insidiosa y constantemente sabotearlo.
  • Pero han tenido poca voluntad de enfrentarse con sus críticos, y pocas habilidades para el debate intelectual y filosófico eficaz.

​iii. Responsabilidad de los ejecutivos de empresa

  • Es de necesidad primordial que los hombres de empresa se den cuenta de que el problema último es la propia supervivencia; supervivencia de lo que denominamos sistema de libre empresa.
  • Para que el sistema sobreviva, la alta dirección debe preocuparse también de proteger la sobrevivencia del sistema mismo.

iv. El rol de los gremios empresariales

  • La actividad independiente de cada empresa no es suficiente.
  • La fuerza reside en la organización, en la planificación, en la consistencia de acción a lo largo plazo, en la escala de los recursos disponibles, y en el poder político disponible a través de la unidad de acción y de las organizaciones nacionales.
  • El papel de los gremios es vital.

¿Qué debemos hacer en el Perú?

Defender el sistema. Esto implica, tomar una serie de acciones, entre las que podemos mencionar las siguientes:

  • Formar ‘think tanks’ que desarrollen investigaciones y propuestas de políticas públicas para fortalecer la economía de mercado y la democracia.
  • Promover la presencia de investigadores y profesores universitarios que crean en el sistema y puedan hacer publicaciones de textos académicos y presentaciones públicas.
  • Promover la presencia de voceros de la economía de mercado en los medios, especialmente en la televisión y las radios.
  • Monitorear los contenidos anti mercado de los medios y promover debates.
  • Hacer campañas informativas en los medios de comunicación para sensibilizar a los ciudadanos sobre temas de desarrollo, crecimiento, inversiones, mejora del bienestar y reducción de la pobreza.
  • El sistema de economía de mercado no puede preservarse defensivamente, se requiere promover una presencia activa y transparente, en los debates sobre temas nacionales, en la opinión pública.
  • Los gremios empresariales deben tener equipos de profesionales altamente competentes para producir elementos de juicio que defiendan el sistema de mercado, que tengan presencia mediática y buenas capacidades de comunicación.

Debería estar muy claro que, en todas las sociedades, las clases dirigentes deben mantener un compromiso de acción cívica y presencia en el debate nacional, pues la ideas hay que exponerlas y debatirlas con buenas armas, para empoderar a los ciudadanos de modo que tengan las mejores oportunidades de tomar decisiones sobre el destino de sus naciones.

En los últimos tiempos hemos visto como los descuidos de las élites, han permitido puntos de inflexión dañinos a sus sociedades. Por ejemplo, en el Reino Unido con el Brexit, en EEUU con la elección de Trump, en Chile con el retorno de Michelle Bachelet, en el Perú con la elección de Ollanta Humala, y en los últimos días con la elección de Manuel López Obrador en México. Todos estos desarrollos políticos debilitan el libre mercado y contrariamente a su verbo, más allá del corto plazo, terminan afectando negativamente a sus poblaciones más pobres.

¡A ponerse las pilas, a debatir y a invertir para defender nuestro sistema de vida! Lampadia

El Manifiesto de Powel
(También conocido como el memorando Powell)

Publicado por primera vez el 23 de agosto de 1971
Presentado por: Reclaim Democracy
Traducido y glosado por Lampadia

En 1971, Lewis Powell, [cercano al partido demócrata], entonces abogado corporativo y miembro de las juntas directivas de 11 corporaciones, escribió un memorándum a su amigo Eugene Sydnor Jr., el Director de la Cámara de Comercio de EEUU. El memorando fue fechado el 23 de agosto de 1971, dos meses antes de la nominación de Powell por el presidente Nixon ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Aunque el memorando de Powell no fue la única influencia, la Cámara y los activistas corporativos tomaron en serio su consejo y comenzaron a construir una poderosa serie de instituciones diseñadas para cambiar las actitudes y creencias públicas a lo largo de los años y décadas.

El memo influyó o inspiró la creación del Heritage Foundation, Manhattan Institute, Cato Institute, Citizens for a Sound Economy, Accuracy in Academe y otras organizaciones poderosas. Su enfoque a largo plazo comenzó a dar frutos en la década de 1980, en coordinación con la filosofía del «negocio de manos libres» de la Administración Reagan.

Memorando confidencial: ataque al sistema americano de libre empresa

23 de agosto, 1971
Para: Eugene Sydnor, Jr., director de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.
De: Lewis Powell 23/8/1971

Este memorando es presentado a su petición como base de discusión. Su propósito es identificar el problema y sugerir caminos de actuación para consideración futura.

Dimensión del ataque

Ninguna persona con capacidad de reflexión de los Estados Unidos puede cuestionar que el sistema económico de los Estados Unidos se encuentra sometido a fuertes ataques que varían en alcance, en intensidad, en las técnicas empleadas y en el nivel de visibilidad.

Siempre ha habido personas que se han opuesto al sistema americano, prefiriendo el socialismo u otras formas de estatismo (comunismo o socialismo). De la misma forma, ha habido críticos del sistema cuyo criticismo ha sido sano y constructivo en la medida en que su objetivo era mejorar el sistema en lugar de subvertirlo o destruirlo.

Pero lo que ahora nos preocupa es una novedad en la historia de los Estados Unidos. No estamos tratando con ataques esporádicos o aislados de unos pocos extremistas o incluso de la minoría socialista. Por el contrario, el ataque al sistema de empresa se produce de forma amplia y consistente. Está adquiriendo fuerza y conversos.

Orígenes del ataque

Los orígenes son variados y difusos. Incluyen, por supuesto, a los comunistas, la Nueva Izquierda y otros revolucionarios que querrían destruir el sistema entero, tanto político como económico. Estos extremistas de la izquierda son mucho más numerosos, mejor financiados y son cada vez más bienvenidos y alentados por otros elementos de la sociedad como nunca antes en la historia. Pero siguen siendo una pequeña minoría, y no son ahora la causa principal de preocupación.

Las voces más inquietantes que forman parte del coro de críticas proceden de elementos muy respetables de la sociedad.

  • De los campus universitarios,
  • Los púlpitos,
  • Los medios,
  • Las revistas intelectuales y literarias,
  • Las artes y las ciencias,
  • Los políticos

En la mayoría de estos grupos el movimiento contra el sistema está formado sólo por minorías. Sin embargo, muy a menudo son las mejor articuladas, las más ruidosas y las más prolíficas en su hablar y escribir.

Además, muchos medios de comunicación (por varios motivos y en distintos grados) o bien otorgan publicidad por voluntad propia a estos “atacantes” o, como mínimo, permiten que éstos utilicen los medios para sus propósitos. Esto es especialmente cierto en la televisión, que juega ahora un papel preponderante en la conformación del pensamiento, las actitudes y las emociones de nuestra gente.

Una de las desconcertantes paradojas de nuestro tiempo es la amplitud con que nuestro sistema tolera, o incluso participa, en su propia destrucción.

Los campus universitarios de donde emana la mayor parte de la crítica son soportados por i) impuestos ampliamente generados por las empresas estadounidenses y ii) contribuciones de fondos de capital controlados o generados por empresas estadounidenses. Los claustros de las universidades están compuestos abrumadoramente por hombres y mujeres que son líderes en el sistema.

La mayor parte de los medios, incluyendo la red de televisión, pertenece y es teóricamente controlada por empresas que dependen de los beneficios y del sistema de empresa para su supervivencia.

Tono del ataque

Las citas que siguen son suficientes para proporcionar una idea general:

William Kunstler, calurosamente acogido en los campus y mencionado en una reciente encuesta entre estudiantes como “el abogado estadounidense más admirado” incita a su audiencia de la siguiente forma:

“Tienen que aprender a luchar en las calles, a rebelaros, a disparar con pistolas. Aprenderemos a hacer todo aquello que temen los detentadores de la propiedad”. Los nuevos izquierdistas que atendieron los consejos de Kunstler están comenzando a actuar no solo contra oficinas de reclutamiento militar o fabricantes de munición, sino contra una diversidad de empresas: “Desde febrero de 1970, sucursales del Bank of America han sido atacadas 39 veces, 22 veces con artefactos explosivos y 17 con bombas incendiarias”. Aunque los portavoces de la Nueva Izquierda están consiguiendo radicalizar a miles de jóvenes, la preocupación principal es la hostilidad de liberales y reformadores sociales respetables. Es la suma total de su visión e influencia lo que de verdad puede debilitar o destruir el sistema.

Steward Alsop escribe una descripción aterradora de lo que se está enseñando en muchas de nuestras universidades:

“Yale, como todas las universidades más importantes, está graduando a numerosos jóvenes que practican la ‘política de la desesperación’. Estos chicos desprecian profundamente nuestro sistema político y económico… [sus] mentes parecen ser totalmente cerradas. No viven mediante el debate racional sino a través de eslóganes sin sentido”. Una encuesta reciente entre estudiantes de doce universidades representativas señaló que “casi la mitad de los estudiantes estaban a favor de la socialización de las industrias básicas”.

Un catedrático inglés, visitante en el Rockford College, impartió una serie de conferencias tituladas “La guerra ideológica contra la sociedad occidental”, en la que documentó la amplitud con la que los miembros de la comunidad intelectual están prosiguiendo la guerra ideológica contra el sistema de empresa y los valores de la sociedad occidental.

En un prolegómeno de estas conferencias, el famoso doctor Milton Friedman de Chicago advirtió: “Está meridianamente claro que los fundamentos de nuestra sociedad están siendo sujetos a un amplio y poderoso ataque no por comunistas ni ninguna otra conspiración, sino por individuos descarriados repitiéndose las mismas cosas como loros sin ser conscientes de que están favoreciendo objetivos que nunca promoverían intencionadamente”.

Tal vez el principal antagonista del sistema estadounidense sea Ralf Neider, quien, gracias en gran parte a los medios de comunicación, se ha convertido en una leyenda de su propio tiempo y en un ídolo de millones de americanos. Un artículo reciente en la revista Fortune describe a Naider en los siguientes términos:

“La pasión que lo posee —y él es un hombre apasionado— se orienta a destruir el objetivo de su odio, que es el poder empresarial. Piensa, y dice sin rodeos, que muchos ejecutivos de empresa deberían ser encarcelados por defraudar a los consumidores con mercancías mezquinas, por envenenar los productos alimenticios con aditivos químicos y fabricar a sabiendas productos inseguros que mutilarán o matarán al comprador. Insiste en que no se refiere a ‘charlatanes de feria’, sino a los primeros ejecutivos de las grandes empresas”.

Los objetivos favoritos son actualmente propuestas sobre incentivos fiscales mediante cambios en las tasas de depreciación y los créditos a la inversión. Los medios se refieren a estas propuestas como ‘tax breaks’, lagunas o ‘beneficios fiscales’ para beneficio de las empresas. Como se pudo leer de un columnista del Washington Post, estas medidas fiscales beneficiarían “sólo a los ricos”, sin beneficiar a “los pobres”.

Es desalentador que muchos políticos presenten el mismo argumento de que las medidas impositivas de este tipo benefician solo a los «negocios», sin beneficio para «los pobres». El hecho de que esto sea una demagogia política o un analfabetismo económico es de poco consuelo. Esta configuración de los «ricos» contra los «pobres», de los negocios contra la gente, es el tipo de política más barata y más peligrosa.

La apatía y ausencia del empresariado

¿Cuál ha sido la respuesta de la empresa a este masivo asalto contra los fundamentos de su economía, contra su filosofía, contra su derecho a gestionar sus propios asuntos y, en definitiva, contra su integridad?

La dolorosa y triste verdad es que, en gran medida, las empresas, incluyendo a sus directorios y los ejecutivos principales, de grandes y pequeñas empresas, a todos los niveles han respondido a menudo —cuando lo han hecho— contemporizando, con ineptitud e ignorando el problema.

Hay que reconocer honestamente que los hombres de empresa no han sido capacitados o equipados para conducir guerras de guerrillas contra quienes realizan propaganda contra el sistema y buscan insidiosa y constantemente sabotearlo. El papel tradicional de los ejecutivos de negocios ha sido gestionar, producir, vender, crear puestos de trabajo, hacer utilidades, aumentar el nivel de vida, ser líderes en sus comunidades, servir en consejos caritativos y educativos y, en general, ser buenos ciudadanos. Por cierto, han realizado esta tarea muy bien.

Pero han tenido poca voluntad de enfrentarse con sus críticos, y pocas habilidades para el debate intelectual y filosófico eficaz.

En una columna reciente del Wall Street Journal puede leerse: “Nota a General Motors: ¿por qué no defenderse?”. Aunque se dirigía a GM por su nombre, el aviso era una advertencia a todas las empresas. El columnista St. John decía:

“General Motors, como todas las empresas estadounidenses en general, tiene verdaderos problemas, porque las obviedades intelectuales han sido sustituidas por una sólida exposición intelectual de su punto de vista”. St. John se refería a la tendencia de los líderes empresariales al compromiso y al aplacamiento de los críticos. Citaba las concesiones con las que Nader vence a los gestores y hablaba de la visión falaz que muchos hombres de empresa tienen de sus críticos. Dibujaba un paralelismo con la equivocada táctica de muchos administradores universitarios: “Los gestores universitarios aprenden demasiado tarde que este tipo de contemporización sólo sirve para destruir la libertad de expresión, la libertad académica y la libertad de cátedra. Los rectores concedieron una demanda radical que fue seguida por un nuevo cultivo que pronto escaló hasta una demanda de declaración de rendición”.

No es preciso estar completamente de acuerdo con el análisis de St. John. Pero muchos observadores de la escena política estadounidense coinciden en que la esencia de su mensaje es sólida. Estando la empresa americana con verdaderos problemas, la respuesta al amplio abanico de críticos no ha sido eficaz, y ha incluido negociaciones; ha llegado el momento —de hecho, hace ya tiempo— de reunir la sabiduría, la creatividad y los recursos de las empresas en contra de quienes quieren destruirla.

La responsabilidad de los ejecutivos de empresas

¿Qué es lo que hay que hacer exactamente? Lo primero, lo más esencial —y un prerrequisito para una acción efectiva— es que los hombres de negocios confronten esta cuestión como una responsabilidad primaria de la gestión corporativa.

La necesidad primordial de darse cuenta de que el problema último es la propia supervivencia; supervivencia de lo que denominamos sistema de libre empresa, con todo lo que significa para el progreso de los Estados Unidos y la libertad de nuestra gente.

Ha pasado ya el momento en que el presidente de una gran empresa descarga su responsabilidad manteniendo simplemente un crecimiento satisfactorio de los beneficios, con la observancia de las responsabilidades empresariales y sociales. Para que nuestro sistema sobreviva, la alta dirección debe preocuparse también de proteger la sobrevivencia del sistema mismo. Esto implica mucho más que un mayor énfasis en “relaciones públicas” o “asuntos gubernamentales”, dos áreas en las que las empresas han invertido hasta ahora sumas sustanciales.

Un primer paso significativo para cada empresa podría ser la designación de un vicepresidente ejecutivo cuya responsabilidad fuera la de contrarrestar los ataques al sistema empresarial. El departamento de relaciones públicas podría ser uno de los fundamentos asignados a este ejecutivo, pero su responsabilidad debería abarcar algunas de las actividades a las que nos referiremos en este memorando. Su presupuesto y personal debe ser el adecuado para la tarea.

Posible rol de la Cámara de Comercio [de los gremios empresariales]

Pero la actividad independiente y la coordinación realizada por cada empresa, por importante que sea, no será suficiente. La fuerza reside en la organización, en la planificación cuidadosa e implementación a largo plazo, en la consistencia de la acción a lo largo de un número indefinido de años, en la escala de los recursos disponibles sólo mediante el esfuerzo conjunto y en el poder político disponible sólo a través de la unidad de acción y de las organizaciones nacionales.

Además, existe una comprensible renuencia por parte de cualquier corporación de exponerse demasiado y de hacerse excesivamente visible.

El papel de la Cámara de Comercio es pues vital. Otras organizaciones nacionales (especialmente los distintos grupos industriales y comerciales) deben unirse en el esfuerzo, pero ninguna organización parece estar tan bien situada como la Cámara. Disfruta de una posición estratégica, con buena reputación y un amplio soporte de las bases. También —y esto es de un mérito inconmensurable— existen centenares de Cámaras de Comercio locales que pueden jugar un papel de soporte vital.

Es apenas necesario señalar que antes de embarcarse en este tipo de programas, la Cámara debe estudiar y analizar posibles caminos de acción y actividades, sopesando los riesgos frente a la posible eficacia y viabilidad de cada una.

Los Campus Universitarios

El asalto al sistema de empresa no se montó en poco tiempo. Ha evolucionado gradualmente a lo largo de las pasadas dos décadas, apenas perceptible en sus orígenes y beneficiándose de un gradualismo que provocaba poca conciencia de la acción y mucho menos alguna reacción real.

Aunque los orígenes, las fuentes y las causas son complejas y están interrelacionadas, y obviamente es difícil identificarlas, hay razones para creer que las universidades son la fuente más dinámica. Las facultades de ciencias sociales suelen incluir miembros que no simpatizan con el sistema empresarial. Desde Herbert Marcuse, un marxista de la Universidad de California en San Diego, y socialistas convencidos, al liberal crítico ambivalente que encuentra más elementos de condena que de acuerdo. No hace falta que estos universitarios supongan una mayoría. Suelen ser personalmente atractivos y carismáticos, influyen en los profesores y su controversia atrae a los estudiantes. Son prolíficos escritores y conferenciantes, autores de muchos de los libros de texto y ejercen una enorme influencia —mucho más allá de su proporción numérica— sobre sus colegas y el conjunto del mundo académico.

Las facultades de ciencias sociales (ciencias políticas, económicas, sociólogos y muchos historiadores) tienden a ser liberales [*] incluso sin la presencia de izquierdistas. No se trata de criticismo per se, pues la necesidad del pensamiento liberal es esencial para un punto de vista equilibrado. El problema es que el equilibrio es conspicuo por su ausencia en muchas universidades, con relativamente pocos miembros de convicción conservadora o incluso moderada e, incluso, esos pocos, a menudo menos articulados y agresivos que sus colegas en campaña.

[*] Liberales: en su concepción estadounidense se refiere a quienes creen en la intervención del Estado para la creación de oportunidades e igualdad, contrariamente a los llamados conservadores, que abogan por la libertad individual y el libre mercado.

Esta situación se remonta a muchos años atrás y, con el desequilibrio que empeora gradualmente, se ha producido un enorme impacto en millones de estudiantes. En un artículo en Barron’s Weekly, buscando una respuesta a la desafección de tantos jóvenes hasta el punto de convertirse en revolucionarios, se dijo: “Porque fueron educados así”. O bien, como escribió el columnista Steward Alsop en referencia a su alma Mater: “Yale, como todas las universidades más importantes, está licenciando a muchos jóvenes brillantes… que desprecian el sistema político y económico estadounidense”.

A medida que estos “jóvenes brillantes” de las universidades de todo el país buscan oportunidades para cambiar el sistema al que les han enseñado a desconfiar —si no a despreciar— encuentran empleo en los centros de poder e influencia real de nuestro país, a saber: i) los medios de comunicación, especialmente la televisión; ii) el gobierno, como consultores a varios niveles; iii) en la política; iv) como conferenciantes y escritores; y v) en las facultades, a distintos niveles.

Muchos entran en el sistema de empresa —en negocios o en profesiones— y en la mayor parte de los casos descubren enseguida las falacias que les han enseñado. Pero aquellos que esquivan el centro del sistema permanecen a menudo en posiciones claves de influencia desde donde moldean la opinión pública y conforman, frecuentemente, la acción gubernamental. En muchas ocasiones, estos intelectuales acaban en agencias legislativas o departamentos gubernamentales con gran autoridad sobre el sistema en el que no creen.

Si el análisis anterior fuera aproximadamente cierto, una tarea prioritaria para las empresas —y organizaciones como la Cámara— es confrontar el origen de la hostilidad universitaria. Pocas cosas están más santificadas en la vida de los Estados Unidos que la libertad académica. Sería fatal atacar esto como principio. Pero si la libertad académica supone retener las cualidades de “apertura”, “honestidad” y “equilibrio” —que son esenciales por su significación intelectual— existe una gran oportunidad para la acción constructiva. La motivación de esta acción debe ser el restablecimiento de las mencionadas cualidades de la comunidad académica.

¿Qué se puede hacer con los campus?

La responsabilidad última sobre la integridad intelectual en el campus descansa en la administración y el cuerpo docente de las universidades. Per, organizaciones como la Cámara de Comercio puede ayudar y activar un cambio constructivo de muchas maneras, incluyendo lo siguientes:

Plantilla de académicos

La Cámara debe considerar el establecimiento de un equipo de académicos altamente calificados en las ciencias sociales que sí crean en el sistema. Debería incluir varios académicos de reputación nacional cuya firma fuera muy respetada, incluso cuando se está en desacuerdo con ella.

Plantilla de oradores

También debe promover un equipo de oradores de la más alta competencia. Estos pueden incluir a los académicos, y sin duda los que hablan para la Cámara tendrían que articular el producto de los académicos.

Oficina del Orador

Además del personal dedicado a tiempo completo, la Cámara debería tener una Oficina del Orador, que debería incluir a los defensores más capaces y eficaces procedentes de los niveles más altos del mundo empresarial estadounidense.

Evaluación de libros de texto

La plantilla de académicos (o, preferiblemente, un panel de académicos independientes) debería evaluar los libros de texto de ciencias sociales, especialmente en economía, ciencia política y sociología. Éste debería ser un programa permanente.

El objetivo de esta evaluación debería estar orientado a restaurar el equilibrio esencial para la libertad académica genuina. Esto incluiría la garantía de un trato justo y empírico de nuestro sistema de gobierno y de nuestro sistema empresarial, sus logros, su relación fundamental con los derechos y las libertades individuales, así como comparaciones con los sistemas socialista, fascista y comunista. La mayoría de los libros de texto existentes tienen algún tipo de comparaciones, pero muchas son superficiales, sesgadas e injustas.

Hemos visto como el movimiento de derechos civiles insiste en volver a escribir muchos de los libros de texto en nuestras universidades y escuelas. Los sindicatos también insisten en que los libros de texto sean justos con los puntos de vista del movimiento obrero. Otros grupos de presión ciudadana ​​no han dudado en revisar, analizar y criticar los libros de texto y los materiales didácticos. En una sociedad democrática, esto puede ser un proceso constructivo y debe considerarse como una ayuda para una auténtica libertad académica y no como una intromisión en ella.

Si los autores, editores y usuarios de libros de texto saben que van a ser sometidos —con honestidad, imparcialidad y rigor— a revisión y crítica por parte de eminentes académicos que creen en el sistema estadounidense, se puede confiar en un retorno a un equilibrio más racional.

Igualdad de tiempo en el campus

La Cámara debe insistir en la igualdad de oportunidades en el circuito de conferencias universitarias. El FBI publica cada año una lista de los discursos pronunciados en las universidades por comunistas declarados. En el año 1970, el número superaba los 100. Hubo, por supuesto, varios cientos de intervenciones de progresistas e izquierdistas que impulsan los tipos de puntos de vista indicados anteriormente en este memorándum. No hubo representación del mundo empresarial estadounidenses, o incluso de personas u organizaciones que defendieran públicamente el sistema estadounidense de gobierno y de empresa.

Cada campus tiene sus propios grupos formales e informales que invitan a oradores. Cada facultad de derecho hace lo mismo. Muchas universidades patrocinan oficialmente programas de conferencias y charlas. Todos conocemos la insuficiencia de la representación empresarial en estos programas.

Alguien dirá que se extenderán pocas invitaciones para los oradores de la Cámara. Sin duda, esto será cierto a menos que la Cámara insista agresivamente en el derecho a ser escuchada; a menos que insista, a todos los efectos, en la “igualdad de tiempo”. Las autoridades universitarias y la gran mayoría de los comités y de los grupos estudiantiles no vería con agrado que se les colocara en la posición de rechazar públicamente un foro con puntos de vista diversos, de hecho, esta es la excusa clásica para permitir que los comunistas hablen.

Los dos ingredientes esenciales son: (i) tener oradores atractivos, elocuentes y bien informados, y (ii) ejercer el grado de presión —pública y privada— que sea necesario para asegurar las oportunidades de hablar. El objetivo debe ser siempre informar y educar, y no sólo hacer propaganda.

Equilibrio entre el profesorado

Tal vez el problema más importante es el desequilibrio en el profesorado de muchas universidades. Su corrección es, en efecto, un proyecto difícil y a largo plazo. Sin embargo, debe llevarse a cabo como parte de un programa global. Esto significaría insistir a los gestores y los consejos de administración de las universidades en la necesidad del equilibrio del profesorado.

Los métodos a emplear requieren una profunda reflexión, y hay que evitar las trampas evidentes. La presión indebida sería contraproducente. Pero los conceptos básicos de equilibrio, justicia y verdad son difíciles de resistir, si se presentan adecuadamente a los consejos de administración, por escrito y oralmente, así como a través de llamamientos a las asociaciones y grupos de ex alumnos.

Este es un camino largo y no es para pusilánimes. Pero si se persigue con integridad y convicción podría conducir a un fortalecimiento tanto de la libertad académica en el campus como de los valores que han hecho de Estados Unidos la más productiva de todas las sociedades.

Escuelas de graduados de negocios

Los gremios empresariales deberían disfrutar de un especial entendimiento con las cada vez más influyentes escuelas de negocios. Mucho de lo que se ha propuesto más arriba también vale para dichas escuelas. ¿No debería solicitarse también cursos específicos en dichas escuelas que se ocupen de la cuestión abordada en este memorándum? Esto es ahora formación esencial para los ejecutivos del futuro.

Educación secundaria

Aunque la primera prioridad debería ser a nivel universitario, las tendencias mencionadas anteriormente son cada vez más evidentes en las escuelas secundarias. Deberían tenerse en cuenta programas de acción, adaptados para las escuelas secundarias y similares a los mencionados. Su puesta en práctica podría convertirse en un importante programa para las cámaras de comercio locales, aunque el control y la dirección —especialmente, el control de calidad— debería conservarlos la Cámara nacional.

¿Qué puede hacerse con la ciudadanía?

Alcanzar el campus y las escuelas secundarias es vital para el largo plazo. Llegar a la ciudadanía en general, puede ser más importante en el corto plazo. El primer elemento esencial es establecer equipos de académicos, escritores y oradores eminentes, que piensen, analicen, escriban y hablen en público. También será esencial contar con personal que se haya familiarizado con los medios y con el modo más eficaz de comunicarse con la ciudadanía. Entre los medios más obvios hay los siguientes:

Televisión

Las cadenas de televisión nacionales deberían ser observadas minuciosamente de la misma manera que los libros de texto deberían mantenerse bajo vigilancia constante. Esto vale no sólo para a los llamados programas educativos, sino también para los “análisis de actualidad” diarios, que tan a menudo incluyen la clase más insidiosa de críticas al sistema empresarial. Tanto si esa crítica proviene de la hostilidad como si es resultado de la ignorancia económica, el resultado es la erosión gradual de la confianza en el “mundo de los negocios” y la libre empresa.

Para ser eficaz, este seguimiento requeriría una constante inspección de textos de muestras adecuadas de programas televisivos. Las quejas a los medios de comunicación deben hacerse inmediata y enérgicamente cuando los programas sean injustos o inexactos.

Se debe exigir igualdad de tiempo cuando sea oportuno. Debería hacerse el esfuerzo de conseguir que los programas tipo foro ofrezcan al menos tantas oportunidades de participación a los partidarios del sistema americano como a sus detractores.

Otros medios de comunicación

La radio y la prensa escrita también son importantes, y todos los medios disponibles deberían ser utilizados para desafiar y refutar los ataques injustos, así como para presentar la argumentación afirmativa a través de estos medios de comunicación.

Las revistas científicas

Es especialmente importante que el “profesorado erudito” de los gremios empresariales publique. Una de las claves del éxito de los profesores progresistas y de izquierda ha sido su pasión por la “publicación” y las “conferencias”. Entre los académicos de los gremios debe existir una pasión similar.

Se pueden diseñar incentivos para inducir más “publicaciones” entre los académicos independientes que sí creen en el sistema.

Debería haber un flujo bastante constante de artículos académicos presentados a un amplio espectro de revistas y publicaciones periódicas, que van desde las revistas populares hasta las más intelectuales, así como las diversas revistas profesionales.

Libros, libros de bolsillo y folletos

Los quioscos —en los aeropuertos, farmacias y otros lugares— están llenos de libros de bolsillo y panfletos que defienden de todo, desde la revolución hasta el amor libre y erótico. Uno casi no encuentra ningún panfleto atractivo y bien escrito que esté “de nuestro lado”. Será difícil competir con un Eldridge Cleaver o incluso un Charles Reich por la atención del lector, pero a menos que se haga el esfuerzo —en una escala lo suficientemente grande y con la imaginación apropiada para asegurar cierto éxito— esta oportunidad para educar a la ciudadanía estará irremediablemente perdida.

Anuncios pagados

El mundo de los negocios paga a los medios de comunicación cientos de millones de dólares en publicidad. La mayor parte de este gasto apoya a productos específicos, buena parte apoya la creación de imagen institucional, y una fracción de la misma apoya al sistema. Pero esto último ha sido más o menos tangencial, y rara vez ha formado parte de un gran y sostenido esfuerzo para informar y educar al pueblo estadounidense. Si las empresas estadounidenses dedicaran el 10% de su presupuesto anual de publicidad a este objetivo general, sería un gasto propio de estadistas.

El descuidado terreno político

En el análisis final, la recompensa es lo que hace el gobierno. El mundo empresarial ha sido el chivo expiatorio favorito de muchos políticos durante muchos años. Pero quizás la mejor medida de lo lejos que se ha llegado se encuentra en los puntos de vista anti-empresariales que están expresando en estos momentos varios de los principales candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos.

La doctrina marxista sigue afirmando que los países “capitalistas” están controlados por las grandes empresas. Esta doctrina, que es una parte consistente de la propaganda izquierdista en todo el mundo, cuenta con una amplia audiencia entre los estadounidenses.

Sin embargo, como todos los ejecutivos de negocios saben, hay pocos elementos de la sociedad estadounidense de hoy en día que tengan tan poca influencia en el gobierno norteamericano como el hombre de negocios estadounidense, las sociedades anónimas, o incluso los millones de accionistas de las sociedades anónimas. Si alguien lo duda, permítanle asumir el papel de ‘lobista’ del punto de vista empresarial ante los comités del Congreso. Lo mismo ocurre en las cámaras legislativas de la mayoría de los estados y ciudades importantes. No es exagerado afirmar que, en términos de influencia política con respecto al curso de la legislación y la acción del gobierno, el ejecutivo de negocios norteamericano es un auténtico “hombre olvidado”.

Ejemplos actuales de la impotencia de los negocios y del casi desprecio con el que se consideran las opiniones de hombres de negocios, son las estampidas de los políticos para apoyar casi toda legislación relacionada con el “consumismo” o el “medio ambiente”.

Los políticos reflejan lo que ellos creen que es la opinión de la mayoría de sus electores. Por lo tanto, es evidente que la mayoría de los políticos están calculando que la ciudadanía tiene poca simpatía por el empresario o su punto de vista.

Los programas educativos propuestos anteriormente estarían diseñados para educar al pensamiento público; no tanto sobre el empresario y su papel individual como sobre el sistema que administra, y que suministra los bienes, servicios y puestos de trabajo de los que nuestro país depende.

Pero no se debe posponer la acción política más directa, esperando que el cambio gradual de la opinión pública se efectúe a través de la educación y la información. El mundo empresarial debe aprender una lección aprendida hace mucho tiempo por los trabajadores y otros grupos de presión. La lección es que el poder político es necesario; que ese poder debe ser cultivado con perseverancia, y que, cuando sea necesario, se debe usar con agresividad y determinación –sin vergüenza y sin la renuencia que ha sido tan característica del mundo empresarial estadounidense.

Por desagradable que le pueda resultar a los gremios empresariales, deberían considerar asumir un papel en el terreno político más amplio y vigoroso.

Oportunidades desaprovechadas en los tribunales

Los negocios estadounidenses y el sistema de empresa se ​​han visto tan afectados por los tribunales como por el ejecutivo y el legislativo. En nuestro sistema constitucional, especialmente con un Tribunal Supremo de mentalidad activista, la judicatura puede ser el instrumento más importante para el cambio social, económico y político.

Habiendo reconocido esto, otras organizaciones y grupos han sido mucho más astutos que los negocios estadounidenses en la explotación de la acción judicial. Tal vez los explotadores más activos del sistema judicial han sido los grupos que, en orientación política, van desde “liberal” hasta la extrema izquierda.

La American Civil Liberties Union es un ejemplo. Inicia o interviene en decenas de casos cada año, y presenta numerosos amicus curiae ante el Tribunal Supremo de Justicia. Los sindicatos, grupos de derechos civiles y ahora los bufetes de abogados de interés público son sumamente activos en el ámbito judicial. Su éxito, a menudo a expensas de la empresa privada, no ha sido intrascendente.

Se trata de una vasta área de oportunidad si los gremios están dispuestos a asumir el papel de portavoz de las empresas estadounidenses y si, a su vez, las empresas están dispuestas a proporcionar los fondos.

Al igual que con respecto a los académicos y los oradores, los gremios necesitarían una planta de abogados sumamente competentes. En situaciones especiales debería estar autorizada para contratar a abogados de reconocido prestigio y reputación nacional que comparecieran como amicus curiae ante el Tribunal Supremo. En la selección de los casos en los que participar o en los pleitos a iniciar, se debería ejercer el mayor cuidado posible. Pero la oportunidad bien merece el esfuerzo necesario.

El descuidado poder de los accionistas

El ciudadano promedio piensa en “los negocios” como una entidad corporativa e impersonal, propiedad de los muy ricos y gestionada por ejecutivos excesivamente remunerados. Hay un fracaso casi absoluto para apreciar que “los negocios” en realidad abarca —en una forma u otra— a la mayoría de los estadounidenses. Aquellos que trabajan en empresas privadas constituyen un sector bastante obvio. Pero los 20 millones de accionistas —que en su mayoría son de escasos recursos— son los verdaderos dueños, los auténticos empresarios, los verdaderos capitalistas en nuestro sistema. Ellos suministran el capital que alimenta el sistema económico que ha producido el mayor nivel de vida en toda la historia. Sin embargo, los accionistas han sido tan ineficaces como los ejecutivos de empresas en la promoción de una verdadera comprensión de nuestro sistema o en el ejercicio de la influencia política.

La cuestión que merece un examen más completo es cómo se puede movilizar el peso y la influencia de los accionistas —20 millones de votantes— para apoyar (i) un programa educativo y (ii) un programa de acción política.

Las sociedades anónimas están ahora obligadas a elaborar numerosos informes para los accionistas. Muchas sociedades anónimas también tienen revistas caras de “noticias” destinadas a empleados y accionistas. Estas oportunidades de comunicación se pueden utilizar con mucha más eficacia como medios educativos.

La sociedad anónima como tal debe actuar con moderación en la realización de la acción política y debe, por supuesto, cumplir con las leyes pertinentes. ¿Pero acaso no es factible —a través de una filial de los gremios o de otra manera— establecer una organización nacional de los accionistas norteamericanos y darle suficiente fuerza como para ser influyente?

Una actitud más agresiva

Los intereses empresariales —especialmente los de las grandes empresas y sus gremios nacionales— han tratado de mantener un perfil bajo, especialmente con respecto a la acción política.

Como sugiere el artículo de The Wall Street Journal, ha sido bastante característico del hombre de negocios promedio el ser tolerante —por lo menos, en público— con los que atacan a su empresa y al sistema. Muy pocos empresarios u organizaciones empresariales responden con la misma moneda. Ha habido una disposición a la contemporización, a considerar que la oposición estaba dispuesta a hacer concesiones, o que, de forma igualmente probable, esta oposición se desvanecería en su debido tiempo.

El mundo de los negocios ha esquivado la política de la confrontación. Comprensiblemente, ha sido ahuyentado de esta política por la multiplicidad de “exigencias” innegociables formuladas constantemente por grupos de interés de todo tipo.

Si bien ni los intereses de empresas responsables, ni los de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, se involucrarían en las tácticas irresponsables de algunos grupos de presión, es esencial que los portavoces del sistema de libre empresa —a todos los niveles y a cada oportunidad— sean mucho más agresivos que en el pasado.

No debería haber ninguna vacilación en atacar a los Naders, los Marcuses y otros que persiguen abiertamente la destrucción del sistema. No debería haber el menor titubeo para presionar con fuerza en todos los ámbitos políticos para que se apoye al sistema empresarial. Tampoco debería haber renuencia en sancionar políticamente a quienes se le oponen.

En este sentido se pueden aprender lecciones de los sindicatos. Puede que, a los empresarios, el jefe de la AFL-CIO [la principal organización sindical estadounidense] no les resulte el ciudadano más modélico y más preocupado por el interés general del país. Sin embargo, durante muchos años, los jefes de las organizaciones sindicales nacionales han hecho el trabajo por el que se les paga de manera muy eficaz. Quizás no hayan sido muy queridos, pero han sido respetados —donde más cuenta— por los políticos, en los campus y en los medios de comunicación.

Es hora de que el sector empresarial estadounidense —que ha demostrado la mayor capacidad de toda la historia para producir y para influir en las decisiones del consumidor— aplique enérgicamente sus grandes talentos en la preservación del sistema mismo.

El costo

Si se realiza a largo plazo y con el personal adecuado, el tipo de programa descrito más arriba (que incluye una amplia combinación basada en la educación y la acción política) requeriría un apoyo financiero de las grandes empresas estadounidenses mucho más generoso que el que la Cámara haya recibido jamás. También requeriría la participación de una gestión de alto nivel en los asuntos de la Cámara.

La planilla de la Cámara tendría que aumentarse significativamente, estableciendo y manteniendo la más alta calidad. Los salarios tendrían que estar en niveles totalmente comparables a los que se pagan a ejecutivos de negocios clave y a los académicos más prestigiosos. Habría que reclutar a profesionales de gran talento en la publicidad y en el trabajo con los medios de comunicación, oradores, abogados y otros especialistas.

Es posible que la organización de la propia Cámara se beneficiaría de la reestructuración. Por ejemplo, tal como sugiere la experiencia sindical, el cargo de presidente de la Cámara podría ser un puesto de carrera profesional a tiempo completo. Para asegurar la máxima eficacia y continuidad, el director ejecutivo de la Cámara no se debería cambiar cada año. Las funciones que ahora desempeña en gran parte el presidente de la Cámara podrían ser transferidas a un presidente de la Junta directiva, elegido anualmente por los miembros. La Junta, por supuesto, seguiría ejerciendo el control político.

El control de calidad es esencial

Los ingredientes esenciales de todo el programa deben ser la responsabilidad y el “control de calidad”. Las publicaciones, los artículos, los discursos, los programas de los medios de comunicación, la publicidad, los informes presentados ante los tribunales, y las intervenciones ante los comités legislativos —todos deben cumplir con los estándares más exigentes de precisión y excelencia profesional—. Deben merecer el respeto por su nivel de erudición y responsabilidad pública, esté uno de acuerdo con los puntos de vista expresados o no.

Relación con la libertad

La amenaza para el sistema empresarial no es simplemente una cuestión de economía. También es una amenaza a la libertad individual. Esta es la gran verdad —ahora tan sumergida por la retórica de la Nueva Izquierda y de muchos liberales— que debe ser reafirmada si este programa quiere ser relevante.

Parece que hay poca conciencia de que las únicas alternativas a la libre empresa son diversos grados de regulación burocrática de la libertad individual —desde el socialismo moderado hasta el talón de hierro de la dictadura de izquierda o de derecha—. Nosotros, en Estados Unidos, en realidad ya nos hemos acercado mucho hacia algunos aspectos del socialismo de Estado, ya que las necesidades y complejidades de una vasta sociedad urbana exigen tipos de regulación y control, que eran bastante innecesarios en tiempos anteriores. En algunos ámbitos, dicha regulación y control ya ha perjudicado gravemente la libertad de las empresas y de la mano de obra, y, de hecho, de la ciudadanía en general. Pero la mayoría de las libertades esenciales se mantienen: la propiedad privada, el beneficio privado, los sindicatos, la negociación colectiva, la elección del consumidor y una economía de mercado en la que la competencia determina en gran medida el precio, la calidad y la variedad de los bienes y servicios prestados a los consumidores.

Además del ataque ideológico contra el propio sistema (examinado en el presente memorándum), sus esencias también se ven amenazadas por una tributación injusta, y —más recientemente— por una inflación que ha parecido incontrolable. Pero cualesquiera que sean las causas de la disminución de la libertad económica, la verdad es que la libertad como concepto es indivisible. Como demuestra la experiencia de los países socialistas y totali tarios, a la contracción y la negación de la libertad económica les siguen inevitablemente las restricciones gubernamentales sobre otros derechos preciados. Éste es el mensaje, por encima de todos los demás, que debe llevarse de vuelta a casa para el pueblo estadounidense.

Conclusión

Casi no es necesario decir que las opiniones expresadas anteriormente son provisionales y provocativas. El primer paso debe ser un estudio exhaustivo. Pero esto sería un ejercicio ocioso a menos que el Consejo de Administración de la Cámara acepte la premisa fundamental de este trabajo, es decir, que el mundo de los negocios y el sistema empresarial están en serios problemas, y que el tiempo apremia.

Notas a pie de página (de Powell)

  1. Llamado de varias maneras: el «sistema de libre empresa», «capitalismo» y el «sistema de ganancias». El sistema político estadounidense de democracia bajo el imperio de la ley también está siendo atacado, a menudo por los mismos individuos y organizaciones que buscan socavar el sistema empresarial.
  2. Richmond News Leader, 8 de junio de 1970. Columna de William F. Buckley, Jr.
  3. Artículo N.Y. Times Service, reimpreso del Richmond Times-Dispatch, 17 de mayo de 1971.
  4. Stewart Alsop, Yale y el peligro mortal, Newsweek, 18 de mayo de 1970.
  5. Editorial, Richmond Times-Dispatch, 7 de julio de 1971.
  6. Dr. Milton Friedman, Prof. of Economics, U. de Chicago, escribiendo&



¿Las propuestas de la SNI suponen el cambio del modelo vigente?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El sector industrial en el Perú no pasa por un buen momento. Ha sufrido tres años de recesión continua con una caída acumulada del orden del 7%, y en los últimos 5 años ha perdido 150 mil empleos y las exportaciones no tradicionales no agrarias han disminuido en 20%, al punto que empieza a haber dudas acerca de la viabilidad de ramas emblemáticas como la exportación de textiles y confecciones.

La discusión implícita en las propuestas que formula la Sociedad Nacional de Industrias y que de alguna manera ha empezado a considerar el gobierno en el reciente Foro de Reactivación Industrial, es si el modelo de desarrollo industrial de las últimas dos décadas, que ha sido exitoso, ha llegado a su límite y necesita un cambio pasando, por ejemplo, a políticas activas de promoción e incentivo, o más bien se trata de completar el modelo en todo aquello que no se hizo o retomarlo en lo que se retrocedió.

Ese modelo ha sido el de la apertura comercial plena orientada al arancel cero, sin incentivos ni ventajas de ninguna clase. El principio subyacente es que la libre competencia en el mercado internacional y nacional permitirá desarrollar nuestras ventajas comparativas y competitivas. Y así venía ocurriendo. La industria nacional hoy es mucho más sana, fuerte y vinculada a nuestros recursos naturales que la industria ensambladora protegida que teníamos cuando aplicamos el modelo de sustitución de importaciones. Y mucho más exportadora. Su peso en el PBI, lejos de disminuir, incluso se había incrementado en una ligera medida hacia el 2007, en comparación a los 80[1] -pese a no estar protegida-, aunque recientemente se redujo un par de puntos. 

Hasta hace solo cuatro años, la industria venía creciendo a tasas muy altas sin protección alguna y podía penetrar mercados externos compitiendo con éxito. Pero esa certidumbre ha empezado a flaquear luego de los resultados de los últimos tres o cuatro años, arriba mencionados.  

La señal más preocupante es la que se advierte en la caída abrupta de las exportaciones no tradicionales no agrarias. Como vemos en el cuadro, las exportaciones de textiles y confecciones han caído casi 40% en los últimos cinco años. Y ocurre algo parecido aunque menos acentuado con las demás ramas. Estos datos llevarían a poner en cuestión la viabilidad misma del modelo actual de crecimiento industrial porque en un mercado libre, abierto y pequeño como el peruano, el crecimiento industrial está íntimamente vinculado al crecimiento del mercado externo, sólo puede darse exportando cada vez más. Y eso es lo que venía ocurriendo desde los 90, hasta el 2012.

Pero la caída en las exportaciones no tradicionales a partir del 2013 no se explica por el hecho de que el modelo ya no puede responder a las nuevas condiciones del mercado mundial, sino, más bien, por lo mismo que ha pasado en el conjunto de la economía: que en los últimos años la actividad productiva se ha repoblado de regulaciones que le restan competitividad, de modo que lo que lo que ha llegado a su límite no es el modelo sino, por el contrario, el restablecimiento de lo que hemos llamado un intervencionismo de baja intensidad, e incluso las supervivencias del modelo anterior a los 90, tales como la extremada rigidez de la legislación laboral que encarece y desalienta la contratación y desvinculación de trabajadores. En una economía abierta y competitiva, una amarra como esa vuelve inviable la producción cuando la competencia en el mercado mundial se agudiza. Pero no es solo eso, como veremos. Y allí viene la discusión.

El menor crecimiento del sector manufacturero también se explica por el debilitamiento de los encadenamientos inter-sectoriales, generado por la drástica disminución del ritmo de inversión del sector minero desde el 2011 y por la caída de la inversión pública. No deja de llamar la atención que, a diferencia de lo que enfatizaba un anterior presidente de la SNI, Pedro Olaechea, hoy el gremio no reclame el regreso de la inversión minera. Además, otro factor de pérdida de competitividad que no puede dejarse de lado es la apreciación del Sol versus el dólar.

En cuanto al tema regulatorio, Rafael Vera Tudela, gerente de normas y regulaciones de la Sociedad Nacional de Industrias, señala que lo que resta competitividad a la industria peruana es básicamente el alto costo de las regulaciones en general, y de las tributarias y laborales en particular. Según el World Economic Forum (WEF), el Perú ocupa el puesto 134 de 138 países en cuanto a carga regulatoria, que se ha incrementado profusamente en los últimos 5 o 7 años precisamente. Ese es el intervencionismo de baja intensidad del que hablábamos, que recién empezaría a ser desbrozado con los recientes decretos legislativos y por algunas normas dadas en la última etapa del gobierno anterior. Lo interesante es que la SNI formula un conjunto de propuestas específicas en este campo[1], que van incluso más allá de lo que el gobierno ha dictaminado y que deberían tomarse en cuenta.

Pero también tenemos el alto costo de las regulaciones laborales, y la extremada dificultad para contratar y desvincular trabajadores, donde estamos en el puesto 130 de 138 economías. Tenemos un mercado laboral mucho más rígido que cualquiera de nuestros socios de la Alianza del Pacífico, de modo que cualquier inversión que quisiera venir a estos lares preferirá irse a uno de esos países en lugar de venir o quedarse en el Perú. Es cierto que esto no perjudica de manera notoria a las exportaciones de textiles, por ejemplo, que tienen un régimen que les permite los contratos a plazo fijo (aunque con un límite de tres años), pero sí al resto de la industria para el mercado interno, que entonces no puede competir con las importaciones de productos similares o debe trabajar en la informalidad laboral. 

Como decíamos, la estabilidad laboral absoluta, que es lo que tenemos cuando la indemnización por despido no basta y el juez puede imponer la reposición del trabajador, es una institución supérstite del anterior modelo proteccionista, que en una economía abierta y competitiva impide a las empresas adaptarse a los cambios en la demanda y en la tecnología, condenándolas a la quiebra o a la informalidad.

Vera Tudela refiere que, según datos del WEF y del Banco Mundial, 121 economías (64%) permiten la contratación a plazo fijo para labores permanentes, 105 países (55%) no imponen límites a la renovación de contratos a plazo fijo, y 155 economías (82%) no exigen la aprobación de un tercero para desvincular a un trabajador.

En tal sentido, la Sociedad Nacional de Industrias reclama una reforma laboral que nos ponga en una posición mucho más competitiva en todos esos indicadores. Reforma que, de otro lado, permitirá el incremento del empleo, la formalización de los trabajadores, su acceso a derechos y a la negociación colectiva. Algo con lo que deberían estar de acuerdo los sindicatos, no solo por justicia laboral sino porque en última instancia les conviene desde el punto de vista de su propio crecimiento e influencia.  

La SNI propone además priorizar la negociación colectiva versus el arbitraje potestativo, otra desviación introducida a comienzos del gobierno de Ollanta Humala, que afecta la relación laboral en las empresas y promueve la ruptura de la negociación colectiva para buscar el arbitraje. Y que la SUNAFIL desempeñe una función educadora y no simplemente sancionadora.

Todo esto tiene que ver con retomar, completar y profundizar el modelo de libre mercado. Donde comienza una discusión algo distinta, es cuando la SNI pide, por ejemplo, la reducción del impuesto a la renta, que evoca las demandas de privilegios o ventajas rentistas del pasado. Pero no es así. Lo que la SNI propone, en realidad, es un impuesto competitivo, similar al promedio mundial. Como puede verse en el siguiente gráfico, dicho promedio es del orden del 23%, mientras en el Perú para la industria asciende al 37%, incluyendo el reparto obligatorio de utilidades.

Lo que propone la SNI es, entonces “establecer un programa de convergencia de la nueva tasa de IR hacia la media mundial (23%)”, considerando, adicionalmente, que el mundo marcha hacia la reducción impuesto a la renta empresarial: el 93% de países del mundo lo ha reducido (51%) o mantenido (42%) en la última década. Pide asimismo la depreciación acelerada a la inversión en activos fijos, como tiene la minería, por ejemplo, si queremos atraer nueva inversión.

Los industriales demandan, además, un papel más decidido del Estado en la defensa de la producción nacional respecto de la competencia desleal de importaciones subvaluadas o con dumping. Muestran un gráfico que señala que mientras en el mundo se aplican cada vez más medidas antidumping, en el Perú menos. Solicitan, entonces, un mecanismo anti dumping más eficiente y rápido.

 

Explican, sin embargo, que en las categorías arancelarias en las que ingresan sistemáticamente productos cuyo precio está por debajo del costo de producción, como textiles, confecciones, calzado, metalmecánica y otras, debería aplicarse un impuesto por volumen (o unidad). Jorge Peschiera, presidente del Comité de Calzado va más allá y reclama un arancel más alto para el calzado -que llega a precios irrisorios-, tal como lo hacen Colombia y México, que integran la Alianza del Pacífico e imponen aranceles de entre 30 y 40% a esos productos. Esto, señala, simplemente para emparejar la cancha, para suprimir la competencia desleal. 

La última modificación arancelaria se hizo en abril del 2011, y consistió en incrementar el número de partidas arancelarias con arancel cero y bajar otras de 13 a 11%, manteniendo las que estaban en 6%. Fue una reforma en el sentido de aproximarse al ideal del arancel cero (el arancel promedio ponderado es 1.9%). La estructura resultante podemos verla en el cuadro siguiente, extraído de la página web del MEF. Observamos que más del 70% del valor de las importaciones paga arancel cero, y las que pagan 11% no llegan al 5% en cuanto a valor. 

Evidentemente las propuestas de la SNI implicarían una cierta reversión del movimiento al arancel cero, pero se trata de cambios muy acotados a los casos de competencia desleal, donde mecanismos como el de imponer aranceles anti dumping no resultan suficientemente operativos o eficaces. Debería quedar absolutamente claro que esas modalidades arancelarias excepcionales sólo se aplican en determinadas circunstancias demostrables, porque de lo contrario podría desatarse una presión por subir aranceles ya de manera indiscriminada.

Pero, lógicamente, la prioridad debería ser la de disminuir los impactos negativos en la competitividad del sector manufacturero generados por los costos regulatorios, laborales, cambiarios. Y también logísticos, que se han vuelto crecientemente asfixiantes.  En ese sentido la SNI pide definir un Plan de Infraestructura inter-modal, crear la Autoridad Única de Transporte de Lima y Callao, aplicar acciones de reingeniería de tránsito para mejorar el flujo de vehículos, implementar un corredor segregado para camiones de carga en el Callao, eliminar cargos de la tarifa eléctrica no asociados directamente al servicio, y otras medidas de ese tipo. 

También formula propuestas para reforzar todo lo que son normas técnicas, calidad, capacitación, innovación e investigación, a fin de desarrollar nuevos productos y procesos. En la exportación de confecciones, por ejemplo, ya no podemos competir con El Salvador y países asiáticos emergentes no solo por el costo de la mano de obra, sino por el atraso productivo en el algodón agravado por la imposibilidad de producir algodón transgénico. Habría que levantar esa prohibición. E incluso empezar a desligarse de la materia prima natural. Ricardo Briceño nos decía que las exportaciones de confecciones solo serán viables y retomarán impulso si dan el salto hacia la fabricación de prendas con fibras artificiales o sintéticas modernas, esas que se usan ahora en las competiciones e incluso en el uso diario, que pesan nada, previenen la sudoración, no se arrugan, son más resistentes a las lavadas, se amoldan mejor al cuerpo, entre otras propiedades. Hay mucha investigación y tecnología al respecto. Producirlas acá supone invertir en patentes, equipos y demás, lo que requiere condiciones de competitividad. Lo que tenemos es una amplia mano de obra de costureras y bordadoras plenamente capacitadas que pueden hacer lo mismo con las nuevas telas.

Fuera de esto, la SNI propone ciertas políticas que podríamos llamar activas, tales como el establecimiento de “Zonas Económicas Especiales” tales como las que existen en muchísimos países, incluyendo los otros tres de la Alianza del Pacífico, y que tienen como particularidad un impuesto a la renta cero o 15% como máximo. También la promoción de parques industriales modernos, con mecanismos de inversión simplificados.

Nos parece que la Sociedad Nacional de Industrias ha alcanzado un mayor  grado de maduración en sus propuestas. Estas no consisten en un listado de pedidos mercantilistas, sino en un conjunto de medidas orientadas a restablecer la operatividad del modelo de economía libre y abierta, afectado por sobre regulaciones y trabas diversas y por rezagos de políticas del modelo proteccionista que no caben en un esquema de competencia abierta en el mundo. Contienen también un conjunto de propuestas orientado a mejorar la productividad de la economía, tanto en lo logístico como en la formación de recursos humanos e investigación a fin de avanzar en nuevos productos y procesos. Todo esto complementado con algunas medidas arancelarias heterodoxas que atienden a casos específicos que podrían justificarlas, y por determinadas políticas activas de creación de espacios que atraigan la inversión industrial.

También ha desarrollado la SNI una batería de propuestas para sectores específicos, tales como el textil-confecciones, pesca y acuicultura, alimentos, etc.

En tal sentido, nos parece que la importancia del tema justificaría la creación de una mesa ejecutiva en el ministerio de la Producción, con participación del ministerio de Economía y el de Transportes, para acordar un plan de implementación de estas u otras medidas cuya finalidad sea crear condiciones que permitan elevar la competitividad de nuestra industria a fin de atraer inversión y relanzar una industria fuertemente exportadora. Lo que no podemos hacer es dejar que siga languideciendo la producción industrial y cayendo la exportación no tradicional sin hacer nada. Necesitamos un plan con parámetros claros para reimpulsarla con más fuerza. Lampadia

[1] Con lo que hay que tener cuidado es con las comparaciones de más largo plazo, como lamentablemente sigue haciendo la SNI, pues antes de la liberación de la economía peruana, la industria nacional, que estaba signada por el proteccionismo y el mercantilismo, registraba cifras de producción distorsionadas tanto por los altísimos aranceles que la protegían, como por los altos márgenes de los productores que no tenían competencia. Ambos temas iban en detrimento, obviamente, del ciudadano-consumidor.

[2] Ver Presentación: “Aportes para la reactivación industrial”, Foro Ejecutivo: Reactivación industrial, Febrero 2017




Mercado, corrupción y reformas institucionales

Jaime de Althaus

Para Lampadia

¿Qué reformas institucionales y económicas debemos hacer para prevenir  casos de mega corrupción como los que hemos tenido y reducir la corrupción masiva y generalizada que sufre el país?

Lo primero, por supuesto, es hacer caso omiso del ardid ideológico oportunista de la izquierda, que responsabiliza a la economía de mercado y a la tecnocracia de la corrupción y señala que  las Asociaciones Público Privadas (APP) están diseñadas para robarle al Estado.

Alberto Adrianzén, por ejemplo, acusa en La República a “un modelo económico que mantuvo las desigualdades, que alentó la corrupción y las prácticas lobistas, y que permitió la captura del Estado grandes grupos económicos, como hoy lo podemos constatar…”.

Por supuesto, nadie se toma el trabajo de explicar cuál sería ese modelo económico alternativo sin mercado libre, sin tecnocracia y sin APP, intrínsecamente refractario a la corrupción. Obviamente no existe. Mejor dicho, sí existe y lo hemos tenido y lo tiene ahora Venezuela, por ejemplo, con la diferencia de que ese modelo sí es una fábrica de corrupción, o funciona gracias a la corrupción.

Ese modelo (Venezuela) consistiría en intervenir el mercado fijando precios y subsidios, dirigiendo las inversiones y estatizando sectores estratégicos. El resultado es la corrupción generalizada, porque se benefician los que tienen acceso a los que deciden qué empresas son prioritarias y quiénes reciben entonces ventajas y concesiones de todo tipo, y porque en una economía llena de peajes, permisos, subsidios, beneficios rentistas y castigos, la única manera de funcionar es pagando a los funcionarios responsables de las autorizaciones o de dispensar los beneficios o los maleficios.

En un esquema en el que la libre competencia en el mercado es sustituida por las decisiones de la burocracia o del Ministro o del Presidente, ganan quienes más llegada tienen u ofrecen compartir con el funcionario una parte mayor de la renta regalada. Es decir: yo te garantizo un mercado seguro, un subsidio o un dólar barato o lo que fuera, pero tú me devuelves una parte de la renta que te obsequio. La competencia entre las empresas no se da en el mercado para ver cuál obtiene más utilidades o mayor proporción de ese mercado mejorando su productividad, sino cuál ofrece un soborno más alto para obtener una ventaja rentista. 

Eso era lo que teníamos durante el primer gobierno de Alan García, por ejemplo. Más bien la liberación de la economía de todos los controles y subsidios intervencionistas a partir de los 90 produjo el resultado de eliminar toda esa corrupción derivada del poder discrecional del funcionario. Este poder fue reemplazado por reglas de juego iguales para todos. Claro que esa corrupción fue sustituida luego por otro tipo de corrupción, mucho más focalizada y perversa, derivada no del modelo económico sino de la concentración del poder político, pero esa es otra historia.

Repotenciar el modelo

Entonces ya vemos cuál es el modelo más proclive a la corrupción y cuál es el que tenemos más bien que profundizar para tratar de minimizarla. El problema que hemos tenido a partir de los 2000, es que gradualmente se ha ido restableciendo un intervencionismo de baja intensidad expresado en la sobre regulación de los sectores económicos, que no solo ha frenado el crecimiento sino que ha restablecido en alguna medida los pagos para obtener o acelerar permisos, licencias y autorizaciones.

Por eso, la primera medida para luchar contra la corrupción no es menos mercado libre, sino más. No es cambiar el modelo económico, sino repotenciarlo. Es también terminar de instalar lo que no se hizo, una reforma institucional que acompañe y de sustento a la economía de mercado.

El modelo económico como tal necesita más bien un over haul, un mantenimiento profundo que libere nuevamente todos los circuitos de la economía trabados por regulaciones y trámites absurdos, eliminando así peajes que sólo se superan pagando para que trámite salga o se acelere. Las municipalidades –aunque no solo ellas- se han convertido en un bastión casi inexpugnable de esta forma de extorsión.

Esa limpieza es lo que está haciendo el gobierno con el conjunto de decretos legislativos orientados a la simplificación administrativa y la eliminación de trámites, desde la estandarización de los Tupas municipales hasta el empoderamiento de Indecopi para derogar barreras burocráticas pasando por la obligación de demostrar la utilidad de toda norma a los tres años de dada y la revisión, con ese criterio, de todas las normas actuales que contienen procedimientos. Todavía hace falta, sin embargo, desregular algunos sectores específicos, en los que regulaciones excesivamente rígidas o limitativas terminan escogiendo ganadores, normalmente grandes empresas que sí pueden pagar el costo de tales regulaciones, condenando a las pequeñas y medianas a la informalidad o a la desaparición.

La obra pública y público privada

Por supuesto, hay un aspecto de la gestión económica en el que inevitablemente es el Estado quien debe escoger a los ganadores: la obra pública y público-privada. Es por eso que es allí donde se aloja el mayor volumen de corrupción y donde se han producido los escandalosos casos protagonizados por las empresas brasileñas.

Pero hay que señalar que en los casos más notorios lo que ha ocurrido es que el poder político, el presidente de la República o la Primera Dama, según el caso, es el que ha desplazado las decisiones técnicas para imponer proyectos casi al caballazo. No falló la tecnocracia, que en esos casos fue avasallada, sino el poder político, que se corrompió.

¿Cómo dificultar la injerencia política cuando esta no responde a criterios técnicos? En cuanto a las Asociaciones Público Privadas (APPs), El decreto legislativo 1251, recientemente aprobado, establece para Proinversión un Directorio integrado por tres directores independientes, además de tres ministros, que, al decir de Álvaro Quijandría, Director Ejecutivo de esta entidad, “debiera blindar a Proinversión de presiones políticas por sacar proyectos que no estén suficientemente maduros o que no respondan a las prioridades del Plan Nacional de Infraestructura que se elaborará en los siguientes meses”.

Una constante en los casos de mega corrupción ha sido el grado insuficiente, muy preliminar, de estudios con los que fueron convocados esos procesos. Por eso, según Álvaro Quijandría, una vez aprobado el reglamento se establecerá un lineamiento en el sentido de “iniciar los concursos sólo una vez que se tengan estudios definitivos y con un porcentaje significativo de los terrenos necesarios saneados con expropiaciones avanzadas, lo que podrá manejarse adecuadamente con la creación del Proyecto de Acceso a Predios para Inversiones Priorizadas APIP creado en el DL 1333”. 

El lanzamiento de convocatorias con estudios avanzados es indispensable  para evitar la mala práctica de las ofertas temerarias que ganan ofreciendo un bajo cofinanciamiento del Estado, para luego aumentar considerablemente la parte estatal vía una sucesión de adendas. En relación a esto último, Quijandría nos informa que en el reglamento se establecerá un porcentaje máximo del valor del proyecto para adendas, a partir del cual se debería rescindir los contratos.  “Esto es usual en muchos países y el porcentaje es usualmente 15-20%”, precisa. Y añade: “a fin de eliminar ofertas temerarias y/o colusión de postores en los concursos, en la mayoría de países con sistemas de APP avanzados, se establecen reglas para los concursos que permiten eliminar las ofertas muy bajas o muy altas, así como mecanismos para la presentación de ofertas y su evaluación que reducen al mínimo la posibilidad de ¨comportamientos estratégicos¨ o franca colusión entre los postores.  Por ejemplo, en Colombia se sortea en el momento de presentación de los sobres cuál será la fórmula de calificación de los factores de competencia, entre varias alternativas”.

Quijandría refiere otras medidas que se está adoptando: “Estamos creando una Dirección de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.  Ya está trabajando en Proinversión una experta en este tema.   Adoptaremos estándares internacionales y prácticas que suelen seguir las agencias de APPs de primer nivel internacional”. Además, añade, “desde el primer día de mi gestión he dado la directiva que todos los contratos deben incluir cláusulas anti-corrupción.  Además, de hecho, se han introducido en la Ley de Contrataciones del Estado dos artículos que eliminan la posibilidad que empresas que hayan tenido cargos de corrupción o que se hayan autoinculpado puedan participar en nuevos procesos.  El reglamento está en camino”.

Hay otros aspectos igualmente importantes: Quijandría explica que a lo largo de los años, “los esquemas de contratación utilizados por Proinversión han hecho menos atractivo, o incluso han limitado severamente, la posibilidad de contratar asesores de transacción de primer nivel internacional, que pueden evitar el tener proyectos con diseños que abren la puerta a la corrupción.  Desarrollaremos lineamientos para la contratación de asesores de transacción que hagan posible que nuevamente tengamos en estos procesos la participación de los mejores asesores globales en estos procesos”.

Gobiernos subnacionales y reforma de la descentralización

Queda por enfrentar, sin embargo, la enorme corrupción que existe en torno a la obra pública en los gobiernos subnacionales, por la cual varios ex gobernadores regionales y ex alcaldes vienen pagando penas de cárcel. En realidad, el monto total de los sobornos pagados en este tipo de corrupción mediana y pequeña es mayor que el pagado en los casos de mega corrupción. Si calculamos un 10% de unos 18 mil millones de soles, que es aproximadamente el monto de la inversión pública sub nacional, estamos hablando de 1,800 millones en coimas cada año. Por supuesto, este número es hipotético.

José Escaffi señala que el nuevo “Invierte PERU”, que sustituye al SNIP, establece que en la etapa de planeamiento, no recibirá presupuesto ninguna inversión que no haya sido aprobada por el sistema de prioridades en base a brechas. Además, durante la ejecución de los proyectos habrá un mejor sistema de seguimiento y monitoreo, que antes no había, que estará desconcentrado en los ministerios y no sólo centralizado en el MEF, y, una vez terminado el proyecto, se evaluará resultados e impactos.  

No obstante, la crítica que se ha hecho es que si bien la priorización en base a brechas es correcta, el nuevo sistema relaja los controles técnicos que antes tenía el SNIP. Al respecto, Claudia Cooper, vice ministra de Economía, responde que en la práctica tales controles ya no existían, el MEF no rechazaba nada. Lo que había en cada localidad era un gran negocio de estudios de pre-factibilidad que consultores locales vendían a los gobiernos subnacionales para que estos les dieran viabilidad y llenar así el presupuesto asignado. La viabilidad la daba el propio gobierno sub-nacional y luego era supuestamente revisada por el sector y el MEF, pero esto último ya no ocurría.

Cooper explica que el fenecido SNIP estaba centrado exclusivamente en la  formulación y la adjudicación. Luego de eso no se sabía qué pasaba. Ahora el MEF va a evaluar el proyecto una vez terminado: cuánto costó en relación a lo planeado, cuánto tiene para mantenimiento, etc. Se va a poder hacer un seguimiento actualizado del estado en que está. Lo que el nuevo sistema va a generar es información que antes no existía, disponible para todos, en la web, de modo que la fiscalización será mucho más fácil para cualquiera. “Reduces corrupción generando mucho masInformación en todas las etapas”, sentencia Cooper.

Además, según la vice ministra, la nueva ley de contrataciones introduce tres cambios fundamentales que ayudarán a disminuir la corrupción en la adjudicación misma: primero, habrá mucha más información acerca del ‘track récord’ de proveedor (ratio del costo de ejecución versus el costo propuesto, por ejemplo, en los últimos diez años). Segundo, la empresa que hace el estudio adquiere responsabilidad por el tipo de estudio que haga, con sanción hasta de inhabilitación si se manipularon o falsearon datos. Y, tercero: se ha elevado considerablemente el costo de las impugnaciones y los arbitrajes.

Escaffi, por su parte, agrega que debe mejorarse el tipo de intervenciones de la Contraloría y de los procuradores con sistemas de auditoría forense (capaz de detectar fraudes), mejores controles internos y reglas de gobierno corporativo en las entidades públicas, adoptando las reglas de compliance (cumplimiento) del sector privado internacional. La Comisión Anti Corrupción (CAN), por su parte, ha anunciado el acuerdo de que todas las instituciones adquieran el ISO 37001 anti soborno.

Ahora bien, el problema no se resuelve solo con cambios en el sistema de inversión pública que faciliten más racionalidad y monitoreo. Estamos ante un problema gestado por una descentralización apresurada que transfirió muchos recursos y decisiones a los gobiernos subnacionales sin el contrapeso de sistemas de control, sanción, planificación  y monitoreo adecuados, sin acreditar sus capacidades para asumir esas funciones,  sin una adecuada delimitación de funciones entre los tres niveles de gobierno, y todo esto en el contexto de la descomposición del sistema de partidos políticos, de modo tal que la proporción de alcaldes y gobernadores regionales que pertenecen a partidos nacionales es cada vez menor y por lo tanto no están sujetos tampoco a ninguna clase de control partidario nacional.

Lo que ha ocurrido es que muchos gobiernos subnacionales se han convertido en botines presupuestales asaltados por políticos oportunistas eventualmente vinculados a mafias de proveedores, de usurpadores de terrenos y de extorsionadores de obras públicas, y que imprimen una gestión patrimonialista a sus mandatos.

La solución a este problema complejo es también compleja: pasa por restablecer la autoridad central en los procesos de inversión pública y de gestión de servicios públicos básicos (educación y Salud), donde también hay corrupción, es decir, por una reforma de la descentralización que restablezca mecanismos de control (mejorando el tipo de intervenciones de la Contraloría), sanción e intervención central ante deficiencias serias de gestión en los servicios descentralizados; que recertifique las capacidades de los gobiernos sub nacionales y delimite bien funciones y competencias entre los tres niveles, cuando menos por líneas de servicios.

Reforma del servicio civil

Algo fundamental es llevar adelante la reforma del servicio civil en los gobiernos subnacionales, sustituyendo el patrimonialismo por la meritocracia y la gestión profesional, así como profundizar los presupuestos por resultados. Estas reformas deben aplicarse, por supuesto, también en el gobierno central. Es indispensable que los cargos medios y altos estén ocupados por buenos profesionales bastante mejor remunerados que en la actualidad, pero elegidos por concurso y sujetos a evaluaciones de desempeño con la posibilidad de ser retirados en el caso de desaprobación,  tal como establece la ley del Servicio Civil, que debería merecer mayor prioridad y empuje de parte del gobierno.

En realidad, habría que empezar a instalar la idea de que no debería haber contratos indefinidos en el Estado, sino a plazo fijo. Es la única manera de garantizar eficiencia, rendimiento, honestidad y buen servicio al ciudadano, que es lo que importa. Esto, por supuesto, mientras se mantenga la rigidez laboral que cobija no solo al buen trabajador, sino también el incapaz y al corrupto.

Recientemente se ha legislado la muerte civil y la creación de un registro de sanciones a funcionarios públicos. Debería lanzarse una gran campaña de denuncias ciudadanas de actos de corrupción, una verdadera movilización. Algo de eso ha sido anunciado por el Presidente.

Reforma política

Pero se requiere además del complemento indispensable de una reforma política que permita la reconstrucción del sistema de partidos de modo que los gobiernos subnacionales vuelvan a ser dirigidos por políticos pertenecientes a organizaciones políticas nacionales, para que haya alguna clase de control político nacional. En Lampadia hemos formulado una propuesta al respecto. El Congreso está avanzando en esta reforma, pero todavía no sabemos qué forma tendrá. Un aspecto de esto es, por supuesto, el control del financiamiento de las campañas. No se debe prohibir el financiamiento privado -salvo el de las empresas extranjeras- pero éste debe ser transparente. 

Reforma del sistema judicial

Por supuesto, tampoco estará esto completo si no se emprende una reforma profunda del sistema judicial que comience por limpiar el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía de sus elementos vinculados a las mafias existentes en el territorio. En Interior se ha puesto en marcha una profunda reforma de la Policía que contiene diversas medidas anticorrupción, que ya hemos comentado en Lampadia. También está en marcha el Acuerdo por la Justicia, pero este tiene el límite de estar dirigido por los líderes de las instituciones a ser reformadas. Allí un instrumento fundamental será el expediente digital único en el tema penal, que garantiza celeridad y transparencia en los procesos, algo que todavía no ha sido proyectado. El MEF debería dar todo el apoyo a ese proyecto.

Se trata de una acción  múltiple y compleja, que toque todos los aspectos del problema. De lo contrario, no funcionará. Lampadia




Aprovechando la bendición de los recursos naturales

Según el McKinsey Global Institute, casi el 70 % de las personas que viven en situación de pobreza son de países cuyas economías están impulsadas por recursos naturales como el petróleo, gas y minerales. Si estas economías manejan su riqueza en recursos naturales sabiamente, podían sacar a 540 millones de ciudadanos de la pobreza al 2030.

La tasa histórica de inversión en petróleo, gas y minerales deberá ser más del doble en 2030 para reemplazar las fuentes existentes de suministro (que están llegando al final de su vida útil) y para satisfacer la fuerte demanda de un gran número de nuevos consumidores de todo el mundo, particularmente en las economías emergentes. Si los países ricos en recursos naturales utilizan el impulso de los sectores extractivos como una plataforma para un mayor desarrollo económico, podrían transformar sus perspectivas a futuro.

Sin embargo, muchos países basados en los recursos naturales no han logrado convertir su ‘bendición’ de recursos en una prosperidad a largo plazo. Sólo un tercio de ellos han sido capaces de mantener su alto crecimiento más allá del ‘boom’ inicial.

El informe de McKinsey Global Institute (MGI) titulado «Invirtiendo la maldición: Maximizando el potencial de las economías impulsadas por los recursos» detalla los cambios en las industrias de los recursos naturales y sus consecuencias para los países basados en ellos. La investigación detalla las principales tendencias, especialmente para las empresas extractivas, el gobierno y la sociedad civil.

Primero, el informe define a los «países basados en los recursos naturales» como aquellas economías en las que el petróleo, gas y sectores minerales tienen un rol ‘dominante’, utilizando tres criterios: los recursos representan más del 20 % de las exportaciones; los recursos generan más del 20 % de los ingresos fiscales; o las rentas de recursos son más del 10 % de la producción económica.

Al año 2014, había 81 países en los que sus economías se basaban en los recursos naturales, que representaban el 26 % de la producción económica mundial. Sin embargo, sólo alrededor de un tercio de ellos han sostenido el crecimiento económico más allá de su auge inicial. Muchos de ellos todavía se encuentran entre los más pobres del mundo. Casi la mitad de las reservas de recursos de minerales, petróleo y gas se encuentran fuera de los países de la  OCDE y no pertenecen a la OPEP. Esta proporción podría ser aún mayor, ya que la exploración en países de ingresos bajos y medianos ha sido limitada.

Según el informe, es vital que estos países aprovechen al máximo la demanda futura de recursos. El reporte estima que se necesitará entre US$ 11,000 millones de millones y US$ 17,000 millones de millones en nuevas inversiones en petróleo, gas y minerales para satisfacer la demanda futura y sustituir las fuentes existentes de suministro para el año 2030.

En el pasado, casi el 90 % de la inversión en recursos naturales sucedía en los países de ingresos altos y medio-altos. Pero la proporción de inversiones en países de ingresos bajos y medianos, podría casi duplicarse a US$ 3 millones de millones (US$ 3 trillones). 

El modelo de desarrollo industrial del siglo XX no sirve para aprovechar esta oportunidad para transformar la riqueza del subsuelo en prosperidad a largo plazo. Algunos países están tratando de emular el enfoque de los tigres asiáticos mediante el desarrollo de un sector manufacturero fuerte y así ascender en la cadena de valor. Pero McKinsey propone algo diferente: Un modelo «Tigre de Recursos» (“Resource Tiger Model”, en inglés), adaptado a cada país, pero siempre en torno a tres imperativos: desarrollar eficazmente el sector de los recursos, capturar su valor y transformar ese valor en desarrollo a largo plazo. El informe de MGI mira seis aspectos dentro de estos imperativos: instituciones y gobernabilidad; infraestructuras; competitividad y política fiscal; contenido local; bonanza de recursos naturales; y desarrollo económico.

La propuesta no es radical. El imperativo es desarrollar las mejores prácticas en todas estas dimensiones. Por ejemplo, en el contenido local: Entre el 40 % y el 80 % de los ingresos creados por petróleo, gas y en la minería es destinado a la adquisición de bienes y servicios. Esto supera el valor de los impuestos y las regalías en algunos casos. El 90 % de los países basados en recursos naturales tienen algún mecanismo de regulación local, pero la mayoría están mal diseñados. El informe cita a La República Democrática del Congo como un ejemplo de ello. El gobierno requiere que el 96 % de los empleos en la minería y el 98 % de los puestos ejecutivos sean otorgados a locales, pero simplemente el país no cuenta con suficientes personas con las habilidades y experiencia para cumplir con estos objetivos.

Otro ejemplo es que las empresas y los gobiernos deben ser capaces de llegar a un acuerdo, cooperando para asegurarse que las preocupaciones legítimas de políticas del país local sean tomadas en cuenta y se establezca un marco legal fuerte y estable. Cuando los gobiernos hacen cambios repentinos en los términos de la inversión, actuando bajo presión para compensar el malestar social o para conseguir apoyo político, no se llegará a un acuerdo mutuamente aceptable. En tales circunstancias, las empresas pueden verse obligadas a adoptar una posición más dura y estar dispuestas a recurrir al arbitraje en contra de un gobierno para cambiar sus disposiciones. El informe MGI cita el ejemplo de ExxonMobil, que fue capaz de recuperar más o menos US$ 300 millones en 2007 después de que sus activos fueron expropiados en Venezuela.

Otro ejemplo es infraestructuras compartidas. Los países basados en los recursos naturales requerirán más de US$ 1.3 millones de millones de inversión en infraestructuras durante los próximos 17 años para sostener el crecimiento proyectado de la economía. Esto es casi el cuádruple de la inversión que estos países realizaron durante el período de 17 años entre 1995 y 2012. Las empresas extractivas son los principales inversores y desarrolladores de infraestructuras. Teniendo en cuenta la enorme necesidad, el informe considera importante que los países tomen en cuenta la manera de compartir las infraestructuras. Estiman que casi el 70 % de la inversión en infraestructuras podría ser compartida entre los diferentes operadores y las mayores oportunidades se observan en las zonas mineras y tuberías en regiones petroleras.

Por supuesto, los gobiernos deben evaluar cuidadosamente los costos y beneficios de compartir infraestructuras caso por caso. En general, parece que los proyectos de energía son buenos candidatos para compartir ya que los beneficios son altos y la coordinación tiene bajos costos.

El Perú es un país muy rico en recursos naturales, pero no hemos logrado traducir eso en el bienestar general de la población. Este no es el espacio para analizar porqué no lo hicimos, más bien queremos enfatizar, como muestra el estudio, que no existe una ‘maldición de los recursos naturales’, lo que existe es la ‘torpeza’  de los gobernantes de un país rico en recursos, que se las ingenian para impedir su desarrollo.

Por ejemplo, en los últimos 25 años, como hemos explicado tantas veces (ver: Las Cifras de la Prosperidad y ¡Qué «calato»… ni qué ocho cuartos!), el país ha tenido el proceso de desarrollo más importante de su historia con un alto crecimiento de la inversión y la economía, una importantísima reducción de la pobreza y la desigualdad, creación de una nueva clase media y mayores incrementos de los ingresos para los más pobres. Estos resultados se han debido en una parte significativa, justamente al desarrollo de algunos de nuestros recursos naturales.

Sin embargo, buena parte de nuestra clase política, académica y mediática, pretende desconocer los logros, asignarlos a condiciones externas y combatir las inversiones vinculadas a los recursos naturales. Acá hay que sumar a la torpeza indicada líneas arriba, la mala voluntad de algunos peruanos que solo buscan lucimiento personal o espacios de poder para implantar sus ‘ideas muertas’.

Felizmente, el Perú es más grande que sus malos hijos y, nuestra población a rechazado mayoritariamente a los representantes de aquellas ideas. Ilustremos ahora a nuestros ciudadanos sobre nuestro potencial de prosperidad y busquemos una mayor convergencia política y social para convertir nuestro potencial en una realización de mayor riqueza para todos.

Lampadia




Nueva Constitución nos llevaría al estatismo empobrecedor

La candidata del Frente Amplio (FA), Verónika Mendoza (VM), al estilo de los países del ALBA, ha propuesto implantar una nueva constitución a través del Parlamento o la acción popular, del mismo modo que el radical reo candidato Gregorio Santos. Curiosamente, el candidato de Acción Popular, Alfredo Barnechea, juega con la idea de “otro modelo”, sumándose así  a este tipo de propuestas, que invocan el respaldo falaz de encuestas mal hechas, que transmiten la falsa sensación de una población que estaría optando por cambios radicales y no por cambios en la calidad de los servicios del Estado, empezando por seguridad ciudadana y combate efectivo de la corrupción. 

Comandante Chávez anunciando a la población victoria de la nueva Carta Magna – 1999 (C0rreo del Orinoco)

Mendoza lleva de candidato a la primera vicepresidencia al ex cura Marco Arana y en su equipo a gente que representa una visión estatista y expresa una oposición abierta a la inversión privada, especialmente contra la minería. Arana y Santos, en consonancia y competencia, fueron los responsables de las asonadas anti mineras contra el proyecto de Conga en Cajamarca, con lo cual no solo condenaron a esa magnífica región a la mayor pobreza del país, sino que también arrinconaron al gobierno, que desde entonces no ha sido capaz de proteger los proyectos de inversión. Por su lado Barnechea parece por momentos haber regresionado a las ideas que dieron luz al Acción Popular Socialista de fines de los 60,  que terminó traicionando al propio Belaunde, sumándose a los planteamientos con los que se ilusionó en la dictadura militar.

Esta gente no quiere entender que los países que han logrado la prosperidad, lo han hecho promoviendo sectores privados pujantes e innovadores que han multiplicado la inversión de emprendimientos pequeños y grandes sin las trabas burocráticas e ideológicas que han paralizado la inversión en el Perú los últimos años. Nuestro propio país es un testimonio formidable de los impactos positivos de la inversión privada en la economía y las condiciones sociales. Después de superar treinta años de parálisis por el estatismo militar y su cola democrática con Belaunde-2 y García-1, las dimensiones del Perú cambiaron a la fórmula: 90-90-90.

90-90-90, porque aproximadamente el 90% del empleo, la inversión y los ingresos fiscales, los generó el nuevo sector privado que pudo hacer la verdadera gran transformación desde el estancamiento hasta el crecimiento con reducción de la pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, quienes pretendan gobernar o medir el país con los instrumentos del siglo pasado, sólo nos llevarán a un estrepitoso fracaso.

Sin embargo, más allá de los verdaderos enfoques políticos de las izquierdas tradicionales, transparentados en el debate presidencial del domingo pasado, pareciera que después del mismo, habrían reparado que desde el punto de vista de la campaña (no de los planes de gobierno), de las acciones tácticas, no sería conveniente seguir hablando de cambiar la Constitución.

Es así que al día siguiente (lunes), un economista del FA, de visión estatista, que cree en el ‘poder’ del Estado para resolver todos los problemas del país, Oscar Dancourt, enfatizó en el programa la Hora N que para hacer los cambios económicos que plantea (salvo en lo relativo a la nacionalización de la ‘molécula’ de gas, un ejemplo de  renacionalización de los recursos naturales), no se necesitaría cambiar la Constitución. El martes, otro conspicuo miembro del FA (de las canteras de Tierra y Libertad de Arana), en el programa De las 5 a las 7,  de RPP, le echó agua fría al pedido de una nueva Constitución, como una evidente corrección táctica, sin cambiar  la esencia de sus ideas.

Lo que es más, la propia candidata del FA, Verónika Mendoza, al día siguiente del debate, cambió el contenido de su discurso, dejó de hablar del cambio de Constitución, y pasó a ofrecer una “revolución productiva y educativa”, con la eficiencia de un cassette recién grabado.

Pero debe  señalarse  que una revolución productiva es imposible de realizarse con un cambio de Constitución. En otras palabras, un cambio de Constitución paralizaría la producción del país por lo menos por dos años. Durante ese tiempo se debatiría y procesaría la nueva carta, y nadie podría invertir con un horizonte de mediano plazo, sin conocer el ambiente normativo futuro.

Un ejemplo reciente y cercano de cómo el anuncio de una nueva Constitución paraliza la inversión, es el caso de Chile, donde Bachelet-2 incorporó el planteamiento a su programa de gobierno. Ver: Una agenda anti inversión, Chile sigue ejerciendo su derecho a ser estúpido y Diálogo de Conversos.

El FA ha caído, pues, en una trampa estratégica. Por un lado habla de revolución productiva (a pesar de descartar el desarrollo de los grandes proyectos) y por otro amenaza con una nueva Constitución que nos paralizaría por lo menos por dos años y que muy probablemente ampliaría de manera considerable el espacio de inversión para el  Estado,  terminando por inhibir para siempre una inversión privada dinámica e innovadora.

Más claro ni el agua: un eventual gobierno del FA desestabilizaría al país, regresaríamos a la falta de inversión, a industrias locales protegidas que nos endilgarían productos caros y de mala calidad, para beneficio de los productores amigos del régimen, la escasez y las colas. Eso sí, habría mucho trabajo en el Estado, en las agencias reguladores, ministerios y nuevas empresas públicas, donde los miembros de las cúpulas de la izquierda tradicional y los profesionales que no pudieron prosperar compitiendo en el sector privado, serían nuestros nuevos ‘señores feudales’.

¿Es esto lo que necesitan nuestros jóvenes? ¿Queremos que nuestros hijos y nietos  tengan que migrar a un EEUU más reacio a la migración, ya no a hacer la América, sino a ser ciudadanos de segunda clase? Lampadia  




EL MODELO SÍ FUNCIONA: Es pro pobre y llega hasta la Sierra Rural

En Lampadia hemos presentado innumerables publicaciones que demuestran que desde la aprobación popular y promulgación de la Constitución de 1993, con la que regresa la inversión privada al Perú después de 30 años de proscripción, la economía y los indicadores sociales de los peruanos mejoraron sustancialmente. Ver:

También hemos desatacado todo lo que falta por hacer en desarrollo económico y social, y con especial énfasis, en desarrollo institucional. Para relievar este último aspecto, hemos creado una biblioteca virtual especializada en las grandes reformas institucionales que debemos desarrollar. Ver: Estado del Siglo XXI.

En esta ocasión presentamos una animación que refleja los indicadores más saltantes del excelente libro de investigación de Richard Webb: Conexión y Despegue Rural. Entre los indicadores que presenta Webb, están el aumento del jornal, el mayor valor de los predios rurales, la disminución de los tiempos de viaje hacia los mercados por la mayor conectividad y la positiva evolución de los ingresos del sector rural, después de estar estancados por 100 años.

Como explica Webb, desde el año 1900 hasta 1994 los ingresos de los habitantes del Perú rural crecieron solo en 1.4% anual promedio. Sin embargo, desde 1994 empezaron a crecer a un ritmo de 7.2% por año.

Ver nuestra primera animación sobre: Los Testimonios de la Prosperidad

Desde los albores del nuevo siglo, en que se consolidó nuestro proceso de crecimiento, las realizaciones del Perú, nuestro sorprendente volteretazo económico y social, y de alguna manera el ‘modelo’ que supuestamente lo representa, ha sido bombardeado y negado por todas las izquierdas. Ver en Lampadia: Realidad vs. Negacionismo, Mentiras y Complacencia. Así fue que el 2011, después de haber tenido una década de crecimiento con inclusión, en que crecimos más que todos los países de la región y de buena parte del mundo, elegimos un gobierno que negaba nuestros desarrollos ofreciendo un proyecto de inclusión.

Como todos sabemos ahora, lo que nos dieron fue

‘Cinco años sin crecimiento y sin inclusión’.

Hoy, en la campaña electoral, los mismos personajes que negaron todo, y sorprendentemente, algunos más, con la colaboración de alguna encuestadora como GFK, y medios de comunicación como La República y el diario Gestión, están ‘dale que dale’ al San Benito de que el ‘modelo’ terminó, que no produjo bienestar y que tenemos que reemprender las políticas públicas que nos hicieron pobres y retardatarios. Incluso algunos candidatos han revivido la monserga del cambio de Constitución, que lo único que aportaría, sería dos años de parálisis y seguramente los cambios que nos llevarían a sus visiones decimonónicas.

No sorprende, que todas las izquierdas fueran las que, en conjunto, sin excepción alguna, firmaran y presentaran, en agosto del 2012, al Presidente de la República, su mamotreto: ‘Una nueva minería’. Este documento es una propuesta para que el Perú adopte los planteamientos del ‘pos-extractivismo’. (Ver en Lampadia: Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento). Unas ideas anti modernas y anti desarrollo, que proponen disminuir la producción de bienes y servicios a la mínima expresión posible, solo lo necesario para sobrevivir en una suerte de Edad Media, en la que nuestros amos, o señores feudales, serían las cúpulas de las despistadas y confundidas izquierdas tradicionales. (Lamentablemente, todavía no tenemos ninguna izquierda moderna que entienda el mundo en que vivimos).

Esta estrambótica teoría promovida por un par de aventureros europeos y un uruguayo, pretende por ejemplo: que no exportemos alimentos, que sembremos solo lo que necesitamos para comer y, quien sabe para algunos de nuestros vecinos, si se suman al mismo ‘pensamiento’ neo-ludista. Ver en Lampadia: “Fuera de la ideología todo es ilusión” (I).

El negacionismo de las izquierdas pasó por cuestionar el crecimiento, la reducción de la pobreza, la disminución de la desigualdad y, entre otras aseveraciones, el aislamiento del sector rural. La verdad es todo lo contrario, en resumen podemos afirmar, como en su momento lo hizo el BID, que nuestro crecimiento ha sido pro-pobre, pro-clase media y, como demuestra Webb, también pro-sector rural.

Cuando los peruanos ponemos nuestra cabeza en la almohada, nos apartamos del lenguaje social, de lo políticamente correcto y de la vocación por el reclamo y la queja. Solos, todos sabemos lo que necesitamos para tener vidas prósperas, así como las realizaciones de los últimos 25 años. Nuestros jóvenes sabían lo que necesitaban, cuando pensaban migrar a economías de mercado como las de EEUU, España e Italia antes de la crisis y Chile antes de Bachelet 2. Hoy en su patria, con sus familias, con sus amigos y su comida, saben lo que necesitan, que no es otra cosa que lo que imaginaron conseguir, mediante su sacrificio y entrega personal, en el exterior. Ahora pueden obtener todo ello y más en el Perú. Solo tienen que votar con la sabiduría y el espíritu de sus propias almohadas. Lampadia




¿Hacia dónde vamos en América Latina?

En la X Cumbre Internacional de Comercio Exterior organizada por la Cámara de Comercio de Lima, tuvimos como uno de los oradores principales al revolucionario José Piñera, Ex Ministro de Trabajo y de Minería de Chile, Director de la revista Economía y Sociedad, investigador del Cato Institute y creador del sistema privado de pensiones, que desde su creación en 1980 se ha extendido en muchos países.

En las siguientes líneas reflejamos algunos de los mensajes de Piñera sobre la economía de la región y sobre el sistema privado de pensiones:

Piñera nos explicó cómo fue que en América Latina, tanto Chile como Perú lograron ajustar sus economías y emprender la vía del crecimiento y la reducción de la pobreza.

Según Piñera lo que permitió la recuperación de Chile y Perú fue la gran reforma de la apertura de la economía al mundo global y la creación de las AFP. Las AFP fueron las generadoras de capital interno de largo plazo, al tiempo que ofrecían un muchísimo mejor sistema de pensiones que los sistemas públicos de reparto, crónicamente desfinanciados y que nunca podrían dar pensiones decentes.

Lo que no hay que hacer: Miles de jubilados griegos en cola

En el siguiente gráfico de 1950 a 2013, se puede apreciar la evolución del PBI per cápita del Perú, notándose con claridad cómo se produce un quiebre hacia el crecimiento sostenido en 1991, con las reformas indicadas. Lo mismo pasó en Chile unos años antes. Ver el gráfico: 

El Perú además de crecer ha reducido la pobreza desde 55% a 23.9%.

Chile, como el Perú, con su modelo de libre mercado, pudo reducir la pobreza de 50 a 7.8% en un lapso relativamente corto. El sistema de AFPs  chileno tiene hoy día 200,000 millones de dólares, un equivalente del 70% de su PBI.

Piñera nos recordó que mientras EEUU tuvo Padres Fundadores, en Latinoamérica tuvimos, lamentablemente, Generales Fundadores. Esto produjo 100 años de subdesarrollo y de inestabilidad política.

Nos dijo que en Latinoamérica los diarios locales, en las páginas políticas, presentan el pernicioso Realismo Mágico, pero si quieres ver la dinámica social y económica, hay que leer los avisos publicitarios.

“El libre mercado incorpora a las masas sociales a la prosperidad”.

Luego nos mostró el ranking de Libertad Económica para varios países, según el Cato Institute:

Como se puede apreciar, Chile ha tenido un desarrollo espectacular, pero el Perú no se queda muy atrás, pues habiendo estado en 1990 en el puesto 103 de 113 países, hemos avanzado hasta el lugar número 41 entre 157 países.

Esta no es la realidad de todos los países de la región. Brasil, Argentina y Venezuela están al final de la tabla. Según Piñera, Argentina es un país en vías de sub-desarrollo.

Los países del Pacífico Colombia, Chile y Perú, siguen fundamentalmente un modelo liberal. Ecuador es la excepción que confirma la regla. Mientras que los países del Atlántico: Brasil, Argentina y Venezuela, siguen un modelo estatista. Brasil tiene una Constitución estatista, con rigideces que no le permiten ni siquiera reformar su sistema de pensiones.

El modelo de Brasil, Argentina y Venezuela es un gran fracaso, “un modelo económico contra la historia”. Aparte de todos los males que han generado, “están perdiendo a su gente empresarial”.

“Hay un claro triunfo del modelo del Pacífico”.

En cuanto a educación, Piñera considera que el avance tecnológico le hará un bypass a la mala educación. Lamentó que en Chile estén haciendo una reforma educativa en vez de darles a los niños, tablets y software creativo.

En cuanto a la obligatoriedad de afiliación a las AFPs, Piñera comentó que, filosóficamente, debiera ser voluntaria, pero un estudio que hicieron antes de su incepción, demostró que en ese caso nadie se afiliaría. “Sin embargo consideró que en el futuro podría evaluarse que el aporte sea voluntario. En 20 o 30 años más quizás, cuando todo el mundo sea más serio y responsable”. Lampadia




La Economía de Mercado y el Sector Empresarial

Durante el año pasado el sector empresarial ha sufrido una serie de problemas, coronados con la falsa imputación de haber urdido la llamada “Ley Pulpín”, que han debilitado su performance y su imagen.

Ya antes de la aludida ley, las empresas peruanas han debido enfrentar el frenazo de la economía producido por la combinación de: la disminución de las exportaciones tradicionales; las trabas a los proyectos de inversión minera y energética que debieron concretarse hace rato; las dificultades de la tramitología y burocracia estatal que ha ido asfixiando paulatinamente todo tipo de inversión; la corrupción; la inseguridad ciudadana; el contagio de la destructiva politiquería de gobierno y oposición y; la pérdida de confianza, labrada a pulso por la debilidad del liderazgo nacional que incluye a la desprestigiada clase política y al mundo académico, gremial y mediático.

También ha ido calando en la imagen del sector empresarial, la constante prédica anti inversión. Algunos ejemplos: varios comentaristas radiales, (como en Radio Capital, para no hablar de las radios de provincias), repiten permanentemente que la multiplicación de los centros comerciales y las tarjetas de crédito son una maldición; la entrevistadora de El Comercio, Mariella Balbi, considera que los trabajos de los jóvenes en el sector de retail no son suficientemente dignos; un ex ministro de comercio, como Fernando Villarán que afirma: “La juventud no necesita más leyes inspiradas en la ideología del ´libre mercado´ que fomentan el capitalismo salvaje; ideología que está en retirada en muchos países por sus desastrosas consecuencias” (La República, 24 de diciembre 2014); en el mismo diario, Humberto Campodónico, escribe sobre las “grietas del modelo”, insinuando que la suspensión del crecimiento sería producto de haber mantenido las políticas económicas de los gobiernos anteriores, cuando desde el 2011, ha sido precisamente, este gobierno, el que ha debilitado el proceso de inversión y ha deteriorado nuestro clima institucional. Ciudadanos por el Cambio, fundadores del FRENAIZ (Frente Amplio de Izquierdas) acusa al Presidente de la República de haber traicionado su programa de la “Gran Transformación”, al que renunció expresamente para poder acceder al gobierno con la alternativa “Hoja de Ruta”.

A esto hay que sumar los efectos políticos y de imagen generados alrededor de la Ley Pulpín. Una tímida ley que va en la dirección correcta de flexibilizar nuestro sistema laboral, uno de los más rígidos del planeta, que tiene en la crisis europea un nítido ejemplo de su inconveniencia, especialmente para los jóvenes que en España alcanzan un 55% de desempleo, 25% en Francia, etc.

Lo curioso es que la oposición a esta ley, empezó con las movilizaciones de los jóvenes políticos que serían parte de Ciudadanos por el Cambio, como Jorge Rodríguez Ríos de la Coordinadora Juvenil por un Trabajo Digno (CJTD), quién confiesa que: “se están uniendo diversas luchas en una causa mayor”. Lo que está detrás de su protesta, señala, es “un cuestionamiento mayor al modelo. (…) Lo más importante en términos ideológicos y políticos, hay un avance en el cuestionamiento hacia el modelo” (La República, 4 de enero 2015). Esta pequeña llama, ha logrado arrastrar a la propia oposición que aprobó la ley en el Congreso, aprovechando las reacciones populistas acrecentadas en los medios, que, sin lugar a dudas, lograron ya contagiar las varias frustraciones de los jóvenes hacia una protesta oportunista y más amplia.

Es cierto que el gobierno tubo graves fallas de difusión y comunicación alrededor de esta medida. También es cierto que el sector empresarial, que calificó la ley como conveniente, permitió que le clavaran la autoría de la norma, sin haber sabido desmarcarse oportunamente. Esto ha afectado la imagen del sector, especialmente de las empresas más grandes, en un contexto de debilitamiento de CONFIEP con la salida de Adex y falta de desarrollo de las Fedecam, las agrupaciones empresariales de las regiones, que debieron asumir un importante liderazgo en el debate nacional.

Toda este desorden y vacíos, ad portas de una año electoral, exige una mayor presencia del sector empresarial y una vocación programática que asuma un mayor liderazgo y comunique una visión positiva de futuro. El sector empresarial no tiene por qué asumir los pasivos de un lustro sin lustre.

Las posibilidades de desarrollo integral, duradero y sostenible del Perú, son casi infinitas. Los peruanos, especialmente los jóvenes que ya renunciaron a emigrar del país, tienen muy claro que quieren una nación que logre transformar su potencial de desarrollo en oportunidades efectivas de vidas plenas que no tengan nada que envidiar a la de nuestros vecinos, o las de los mejores países emergentes.

Solo necesitamos mejor liderazgo. Empecemos recomponiendo la confianza en el sector empresarial, abocándonos a las propuestas de mejora que el país espera, poniendo encima de la mesa el gran menú de bienestar general que está al alcance de la mano de los peruanos. Lampadia