EDITORIAL DE LAMPADIA

Así como cada vez que se legisla temas empresariales en el Perú se piensa solo en la gran empresa, aquella con ingentes recursos y con múltiples organismos de apoyo a la gerencia, que van desde un gran departamento contable hasta una gerencia de recursos humanos, pasando por un departamento legal o una asesoría externa de primer nivel, lo mismo sucede con los colegios.

Se les regula pensando en los grandes colegios de Lima, la mayoría de los cuales tiene un importante apoyo administrativo, llámese gerencia administrativa o subdirección administrativa, lejos por supuesto de lo que tienen las grandes empresas, pero que marca una diferencia respecto a la escuela pública o la privada de bajo costo. En los colegios públicos y en la inmensa mayoría de colegios privados, probablemente más del 90% de ellos, el director no tiene ningún apoyo.

Él solo debe hacerse cargo de toda la carga administrativa que le endilga la burocracia del MINEDU y el Estado en general. Debe asumir también, muchas veces con un magro o inexistente presupuesto,

• El mantenimiento de su infraestructura.
• La cantidad de reportes a presentar a la UGEL,
• El llenado del SIAGIE (ese nuevo monstruo que deben alimentar los directores personalmente con información),
• Las fiscalizaciones de la UGEL -cada vez más frecuentes con las facilidades que brinda la “virtualidad”-,

Impiden así que los directores se dediquen a lo que es su verdadera tarea y la más importante: sus alumnos, padres de familia y maestros.

En el caso de la escuela privada, los directores deben cumplir, además de las inspecciones y requerimientos del MINEDU, con las inspecciones de INDECOPI, INDECI, municipalidades, SUNAFIL, Ministerio de Justicia (por el tema de protección de datos) entre otros, con administrar sus escuelas. Realmente, en qué tiempo y con qué recursos se espera que un director de una escuela, por ejemplo, de cien alumnos con una pensión de S/ 200 tendrá la capacidad y los recursos para resolver todas estas demandas, si ni siquiera tiene tiempo para leer El Peruano.

Después nos preguntamos por qué hay tanta informalidad en nuestro país y cómo así ha llegado en tan importante magnitud al sector educación. La respuesta es simple, el Estado se ha vuelto un acosador de todo aquel que produce. Estruja a las empresas por todos lados, impidiendo que los pequeños puedan cumplir toda la normatividad simplemente porque los costos no dan siquiera para estar informados de todo lo que hay que hacer. Es más fácil no tener planilla ni pasar tantos controles, vivir con un alto grado de informalidad, a salto de mata, es cierto, pero así viven hoy más del 70% de peruanos, mientras la burocracia estatal, desde su escritorio, se dedica a multiplicar normas que encarecen el servicio de todos y son imposibles de cumplir para la inmensa mayoría.

Ojalá la providencia se apiade de los peruanos y el próximo gobierno se dedique a desarmar toda esa maquinaria dedicada a asfixiar a las empresas y a los colegios en particular, de manera que, como empresa de servicios que son, los colegios y su director especialmente, se puedan concentrar en su labor educativa y no en satisfacer exigencias absurdas que nada le aportan al país y que por fin detenga a esa burocracia que nos succiona la sangre como una garrapata insaciable. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Algunas de las propuestas del presidente Martín Vizcarra en su discurso de 28 de julio tienen el potencial de lograr un verdadero cambio de era en el Perú, de pasar a una sociedad gobernada por la ley. Nos referimos a la reforma constitucional orientada a elegir el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por concurso público y aprobarla mediante referéndum, en la medida en que dicha reforma sea la punta de lanza de una serie de medidas que apunten a cambiar las características básicas -el neo patrimonialismo y el favoritismo- del Estado pre moderno que tenemos, por la meritocracia y la imparcialidad, elementos clave del Estado moderno. Significa pasar de organizaciones basadas en redes personales de intercambio de favores y, en ocasiones, de venta de decisiones, a organizaciones basadas en los méritos y en la evaluación de resultados. 

No toda estructura tradicional es mafiosa. Es normal y correcto que en una familia o en una comunidad campesina o en un grupo de amigos prevalezcan los lazos de lealtad y reciprocidad mutuas. El problema se presenta cuando trasladamos los valores familiares, comunales o amicales al manejo de la institucionalidad estatal. Esa es la realidad de muchas entidades públicas en el Perú, desde gobiernos locales y regionales hasta el Poder Judicial, pasando por algunos ministerios. Las “islas de modernidad”, que funcionan sobre la base del mérito, la evaluación del cumplimento de metas y la aplicación de la “razón técnica” a la solución de los problemas, son escasas.

No solo eso. En la medida en que, desde los 2000, lanzamos un proceso de descentralización sin amarrar bien los controles centrales y transferimos ingentes recursos a los gobiernos sub-nacionales, lo que ocurrió fue que mafias se organizaron para extorsionar las obras, proveer bienes y servicios y eventualmente tomar los propios gobiernos locales o regionales para apropiarse de recursos públicos. En ese momento las tradicionales redes familiares, amicales o de compadrazgo se transformaron en redes para el delito. Se intersectaron, por ejemplo, con organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de terrenos, que cooptaron redes de policías, fiscales y jueces en varias Cortes Superiores del país.  

Este proceso se vio agravado por la fragmentación política derivada de la disgregación del sistema de partidos. En cada nueva elección una proporción cada vez menor de alcaldes pertenecía a partidos nacionales, de modo que ni siquiera dichos alcaldes estaban sujetos algún tipo de control derivado de la pertenencia a un grupo nacional. El país se feudalizó. Incluso a nivel del sistema de justicia, la influencia que entes tenían los partidos políticos en él pasó a ser ejercitada por organizaciones criminales.   

Por eso, la introducción del principio meritocrático en el sistema de justicia sería un avance gigantesco, un cambio fundamental. La elección del CNM por concurso público de méritos, en ese sentido, es clave. Pero tiene que estar bien hecha, para que logre atraer a los mejores. Un nuevo CNM que reclute jueces también de manera realmente meritocrática, rompería, a su vez, el sistema de selección de fiscales y jueces por redes amicales, familiares o políticas. Por supuesto, como hemos reclamado, esto tiene que venir acompañado de otros elementos:

• Un sistema serio de evaluación del desempeño de policías, fiscales y jueces, que no existe
• La digitalización y oralización de los procesos
• Una Corte Suprema pequeña dedicada a sentar jurisprudencia y predictibilidad –para reducir espacio a sentencias compradas
• Un proceso de depuración de la Policía Nacional, que requiere una ley que cuyo proyecto ser elaborado y presentado al Congreso
• También supone una reforma radical de las escuelas de la Policía, que no solo padecen una muy baja calidad académica, sino que son la puerta de entrada de delincuentes al cuerpo policial.

Liderazgo presidencial y del ministro de Justicia

El presidente Vizcarra no entró en estos temas, pero si anunció un proyecto de ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia presidido por él mismo e integrado por los presidentes del Congreso, Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y el Defensor del Pueblo. Si el presidente mantiene el liderazgo en esta reforma integral –que incluye la de la Policía- podremos esperar resultados. Pero en la medida en que la secretaría técnica de ese Consejo estará en el ministerio de Justicia, se requiere que el ministro de esta cartera tenga el peso y la capacidad para liderar también la gran reforma. Esto es crucial y sin duda en este momento es una incógnita, por decir lo menos.

Limpiar las Cortes Superiores

Por supuesto, como bien ha señalado Javier de Belaunde, no se puede reformar la Corte Suprema como queremos si no se limpia las Cortes Superiores, pues, como decíamos, hay distritos judiciales tomados por la mafia. En ese tema podemos ser optimistas, porque el presidente anunció además un proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en lugar de la OCMA y la Fiscalía de Control Interno. Sus miembros serán elegidos también por concurso público, y tendrá asignada una policía especializada precisamente para destapar redes de corrupción en los distritos judiciales más infectados. Esto es fundamental. Y el nuevo CNM debe terminar la tarea, nombrando buenos jueces y fiscales superiores.

Faltó, sin embargo, anunciar un proyecto de ley para modificar el artículo 454 del Código Procesal penal que impide acusar directamente y detener, en los mega-operativos, a los fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales.

Distritalizar la justicia penal

Y es claro también que aún no se coloca en la agenda gubernamental la necesidad de distritalizar la justicia penal, integrando en un solo local municipal o en la comisaría a un fiscal, un juez y una carceleta, a fin de acabar con la impunidad y reducir la altísima victimización por delincuencia común. Si esto va de la mano con Barrio Seguro y Vecindario Seguro, tendremos grandes avances en seguridad ciudadana. El presidente podría liderar una cruzada llamando a los alcaldes y comisarios a reunirse en los comités de seguridad ciudadana para elaborar y ejecutar estos planes. 

Reforma del servicio civil

Ahora bien, la modernización y la limpieza no son solo las del sistema de justicia. Es la del Estado en su conjunto. Para ello, un elemento central es la instauración del nuevo régimen de la ley de servicio civil en todas las entidades públicas. Es decir, la implantación, acá también, de la meritocracia. Este proceso clave perdió apoyo político durante la etapa del presidente Kuczynski, pero el Premier Villanueva, en su discurso al Congreso, le devolvió la prioridad perdida. El presidente, sin embargo, no lo mencionó en su discurso. Esperemos que esto no signifique que no lo considere fundamental, porque este es el típico cambio complejo y difícil de hacer que requiere de mucha tracción política. El presidente debe exigirlo a los ministros y a los gobernadores regionales.  

Reforma de la descentralización

Esto es particularmente importante para los gobiernos sub-nacionales pues, como decíamos, el proceso de descentralización que hemos tenido ha llevado a que el Estado central haya perdido autoridad y control sobre el territorio, que ha sido ganado en medidas diversas por mafias de distinto tipo. Entonces se requiere una reforma de la descentralización que reconstruya la autoridad central. 

Al respecto, el presidente anunció que el presupuesto total para los gobiernos regionales y locales pasará del 30% aproximadamente al 40% en el 2019 (lo que no se dice es que, en realidad, el presupuesto de inversiones es alrededor del 65% del total de la obra pública). Pero no precisó con qué medidas de control y monitoreo del gasto vendrá acompañada esta mayor transferencia, a fin de que no sirva solo para incrementar las arcas de la corrupción. Sí explicó que “nos proponemos delimitar con mayor claridad las competencias y las responsabilidades”. Esto es fundamental, sobre todo en la medida en que implique un fortalecimiento de la capacidad rectora y de control del gobierno central.

Pero habría que ir más allá, fortaleciendo la competencia del gobierno nacional en el manejo de recursos estratégicos tales como el desarrollo minero, forestal o la pesca. Y debería rescatarse y poner en práctica la reingeniería del Seguro Integral de Salud (SIS) que llevó a cabo el Dr. Moisés Rosas cuando estuvo a cargo de esa entidad.

No solo eso. Debe autorizarse al gobierno central a intervenir en la gestión de los gobiernos sub-nacionales en casos de extrema deficiencia o necesidad, y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades regionales y locales.

Un avance importante desde el punto de vista de la recuperación del control central, es que desde setiembre las Oficinas de Control Interno de los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales, pasarán a depender directamente de la Contraloría General de la República y ya no de sus dependencias originales. Esto será útil siempre y cuando la Contraloría vaya sustituyendo las auditorias de cumplimiento de normas, que solo sirven para inhibir a los honestos, por auditorías de gestión o de desempeño, de la mano con el avance de la reforma del servicio civil y de los presupuestos por resultados. 

Un elemento importante es tener un Plan Nacional de Infraestructura, para que los proyectos respondan a una priorización técnica y no política o una tan discrecional que favorezca la corrupción. Al respecto, el presidente anunció que se pondrá en marcha el Plan Integral Multianual de Infraestructura a nivel regional y Programas Integrales de Mantenimiento de Infraestructura a nivel provincial.

Por supuesto, la reforma política es clave para reconstruir la unidad del Estado nacional y mejorar las estructuras de gobernabilidad.

Informalidad

Reducir los espacios para la corrupción implica también simplificar los trámites para obtener cualquier licencia o autorización y reducir sustancialmente la carga regulatoria. El presidente no habló de esto, pero sabemos que en la PCM se está avanzando en estos campos.

Esto incluye también las cargas sobre la empresa y el trabajo, a fin de reducir la informalidad. Pues la frontera entre la informalidad y la ilegalidad es difusa. Si la mayor parte de los peruanos y de las empresas desarrollan sus actividades fuera de la ley, significa que no hay imperio de la ley. Esto se debe, en parte, a que la ley es muy onerosa, impone cargas insoportables, exige obligaciones incumplibles.  Necesitamos, entonces, una ley atractiva, inclusiva. Una reforma de la regulación. De eso habló muy poco el presidente. Dijo que se estaba trabajando en la “formalización de las empresas y nuestro mercado de trabajo”, pero no dijo cómo, salvo el anuncio de que “se masificará el uso de comprobantes de pago y libros electrónicos” y “se implementarán medidas que creen incentivos a las personas naturales para demandar comprobantes de modo que se conviertan en socios del Estado en el proceso de formalización de las actividades económicas”. La reforma laboral sigue siendo el gran tema pendiente.

En resumen, para dar el salto histórico a la implantación del imperio de la ley en todo el territorio y ahogar a la corrupción, es necesario atacar las redes ilícitas en todos sus frentes para no dejar resquicio a la reagrupación del mal, implantar la meritocracia en todo el Estado y reformar la descentralización, la política y la legalidad. Lampadia

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia ratificó en última y definitiva instancia la absolución de la comunera Máxima Acuña Atalaya del delito de usurpación agravada, al declarar infundado un recurso de casación presentado por la empresa minera Yanacocha S.R.L.

A diferencia de lo informado por el diario La República, este proceso penal no se refiere a los derechos de propiedad y posesión del terreno, que será resuelto en la vía civil. Dicho diario desinforma:

El fallo de la corte determina que no se dio el delito de usurpación pues no se logró individualizar a los miembros de la familia Chaupe como autores de actos de violencia durante la invasión del terreno.

Este fallo establece un precedente muy peligroso contra la protección legal de la propiedad privada en el Perú, pues implica que un invasor de alguna propiedad pueda  quedar impune, si la invasión se realiza sin violencia.

Es muy preocupante que un mito debidamente denunciado haya ido recibiendo el apoyo del Estado en distintos momentos y desde distintas instancias, como son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial.

Esperamos que los ciudadanos tomemos nota de esta situación. Seguidamente incluimos líneas abajo las publicaciones de Lampadia sobre el tema:  

“En estos días estamos siendo testigos de la fabricación de un nuevo mito: “La Hija de la Laguna”. Un documental de Ernesto Cabello que será propalado en los cinemas peruanos con el apoyo del Ministerio de Cultura. La cultura implica la verdad, la rigurosidad y la transparencia. Pues este documental no sigue ninguno de estos preceptos.”

El negocio de la fabricación de mitos (07/08/2015)

“Este es claramente el caso del ‘documental’ de la Hija de la Laguna en que un documentalista pertinaz sigue consiguiendo apoyo financiero del Estado para falsear la realidad en la forma de un documental. Además, un jurado compuesto de extranjeros otorga el premio al ‘documental’ que considera inacabado pero “necesario y urgente” de [difundir], jurados a los que ya ha recurrido anteriormente el Ministerio de Cultura.”

Manipulación política de la cultura (8/09/2015)

“En el importante programa de cierre de semana de Canal 4, ‘Cuarto Poder’, se entrevistó a Máxima Acuña de Chaupe. En la entrevista se presentó a la señora Chaupe como una víctima de la abusiva minera. No se comunicó a los televidentes que habían razones objetivas para dudar de los reclamos de la señora, como que su caso fue presentado, difundido y defendido por la nada objetiva ONG Grufides, la plataforma del ex cura Arana, verdadero dueño de Tierra y Libertad, que sin embargo fue ampliamente derrotado en Cajamarca en las últimas elecciones por Gregorio Santos.”

¿Cuarto poder o ‘Poder de Cuarta’? (29/04/2016)

El caso Máxima es un caso interesante de construcción mediática de un agravio. Un análisis de la evidencia daría cuenta de las sistemáticas mentiras de la señora Chaupe y de quienes la enaltecen. Sin embargo, se ha convertido en consenso entre gran parte de los periodistas y líderes de opinión que Máxima es víctima de los constantes abusos de un “monstruo”.

No dejemos la mentira sobre la mesa (10/05/2016)

“Descrito de una manera sencilla, lo que Máxima Chaupe y sus asesores están intentando hacer, es ampliar el territorio que han ocupado a través de actividades agrícolas, fuera del área actualmente en disputa, para así poder reclamarlo frente a las autoridades en el juicio civil.  Estos esfuerzos se están realizando fuera del territorio que están disputando en el fuero civil con Yanacocha.  La empresa tiene 15 días para ejercer una defensa posesoria (es decir remover las actividades que extraños pueden hacer sobre su terreno).” 

Otra Máxima Mentira (Chaupe -Grufides- vs. Minería) (22/09/2016)

“La utilización del caso Máxima Acuña como mecanismo de hostilización a la gran inversión minera se mantiene con el beneplácito de gran parte de la prensa nacional que -en el mejor de los casos- ejercen el papel de tontos útiles de ONGs anti-mineras que han armado una farsa[i] alrededor de un caso fundamentado en mentiras fragantes y medias verdades. Ahora han dado rebote mediático a la campaña “Máxima No está Sola” desplegada por Amnistía Internacional [ii].”

“Por otro lado están quienes apoyan la campaña “Maxima no Está Sola” a sabiendas de que se trata de una gran mentira. (…)En su esquema ideológico consideran que el propagar el caso Máxima es un mecanismo de “visibilización” ante el gran público, de los “ejes de injusticia” que consideran intrínsecos al desarrollo capitalista. Ideas como: abusos del patriarcado, el extractivismo, el colonialismo eurocéntrico y el capitalismo transnacional pueden comunicarse al público en una manera simple entendible y emocionalmente efectiva a un amplio público, con la figura de una persona.”

La Máxima (mentira) no está sola (05/12/2016)

Marisol Pérez-Tello: ¿Ministra con agenda propia? (03/03/2017)

Lampadia

Nuestro repositorio sobre la reforma del Estado: El Estado del Siglo XXI, ya ha tenido el privilegio de contar con la opinión de Carlos Zoe Vásquez, actual Director General de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia. En esta ocasión, Vásquez analiza el tema de la criminalidad, que ya ocupa el primer lugar de atención y preocupación de los ciudadanos.  

¿QUÉ SE NECESITA PARA REDUCIR LA CRIMINALIDAD EN EL PERÚ?

Carlos Zoe Vásquez Ganoza

Director General de Política Criminal y Penitenciaria

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

No cabe duda que, hoy en día, el problema de la delincuencia marca la agenda social, política y económica del país y de casi toda la región latinoamericana. Para el año 2015, 13 de 18 países encuestados han determinado que la delincuencia/seguridad pública es el problema más importante en el país, desplazando a los problemas económicos. 

Como todo problema social, la criminalidad requiere del diseño e implementación de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. A nivel internacional, la criminalidad se aborda en tres niveles: a) prevención primaria; b) prevención secundaria; y, c) prevención terciaria.

En términos sencillos, cuando hablamos de prevención primaria nos referimos a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de una comunidad (educación, salud, trabajo, etc.); trabajar en este nivel nos permite establecer condiciones que reducen oportunidades en la aparición de problemas.

La prevención secundaria es aquella que se enfoca en los factores de riesgo que van apareciendo y que, por decirlo en términos sencillos, aun no se han convertido en una infracción o delito. Podemos decir que se tratan de conductas antisociales (familias disfuncionales, consumo problemático de drogas, deserción escolar, pandillaje, bullyng, violencia de género, etc.); trabajar en este nivel nos permite evitar que dichos factores de riesgo se consoliden en una eventual infracción o delito.

Finalmente tenemos la prevención terciaria. Aquí los factores de riesgo ya se han consolidado y, por ende, las conductas se han convertido en delito o una infracción a la ley penal. A este nivel se desarrolla las acciones policiales, fiscales, judiciales y el sistema penitenciario. Trabajar a este nivel nos permite investigar, procesar, condenar y tratar al delincuente. 

¿Qué tipo de prevención ha realizado el Estado Peruano en los últimos años? 

El Perú se ha inclinado por invertir en prevención primaria y terciaria. En términos concretos, la prevención secundaria no ha recibido una asignación presupuestal como si la han tenido las dos antes mencionadas. Así, por ejemplo, en lo que respecta a prevención primaria, entre los años 2007 al 2014 se han gastado: 126,388 millones de soles en el sector salud (incluye gasto en el sector público y privado según INEI) y 211´653, 519 millones de soles en el sector educación (incluye gasto en el sector público y privado según INEI). De otro lado, en lo que respecta a prevención terciaria, por citar un ejemplo, para el año 2015 se asignaron 1,877’200,604 millones de soles al Poder Judicial; 10,385’465,148 al Ministerio del Interior; 1,418’106,293 al Ministerio Público; y, 1,613’190,986 para el Sector Justicia que incluye al Instituto Nacional Penitenciario.

Lo antes dicho no está mal. Por el contrario, la inversión en prevención primaria nos ha permitido reducir índices de diferentes enfermedades, contar con mayor infraestructura, ampliar el servicio de salud a la población más necesitada, etc. Así también, la inversión en la administración de justicia nos ha permitido impulsar políticas públicas como la reforma procesal penal, más efectivos policiales, mejorar sus condiciones, más fiscales, jueces y mayor inversión en infraestructura penitenciaria. Muchos podrán decir que no han sido suficientes los recursos asignados o que, pese a su asignación, se requiere mayor impacto.  No cabe duda de ello, pero lo que queremos ejemplificar hasta aquí es que el Estado ha invertido en prevención primaria (satisfacer las necesidades básicas de la comunidad) y prevención terciaria (investigar, juzgar y sancionar a los delincuentes).

¿Qué tan importante es comenzar a invertir en prevención secundaria, es decir, en factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que se cometa un delito?  Un análisis en el año 2012 sobre 5,201 adolescentes infractores a la ley penal en el Perú que se encuentran condenados, determinó lo siguiente: a) que el 45% de ellos provenían de familias desestructuradas; b) que el 56.5% había consumido drogas ilegales antes de su internamiento; c) que el 86.5% había ingerido alcohol en algún momento de su vida; d) que el 75.5 % había desertado de la educación básica regular; y, e) el 80.3% había tenido una experiencia laboral poco técnica y mal remunerada. 

Otro estudio presentado en el 2014 por Ciudad Nuestra (¿Quiénes son delincuentes en el Perú y por qué? Factores de riesgo social y delito en perspectiva comparada en América Latina), este ya a nivel del sistema penitenciario de adultos, determinó lo siguiente:

1. Familia:

• El 44.0% de sentenciados peruanos reconocieron que su padre los golpeaba cuando niños y el 39.2% afirmaron que su madre era golpeada.
• El 31.2% de los sentenciados peruanos tuvieron un familiar preso alguna vez y el 3.9% a su pareja.

2. Escuela

• Mientras que la deserción escolar promedio a escala nacional es del 13.9%, entre los sentenciados llegó al 59.8%.
• El 22.3% de los sentenciados peruanos tuvieron compañeros en la escuela que cometían delitos.

3. Barrio

• El 40.0% de los sentenciados peruanos tuvieron mejores amigos que cometían delitos cuando menores de edad.
• El 41.3% de los sentenciados peruanos vivieron, cuando niños y adolescentes, en barrios con presencia de pandillas o bandas delictivas y el 29.2% con riñas y peleas frecuentes.

4. Alcohol y drogas ilegales

• Una tercera parte de los sentenciados peruanos (32.1%) consumieron alcohol o drogas ilegales antes de cometer el delito, el segundo consumo más bajo de la muestra. Casi el 90.0% de este consumo correspondió al alcohol.

Concluyo: el crecimiento económico de los últimos quince años nos ha permitido invertir en las necesidades básicas de la población (prevención primaria); asimismo, la administración de justicia ha recibido asignaciones presupuestales que le ha permitido – no como quisiera – implementar políticas modernas (prevención terciaria). Peor poco o casi nada se ha invertido en programas que aborden factores de riesgo que incrementan la probabilidad de la comisión de un delito (prevención terciaria).  Este es el ámbito que el próximo gobierno debe comenzar a visualizar. Las cifras de la población de adolescentes y adultos condenados nos están mostrando el camino a seguir por los próximos años. Esperemos que algún candidato nos proponga algo frente a la prevención secundaria y no propuestas populistas.