Jaime de Althaus
Para Lampadia

La comisión de Constitución del Congreso está dedicada a debatir y aprobar las normas que permitan regular mejor las elecciones municipales y regionales del 2018,[1] pero todavía no aborda las reformas de fondo necesarias para reconstruir un sistema de partidos funcional, asegurar la gobernabilidad y mejorar la representación, ni, como veremos, existe aun consenso sobre ellas.

Fuente:  Blog: Polítika

Entre los congresistas no parece existir conciencia acerca de la necesidad de llevar a cabo una reforma política de verdad o se encuentran cómodos con la manera como llegaron al Congreso y no quisieran cambiar el statu quo. Son producto de la disfunción y por eso no ven la necesidad de remediarla.

Pero basta revisar el último proceso electoral para advertir las características del problema. El libro “Perú, elecciones 2016”, cuyo editor es Fernando Tuesta, contiene ensayos muy ilustrativos al respecto. Varios de ellos dan cuenta de cómo se manifestó en esa elección la naturaleza altamente personalista de la política peruana y la inexistencia de partidos propiamente tales: la gente vota por la persona, y los partidos son meros vehículos para la movilidad política de los candidatos.

Mauricio Zavaleta y Paulo Vilca, por ejemplo, muestran cómo los candidatos al Congreso han postulado antes a cargos sub nacionales por diversas agrupaciones regionales o locales, o al propio Congreso por partidos políticos distintos al que en esta ocasión los postula. Lo que hay es una altísima movilidad. Los partidos no tienen existencia propia. Son meros vehículos, como decíamos. Milagros Campos anota cómo el transfuguismo, es decir, cambiar de partido, es una manera de reelegirse.

Y el problema es que las reglas electorales y las que regulan las organizaciones políticas agravan esta situación. Más específicamente, impiden que los partidos se institucionalicen y socavan la democracia interna o colisionan con las normas que la regulan. Así, Mauricio Zavaleta y Paulo Vilca demuestran cómo los miembros o militantes de los partidos tienen pocas posibilidades de alcanzar las candidaturas congresales, puesto que éstas son obtenidas por políticos regionales (líderes de movimientos regionales) en negociaciones directas con los dirigentes del partido, quienes los escogen porque ya son conocidos y por su capacidad de aportar recursos.

Evidentemente, si las élites partidarias prefieren captar políticos regionales competitivos sin vínculos con la organización,  ¿para qué elecciones internas? Ellas y los Comités Locales se convierten en un problema.

Esta simbiosis entre partidos y movimientos regionales o locales atenta no sólo contra la democracia interna en los partidos sino también contra la propia consolidación de los partidos políticos en el territorio. En cada elección municipal el porcentaje de alcaldes que pertenece a movimientos regionales es mayor, y los partidos tienen cada vez menos presencia, pero eso no es problema a la hora de las elecciones nacionales porque los partidos reclutan precisamente a esos líderes conocidos y acaudalados de movimientos locales.

De lo que se desprende que una reforma necesaria sería eliminar la participación de los movimientos regionales en las elecciones subnacionales o ponerles requisitos más fuertes para inscribirse y participar, u obligarlos a adscribirse a un partido.

Pero allí no queda la cosa. En este contexto, el voto preferencial resulta funcional a las dirigencias partidarias porque incentiva a los candidatos al Congreso a hacer campaña con sus propios recursos, sin necesidad de usar recursos del partido, promoviendo de paso la imagen del candidato presidencial. Pero, claro, esto se hace a costa de una plataforma programática cohesionada y genera una competencia fratriciada entre los candidatos del mismo partido.

En suma, movimientos regionales liderados por políticos locales con recursos,  y voto preferencial, son instituciones que se refuerzas mutuamente, pero a costa de la institucionalización partidaria y de la democracia interna. No tiene sentido exigir formas mas acabadas de democracia interna si no cambiamos la combinación perversa de movimientos regionales con voto preferencial.

La solución acá es pasar a un sistema para elegir congresistas basado en distritos uninominales (o binominales), donde el candidato haría campaña pero contra los candidatos de otros partidos, no del suyo propio, eliminando el  efecto perjudicial de la competencia fratricida y de la destrucción del mensaje programático único. Este sistema tiene además un efecto reductor en el número de partidos y resuelve el problema de la representación porque el elector sabe quién es su representante y puede comunicarse con él. Le da sentido real a la democracia.

Por supuesto, un corolario de la complementariedad entre movimientos regionales y voto preferencial en la elección de los congresistas, es la fragmentación posterior de las bancadas parlamentarias, pues no existe realmente identificación partidaria.

Lamentablemente, no existe entre los congresistas de Fuerza Popular conciencia del efecto de estos mecanismos en la institucionalidad partidaria, y no hay consenso acerca de las reformas necesarias para prevenirlo. Ursula Letona me confesó de manera sincera que “hay mucha reticencia a eliminar el voto preferencial porque somos fruto del voto preferencial”. Pero más grave aun fue el desconocimiento de sus efectos: “creo que el esquema se ha mantenido porque no resulta tan dañino para la democracia, yo creo que más importante es cómo se genera la lista de candidatos, tiene que haber un sistema que le permita también al partido colocar candidatos”. Luego le pregunté:

-¿Pero tú no crees que se pueda eliminar el voto preferencial y canjearlo por un sistema uninominal?

-“De lo que he visto, no. No he visto ningún consenso”, me respondió.

Daniel Salaverry es de la misma opinión: “No hay una decisión de la bancada aún en esos temas, sin embargo mi opinión es que se puede mantener el voto preferencial”.

Si dos importantes representantes de la bancada mayoritaria están en contra de eliminar el voto preferencial, parece claro que esta reforma fundamental no se realizará. Y como tampoco se está planteando nada en el sentido de eliminar la participación de los movimientos regionales o poner requisitos mas fuertes para ella, pues se mantendrá el síndrome destructivo de la institucionalidad partidaria.  

Salaverry quizá se da cuenta de que mantener ese esquema impide la democracia interna, y tal vez por eso se opone a que los organismos electorales organicen las elecciones internas en los partidos. Obvio: las dirigencias tienen que poder reclutar a políticos locales con recursos. Si hay elecciones internas supervisadas, ese margen se achica.

De otro lado, sin embargo, el dictamen del grupo de Patricia Donayre mantenía el requisito para inscribir un partido de reunir un número de firmas equivalente al 4% del padrón electoral. Es una valla muy alta. Si se mantiene, se tiende a consolidar el monopolio de los partidos ya inscritos, lo que obligaría a que se conviertan en verdaderamente democráticos de manera que cualquiera que quiera hacer política y no tenga mas remedio que ingresar a un partido existente, pues tenga las garantías de que se respetará la voluntad de los electores internos si postula a un cargo partidario o a una candidatura.

Pero no hay consenso para que las elecciones internas sean universales –un militante un voto- ni para que los organismos electorales organicen dichas elecciones. Y menos serían éstas congruentes con mantener la nociva diada movimientos regionales-voto preferencial.

De modo que no hay lógica ni reforma por ninguna parte. Eso sí, Ursula Letona está de acuerdo –aunque a título personal- con el restablecimiento de la bicameralidad y con  la elección del Congreso junto con  la segunda vuelta presidencial o después de ella. Pero Fuerza Popular no ha discutido aun estos temas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Tuvieron que pasar siete años y mucha presión mediática y política para que el Poder Judicial finalmente concluyera que un pasquín del Movadef, que exaltaba a niveles hiperbólicos la figura de Abimael Guzmán, hacía apología del terrorismo. Habría que preguntarse si detrás de esa demora no había algo de temor en los jueces, porque según trascendidos e informes oficiosos del Poder Judicial, el sindicato de Lima del Poder Judicial, el SUTRAPOJ, tendría una importante influencia del Movadef pues, de 14 delegados, 6 pertenecen a esa agrupación.

El hecho de que el Movadef pueda estar enquistado en el Poder Judicial y éste no pueda o no quiera hacer nada al respecto, nos sirve como introducción dramática al tema que queremos plantear: ¿es posible una reforma judicial “desde adentro”, considerando los intereses creados y la inercia del sistema? En realidad, existe un mito en torno a que la reforma judicial no se puede ni se debe realizar desde afuera. En la práctica, como veremos, los principales cambios en el sistema judicial vienen realizándose desde afuera. Y esa es la ruta que hay que profundizar.

Para comenzar, como sabemos, este gobierno ha puesto en marcha el Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ), promovido y coordinado por la Ministra de Justicia Marisol Perez Tello. Es decir, desde afuera, aunque quienes lo integran son los titulares de las entidades que deben reformarse: el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (que acaba de renunciar en desacuerdo con la iniciativa de reforma de ese organismo) y el presidente de la Academia de la Magistratura. Funciona más como un mecanismo de coordinación –que no existía- entre los integrantes del sistema de justicia y de motivación para la ejecución de mejoras y pequeñas reformas en cada entidad. Se ven temas como la mejora de los protocolos de coordinación en los procesos que se llevan a cabo con el nuevo código procesal penal, o mejoras en los procesos vinculados a casos de familia. También la importantísima reforma del expediente digital. Recientemente se quiere discutir la reforma del CNM, por ejemplo.

Fuente: eljuegodelacorte.

La pregunta es hasta qué punto el ANJ tendrá la decisión de abordar los temas más difíciles, esos que suponen romper el statu quo interno de las instituciones componentes. El Acuerdo se propone, por ejemplo, plantear un modelo de gestión por resultados, basado en procesos eficientes. Veremos hasta donde llega, porque hasta la fecha no ha habido manera de instaurar un sistema de evaluación de desempeño de los jueces que rija sus ascensos y su permanencia. Hay problemas de gestión en los juzgados, las salas y las audiencias. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no funciona. El presidente del Poder Judicial debería serlo por un periodo de 4 años con más poderes ejecutivos y empoderando a la gerencia general. De lo contrario, todo es connivencia en torno al statu quo. La corrupción es grave. Algunos fiscales y jueces están vinculados a mafias o validan acciones de organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de terrenos, por ejemplo. La OCMA carece de recursos y capacidades.

No se ve que en el ANJ se aborde esos temas.

Para comenzar, en las instituciones judiciales suele haber complicidad interna y horror a la transparencia. En el 2009 el PNUD donó al Poder Judicial un programa –que se usa en el FBI, por ejemplo- llamado I2, avaluado en 500,000 dólares, que permite descubrir desbalances patrimoniales, detectar robos o sobreprecios en las compras de la institución, etc. Se llegó a introducir en el programa información de la Reniec, de la Sunat, de la Sunarp, acerca de ingresos, bienes patrimoniales y vinculaciones familiares de los Supremos y gerentes en este caso, y también la información relacionada a las licitaciones y compras del Poder Judicial: las empresas que participaron y ganaron, las propuestas que hicieron, quiénes integraban las comisiones de adjudicación, etc. El programa llegó a hacer un informe que detectó desbalances patrimoniales en algunos supremos y descubrió corrupción en la compra de papel, por ejemplo. Con esa información el gerente fue despedido luego de un tiempo. Pero nada se hizo en relación a los Supremos. Más bien lo que ocurrió fue que al poco tiempo el programa sencillamente desapareció. Nadie sabe dónde está y hasta se ha perdido la memoria de su existencia. Un programa como ese sería de enorme utilidad, porque permitiría depurar las instituciones del sistema de justicia.

La misma fuente nos refiere que ese mismo año el Banco Mundial donó 4 equipos Forensic, que leen el espejo de las computadoras, para recuperar la data borrada. Pues bien, en la actualidad solo se ha encontrado uno. No se sabe qué pasó con los otros tres.

De acuerdo a nuestras informaciones, la corrupción en el Poder Judicial no solo es parte casi consustancial a la administración de justicia misma (ver libro de Jaris Mujica, “Micropoliticas de la Corrupción”), sino que sería aún más intensa en la parte administrativa de la judicatura. Las compras son un festín. Los gerentes generales puestos por los presidentes del Poder Judicial, no duran porque no pueden contra las fuerzas internas. Cesar San Martín tuvo dos gerentes públicos puestos por Servir, que tuvieron que salir por la resistencia del statu quo. Enrique Mendoza tuvo también dos gerentes generales, un marino y un gerente público de Servir, que tampoco pudieron cambiar el sistema. El de Ticona renunció en setiembre del año pasado y el cargo quedó vacante hasta la fecha.

Parte del problema estriba en que la mayor parte del personal administrativo está nombrado, de modo que es difícil exigirles nada y menos cesarlo por incompetencia o falta de trabajo. No solo eso, resulta que hay 23,000 trabajadores administrativos (sin contar los auxiliares jurisdiccionales que son unos 4,000) para 3,000 jueces. Una relación ¡de 8 a 1!, cuando debería haber menos administrativos que jueces.

Y ese número se incrementa a razón de 1,000 nuevos empleados por año. Aparentemente la autonomía les sirve para eso. Lo que ya resulta aún más escandaloso es el caso de las notificaciones. Se supone que con las notificaciones electrónicas el personal debía reducirse al mínimo. Pues bien, ¡aumentó! Pasó, en la Corte de Lima, de 183 personas antes, a 196 en la actualidad luego de establecido el sistema electrónico.

Es obvio que esta situación requiere de una intervención radical. Los jueces no se atreven a actuar porque dependen de los administrativos para tener papel, tonner, que funcionen las computadoras, la movilidad, etc. Los sindicatos que agrupan a los administrativos ni siquiera aceptan pasar al régimen de la ley de servicio civil, que les da los mismos o mejores beneficios que tienen ahora, pero a cambio de evaluaciones y de meritocracia. El Poder Judicial está en desacato frente a la ley de Servicio Civil. No la quiere aplicar, por presión de los sindicatos.

Para coronar esta situación resulta que el sindicato de Lima, el SUTRAPOJ, podría estar siendo manejado, en algo medida nada menos que por el Movadef, pues de 14 delegados, 6 tendrían vinculaciones a dicha agrupación. 

Pues bien, ante la resistencia a ingresar al régimen del servicio civil, existe una iniciativa en el Poder Judicial para contratar una consultora internacional que haga un estudio y recomiende la organización y los mecanismos de meritocracia interna que deberían establecerse en la administración. Pero, de acuerdo a nuestras fuentes, quien se opondría es precisamente el gerente general, y ya podemos imaginar por qué. Y tampoco el presidente del Poder Judicial ni el Consejo Ejecutivo muestran una voluntad clara de convocar la licitación correspondiente.

¿Cómo hacer para resolver esos problemas y todos los relativos a la parte jurisdiccional propiamente dicha? ¿Podrá el Acuerdo Nacional por la Justicia transformar organizaciones todavía en alguna medida patrimonialistas gobernadas por redes internas de poder que eventualmente se convierten en redes de corrupción, en organizaciones basadas en un orden interno meritocrático asegurado por evaluaciones de desempeño y orientado al cumplimiento de metas y resultados?

El ANJ es un buen esfuerzo y debería institucionalizarse. Se ha preparado un proyecto de ley para eso. Pero está integrado por las partes interesadas. Ese es su límite. Se necesita más. Y lo primer que hay que despejar es el mito de que la reforma no se puede hacer desde fuera, aunque con la colaboración y la participación de los jueces y fiscales, desde luego. Desde fuera y desde adentro, a la vez.

En efecto, de hecho, tenemos ya el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), una institución externa creada por la propia Constitución. Es decir, la propia Carta Magna señala el camino. Ahora se ha planteado la reforma de esa institución, precisamente porque un CNM de primer nivel ayudará a nombrar mejores jueces y fiscales y destituir a los malos. Es, decir, ayudará a cambiar el sistema judicial. Es una intervención desde fuera.

Pero la composición propuesta en el proyecto del Ejecutivo no es convincente. Mucho mejor a simple vista es la que propone Transparencia: que los miembros del CNM “sean designados por el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Banco Central de Reserva y la Corte Suprema. Además, el Jurado Nacional de Elecciones, con el soporte operativo de Servir, seleccionaría a tres miembros adicionales por concurso público de méritos”

Transparencia propone también eliminar el mecanismo de ratificación de jueces cada siete años a cargo del mismo CNM, porque esa intervención sí es nociva porque puede ser arbitraria y hasta corrupta. La alternativa sería transferir al Poder Judicial y al Ministerio Público la función de realizar evaluaciones de desempeño y productividad regulares que determinen los ascensos y, eventualmente, el retiro de los que no alcanzan las aptitudes necesarias, lo que, a su vez, demandará la aprobación de una ley de carrera judicial y fiscal. Esta es tarea del Congreso, otra intervención externa. Quizá un nuevo CNM podría supervisar esos procesos o tener participación en su ejecución. 

También el Ministerio de Justicia puede impulsar cambios en el sistema judicial. De hecho, ya lo ha venido haciendo por medio de la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, que ha monitoreado, en pared con el MEF, el largo proceso de implementación de ese código que está produciendo un verdadero cambio institucional y cultural en el sistema judicial-policial (aunque se requiere ajustes), pero que aún falta aplicarse en Lima. Otro caso de reforma “desde afuera”, relativamente exitoso, además.

Pues bien, sería bueno ampliarle el mandato a esa Secretaría para que promueva la “oralización” en todos los procesos (civiles y comerciales), la implantación de los sistemas de evaluación de desempeño en el Poder Judicial y el Ministerio Público, la introducción de expediente digital y la interoperabilidad, y lo que hemos llamado la  atención primaria de la justicia penal.[1]Esto en combinación con un sistema de presupuesto por resultados, de modo que se asigne más presupuesto en función del cumplimiento de metas y compromisos.

El Congreso, por su parte, debe intervenir no solo aprobando las leyes de carrera judicial y fiscal y la que amplíe el mandato de la Secretaría mencionada, sino dictando una ley para que el periodo del presidente del Poder Judicial dure cuatro y no dos años, transfiriéndole, además, atribuciones de decisión que ahora tiene la sala Suprema. Es decir, empoderándolo para que pueda hacer las reformas.

Y no nos olvidemos de la Contraloría. Su intervención tiene que ser certera y eficaz para erradicar la cantidad insondable de corruptelas que hay en la administración del Poder Judicial. Aquí no cabe la coartada de la autonomía administrativa. Son recursos de todos los peruanos que deben ser cautelados con rigor. Sí se requeriría probablemente una ley para que el MEF o Servir intervengan para racionalizar y reducir a su justa dimensión la hipertrofiada gerencia administrativa de la judicatura.

Sería bueno que el Acuerdo Nacional por la Justicia se pronuncie sobre estos puntos. La mayor parte de estas decisiones, sin embargo, están en manos del Congreso y del propio Poder Ejecutivo. Dependen de la clase política. No hay tiempo que perder. Ver también la primera entrega de este tema: El avance de las reformas del Estado es desigual. Lampadia

El cese de la Procuradora Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, y de la procuradora Ad Hoc Katherine Ampuero ha creado una crisis institucional  que es solo el colofón de una cadena de errores. Es sorprendente que el gobierno de PPK no tenga buenos asesores y que, peor aún, no escuche los consejos y advertencias que se le hacen desde la civilidad. Veamos:

Error #1: Otorgar Autonomías Constitucionales

El 6 de setiembre de 2016, advertimos en Lampadia sobre lo inadecuado que era dar plena autonomía a la Procuraduría. Ver: Reformas que afectarían nuestras libertades.

• La mayoría de países occidentales no tienen una Procuraduría en absoluto, sino una Fiscalía.
• Mientras más autónoma es una institución, más potencialmente propensa es al abuso (salvo que su poder esté limitado por el de otras instituciones), y/o puede, a su tiempo, convertirse simplemente en una fuente de corrupción adicional. (…) ser recto y no corrupto no es un tema de estándares profesionales, sino de carácter (y ¿cómo se evalúa el carácter?).
• En lo referente al ‘abogado del Estado’, el abogado nunca es autónomo en lo que concierne a su cliente.
• El gobierno, que representa al Estado, debe tener el derecho a intervenir en el trabajo de la Procuraduría en casos de interés nacional.

Posteriormente, el 13 del mismo mes publicamos: La ‘balcanización’ del Estado. Entonces extendimos nuestra preocupación a los casos del Contralor y el Defensor del Pueblo. «En el caso del Contralor hemos visto durante las últimas semanas cómo alguien nombrado apuradamente y sin el debido cuidado, pretende extender absurdamente su presencia en los quehaceres del Estado».

En Diálogo sobre el Procurador, el Contralor y el Defensor, agregamos:

• Darle poderes omnímodos a un procurador para que pueda hacer lo que le dé la gana y que se convierta en una especie de monarca, es  una barbaridad, nos hemos olvidado de los ciudadanos, las instituciones que necesitamos tienen que ser para defender a los ciudadanos.
• Todo lo hacemos para las excepciones, para los casos malos, para los extremos y legislamos en función de eso, esta cosa del procurador se ha originado en el affair Príncipe-Nadine.
• Aparece un corrupto y se malogra la vida de los 99 honestos que hay en el Perú.  Si hay casos especiales vinculados a corrupción de funcionarios del Estado, habrá que buscar alguna otra figura con los fiscales.

A raíz de la salida de Yeni Vilcatoma de la presidencia de la comisión de Fiscalización del Congreso, insistimos en nuestras advertencias: Autonomía constitucional de la Procuraduría.

• El proyecto de ley propone que la Procuraduría tenga el carácter de un organismo constitucionalmente autónomo (al nivel del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Defensoría del Pueblo), integrado por un Procurador General de la República y un colectivo de Procuradores designados directamente por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por un plazo de siete (7) años renovables. Un verdadero Poder del Estado.
• El Poder Ejecutivo, ha recibido facultades legislativas para “Reestructurar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado”, con la idea de crear una Procuraduría como organismo público, dotándola de altos niveles de autonomía.  
• El art. 159º de la Constitución peruana establece que el Ministerio Público representa en los procesos judiciales a la sociedad, conduce la investigación del delito y ejercita la acción penal. Por lo tanto, crear una Procuraduría autónoma, duplicaría y sobrepondría funciones muy delicadas.   
• En el Perú, según la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Decreto Legislativo 1068), los procuradores tienen una función diferente a la del Ministerio Público: representan y defienden jurídicamente al Estado, no a la sociedad. Por eso, los Procuradores están localizados en cada Ministerio, en cada Región y en cada municipalidad, porque representan los intereses de las entidades públicas de las que forman parte. Cumplen dos funciones: i) son los abogados de dichas entidades para su defensa jurídica y, a la vez ii) son los representantes de dichas entidades en los procesos judiciales.
• Carecería de sentido la creación de una Procuraduría General (como insiste en proponer Fuerza Popular), como organismo constitucional de carácter autónomo de los tres poderes del Estado, porque la mayor parte de su función es la defensa jurídica del Estado. Ya existe el Ministerio Público (MP), que sí tiene precisamente autonomía constitucional. Una alternativa sería más bien fortalecer al MP.

Estallada la crisis, el ex congresista Ántero Flores-Araoz dijo que fue el propio gobierno el que se hizo ‘harakiri’ al otorgarle autonomía plena a los procuradores. «En enero del presente año, y en virtud de las facultades delegadas por el Congreso, el gobierno emitió el Decreto Legislativo 1326, por el cual modificó integralmente el Sistema de Defensa del Estado, dándose indebidamente autonomía a los procuradores». Agregó: «Según la Constitución, los procuradores son los abogados del Estado, (…) no pueden ser autónomos, pues tienen que depender de quién les da el encargo de defensa».

Es igualmente preocupante que Keiko Fujimori insista en dar mayores autonomías al Procurador General de la Nación.

En resumen, se les dijo, se les advirtió pero no escucharon.

Error #2: El pobre manejo de la crisis del Lava Jato

Cuando estalla la crisis del Lava Jato, en Lampadia (19/01/2017), advertimos la necesidad de establecer acciones efectivas e inteligentes para evitar la cacería de brujas y el desorden, que podían traernos aún más daños. Publicamos nuestro editorial: A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente), donde afirmamos:

• Esta situación establece una crisis muy profunda y compleja de manejar en el Perú.
• Hay que cortar la enfermedad de raíz, pero no podemos matar al paciente: nuestra economía.
• Los daños de la enfermedad se propagan por una serie de vericuetos que habrá que dilucidar, pero hay muchos inocentes que rescatar.

• Entre ellos el personal peruano de las empresas brasileñas en el Perú, que han mostrado niveles de profesionalismo muy depurados y que, en su inmensa mayoría, no tienen nada que ver con las expresiones de corrupción.
• Muchos funcionarios públicos de segundo nivel, que tampoco estarían involucrados en los malos manejos.
• Las mismas obras que, desarrolladas o en desarrollo, son necesarias para seguir construyendo y otorgando mejores servicios a los ciudadanos.
• Las empresas y profesionales peruanos que pueden haber estado vinculados comercialmente a los corruptos, pero no necesariamente a los actos de corrupción.
• Hay que separar la paja del trigo y, para ello, se necesita enfrentar esta crisis con mucha seriedad, sin cacería de brujas, que nos pueda llevar a apuntar a elementos ‘distractivos’ o ‘scape goats’, en lugar de los peces gordos.
• En vez de jugar a la ‘gallinita ciega’, una delicia para los medios irresponsables, debemos empezar a tomar medidas drásticas alrededor de la mata de corrupción, por ejemplo: por necesidad moral de la República, el gobierno debe intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha singularizado a corruptos y corruptores.  
• Esperamos que el gobierno actué con firmeza y rigor, que muestre a la ciudadanía un compromiso absoluto de llegar a las últimas consecuencias.
• ¿Qué mejor manera de hacerlo, que vigilando la gestión de dichas empresas desde adentro? Cuidando así de evitar daños colaterales, pero evitando también que todas las acciones de las empresas estén dirigidas a cautelar el mejor interés nacional, y no a salvaguardar los intereses de los corruptos.
• De esta manera se puede dejar el tiempo y espacio para que los procesos judiciales, que deben ser lo más sumarios posibles, puedan ejercerse con seriedad.

Ver también: La crisis de corrupción requiere rigor y tranquilidad (2 de febrero, 2017).

Como todos conocemos, la falta de visión y decisión del gobierno originó que diferentes estamentos del Estado inicien acciones descoordinadamente y sin responder a una estrategia general, como las desarrolladas por la Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial, las Procuradurías y la Sunat. 

Hoy día tenemos que lamentar la interrupción de proyectos, los impagos del personal y proveedores de muchas empresas, una mayor parálisis de los funcionarios públicos, y como consecuencia de todo ello, un mayor debilitamiento de la economía y el riesgo del corte de la cadena de pagos. Y debemos notar que el Decreto de Urgencia 003 fue tardío e inadecuado para enfrentar la crisis.

Error #3: El pésimo manejo del licenciamiento de la procuradora Ampuero

Una vez empoderada la doctora Julia Príncipe como Procuradora y presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, con todos los aspavientos de un supuesto compromiso con la lucha contra la corrupción, y dados los nombramientos de las otras procuradoras, se hizo evidente que, por ejemplo, la doctora y procuradora Katherine Ampuero, era absolutamente inadecuada para el cargo. Tanto por sus soberbias y groseras expresiones, y su afán de notoriedad, como por su absurda y descoordinada acción en el caso del proyecto Olmos.

Evidentemente, la responsable de los nombramientos, la Ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, no coordinó los lineamentos del manejo de las procuradurías en temas cruciales.

No solo eso, cuando se hace necesario salir de la doctora Ampuero, no explica previamente a los ciudadanos, la naturaleza del entrampamiento de los proyectos y el tipo de acciones de control que debían llevarse a cabo.

Además, les miente a los ciudadanos afirmando que la doctora Príncipe había renunciado, pues se oponía a cesar a la doctora Ampuero.

En nuestra opinión era necesario licenciar a la doctora Ampuero, pero sin chambonadas. Pésimo manejo de la ministra, que ha creado una nueva crisis de gobernabilidad.

Conclusión:

Este grave desmanejo y la serie de errores descritos, todos del ámbito del Ministerio de Justicia, solo pueden empezar a corregirse luego de ‘agradecer a Marisol Pérez Tello por los servicios prestados a la Nación’. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia
28 de mayo, 2017

El ex Presidente del Perú, Alberto Fujimori, de 78 años de edad, cumple condena penal hace 11 años. Su larga condena de 25 años fue forzada más allá de lo establecido por la justicia. Hoy, con la salud deteriorada, después de haberse manoseado políticamente su eventual liberación y estando el Perú en un deplorable entredicho político que sigue alimentando la división entre los peruanos y atizando odios, soy de la opinión de que el Presidente Pedro Pablo Kuczynski debe otorgar, a la brevedad posible, el indulto a Alberto Fujimori.

Descargo personal

En julio de 1997, el Presidente Fujimori me invitó personalmente a incorporarme a su gabinete de ministros. No acepté, entre otras razones, por la permanencia de Montesinos en su entorno.

Mi única militancia política fue en el Movimiento Libertad con Mario Vargas Llosa, que a mi entender fue una gesta nacional por recuperar la salud del país, fui parte del plenario. Renuncié a Libertad antes del 5 de abril de 1992, por sentir que el partidismo era más importante que las reformas.

No soy fujimorista, pero nunca he dejado de reconocer sin falsos pudores, las grandes contribuciones del gobierno de Fujimori al futuro de todos los peruanos. Tengo muy claro que sin su gobierno la Constitución de 1993, el Perú jamás hubiera dejado su condición de ‘país fallido` para tornarse, tres lustros más tarde, una ‘estrella internacional’.

En mi opinión, el secuestro de la Embajada de Japón, alteró sustancialmente la vida política del país, y la suerte de los años 90. Se suspendió el ánimo de reforma; se empoderaron a las fuerzas del mal, dirigidas por Montesinos, detrás de los aspectos de seguridad; después de haber hecho avances significativos en la disminución de la corrupción administrativa del Estado, se generó otro espacio de corrupción de corte político; se cortó la cadena de pagos por los errores de apreciación del Ministro de Economía, Jorge Baca Campodónico. Con todo esto, los peruanos nublamos nuestra visión sobre los importantísimos años 90 para el Perú. Años que sin duda, serán eventualmente recogidos por la historia como cruciales en la vida de nuestro país por sus grandes errores y, fundamentalmente, como por sus tremendos aciertos. Un balance que aún hoy, rehúsan hacer muchos peruanos.

Desde finales de los 90 supe que Keiko Fujimori tenía criterio propio, siendo Primera Dama firmó el petitorio  para oponerse a la reelección de su padre y se enfrentó con valentía a Montesinos desde antes de iniciada la campaña del 2000.

Sustento del pedido de Indulto desde la perspectiva de un ciudadano

Alberto Fujimori está condenado a una pena de 25 años, como si hubiera sido condenado por genocidio o lesa humanidad. Este delito no se menciona en la sentencia, solo en los considerandos. Además de otros delitos y penas menores, se le condenó por secuestro agravado. Según sus carcelarios el ‘cargo’ de genocidio y de ‘secuestro agravado’ impedirían la posibilidad de que reciba el indulto.

Sin embargo, los hechos procesales y la justicia nos dice algo diferente:

• La extradición no contempló el delito de genocidio
• El genocidio no estaba calificado como delito en el Perú cuando se habrían cometido los crímenes por los que se le acusa
• Para condenarlo por genocidio, se forzó la figura de la ‘autoría mediata’: como era el jefe tenía que saber…
• Para hacer viable la figura de la autoría mediata, el juez San Martín elucubró la sentencia un año antes de su aplicación, según confesión de parte, para asegurarse de que Fujimori reciba una larga sentencia
• El delito de genocidio no figura en la sentencia, solo en los considerandos, pero se repite, una y otra vez, que está condenado por genocidio. Algo en lo que cae la propia ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que ejerce su cartera con manifiesta arbitrariedad y partidismo.
• El llamado ´secuestro agravado´ es una broma. Se detuvo a un periodista y a un empresario, por algunas horas en las instalaciones del Ministerio de Defensa y sin recibir ningún maltrato, fueron liberados sin acusación de por medio.

Un tema determinante para la formación de mi opinión, fue el voto singular del honorable Magistrado del Tribunal Constitucional, don José Luis Sardón de Taboada, de mayo de 2016 que considera que debe declararse fundada la demanda de hábeas corpus.

“En un voto singular, el único magistrado discordante, José Luis Sardón de Taboada, señaló que la demanda debía ser declarada fundada en atención a que la calificación de lesa humanidad vulneró el orden constitucional, pues hay inconsistencia entre la acusación fiscal y la sentencia,” según publicó el portal LaLey.pe

Ver voto singular del Magistrado José Luis Sardón de Taboada por el indulto: Voto singular.

En mi opinión es injusto mantener a Alberto Fujimori en la cárcel y liberarlo sería un gesto político de mucho peso que enaltecería al Presidente de la República y a todos los peruanos. Pues, después de 11 años, mantener en reclusión a un anciano enfermo (elegido por votación popular como Presidente de la República), con un sustento jurídico, por lo menos discutible, sino deleznable, sería un despropósito. Lampadia  

En los últimos días se han generado algunas reacciones con respecto a la Ministra de Justicia Marisol Pérez-Tello y su postura ideológica, originados por la reciente visita de la ministra a Máxima Acuña en Cajamarca, uno de los símbolos anti-mineros más usados para forjar el relato de David contra Goliat.

“Ya no me queda ninguna duda de que la ministra Pérez Tello es una encubierta caviar completa tras verla retratada ayer en LR junto a Máxima Chaupe, la “guardiana de la laguna”, la heroína de papel que protagoniza la farsa que ha montado la izquierda en Yanacocha”. Aldo Mariátegui

Por otro lado, Jaime de Althaus en entrevista con  Alfredo Thorne señaló que la visita a Chaupe no es coherente con un gobierno que trata de promover la inversión minera. Pero, en sentido contrario, Miguel Santillana defendió a la ministra, calificando de “obtusos” a quienes critican la visita y afirma que “Marisol no es Caviar”.

Determinar si la ministra es o no “caviar” es algo muy difícil dado que esta categorización no tiene una definición muy clara. Sin embargo, ello no cambia el hecho que la visita de la ministra a un instrumento de propaganda como la Chaupe genera una incertidumbre justificada respecto al marco ideológico detrás de sus acciones.

Una revisión de las declaraciones y acciones de Marisol Pérez Tello hacia la minería nos señala que tiene una postura compleja hacia el sector. Por un lado, los orígenes partidarios de Marisol Pérez-Tello en el PPC y sus declaraciones nos señalan una afinidad hacia un modelo de desarrollo impulsado por la inversión privada. En múltiples ocasiones ha afirmado la importancia del sector minero y la necesidad de una relación armoniosa del mismo con las poblaciones en su entorno. Por ello, no se puede caracterizar a la ministra como una militante pos-extractivista, como sí se puede hacer con otras figuras políticas como Marco Arana o José de Echave.

Sin embargo, existen suficientes evidencias para considerar que la ministra comparte algunos componentes de su ideología con los anti-mineros, en especial su visión respecto a la naturaleza de la población campesina peruana y su relación con el Estado.

Una entrevista de Marisol Pérez-Tello sobre “Pueblos Indígenas e Interculturalidad” es muy reveladora respecto a su postura ideológica:

• Considera como pueblos indígenas a la totalidad de las comunidades campesinas, compartiendo una posición con las ramas más radicales del indigenismo además de ser una postura que, de ser aceptada por el Estado, llevaría a un escalamiento de la conflictividad minera. Hay que recordar que las comunidades campesinas incluyen a alrededor de 2.5 millones de personas y ocupan el 39% de la superficie agrícola nacional.(Ver:http://www.larevistaagraria.info/sites/default/files/revista/ragra29/LRA29-0607.pdf). Esto debido a que las comunidades aceptadas como “pueblos nativos” podrían reclamar la renegociación de sus acuerdos ante el Estado y las Empresas Mineras puesto que los mismos se dieron sin haber hecho la consulta previa.
• Comparte una visión romántica respecto a la búsqueda de los indígenas de “alternativas al de desarrollo” por lo que podrían considerar la llamada “seguridad alimentaria” como un fin más deseable que el progreso material. Aquí se muestra la visión romántica de los comuneros, que tienen una “cosmovisión” en la que el progreso pasa a segundo plano, puesto que tienen una “manera distinta de entender del mundo”. Considera que los comuneros tienen una “relación especial con la tierra”, distinta a la del resto de la población.
• Considera que la colectividad a la que denomina “pueblos indígenas” tiene derecho a la autodeterminación de su modelo de desarrollo. Esto puede (a primera vista) sonar bien. Sin embargo, esta autodeterminación (tal como se entiende desde el enfoque intercultural), pasa por la exclusión casi total de las comunidades campesinas del Estado peruano y les brinda poder de veto sobre las políticas nacionales para el aprovechamiento de los recursos naturales. En esta visión, ella equipara las comunidades campesinas con los pueblos indígenas, son sujetos con derecho de Consulta Previa, y aún más importante, a la autodeterminación.
• Considera que en el Perú existe una división entre occidentales/mestizos versus indígenas, siendo los últimos capaces naturalmente de vivir en armonía con el medio ambiente. Llega a afirmar que: “Un niño awajun se puede asustar si ve una escalera eléctrica pero seguramente sabe todas las propiedades curativas de la hoja de un árbol”.
•  En un acto de profundo desconocimiento de la realidad, la ministra afirmó que las negociaciones en Cajamarca durante el conflicto Conga fracasaron debido a que no se permitió a los “Apus” negociar con su población los términos ofrecidos en el marco de su “democracia participativa indígena”. Aquí muestra un deseo de acomodar la realidad a los estereotipos dignos de un practicante sueco de Grufides. ¿De dónde sacó esa afirmación?  Ninguna de las organizaciones movilizadas en Cajamarca contra Conga tenían “Apus” y Cajamarca es una de las regiones menos indígenas del Perú con un 0.4% de quechua-hablantes (una tasa bastante  menor que la de Lima). 
• Considera que los actos en Bagua fueron resultado de “una gran unión de los pueblos indígenas que les ha dado mucha fuerza y yo los felicito”. Consideró que los sucesos de Bagua fueron una reacción a “leyes que violentaban sus derechos”. Estas palabras serían indistinguibles de las que diría Alberto Pizango. Hay que señalar que, posteriormente, Pérez Tello felicitó la exoneración de todos los acusados por la masacre de policías durante el Baguazo, asesinatos que quedaron en total impunidad.

Más allá de esta entrevista, hay otras señales del alineamiento ideológico de Marisol Pérez-Tello con varios componentes radicales del “enfoque intercultural”:

• Presentación junto con congresistas pos-extractivistas de izquierda de un proyecto de ley en favor de la Consulta Previa Legislativa, en la que será necesaria consultar a la totalidad de los pueblos indígenas del país en cada ocasión en que se de una ley que pudieran considerar les incumbe. Sería esperable que esto origine más conflictos sociales si es que estos indígenas- según Marisol Pérez Tello- consideran que no se les está consultando. Habría dos tipos de peruanos, con distintos derechos: aquellos que eligieron a sus representantes con su voto y aquellos que además de votar serían consultados.
• Presentación una solicitud en contra de una reforma del código penal que hubiera debilitando a la justicia intercultural. En esta solicitud, Marisol Pérez-Tello comparte su postura con Rocío Silva Santisteban, Grufides, Derechos Humanos sin Fronteras (Cusco), Derechos Humanos y Medio Ambiente – Puno, Radio Marañón y múltiples organizaciones y personalidades anti-mineras y radicales.

• Participación en eventos de promoción del indigenismo radical. El 2013 se dio el Segundo Encuentro Nacional del Pacto de Unidad en la que participó, en ese entonces como congresista.  Hay que señalar que el Pacto de Unidad es una organización indigenista radical. La congresista también fue expositora en la presentación del libro “La Verdad Sobre Bagua” en la que compartió mesa con representantes de varias de organizaciones que azuzaron el conflicto. Ya como ministra, en Cajamarca, el 17 Noviembre del 2016 se dio el “Primer Seminario de Justicia Intercultural” en el que la ministra se comprometió a apoyar el avance de la Justicia Intercultural.
• Durante su periodo como congresista, formó parte del “Grupo de Trabajo sobre la Implementación y Reglamento de la Ley de Derecho a la Consulta Previa” junto con Verónika Mendoza, Claudia Coari y Cassio Huaire. Este grupo contaba con la asistencia y apoyo técnico de OXFAM, ONAMIAP, CONACAMI, CNDH, CCP, IDL entre otras organizaciones hostiles a las actividades mineras en el Perú.

Marisol Pérez-Tello ha tenido un patrón de conducta propia de un activista en favor del indigenismo radical con un nivel de actividad que llega a superar al de Verónika Mendoza. Su colaboración en actividades con bajos retornos políticos nos habla de un compromiso ideológico personal. Esto implica, además, que estaría ejerciendo el ministerio con agenda propia y no con la agenda del gobierno de PPK.

Respecto al caso Chaupe, la ministra consideró que “es evidente el maltrato a la señora Chaupe” tomando posición en favor de los anti-mineros. Al ser preguntada el porqué de su visita, Pérez-Tello afirmó que lo hacía motivada por la necesidad de responder a una Medida Cautelar generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, había otras 46 personas involucradas en dicha medida y la ministra decide visitar personalmente a aquella que le permite el máximo rebote mediático y se genere el mayor daño posible hacia el sector minero. Quien sirvió de acompañante durante su visita a Chaupe fue el radical Manuel Ramos, el más anti-minero de los miembros del Concejo Regional de Cajamarca.  Dentro de la concepción de Perez-Tello, Máxima, al ser comunera, es una indígena no reconocida a la que no se le ha permitido ejercer su derecho a la libre determinacion del modelo de desarrollo, independientemente de las condiciones judiciales que envuelven el caso, o si ella invadió efectivamente el predio o no.

Queda claro que este gobierno “proinversión” ha nombrado en el cargo estratégico del Ministerio de Justicia a alguien que se acerca al indigenismo radical. Más allá de si es conciente o no de las consecuencias de sus propuestas, la aplicación de lo que propone Marisol Pérez-Tello inviabilizaría a gran parte de la inversión minera en el Perú. Lampadia