Madre de Dios en crisis

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 24 de mayo de 2019
Para Lampadia

El último operativo de interdicción en La Pampa – Madre de Dios – fue un “éxito”. Un éxito relativo. Por eso el entrecomillado. En efecto – desde una perspectiva policial y militar – es evidente que se lograron los objetivos.

Acabo de estar por allá. Lo he visto con mis propios ojos. Ya no hay actividad minera en La Pampa. Lo que antes albergaba a miles de mineros ilegales, se ha convertido en un desierto. El cementerio de motores y equipos calcinados es estremecedor. Las secuelas del mercurio están a la vista. Inmensos arenales amarillentos contrastan con la exuberancia y verdor del bosque amazónico. La imagen de los árboles muertos es aterradora. Miles de mantas y botellas de plástico han quedado esparcidas por todos lados. La Pampa está muerta.

Lo que hay ahora – y no se previó – es el “Efecto Globo”. Es decir, “se presiona, por un lado, pero se explaya por otro”. Efectivamente, los mineros de La Pampa se han ido a otros espacios cercanos. Muchos residentes locales pronostican que nada impedirá que se siga haciendo minería en la región. “El oro rinde más que la coca” advierten con resignación.

Pero la situación es más grave aún. La delincuencia se ha esparcido a otras zonas de Madre de Dios. El turismo de naturaleza – la actividad más emblemática de la región – está sufriendo cada vez más asaltos y robos. Incluso, crímenes.

La agricultura y la ganadería también están en crisis. Resulta que para transportar Diesel en Madre de Dios se necesitan una serie de permisos que demoran una eternidad. Y como se sabe, nuestro Estado – además de corrupto – es tremendamente inoperante para esos menesteres. El hecho es que los agricultores y ganaderos están atrapados entre la necesidad de transportar petróleo para sus tractores, y la codicia de ciertas autoridades por chaparlos infraganti. Es decir, el Estado contra agricultores y ganaderos. ¡Abusivos!

A propósito de abusos ¡qué brava está la corrupción en Madre de Dios! No hay conversación con lugareños donde no salga el tema a relucir. Una vez más, debo aclarar que no todos los funcionarios públicos de Madre de Dios son corruptos. Pero eso sí; son los menos. El hecho es que es muy difícil vivir y trabajar formalmente en aquella alejada y maravillosa región de nuestro país.

Ahora bien. Pasemos a cosas positivas. El Centro de Innovación Productiva y Transferencia (CITE Minería y Medio Ambiente) y el Centro Tecnológico Minero (CETEMÍN) han instalado en Puerto Maldonado una planta piloto de concentración gravimétrica de oro aluvial que no utiliza mercurio ni ningún químico contaminante. ¡Ahí está la solución!

¡EUREKA! Madre de Dios podría convertirse en una potencia aurífera limpia y sostenible. Sin mercurio. Sin contaminación ambiental. Primero se tala el bosque de manera controlada e itinerante, y se realiza el negocio forestal. Luego se extrae el oro aluvial, sin contaminar el medio ambiente. Y finalmente, se repone el bosque con especies debidamente seleccionadas.

Madre de Dios bio-diversa, turística, forestal, ganadera, agrícola, industrial, comercial… y minera. He ahí la imagen del futuro deseado de la economía de Madre de Dios. Ellos no merecen la crisis que están sufriendo. Madre de Dios merece ser lo que su nombre sugiere. Un lugar divino. Un lugar para vivir y trabajar, maravilloso. Lampadia




Remediación de pasivos mineros por impuestos

La minería moderna crea activos ambientales y en este artículo se propone que ayude a resolver los antiguos pasivos ambientales.

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

En setiembre pasado la ministra de Energía y Minas Cayetana Aljovín dio un anuncio que puede ser muy positivo para la legitimidad de largo plazo del sector extractivo. La ministra dijo: “Vamos a presentar este proyecto de ley al Congreso de la República, es decir, así como se utilizan los impuestos para proyectos de infraestructura se podrán utilizar para remediar terrenos impactados por la minería”.

De ser bien encaminada, la remediación ambiental por impuestos puede afectar de manera relevante la eficacia de la narrativa pro-minera frente a la anti-minera, mejorar las condiciones ambientales degradadas por pasadas malas prácticas mineras y mejorar la viabilidad de las inversiones mineras.

Según el último inventario realizado por el MINEM[i], el Perú tiene 8,854 pasivos mineros. De estos un 76.61% es decir 6,783 se encuentran pendientes de gestión. Los pasivos ambientales mineros funcionan como una oportunidad fantástica para los anti-mineros. Organizan visitas de líderes comunales de aquellas zonas donde se van a asentar proyectos mineros a áreas donde existan pasivos mineros, en estas visitas los activistas anti-mineros fungen de guías y explican cómo ese daño ambiental sería un efecto inevitable de la actividad minera. Por ejemplo, a los comuneros de las inmediaciones del Proyecto Conga se les llevo a la cercana provincia de Hualgayoc, que tiene 885 pasivos mineros originados por operaciones mineras que empezaron en el virreinato. En el extranjero también se da esta práctica, en el Salvador la contaminación del rio San Sebastián producto de antiguas prácticas mineras fue eficazmente utilizada en la difusión de una narrativa que terminó con la prohibición de la minería metálica en todo el país. Imágenes como la superior, referente al rio San Sebastián en el Salvador, son un recurso discursivo más poderoso que cientos de páginas de un EIA realizado bajo los más elevados estándares técnicos.

La minería moderna tiene el nivel tecnológico necesario para controlar y mitigar eficazmente sus efectos medioambientales. Sin embargo, para la mayoría de la población la comprensión de los efectos de la minería se da en función a las consecuencias de las operaciones mineras previas a la legislación ambiental. Es muy difícil para la población entender la magnitud de los cambios tecnológicos en el sector minero cuando la experiencia previa ha dejado ese legado negativo. Los pasivos mineros se convierten entonces en insumos de propaganda de los anti-mineros. En la actualidad se realizan documentales respecto a pasivos ambientales de una corporación con tecnología de décadas atrás y el mismo es presentado a comunidades a miles de kilómetros de distancia con el fin de maximizar el rechazo a la minera.

La idea que la minería genera un legado ambiental irremediable es uno de los principales recursos discursivos de los anti-mineros. La realización de obras por remediación ambiental envía poderosos mensajes a la población. El primero consiste en la viabilidad técnica para la minería moderna de mitigar sus efectos ambientales, el segundo manifiesta el interés y preocupación del sector minero por el medio ambiente y el tercero muestra que el Estado Peruano se preocupa por los efectos de largo plazo de las actividades mineras. Es decir, con ello se incide sobre tres campos de la lucha por la legitimidad de la minería, (a) los efectos ambientales atribuidos, (b) la caracterización ética de las empresas y (c) la credibilidad de la institucionalidad pública dedicada a controlar la actividad minera.

La minería moderna enfrenta un problema de credibilidad respecto a la calidad de sus planes de cierre de mina. Al ser relativamente reciente la aplicación de regulaciones y tecnologías ambientales modernas la inmensa mayoría de minas no ha realizado actividades de cierre significativas, se pide entonces que la población tenga fe respecto a lo que puedan hacer las empresas mineras veinte o treinta años en el futuro. Este acto de fe es difícil cuando se tiene, en el presente, pasivos mineros en las cercanías claramente visibles y que forman parte de la memoria histórica local sobre los efectos ambientales de la minería.

Un programa a gran escala de remediación de pasivos ambientales por impuestos tendría otra gran ventaja puesto que necesitaría hacer uso de profesionales del ambiente que pasarían a estar asociados laboralmente con el sector minero. Estos profesionales podrían ser útiles en la lucha de ideas respecto a la minería y sus efectos ambientales. Podrían ser voceros calificados frente a los medios de comunicación, generar materiales académicos y participar en actividades de incidencia frente a los hacedores de políticas públicas.

Esta iniciativa permitiría presentar a la inversión minera como una actividad con efecto ambiental neto positivo, en el que la afectación propia de la operación sería compensada con creces por los efectos positivos sobre zonas previamente degradadas. Esto sería un poderoso recurso discursivo frente a líderes de opinión y el público en general.

La remediación ambiental es una actividad más intensiva en uso de mano de obra no calificada que las actividades de extracción minera. Por ello, la remediación a gran escala incrementaría la articulación laboral entre la empresa y la población local justamente en aquellas áreas que por su afectación ambiental pasada podría ser la más propensa a la movilización anti-minera.

No es difícil incrementar los efectos positivos de esta iniciativa. En primer lugar, se debería permitir que los impuestos a ser descontados en obras por impuestos no se refieran únicamente al impuesto a la renta, muchos proyectos mineros requieren inversiones que maduran en muy largos plazos y puede tardar más de una década, desde el inicio de la inversión, antes que se generen utilidades. Para entonces se puede haber consolidado una opinión negativa respecto a los efectos ambientales de una empresa. Las empresas mineras pagan ingentes cantidades de otros impuestos (Como el selectivo al consumo de los combustibles) que de ser posible asignar a obras por impuestos podrían generar legitimidad para la minera durante la etapa exploración y construcción cuando la “mortalidad social” de un proyecto es más alta.

El efecto de construcción de legitimidad para las empresas y el sector será mayor si los esfuerzos se focalizan en pasivos mineros “emblemáticos” que han sido utilizados con mayor frecuencia en los esfuerzos propagandísticos de los anti-mineros. Con ello se reduce la efectividad de los esfuerzos de los anti-mineros por despertar el miedo entre la población. Los centenarios pasivos mineros de Hualgayoc y los de Cerro Pasco podrían ser un buen comienzo, su remediación mostraría a la sociedad el resultado de décadas de avance en las técnicas de remediación ambiental.

Para un despliegue rápido de la remediación el gobierno central debería generar un sistema simple y rápido para la presentación de proyectos de remediación por parte de las empresas mineras. Estas propuestas de remediación podrían ser aprobadas por un organismo del Estado focalizado en este tema. La posibilidad de evitar la aprobación de las autoridades sub-nacionales es necesaria puesto que en muchos casos las mismas son ineficientes, corruptas (Y desean canalizar parte de los recursos para sí mismas) , de postura anti-minera o combinaciones de  estos factores de manera simultánea. El Estado también debe facilitar los mecanismos financieros para que las remediaciones realizadas en el presente se conviertan en un menor pago de impuestos en el futuro aplicando una tasa de interés justa.

Por el lado de las empresas mineras ellas deben comprender las ganancias en legitimidad de las acciones de remediación, construir en sus organizaciones la capacidad para poder realizar remediaciones a una escala mayor que la actual y visibilizar al máximo sus acciones de remediación frente a las comunidades locales. Una empresa minera podría remediar algún pasivo minero abandonado en las inmediaciones de sus operaciones, hacer uso intensivo de mano de obra local con lo que se integra con la economía local, y llevar a cabo visitas de la población local hacia áreas remediadas con el fin de generar confianza en sus capacidades ambientales.

Consideramos que la remediación ambiental por impuestos tiene el potencial de afectar de manera positiva la viabilidad de la minería en el Perú. Sin embargo, este potencial efecto positivo requiere de la voluntad tanto del gobierno nacional como de las empresas mineras. Pero para que ello ocurra se necesitara una comprensión cabal de la manera como estos pasivos afectan la legitimidad del sector minero. Lampadia

[i] Inventario expuesto en diciembre 2016, disponible en: https://pt.slideshare.net/BraulioCastilloAnyos/inventario-de-pasivos-ambientales-mineros-2016




La legislación para la formalización de la minería no sirve

Jaime de Althaus
Para
Lampadia

Uno de los mayores estropicios del Estado peruano en los últimos años ha sido el fallido intento de formalizar a los mineros informales. El gobierno del ex presidente Humala dio unos decretos legislativos que establecieron unos requisitos imposibles de cumplir, condenando en la práctica a la ilegalidad a cientos de miles de mineros informales con consecuencias que veremos más adelante. Y el gobierno actual ha convertido la llamada minería ilegal en una forma de crimen organizado.

No es de extrañar entonces que se esté preparando un paro nacional de los mineros artesanales, tal como ha informado la Central Nacional de Mineros (Cenami), exigiendo un proyecto de ley que derogue total o parcialmente los decretos legislativos y normas que impiden la formalización de la pequeña minería y la artesanal y que, por el contrario, la convierte en organización criminal. Será el primer conflicto que tenga que enfrentar el nuevo gabinete presidido por Mercedes Araoz.

El antecedente de esas normas es la ley 27651, “Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal”, promulgada el año 2002. Como sabemos, quizá el problema fundamental en todo esto es que la gran mayoría de mineros informales opera en concesiones de terceros, y lo que debería procurarse son contratos de cesión o de alquiler entre el titular y el minero informal. Según Rafael Belaunde, el problema que tenía esta ley, es que co-responsabilizaba al titular de la concesión y al minero artesanal por eventuales pasivos ambientales. Entonces, para el titular de la concesión, los contratos de cesión carecían de incentivo. “Un titular formal prefiere padecer la invasión que asumir la obligación ambiental derivada de la cesión temporal o de un contrato de riesgo compartido. Por ello, no se suscribieron contratos entre titulares y explotadores informales e invasores y la norma no consiguió el objeto perseguido. Demás está señalar que pretender desalojos en lugares como San Luis en Yauca o Secocha en Arequipa, lugares donde se asientan miles de mineros, es imposible”, explica Belaunde.

Decretos legislativos de Humala empeoraron las cosas

Pues bien, a principios del 2012, se promulgaron los Decretos Legislativos 1100 y 1105 para superar las limitaciones de la ley 27651. Pero resultaron peores que la ley que pretendieron mejorar. Los requisitos y trámites para la formalización resultaron tan complicados que para el 2016, “de los 70,000 mineros informales que iniciaron los trámites respectivos, sólo 107 mineros artesanales habían logrado cumplirlos (menos del 0.2%). En palabras de Luis Garrido, dueño de una planta, “le exigen al pequeño minero que produce una tonelada al mes lo mismo que el que produce 500 toneladas. Por ejemplo, debe tener manual de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y un oficial de cumplimiento con rango gerencial. En Chile, en cambio, los permisos son automáticos hasta 10 mil toneladas al mes de producción”.

Consecuentemente –concluye Belaunde-, “debido a las irracionales exigencias del DL 1105, 69,893 mineros artesanales han sido condenados a la ilegalidad.  Se trata, pues, de una exclusión en masa”. Y, en realidad, son muchos más. Se calcula su número en alrededor de 300 mil.

Pero la cosa no queda allí. Según Belaunde, “una vez ilegalizados los mineros artesanales, es de aplicación el Decreto Legislativo 1100 que regula la interdicción de la minería ilegal. La interdicción consiste en el decomiso y la destrucción de los activos dedicados a ella.  ¿A qué activos se alude?: dragas, equipos portátiles de succión, retroexcavadoras, cargadores frontales, camiones, compresoras, perforadoras, chutes, molinos, motobombas, o cualquier equipo similar, sin importar su tamaño o capacidad”. 

PPK convierte minería ilegal en crimen organizado

Según Luis Garrido, el gobierno de Humala satanizó a los pequeños mineros y los metió a todos en un mismo saco, pues los decretos legislativos mencionados no separan claramente la minería aluvial de la subterránea. En la propia minería aluvial se podría trabajar con tecnologías limpias, que no usan mercurio, pero eso no se promueve. Y los decretos legislativos dados por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, aunque simplifican algo, se mantienen dentro de la misma lógica.Es más, uno de ellos, el DL 1351, incorpora en el Código Penal a minería ilegal – aquella que se realiza en lugares prohibidos y la que pueda afectar el ambiente – como crimen organizado.

Pérdida de recursos fiscales y contrabando a Bolivia

El resultado de esta ilegalización masiva para el Estado peruano ha sido la pérdida de importantes recursos fiscales que se recaudaban en el aeropuerto Jorge Chávez. Según el ex minero artesanal y ex vice ministro de minas Juan Carlos Ramírez, antes del 2012 el oro procedente de la minería artesanal o informal se exportaba por el aeropuerto Jorge Chávez como cualquier otro producto. Salían alrededor de US$ 3 mil millones de dólares al año, que necesariamente estaban controlados y pagaban alrededor de US$ 450 millones de dólares en impuestos, que ahora bien que los necesitaríamos. Pero. “al haberse satanizado toda la minería del oro que no fuera Newmont, Barrick, Poderosa, Horizonte y un par más, con los DL de Humala, este flujo económico (que es el 1.5 % del PBI) se hizo ilegal instantáneamente y comenzó a evadirse de contrabando a Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador. En este momento el oro peruano pasa al Banco Central de Bolivia donde le ponen un sello pagando 5% del valor y lo exportan. Si regresamos a la situación anterior al 2012, cuando empresas que exportaban por el Jorge Chávez le compraban a las plantas procesadoras y estas a pequeños mineros, restableceríamos el flujo económico y armaríamos la base de datos de exportadores nuevamente. Con esa base, podemos ir hacia atrás a las plantas y pequeños mineros que lo producen”.

Liberalizar la cadena y formalizar a partir de las plantas

Lo que propone Ramírez, en suma, es liberalizar por completo toda la cadena e insertar medios de generación de información a partir de la formalización y fiscalización de las plantas de procesamiento, y de allí hacia atrás. “La mejor ley es la que no existe. Cuando tú haces ilegal el alcohol generas a Al Capone, Lucky Luciano y la corrupción; cuando haces ilegal el oro generas a Peter Ferrari y la corrupción”, añade.

Esto se puede hacer incluso en Madre de Dios. Ramírez propone que allí se instale una refinería de oro, que podría ser de la suiza MKS o PAMP (Productos Artísticos Metales Preciosos). Los pequeños mineros tendrían que hacer una separación gravimétrica, sin usar mercurio. Las tecnologías existen.

Antes de estas leyes, las plantas de procesamiento retenían los impuestos que debían pagar los mineros informales y pagaban a nombre de ellos. Restablecer ese sistema permitiría construir información acerca de los informales e ir formalizándolos. El propio plan de Peruanos por el Kambio proponía un esquema similar, pero no lo están ejecutando.

Garrido explica que antes del 9 de octubre del 2014, la planta procesadora, que actuaba como agente de retención, le retenía al pequeño minero el 18% del IGV y el 4% del valor de la venta (a título de impuesto a la renta). Y le emitía una liquidación de compra. Pero a partir de esa fecha obligan a que el pequeño minero facture y emita su guía de remisión. El resultado es que muchos abandonan y ya no venden a las plantas formales porque la Sunat les impone multas, cobranzas coactivas y embargos cuando no han pagado el IGV o el IR.

Sólo 5,000 pueden facturar y formalizarse
Además, sólo alrededor de 5,000 pequeños mineros pueden facturar porque son los únicos que tienen contrato con los titulares de las concesiones en las que operan. Como consecuencia de la obligación de facturar y que solo lo pueden hacer los que tienen contrato con el concesionario, “las plantas formales casi no trabajan o lo hacen a medias. Entonces los propios mineros procesan o aparecen los “molineros” que procesan en pozas usando cianuro, o mercurio con los quimbaletes. Esos sí son destructivos ambientalmente”, explica Garrido.

Es decir, las normas que se dieron para formalizar están produciendo más informalidad y más destrucción ambiental. Parten del principio de que se formaliza sólo el que tiene título o contrato. Pero solo alrededor del 5% lo tiene. Entonces son excluyentes por definición.

Por eso, no se entiende cómo el gobierno va a lograr la meta anunciada por la Premier Araoz de llegar a 55 mil mineros formalizados el 2021, una cifra además, poco ambiciosa considerando un universo de alrededor de 300 mil informales. Es imposible si no se resuelve el principio de que solo se formaliza el que tiene título o contrato con el concesionario.

La Premier ha anunciado también un proyecto de ley para crear el Fondo Minero. Según nos explica la ministra Aljovín, “el Fondo Minero financiará asistencia técnica y capacitación para temas de seguridad y uso de tecnologías limpias para cuidado del medio ambiente. Asimismo, apoyará en asistencia para presentar los requisitos exigidos en el proceso y facilitará acceso a mercados (otorgando certificaciones, por ejemplo). También comprará a precio justo de mercado el oro extraído”. Todo eso está muy bien, pero de nada servirá mientras subsista la restricción mencionada.

La solución
Ahora bien, ¿cómo resolver el problema de los informales precarios en concesiones ajenas? Ramírez recuerda que la Cerro de Pasco trabajaba con pequeños mineros: les daba compresoras, equipo minero en general y les compraba, que es lo que hace Enhami en Chile. Se trata, en buena cuenta, de un contrato de alquiler. Y en caso de encontrarse un yacimiento grande en las zonas trabajadas por los pequeños mineros, estos se obligan, en el contrato que firman a retirarse. ¿Quiénes se oponen a una solución como ésta? Los abogados, con el argumento de que son invasores a los que se les va a dar un derecho. Como dice Ramírez, habría que hablar con los estudios Grau, Echecopar, Muñiz, Rodrigo, etc., para que “cobren por dar soluciones, no problemas”.

Además, según Garrido el 90% de los denuncios de concesiones se efectúan para especular. “El Estado debe mediar e ir resolviendo el problema caso por caso”. Además, hay aquí una labor fina de hacerle comprender al inversionista que el modelo de negocio en minería ya cambió y que para obtener la licencia social es bueno llegar a acuerdos. Refiere que Hudbay en Velille, Cusco, por ejemplo, denuncio 14 mil hectáreas y le dijo a los mineros informales: yo les doy 400 hectáreas y les ayudo en sus permisos, y Uds. me dan la licencia social. “De esa manera todos ganan. Les ha cambiado la vida.  Otras empresas, en cambio, dicen esto “es mío, quiero más”.

En resumen, de lo que se trata es de simplificar drásticamente los requisitos para la formalización (ver anexo preparado por Rafael Belaunde) y actuar a partir de plantas formales de procesamiento hacia atrás, restableciéndoles a dichas plantas la condición de agentes retenedoras de impuestos.

ANEXO
SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA MINERIA ARTESANAL
Rafael Belaunde

Decenas de millares de ciudadanos pobres se dedican a la actividad minera artesanal en zonas del territorio donde no existen posibilidades laborales alternativas. De acuerdo a la Ley General de Minería, el Estado protege y promueve la minería artesanal y la pequeña minería. Sin embargo, los reglamentos no sólo han desvirtuado ese precepto, lo han contravenido.

La minería artesanal es aquella que extrae y procesa un máximo de 25 TM/día. Esta es la categoría a la que pertenecerían la mayoría de mineros informales, si los requisitos para la formalización fueran razonables. Los llamados mineros informales, o son concesionarios artesanales que no pueden cumplir con los agobiantes requisitos legales, o son ilegales que explotan exiguos volúmenes en áreas concedidas a terceros (invadidas), o áreas del Estado.

Se sugiere que la problemática artesanal sea encarda diferencialmente en función al ámbito geográfico y a la existencia o inexistencia de titularidad por parte del minero. Cambios propuestos a la ley y a sus reglamentos:

  1. Reducción en costa y sierra de la concesión mínima, de una cuadrícula de 1,000 X 1,000 metros a la cuarta parte (500 X 500 metros), que sería una sub cuadrícula de la actual.
  2. Concomitantemente, elevación del Derecho de Vigencia a US$ 5/hectárea/año, excepto para las primeras 1,000 hectáreas que seguirían con el régimen de US$ 3/ha/año y constituirían límite máximo para la categoría. Estas normas desincentivarían el acaparamiento especulativo y liberarían áreas. (Uno de los problemas actuales es la inexistencia de áreas libres donde ubicar informales).
  3. Simplificar y reducir los requisitos de la Declaración de Impacto Ambiental haciéndolas compatibles con el insignificante impacto que una operación artesanal genera. Las DIA en áreas desérticas deben ser mucho menos rígidas y engorrosas que para zonas agrícolas o selváticas. El CIRA debería poder ser firmado por cualquier arqueólogo colegiado y tendría categoría de Declaración Jurada.
  4. Disponer que el COM (Certificado de Operación Minera) sea documento suficiente para ejercer actividad minera, eliminándose el permiso de inicio de actividades. Antiguamente, el título de la concesión otorgaba automáticamente las prerrogativas que hoy otorga el COM. Otra traba es que el COM puede ser de exploración o de explotación, distingo absurdo para la problemática artesanal.
  5. Prohibir el uso de cianuro y de mercurio fuera de plantas autorizadas que cuenten con sistema de retorta para el mercurio y relaveras impermeabilizadas tanto para el cianuro como para el mercurio.
  6. Instalar plantas de procesamiento y/o facilitar su instalación en lugares estratégicos para servir y fiscalizar a la minería artesanal y para desincentivar el uso de quimbaletes que, salvo para fines de gravimetría, debiera quedar proscrito en un plazo prefijado.
  7. Reducir los límites del área protegida de las Líneas de Nazca a la pampa en donde efectivamente se encuentran, para crear en el área liberada un parque minero artesanal donde ubicar a informales que carecen de concesiones. Repetir el esquema en Puno (en torno a La Rinconada), en la zona de Chala y en las otras zonas de concentración de informales, en base a las áreas que reviertan al Estado como consecuencia del incremento de DV. Es oportuno indicar que la reserva de las Líneas de Nazca ocupan más área que la comprendida entre Ancón y Pucusana, y entre La Punta y Chosica. Es decir, un área mayor a la de las provincias de Lima y Callao juntas. Las líneas en sí, ocupan un fragmento minúsculo de la reserva. De haberse aplicado similar criterio en torno al cerro Baúl en Moquegua (importante sitio arqueológico) Cuajone, Quellaveco y los Calatos estarían dentro de áreas protegidas.
  8. Crear un sistema de concesiones particular para el llano amazónico a efectos de reducir aún más el hectareaje mínimo, a 10 hectáreas, incrementando el DV a US$ 20/ ha/año en la amazonia, debido a que el impacto minero en los depósitos aluviales en zonas profusamente vegetadas es muy superior al causado por las explotaciones subterráneas en zonas áridas y poco propicias para la agricultura, a efectos de crear un fondo para la reforestación.
  9. Flexibilizar la compra, el transporte, el almacenamiento y el uso de cantidades poco significativas de explosivos.
  10. Adecuar las multas por incumplimiento de obligaciones burocráticas (DAC) a niveles no confiscatorios y fijar plazo razonable de prescripción (2 o 3 años) para los procesos de fiscalización. La actual espada de Damocles es un instrumento de amenaza y extorsión de burócratas inescrupulosos.
  11. Crear Derechos Especiales sobre ciertos derechos caducos a efectos de permitir que en ellos se permitan actividades mineras por parte de mineros sin concesión, previo empadronamiento, tal como se sugiere en 7.

Lampadia

 




La ilusión del Dorado y la realidad de Sodoma

La fiebre del oro se repite una y otra vez en la historia, al norte o al sur del planeta, en las costas o depósitos aluviales, y hasta en las grandes alturas, La Rinconada en Puno. La más simbólica, una de las que se llegó a ocupar el gran escritor austriaco, Stefan Zweig, en su oda, “Momentos estelares de la humanidad”, fue la fiebre de oro de California del siglo XIX en un territorio donde ahora está la gran ciudad estadounidense de San Francisco. Ver en Lampadia: Minería Ilegal del Oro – Un análisis contextual.

Fuente:  diariocorreo.pe

En el siguiente artículo del periodista peruano que recorre el mundo detrás de reportajes llamativos, podemos ver como una de la tragedias sociales de la búsqueda del ‘Dorado’, se repite una y otra vez. Ahora, en el Perú, además del desastre causado por la minería ilegal de los depósitos aluviales de Madre de Dios, tenemos una explotación filoniana a más de 5,000 metros de altura, donde no vive ningún otro ser. Evidentemente, la dinámica social de La Rinconada se asemeja a la de una pequeña Sodoma en la que la necesidad, la ambición y la explotación social se dan la mano. Un reportaje, que no debemos dejar de ver.    

Los mineros de oro que trabajan gratis​

Muchos hombres acuden a esta brutal tierra sin ley, a veces con toda su familia, en busca de la fortuna que les dé una vida mejor

Por Sebastián Castañeda, periodista gráfico peruano.
BBC (Travel)
05 de octubre de 2016
Traducido y glosado por
Lampadia

A man’s world (Credit: Credit: Sebastian Castañeda)

El mundo de los hombres

Situada al sur de los Andes peruanos, a una altitud de más de 5,000m, la ciudad minera de oro de La Rinconada es la más alta vivienda humana en la Tierra.

Conocida como la «tierra de los hombres» debido a las brutales condiciones de trabajo que enfrentan los hombres, la ciudad atrae a trabajadores de todas las naciones andinas que buscan fortuna. Pocos pueden manejar el frío extremo y la altitud, mientras que el calor y la humedad en los túneles mineros pueden ser casi insoportable. 

Seeking their fortunes (Credit: Credit: Sebastian Castañeda)

Buscando sus fortunas

Durante las últimas décadas, miles de hombres de todo el Perú han migrado a estas montañas de pequeñas ciudades para probar su suerte. Algunos han estado aquí hasta 20 años.

Cada año se extraen de las minas más de 100 toneladas del metal, y el aumento del precio del oro ha causado que la población de la ciudad se duplique en los últimos cinco años a cerca de 50,000. 

A harsh life (Credit: Credit: Sebastian Castañeda)

Una vida dura

Hay pocas comodidades en La Rinconada. Las calles están siempre fangosas por el deshielo, y no hay agua potable, sistema de alcantarillado ni letrinas públicas. Incluso los lagos cercanos, de los cuales muchos residentes recogen el agua, están contaminados por el mercurio desechado que se utiliza para separar el oro de las piedras. 

In sickness and health (Credit: Credit: Sebastian Castañeda)

En enfermedad y salud

Cada día, los mineros caminan por un estrecho camino de 1km que conecta la ciudad con las minas de las montañas cercanas. La basura está esparcida por toda la ruta, ya que no hay servicios básicos tales como recolección de basura. Debido a las insalubres condiciones, así como las inclemencias del clima, es frecuente que sus habitantes sufran de infecciones respiratorias agudas y diarreicas. 

Working for free (Credit: Credit: Sebastian Castañeda)

Trabajando gratis

Los mineros trabajan en un sistema tradicional de trabajo llamado cachorreo, donde trabajan 30 días sin paga para la minera informal, seguido por uno o dos días de minería de oro para sí mismos.

No es raro que los mineros se retiren sin nada. Pero incluso con las complicadas condiciones que enfrentan, los mineros se opusieron fuertemente a un esfuerzo reciente para reformar el sistema cachorreo en un modelo salarial peruano nacional. El cachorreo ofrece una mayor oportunidad de ganar dinero – por no hablar de la oportunidad de contrabandear oro de la mina durante los días no remunerados. 

A lawless world (Credit: Credit: Sebastian Castañeda)

Un mundo sin leyes

La Rinconada tiene una economía en efectivo con pocas opciones de gastos que no sean bares y discotecas, que son abundantes, al igual que strippers y prostitutas. No hay una ley establecida, lo que resulta en frecuentes borracheras públicas e incluso puñaladas, principalmente en peleas de mineros sobre las mujeres. 

The women of the mine (Credit: Credit: Sebastian Castañeda)

Las mujeres de la mina

Hay otra comunidad aquí arriba, mujeres que trabajan como pallaqueras, el término local para los grupos de mujeres que clasifican las rocas no deseadas y los escombros de las minas de oro. Buscan pequeñas piezas de oro que pudieran haber sido desechadas o ignoradas por los mineros. 

Scavenging for scrap (Credit: Credit: Sebastian Castañeda)

Buscando en la chatarra

Llegando a ser alrededor de 700 mujeres, estas pallaqueras – en su mayoría madres solteras, viudas y esposas de mineros – martillan las rocas durante ocho horas al día, dependiendo de su fuerza. No se les permite entrar a la mina, ya que se cree que traen mala suerte. 

Frozen football (Credit: Credit: Sebastian Castañeda)

Fútbol congelado

Dado que la hierba no crece a esta altitud, los mineros juegan al fútbol en un campo sintético. El ambiente es duro. Aquellos que vienen aquí se enfrentan a varias enfermedades de altura, como agotamiento, dolores de cabeza, mareos, náuseas e insomnio. Se dice que las minas de La Rinconada matan a los trabajadores rápidamente, a través de accidentes y derrumbes, así como lentamente, al desarrollar problemas terminales de salud por las malas condiciones de vida. Pero los hombres siguen acudiendo aquí, a veces acompañados por toda su familia, en busca de la fortuna que les dará una vida mejor. 

 




El Perú ‘real’ que muchos no quieren ver

Gracias al compromiso de Richard Webb con la investigación sobre el Perú, los peruanos tenemos acceso a información rigurosa sobre nuestra realidad económica y social que nos permite entender el país más allá de lo que cotidianamente alimenta nuestras mentes desde el espacio académico y mediático.

Webb ha sido uno de los primeros economistas que dedicó su esfuerzo profesional a entender la pobreza, a rescatar de más allá del horizonte de nuestras miradas, los datos que nos permitían contrastar nuestra realidad. A eso dedicó buena parte de sus años en el Banco Mundial, hizo el primer mapa de la pobreza con Graciela Fernández Baca, creó el ‘Instituto Cuanto’ en 1989, cuyo objetivo es entre otros: Mejorar los métodos de estimación de la estadística económica y social, haciéndola más precisa, oportuna y aplicable para las decisiones públicas y privadas. Ver: http://www.cuanto.org/brochureIcuantoEsp.htm.

Actualmente, desde el Instituto del Perú de la USMP sigue desarrollando sus investigaciones y produciendo libros y artículos sobre nuestra realidad, como: Conexión y Despegue Rural, que nos describe el proceso de desarrollo de nuestra sierra rural desde los años 90.

En su último artículo, publicado en El Comercio, que presentamos líneas abajo: ‘Nuevo Ocongate’, sigue describiendo, tercamente, información rigurosa sobre nuestra realidad, mientras el Perú apuesta por seguir desangrándose en luchas fratricidas y ahogarse en mares de información sesgada y opiniones que privilegian  visiones políticas. Ver:    

Nuevo Ocongate

Richard Webb

Director del Instituto del Perú de la USMP

El Comercio

22 de mayo del 2016

 

“La conexión vial ha jugado un papel determinante”

El pueblo y su distrito en la serranía al sur de Cusco siguen con el nombre colonial, Ocongate, pero hoy viven una transformación tan radical que un nombre más apropiado sería Nuevo Ocongate. 

Algunos cambios:

1. Se descubrió el riego tecnificado, tecnología barata y revolucionaria, que permite obtener dos o tres cosechas al año. Los usuarios aumentaron de 2% de los agricultores en 1994 a 26% en el 2012 y siguen aumentando. Otra nueva tecnología ha sido el alimento balanceado para el ganado, cuyo uso aumentó de 2% a 31%. 

2. El distrito se urbaniza rápidamente. Los campesinos dejan el campo y se mudan a los pueblos distritales que crecen a 5% anual, más rápido que Lima. Según el alcalde, el precio del terreno urbano ha subido bastante y puede costar “un ojo de la cara”.

3. La producción agrícola se diversifica. Además de la tradicional papa y lana, ahora se producen cuyes en gran escala. Según declaración del gerente municipal, entrevistado por Norman Gall y Polo Ruiz, del Instituto Braudel de Sao Paulo, Ocongate ahora exporta quesos y cuyes. “Vienen del Cusco a comprar en combis y se llevan de 800 a 1.000 cuyes al peso vivo cada semana, y la producción láctea también va una parte a Cusco y otra a (Puerto) Maldonado. Antes entraba al mercado de Cusco bastante queso de Puno. Ahora se encuentra más queso de Ocongate; diariamente se recolectan más de 9.000 litros de leche. Tenemos plantas lecheras donde se elaboran los quesos”. Crecen también la papa nativa, la oca, las piscigranjas de trucha y la panificación. 

4. La diversificación incluye actividades no agrícolas, como el transporte, el comercio, la construcción, la artesanía y diversos servicios. Antes, apenas uno de tres pobladores se dedicaba a las actividades productivas no agrícolas. Hoy la proporción llega a 80%. 

5. El turismo fue impulsado originalmente por la peregrinación anual al imponente nevado Ausangate, el Qoyllur Riti, pero se extiende ahora al trekking, ciclismo y disfrute del paisaje, y en la imaginación de la población local, el turismo sería la actividad del futuro

6. Otra actividad es la minería informal ubicada en las alturas aledañas de Ccarhuayo, que genera demanda de trabajo y de provisiones para los pobladores de Ocongate, aunque, como sucede con esa actividad en general, es acompañada por vicios sociales y conflictos. 

7. Aumenta el ir y venir migratorio. La proporción de los agricultores que combinan la conducción de sus predios con el trabajo ocasional afuera del distrito aumentó de 19% a 31% entre censos. 

8. La conexión vial ha jugado un papel determinante, primero con caminos afirmados que redujeron sustancialmente el tiempo de viaje al Cusco, y luego por la llegada de la Interoceánica asfaltada que pasa por Ocongate en su camino a Madre de Dios. 

9. La municipalidad ejerce un liderazgo al dedicarse al desarrollo de proyectos productivos, además de construir escuelas y postas. Pero el alcalde, empresario exitoso elegido cuando volvió a su pueblo desde Lima, se lamenta, más bien, del asistencialismo, de una cultura de “estirar la mano.” Sigue habiendo comunidades, pero falta el sentido de comunidad. Hay iniciativa privada pero cuando “se les cae el cerro encima… ellos no van a mover una piedra”, una cultura de “estirar la mano,” dice el alcalde.

10. El nuevo Ocongate es una población con mejores niveles de vida, como se ve en el alfabetismo, los jornales y una mucha mayor esperanza de vida, aunque también con nuevos retos sociales. 

Lo importante es reconocer que se trata de un nuevo Ocongate.

Ver animación de Lampadia inspirada en el libro ‘Conexión y Despegue Rural’, de Richard Webb: Testimonios de la Prosperidad.

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Ver otros artículos sobre las investigaciones de Webb:

Lampadia

 




La minería impulsa el crecimiento de las regiones del Perú

Hace unos días se publicó el Informe de Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE), consolidado al 2015, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). Muestra que la región que más creció en el segundo trimestre del 2015 fue Madre de Dios, al reportar un incremento de 25.1%, muy por encima del promedio nacional. Le siguen Apurímac y Junín, regiones que reportaron un crecimiento de 12.2% y 12.0%, respectivamente. La primera, fundamentalmente por la minería ilegal y las dos siguientes, por la minería moderna y formal.

La actividad económica de Madre de Dios se vio fuertemente impulsada por el incremento de la producción de oro (58.3%) y la producción agrícola (16.3%). Según el IPE, “la mayor producción de oro responde al incremento de la actividad minera informal, pese al esfuerzo del gobierno por formalizarla y erradicar las actividades ilegales”. El informe detalla que el crecimiento reportado responde a las “menores interdicciones a la minería ilegal en la región, que permitió la recuperación de la producción de oro (160.6%)”. Por otro lado, la mayor producción agrícola se explica por mayores cultivos de maíz amarillo duro (35.3%) y papaya (89.5%).

Recordemos que Madre de Dios fue la región que más cayó durante el 2014, al reportar un decrecimiento de 13.5%. “Cuando hay una fuerte actividad de interdicción, la producción de oro ilegal cae y eso también afecta la producción de oro de Madre de Dios”, explica Víctor Fuentes, economista del IPE.

El segundo mayor crecimiento del ICAE es de la región Apurímac, la cual experimentó un crecimiento de 12.2%. Esto se debió principalmente al fuerte incremento de la producción minera, impulsado por el inicio de la producción del proyecto Las Bambas (en diciembre) y por el inicio de operaciones del proyecto Anama (en marzo)

El proyecto Las Bambas cuenta con reservas minerales de 7,2 millones de toneladas de cobre. Se espera que produzca más de 2 millones de toneladas de cobre en concentrado en sus primeros cinco años. Se estima que la vida de Las Bambas será mayor a 20 años, dado que su potencial de exploración es considerable, y que solo el 10% de la propiedad otorgada en concesión se ha explorado hasta el momento. Ver en Lampadia: La encrucijada de Las Bambas es también la del Perú.

La tercera región con el mayor crecimiento fue Junín, con 12.0%. Este resultado también es consecuencia de un fuerte incremento de la producción minera (59.9%), ya que Toromocho se encuentra en su etapa de consolidación y la producción de cobre creció 139.3%. También hubo un incremento en el sector agrícola (7.9%), gracias a un mayor cultivo de café (30.0%) y cacao (23.7%).

En general, en 2015, las regiones que más crecieron fueron las mineras (5.7%). Cusco, por ejemplo, obtuvo un buen resultado de 7.5% gracias a  la consolidación de las operaciones de la mina Constancia. En el caso de Arequipa, la región creció 2.9% por el inicio de operaciones de la ampliación de Cerro Verde. También  Tacna obtuvo un resultado de 7.1% por una mayor producción minera (10.5%). Además, es importante notar que Moquegua creció 1.7%, especialmente gracias a una mayor actividad manufacturera impulsada por la refinación y fundición de cobre que se incrementaron en 6.9% y 4.2%, respectivamente.

Por otro lado, las regiones que menos crecieron fueron Huancavelica (-3.1%), su primer crecimiento negativo luego de 7 años, San Martín (-1.2%) y La libertad (-0.8). En el primer caso, se debe a una disminución de la producción minera (-6.5%) por la caída en la producción de cobre (-4.2%) y plata (-6.8%). En San Martin fue por la desaceleración de la actividad agrícola (1.8) y en La Libertad por una caída del sector agrícola, específicamente por menores cultivos de espárragos (4.5%) y páprika (65.0%).

El principal componente del crecimiento de la economía es la inversión privada, especialmente en minería. El Perú es un reconocido productor mundial de cobre, oro, plata y zinc. La minería genera normalmente el 60% de los ingresos por exportación, con solo el 7%  del PBI. Para poder retomar nuestra competitividad y reanudar el alto crecimiento que nos consagró como ‘La estrella de América Latina’, se tienen que tomar medidas de inmediato.

Sin embargo, en los últimos años se ha fomentado una serie de mitos anti mineros (que contamina, que se gasta el agua, que exporta piedras, que no se puede hacer minería en las cabeceras de cuenca, etc.). Además, de facto y paulatinamente, se instaló un ambiente anti inversión privada mediante todo tipo de trabas burocráticas, permisos ambientales, culturales, que además del empoderamiento de las autoridades regionales y municipales con capacidades discrecionales absolutas (con el dinero del canon en sus manos, pensaron que no necesitaban al sector privado y actuaron como si los ciudadanos individuales y las empresas fueran sus enemigos). Todo esto, la parálisis de la inversión minera y sus efectos multiplicadores, terminaron desacelerando a una de las economías más dinámicas del mundo, nuestro Perú. Ver en Lampadia: Destrabemos la construcción de nuestro futuro.

Lamentablemente, desde el 2011 hemos parado el principal motor de la economía peruana, ya sea alentando mitos como “Agua sí, Oro no”, permitiendo los desbordes de los grupos anti mineros y multiplicando la normatividad que se ha convertido en una trampa imposible de superar. Así hemos perdido inversiones de más de US$ 22,000 millones en lo que va de este régimen. Ver en el siguiente cuadro los datos que presentó Julio Velarde, el Presidente del Banco Central de Reserva en Perumín sobre la tramitología minera:

Contamos con un sector que aporta un gran valor agregado a la economía, generando miles de millones de dólares de exportaciones. Pongamos en valor los recursos mineros que tenemos el privilegio de tener y actuemos en pro del desarrollo integral, duradero y sostenible. Lampadia        




La Minería Moderna crea Activos Ambientales

Tradicionalmente, parte de la minería generó muchos impactos ambientales. Desde que el mundo moderno y el Perú adoptaron estándares ambientales muy respetables, la minería moderna ha creado en nuestro país importantes activos ambientales. Lamentablemente, con la minería ilegal sucede todo lo contrario, no solo generan terribles daños ambientales, también explotan a sus trabajadores, fomentan la prostitución, la violencia y territorios liberados, que junto con los impactos del terrorismo, el narcotráfico, la tala ilegal y el contrabando armado de Puno.

Sobre estos daños no se pronuncian las ONG anti-mineras ni los movimientos políticos “anti extractivismo”. Los líderes de estos procesos, muy vinculados a ex terroristas convictos y confesos, que hasta ahora no se arrepienten de sus terribles crímenes, han desarrollado campañas de victimización que han llegado incluso a confundir a un ex líder nacional como Hernando de Soto, que ahora pretende que participen en la vida nacional, como si tuvieran algo que aportar. Todos ellos deben ser proscritos de la política nacional hasta que hagan demostraciones efectivas de arrepentimiento y de ‘dolor de corazón’, como pediría un sacerdote dedicado a la evangelización.

La inversión minera moderna generando ahora activos ambientales. Lo que es más, incluso existen procedimientos pre establecidos de cierre de mina para los cuales se constituyen fideicomisos que las empresas depositan anteladamente para garantizar su cumplimiento. Estos procedimientos pretenden que después de terminadas las operaciones mineras, se repongan las condiciones previas a las operaciones.

Entre los activos ambientales mineros, destacan notoriamente los de Yanacocha (una de las compañías mineras más criticadas) con el reservorio de San José, el cual ofrece agua sana para la población de Cajamarca. Además están los bosques desarrollados por Antamina en la costa, al separar los concentrados que bajan con agua, que una vez secos se exportan. Con esa agua (debidamente tratada), se ha desarrollado el Bosque de Huarmey.

Otro activo notorio es el de Southern, otra empresa vilipendiada por los anti-mineros, que antes echaba sus relaves a la bahía de Ite (una suerte de paisaje marciano) y hoy es ha creado  refugio de aves migratorias (que evidentemente no van a elegir un sitio contaminado para su lugar de descanso). En consecuencia, se ha producido una muy positiva transformación.

Así como este hay muchos casos más que desvirtúan las acusaciones de los personajes que todavía lucran en metálico y en cuotas de poder político, tratando de eliminar las operaciones mineras.

Desgraciadamente, estos activos ambientales no han sido adecuadamente difundidos, ni por las empresas ni por su gremio. Por ejemplo, Jaime de Althaus ha demandado estos testimonios durante mucho tiempo y, solo una vez que Carlos Gálvez asumió como Presidente de la SNMPE, hemos podido conocer esta extraordinaria realidad. Extraordinaria, tanto por su contenido, como por su difusión. 

Ver el siguiente video, como una demostración de este desarrollo:

 

 




Territorios liberados amenazan libertad, democracia y prosperidad

Tiroteos, atentados, asesinatos a mansalva ganan portadas y espacios en la prensa nacional. La ferocidad y ensañamiento con los que se comenten estos homicidios nos hacen temer lo peor. Peor aún, los vínculos de la política y el narcotráfico se hacen evidentes.

Además del tema de la droga, siguen prosperando otras actividades mafiosas que van configurando un nuevo mapa del Perú. Un territorio liberado donde no se deja entrar al Estado ni al sector privado con actividades formales.

Cabe preguntarse. ¿Estamos por convertirnos en un narcoestado? ¿Estamos perdiendo el control de nuestro territorio?

Un reciente trabajo publicado por los expertos en esta materia, Jaime García y Gabriela Stöckli: “El Rol de las Instituciones del Estado en la Lucha Contra Las Drogas en los Países Productores de Hoja de Coca” (ver documento en Lampadia), nos ayuda a responder estas acuciantes preguntas.

El narcotráfico no puede entenderse como un fenómeno peruano. Hay que entenderlo en relación a los países productores (Perú, Bolivia y Colombia) y a los consumidores.

“Entre los años 2000 y 2013 la producción  potencial de cocaína en la región [Perú, Boliviay Colombia] habría decrecido de 879 a 675 toneladas métricas. Asimismo, el nivel de incautación de drogas, en los tres países, se habría incrementado de 97 a 182 toneladas”, señala el citado estudio.

“Sin duda que el impacto económico del narcotráfico también se ha reducido en la región en los últimos años, de acuerdo a los informes de monitoreo de UNODC. Para el caso de Bolivia, el valor en finca de la producción de hoja de coca en porcentaje de su PBI ha decrecido de 3% en el 2004 a 0.9% en el 2013. Similar situación ocurre con la economía de Colombia, donde ha habido una reducción sustancial de cultivos de coca y un crecimiento económico importante, permitiendo que el valor de coca como porcentaje de su PBI se reduzca de 0.3% en el 2004 a 0.2% en el 2013. En el caso del Perú, el crecimiento económico también ha permitido que se reduzca el impacto de los cultivos de coca en el PBI desde 0.44% en el 2004 a 0.25% en el 2013”.

En el caso del Perú,  la reducción se debe a una política antidrogas que  está dando resultados en algunas provincias del país. Los sorprendentes resultados de la región San Martín son un claro ejemplo de ello. Los cultivos de coca han sido sustituidos por cacao, café, palma aceitera, plátano y otros productos de exportación. Algo similar se ha producido en la provincia de Leoncio Prado (Huánuco) que abarca a todo el Alto Huallaga (Ver en Lampadia: Cae producción de coca en el Alto Huallaga).

Este éxito en aquellas zonas se basa en una estrategia integral de erradicación de cultivos ilegales y una posterior promoción de cultivos alternativos. El sobrecosto de la erradicación ha obligado a muchos agricultores a cambiar la coca por cultivos alternativos, cuyos precios internacionales aumentaron notoriamente y lograron una gran aceptación en los mercados por su excelente calidad. Asimismo, el incremento de la inversión pública traducida en mejores carreteras, colegios, sanidad, redes eléctricas y de telecomunicaciones, abarató costos y vinculó a estas zonas con mercados. Tambiénha sido clave la entrega de títulos de propiedad.

Sin embargo, el hecho de que su peso en la economía del Perú, haya disminuido de tal manera, no significa que su influencia en la política haya decaído. Por el contrario, podría decirse que en una situación de esta naturaleza, ha hecho necesaria (para los traficantes) una mayor protección “institucional”  (política, policial, judicial, etc.) para viabilizar su espacio de operación.

Un riesgo para la penetración del narcotráfico en la política  es la grave desinstitucionalización que vivimos. Todos los días aparecen, se crean o forman partidos, movimientos y organizaciones afines. A los narcos les es muy fácil tentar o llegar el poder a través de estos “vehículos”. Como señala Kevin Casas Alzamora, Secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA): “si un mafioso quiere financiar a un candidato presidencial no necesita comprar una organización partidaria, puede montar una maquinaria electoral sorprendentemente frágil y con eso es competitivo electoralmente”.

Esta situación se agrava en las regiones y provincias. Casas indica: ”la descentralización política [proceso que se ha dado de forma acelerada y descuidada], cualesquiera sean sus virtudes, crea un problema complicado… para un mafioso es mucho más barato y menos visible comprar a un alcalde [o Gobernador, Jefe de Ronderos, Jueces y Policías] que comprar a una autoridad nacional”.

Esta debilidad institucional es aprovechada por los propios narcos y las otras organizaciones delictivas dedicadas a la tala y minería ilegales, el contrabando, etc., pues todas ellas requieren de territorios liberados para operar sin contratiempos.

Como señalan García y Stöckli, “el narcotráfico impacta social, ambiental, política y económicamente a la sociedad en la cual se desenvuelve, teniendo como campo de acción territorios en los cuales el alcance y densidad del Estado son mínimos”.

“Según un informe realizado por las Naciones Unidas, en el caso peruano, los distritos en los cuales se cultiva hoja de coca, el Índice de Desarrollo Humano es menor que el promedio nacional (0.312 versus 0.498). (…) a pesar de los altos ingresos monetarios que supone el cultivo de la coca, no se ha acortado la brecha de desarrollo entre los distritos donde existe cultivo de hoja de coca y  aquellos en los cuales se encuentra ausente”, sostienen los investigadores.

Es allí donde el narco campea, se desarrolla e influye. Toma el control de las municipalidades, fiscalías, rondas, cortes distritales y provinciales. Cuando los llamados “clanes familiares” progresan van tomando Gobernaciones regionales. Existen varios indicios de ello y algunas acusaciones bien fundamentadas de cómo en distintas regiones (Ucayali, Huánuco, Ancash, Amazonas y otras), personajes vinculados al narcotráfico controlarían el poder. De allí a seguir infiltrando congresistas existe un paso. 

Los narcos no solo toman el control de las zonas de producción, sino también de lugares clave por los que embarcan la droga. Los puertos son objetivos clave. Las incautaciones de cocaína en el puerto del Callao, en las que se ha descubierto que algunos estibadores son parte de mafias, constata de que el sistema de “bolsas de trabajo” permite a los remanentes del personal de Enapu controlar quienes cargan y descargan los buques y abrir las puertas al descontrol.

Todavía pareciéramos lejos de ser un narcoestado en el aspecto nacional, pero ya existen lo que podríamos llamar “narco regiones o narco distritos”. El Estado está obligado a investigar con gran dedicación la realidad de cada localidad, a comunicar a los ciudadanos la verdadera situación de cada una, los indicios serios sobre la penetración silenciosa de esta plaga y combatirlos con inteligentemente.Hasta ahora, ni siquiera se ha aprobado en el Congreso la norma que permita derribar las avionetas (20 por día), que entran y salen de nuestro territorio llenas de coca.

Un tema fundamental es el de “seguir el dinero” (follow the money), como nos recomendó el general Óscar Naranjo de Colombia en el último Cade. Ver en Lampadia: Sin buena policía no hay estado de derecho).

Ya tenemos suficientes evidencias, síntomas y presunciones, como para asumirla lucha contra el narcotráfico y las otras actividades ilegales, como una de las mayores prioridades del Estado. 

¡Tenemos que recuperar el control de nuestro territorio hasta en el más pequeño espacio de la Nación! Lampadia

 




Madera: Fabulosa reserva productiva

El Perú ha desaprovechado la riqueza potencial de sus bosques. Basta ver el mapa del Perú con cierto detenimiento para descubrir que el 50% de nuestro territorio está cubierto de bosques naturales (68 millones de hectáreas). Somos el segundo país Latinoamericano con esta riqueza y décimo primero a nivel mundial. A pesar de ello, hemos despreciado este inmenso potencial como se ve expresado en que nuestras exportaciones no llegan ni al uno por ciento de la demanda global por recursos forestales. Como hemos señalado en Lampadia, este es un desperdicio sin nombre que las regulaciones actuales no llegan a corregir y se ve agravado por la tala ilegal que sufre la selva amazónica al punto de poner en riesgo de extinción especies como la caoba.

Sin una clara visión que promueva una política adecuada para el desarrollo forestal, nuestros bosques vienen siendo desbrozados por mafias de taladores ilegales que incluso han llegado al asesinato de dirigentes nativos con el fin de perpetuar su comportamiento delictivo. Aunque no existen cifras precisas, se cree que por lo menos el 50% de la madera que se extrae en el país es de dudosa procedencia.

Mientras los taladores ilegales operan literalmente amparados en la Ley de la Selva, el Estado poco o nada hace para detener este tráfico y mucho menos para que se efectúe una explotación racional, técnica, eficiente y legal, que ponga en valor este magnífico recurso, hoy desperdiciado y saqueado. Desde el 2004, en que se dieron las últimas concesiones madereras  ya se mostraba la falta de efectividad de esta política, el sector ha estado en el abandono. Como recuerda el Comité de Madera e Industria de la Madera de Adex, “de los 17 millones de hectáreas con aptitud forestal que existen en el Perú, menos de 2 millones se encuentran en producción real”. De las 613 concesiones forestales que se otorgaron hasta el 2004, las cuales cuentan con 7’622,244 hectáreas, solo el 35% se halla en actividad, según Serfor. Las exportaciones peruanas de madera solo ascienden a 150 millones de dólares anuales.

¿La razón? El sistema de concesiones no crea las condiciones e incentivos suficientes. Un estudio de la Universidad del Pacífico concluyó que el periodo de concesión es muy breve, por lo que no creaba los alicientes necesarios para que el bosque se explote adecuadamente y al largo plazo, como exige la naturaleza del recurso.

Como señaló en Lampadia, antes de su sensible fallecimiento, Antonio Brack Egg, uno de los mayores problemas que impiden el desarrollo de la industria forestal es que “el estado no garantiza los derechos de los inversionistas y eso empezó antes del 2006, cuando un grupo de personas, cerca de Atalaya, invadió un campamento forestal con una inversión española calculada en 36 millones de dólares, quemó el campamento, se robó todo lo que podía llevarse, y gente política del gobierno de aquel entonces los apoyó. Eso paralizó enormemente. Tenemos que ser conscientes: El sector forestal en el Perú puede ser un sector económicamente poderoso, fuerte, pujante, pero tenemos que dar el marco y el control para que eso se verifique, y dar confianza al inversionista”.

Otra debilidad importante ha sido la limitación impuesta por la definición de los bosques como propiedad del Estado, así sean plantaciones industriales y de reforestación. Estas últimas debieran tener la “condición de cultivos forestales”, y por ende, el mismo tratamiento que los cultivos agrícolas. Mientras esta condición no se establezca con claridad, el manejo de las plantaciones estaría sujeto a regulaciones engorrosas y disuasivas de su desarrollo.  

Recientemente entró en funcionamiento el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Este organismo está diseñado para incentivar la actividad forestal del país. Como señala su directora Fabiola Muñoz, la idea es “crear una industria forestal fuerte y competitiva, por ello el Serfor antes que una institución controlista busca ser un ente promotor. Vamos a modernizarnos para desaparecer la lista interminable de trámites”. Espera en breve contar con una plataforma para trámites en línea y, especialmente de vigilancia satelital para un mayor control de los bosques. Un avance considerable.

Según Muñoz, el potencial es inmenso. Solo para el mercado interno peruano se importa anualmente 1,000 millones de dólares en productos maderables y sus derivados. En los últimos diez años las importaciones de estos productos han crecido 281%, mientras que nuestras exportaciones solo se incrementaron en un 115%. (Ver cuadro)

Como se ha hecho en Chile y otros países que han sabido manejar este recurso, se debe desarrollar una industria poniendo en valor los recursos forestales. Chile cuenta con dos millones de hectáreas de bosques para explotación comercial lo que le permite exportar más de 6,000 millones de dólares anuales y emplear a 250 mil personas. Como hemos señalado en Lampadia, “el potencial de desarrollo del sector forestal en el Perú debería ser del orden de cinco veces el de Chile, y constituye un buen ejemplo de una magnífica oportunidad que se está desperdiciando para generar una producción forestal de más de US$ 25,000 millones anuales, dando empleo de calidad a toda la población de la selva y a buena parte de la de la sierra”.

Ese es el reto. “El Perú se ha trazado la meta de tener dos millones de hectáreas reforestadas y cero de deforestación al año 2030”, ha señalado Muñoz. Para ello Serfor “está trabajando en tres líneas: la primera es sobre el patrimonio forestal que ya tenemos para promover un manejo forestal sostenible. Sobre las áreas degradadas tenemos que plantar bosques que pueden ser con fines comerciales (…). Otro elemento fundamental es la lucha contra la deforestación, no perder más bosques naturales”, detalló la directora de Serfor.

Actualmente existen al menos 10 millones de hectáreas aptas para la reforestación. De ellas, 7 millones están en la sierra, 2.5 millones en la selva y 0.5 millones en la costa. La reciente promulgación del Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales en tierras de propiedad privada permitirá que unas cuatro millones de hectáreas se siembren con recursos maderables de fines comerciales, lo que generaría que el Perú exporte unos 1,000 millones de dólares en el corto plazo. Hay que recordar que la madera es uno de los pocos commodities que incrementa su demanda anualmente. Para el 2050 se espera que esta llegue a los 4,500 millones de metros cúbicos de madera rolliza. El Perú no puede desaprovechar sus favorables condiciones naturales para crear una gran industria forestal.

Actualmente el sector forestal representa un irrisorio 0.1% del PBI, nuestras exportaciones son 40 veces menores que las de Chile, teniendo el potencial de ser cinco veces mayores. Es hora  que empecemos a desarrollar esta industria y que apuntemos a ser una potencia maderera. Como es el caso de la explotación de otros recursos naturales, este desarrollo permitiría múltiples encadenamientos con otros sectores, una gran demanda de empleo de calidad,  mayores exportaciones y recursos fiscales. Además, con buenas concesiones, se formalizaría todo el sector y se tendría una actividad legal que si podría competir con éxito con la tala ilegal y los sembríos de coca.

El desarrollo del sector forestal es clave para la generación del empleo a vistas de la tercera revolución industrial, ver en (L): Apuntes para la creación de empleo al 2034 (II). Lampadia




Un nuevo impulso al sector forestal peruano

Por Diego Díaz Pastor

(Gestión, 07 de Noviembre del 2014)

La devastación causada por la minería ilegal en zonas de la selva peruana como Madre de Dios, donde se deforestaron miles de hectáreas de bosques nativos y contaminaron gravemente los recursos hídricos y la deforestación asociada a la tala ilegal, son amenazas contra el medioambiente. Esto ya que los bosques cumplen un rol central en la conservación de la biodiversidad que alojan y en la captura de carbono, función relevante en el escenario actual de calentamiento global.

Esto ha implicado un mayor interés de parte del Estado por implementar políticas que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales, una mayor fiscalización sobre las actividades ilegales que podrían poner en riesgo dichos recursos y la protección de áreas naturales. Al respecto, el sector forestal engloba a un conjunto de actividades con impacto directo en el uso sostenible de los bosques: la tala de árboles y la extracción de productos no maderables en bosques nativos y plantaciones forestales; por lo que la dirección que tome en los próximos años debe ser de especial interés.

A pesar de su gran potencial – contamos con la segunda mayor superficie de bosques naturales entre los países de América Latina y la número nueve a nivel mundial – este ha quedado relegado a la producción de bienes de bajo valor agregado y a un alto nivel de informalidad / ilegalidad en su cadena de valor. De acuerdo al Ministerio de Agricultura (Minagri), la producción maderable alcanzó los 7.9 millones de metros cúbicos en el 2012, de los cuales aproximadamente el 89% fueron destinados a leña.

Diversos factores han dificultado el desarrollo del sector forestal, entre ellos destacan la deficiente infraestructura de transporte entre los centros de producción maderera y los principales mercados, y las dificultades de financiamiento para los agentes del sector, lo cual permitiría realizar inversiones que otorguen valor agregado a su producción. Asimismo, el fraccionamiento de la política del Estado, que otorgó competencias a los gobiernos regionales en materia de planificación y promoción del uso sostenible de los bosques, lo cual, sumado al exceso de trámites burocráticos y la limitada capacidad de supervisión de los organismos nacionales, habría fomentado la expansión de actividades ilegales en el sector.

Afortunadamente, en los últimos meses el Minagri ha venido trabajando en el reglamento

de la Ley N° 29763 “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, la cual busca fortalecer la institucionalidad forestal y mitigar los cuellos de botella que dificultan el desarrollo del sector. Esto incluye, entre otros, otorgar un enfoque ecosistémico a las concesiones forestales, la creación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la simplificación de los procesos administrativos.

Si bien la iniciativa es adecuada, esta no sería suficiente para otorgar el impulso que el sector necesita para alcanzar las optimistas metas planteadas por el Minagri hacia el 2021: US$ 1,500 millones de producción de madera de concesiones forestales, US$ 3,000 millones anuales de inversión privada en plantaciones forestales y 100 mil puestos de trabajo al año. La experiencia internacional ha mostrado que una política forestal coherente y estable y un buen clima para las inversiones no son suficientes para darle el impulso necesario a la inversión privada en plantaciones forestales comerciales. ¿Hay una falla de mercado?

Debido a los riesgos inherentes a la actividad –son inversiones de largo plazo con un período de maduración de mínimo cinco años para su aprovechamiento comercial– es necesario que el Estado diseñe intervenciones eficientes que permitan un mayor interés de los inversionistas por esta alternativa de desarrollo del sector. Diferentes regiones cuentan aún con importantes extensiones de tierras aptas para reforestación, de acuerdo al Minagri estas ascenderían a 9.5 millones de hectáreas. Si consideramos que actualmente sólo se han desarrollado aproximadamente 30,000 ha de plantaciones, es claro que el potencial de crecimiento en esta actividad es altísimo.

De acuerdo a la FAO (2004), existen incentivos directos e indirectos que pueden impulsar la inversión en plantaciones. Entre los directos se cuentan diversas formas de subsidios estatales a los insumos utilizados (semillas, fertilizantes, etc.), reposición de parte de la inversión inicial (Chile, Colombia y Ecuador reponen el 75% de los costos de plantación), facilidades para el financiamiento de largo plazo, entre otros. Los incentivos indirectos pasan por asegurar los derechos de propiedad de los inversionistas, promover la creación de clústeres industriales en los que se dé valor agregado a la producción forestal (maderas, pulpas, no maderables, etc.), mejoramiento de la infraestructura de transporte y fomento de la investigación.

En este sentido, el nuevo esfuerzo del Estado por modernizar la política forestal debe otorgar especial atención a la promoción de la inversión privada en plantaciones forestales, actividad en la que nuestro país tiene un gran potencial y que ha permitido un crecimiento exponencial del sector en países de Latinoamérica que ya han implementado intervenciones como las mencionadas previamente. El impulso de esta actividad es positivo a nivel económico y ambiental, entre los beneficios destacan: creación de empleo en zonas rurales, crecimiento de las exportaciones, mejoras en el bienestar de la población de las áreas de influencia de las plantaciones, protección y rehabilitación de suelos, incremento de la captura de carbono, reducción de las presiones sobre los bosques nativos y uso sostenible de los bosques.




¿QUÉ HACER FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO?

Por Gino Costa. Presidente de Ciudad Nuestra y expositor en CADE Ejecutivos 2014

(Perú 21, 05 de Noviembre del 2014)

Hace  bien IPAE Acción Empresarial en proponer, en este CADE Ejecutivos, que se aborden los desafíos fundamentales para hacer del Perú un país del Primer Mundo. Parece que ya sabemos qué hacer para crecer, pero no tenemos tan claro qué hacer para tener las instituciones que apuntalen y sostengan ese crecimiento.

En CADE Ejecutivos 2010, Michael Porter dijo que instituciones sólidas de seguridad y justicia eran un prerrequisito para dar el salto al Primer Mundo. Si ya en el 2010 teníamos

un déficit importante en la materia, hoy la situación ha empeorado, como lo muestran los indicadores del Foro Económico Mundial. Ello no hace sino reflejar el deterioro de las condiciones de seguridad.

A una de las más altas tasas de victimización en el continente americano se le ha sumado un sostenido incremento de la violencia, especialmente homicida, asociada a las extorsiones de todo tipo. Han prosperado también otras formas de criminalidad organizada –como la minería ilegal del oro, el tráfico de terrenos y la corrupción en los gobiernos subnacionales–, como lo demuestran el drama de Madre de Dios y el espectacular poder adquirido por personas como Rodolfo Orellana y César Álvarez.

Quizá el aspecto más preocupante es la penetración del crimen organizado en las instituciones de seguridad y justicia, y en la propia política. Dan cuenta de lo primero las investigaciones que tienen a punto de la destitución al actual fiscal de la Nación y a su antecesor por supuestas complicidades con criminales de alto vuelo; los responsables de investigar y denunciar a los criminales podrían estar comprometidos con ellos. En cuanto a la infiltración en la política, las últimas elecciones nos dieron diversas muestras de la amenaza que este fenómeno representa.

La infiltración de instituciones ya de por sí débiles es el mayor indicador de una descomposición que es urgente e indispensable revertir, porque perder la batalla contra el crimen es perder la del desarrollo y la prosperidad. Es preciso recuperar nuestras instituciones de los corruptos que le hacen el juego al crimen, razón por la que resultan tan alentadoras las actuales investigaciones del Consejo Nacional de la Magistratura y del Congreso de la República contra Ramos Heredia y Peláez Bardales, que deberían concluir en su destitución.

Si el crimen organizado prosperó en los últimos años, fue gracias a la complicidad de sujetos como estos y de otros fiscales, policías y jueces. Por eso, el primer desafío es purgarlos y fortalecer los núcleos sanos de estas instituciones, que felizmente existen, aunque normalmente arrinconados y desatendidos, por no decir abandonados.

El segundo desafío es construir, a partir de estos núcleos sanos, un subsistema de justicia penal con profesionales adecuadamente capacitados y bien remunerados. Esto exige la unificación de los esfuerzos de inteligencia, equipos electrónicos de última generación, debidamente utilizados bajo control fiscal y judicial, además de peritos y laboratorios forenses de primer nivel. En cuanto a la inteligencia financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe contar con la prerrogativa de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de sus investigados, como lo recomienda Gafisud, organismo internacional rector contra el lavado de activos.

Este subsistema necesita, además, de un componente penitenciario con la infraestructura, el equipamiento y el personal capaz de garantizar el necesario aislamiento de los presos de alta peligrosidad, bajo un severo régimen que las mejores prácticas internacionales aconsejan.

El tercer desafío, y quizá el más importante, es contar con el liderazgo político y la capacidad de gestión para hacer realidad este proyecto en un plazo relativamente corto, con lo que se asegura que esté debidamente blindado contra la corrupción. La conducción del esfuerzo debe venir del más alto nivel y exige un acuerdo político básico que le dé sostenibilidad. Se trata de una apuesta para los próximos 30 años, que dote al país de la herramienta de combate contra el crimen organizado que hoy tienen las naciones democráticas más avanzadas del mundo.




La fragmentación política favorece ineficacia y corrupción

Como hemos señalado anteriormente en Lampadia, la fragmentación del país impide la buena gestión pública y dificulta la relación del Estado con los ciudadanos y empresas. Hace ilusoria la coordinación de las distintas instancias de gobierno, el desarrollo de los proyectos más importantes, que no necesariamente están confinados en las demarcaciones políticas, la efectividad del gasto público con los atributos de las democracias modernas que requieren de pesos y contrapesos y de la doble instancia, para evitar la creación de feudos independentistas en un país unitario. La estructura del país con 24 departamentos, bajo el gobierno absolutista de los llamados presidentes regionales, 196 provincias y 1,846 distritos es prácticamente imposible administrar eficiente y eficazmente, pues traba el desarrollo del país.

La discrecionalidad y autonomías absolutas de las instancias de gobierno, más allá del gobierno central, junto con la abundancia de recursos provenientes de los cánones y regalías generadas por las inversiones privadas, así como la debilidad de sistemas de control; han generado gestiones inefectivas y muchas veces corruptas. Inefectivas, porque puede que gasten todo el presupuesto(eficiencia)pero adoleciendo de despropósitos en el uso de los recursos, baja calidad y/o corrupción abierta.

No vamos a enumerar los gastos absurdos como los hechos en monumentos ridículos, la cementación de las plazas o las mega-piscinas, o la falta de inversión en saneamiento o caminos porque la corrupción sobrepasa todo nivel de tolerancia.

Las cifras de corrupción subnacional son de escándalo: 22 de 25 presidentes regionales tienen serias acusaciones por actos de corrupción. Nada menos que168 procesos judiciales se acumulan en contra de estos funcionarios, los cuáles son acusados por peculado, colusión, negociación incompatible y malversación de fondos. Cinco de ellos recibieron órdenes de prisión preventiva: César Álvarez de Ancash, Gregorio Santos de Cajamarca y Kléver Meléndez de Pasco, encarcelados, Gerardo Viñas de Tumbes, prófugo desde hace tres meses e Iván Vásquez de Iquitos, investigado como reo libre.

El panorama es igual o peor en las municipalidades. De acuerdo a la Procuraduría Anticorrupción, el 92% de los de los actuales alcaldes están siendo investigados por peculado, malversación de fondos, negociación incompatible y/o colusión. Es decir, 1,699 autoridades de las 1,841 existentes.

“Son 454 alcaldes provinciales y 1,245 distritales que estarían inmersos en actos de corrupción. También hay 429 ex alcaldes provinciales y 1,326 ex alcaldes distritales que son investigados por los mismos delitos”, se señala en un informe de la Procuraduría.

Los departamentos con mayor cantidad de casos son: Ancash (46 alcaldes provinciales y 146 distritales), La Libertad (42 provinciales y 80 distritales), Cusco (41 provinciales y 96 distritales), Puno (37 provinciales y 51 distritales) y Junín (34 provinciales y 116 distritales).

La corrupción, según la PCM, produce un forado importante en las arcas públicas. Como reveló recientemente el Premier, Ana Jara, “el Estado pierde aproximadamente S/. 10 mil  millones al año, lo cual representa aproximadamente el 2% del producto bruto interno (PBI) (…). Con esta suma se pudo haber construido 72 hospitales o 360 modernos colegios o crear más de 200 mil puestos de trabajo”.

Además de la corrupción, también tenemos ahora la continua y creciente penetración del crimen organizado en las instituciones políticas y de gobierno. En estos tiempos en que las mafias (narcotraficantes, taladores y mineros ilegales, contrabandistas, extorsionadores, mafias de construcción civil y el sicariato, entre otros) consolidan “territorios libres” y capturan los gobiernos locales con suma facilidad para operar con impunidad.

Como señala el estudioso costarricense, Kevin Casas Zamora “La descentralización política, cualesquiera sean sus virtudes, crea un problema complicado… para un mafioso es mucho más barato y menos visible comprar a un alcalde que comprar a una autoridad nacional”.

Todos estos problemas son el riesgo que corrimos y que hoy pagamos hasta con sangre, al haber llevado a cabo una regionalizaciónapresurada, irresponsable y politiquera. El gran culpable de estas decisiones disfuncionales es el ex presidente Toledo y todo el Congreso que acompañó su gestión. Pero no puede dejar de reconocerse que el proceso fue agravado, por las mismas razones, durante el segundo gobierno de Alan García.

Peor aún, luego se fue facilitando la formación de movimientos regionales “independientes”, sin estructuras partidarias ni la debida organización, o que solo representan grupos de interésy mafias para que puedan postular y copar las presidencias regionales y municipios. (Ver en Lampadia (L): Un poco de humildad, es el momento para la reforma política).

No se trata de dar marcha atrás, ni es una mirada limeña, es hora de efectuar una reforma que impida la corrupción y la captura de los gobiernos locales por aventureros o mafiosos. Lo que debiera hacerse primero, como se ha planteado aquí, es reducir sustancialmente el número de regiones e incluso provincias y distritos. Esa es la manera más adecuada de efectuar controles más efectivos y que el gasto sea más adecuado.

Asimismo, dado que el país se define como unitario, los partidos políticos o movimientos que postulen en elecciones de gobiernos locales tendrían que ser de alcance nacional o vincularse a ellos. Si este gobierno no corrige, aunque sea lo más evidente, entrará a la galería de culpables del fracaso de la regionalización, esta vez por inacción.

Por otro lado, queremos recordar que es importante no confundir regionalización con descentralización. La regionalización es de carácter político y la descentralización, económica y social, que en el Perú ha producido grandes avances. (Ver en L: Descentralización y Regionalización – Cara y Sello del nuevo Perú).

Dada esta situación reiteramos nuestra invocación a los políticos para que con humildad atiendan el clamor nacional. “En la situación en que se encuentran, desprestigiados según todas las encuestas y con el peso que se acaban de poner a sus espaldas, ya no pueden seguir manteniendo las estructuras políticas y los sistemas electorales que favorecen sus intereses de grupo. Ahora deberían viabilizar las reformas reclamadas por la ciudadanía y puntualizadas por diferentes especialistas en múltiples ocasiones”. Lampadia