Después de un gobierno muy mediocre (2011 – 2016), que nos llevó a un menor estadío de crecimiento, desde el segundo semestre del año pasado el Perú se ha ido paralizando paulatina y sostenidamente. Veamos:

La paralización de los proyectos mineros

Empezó con el nombramiento de Rolando Luque en la PCM, como encargado de los conflictos sociales, con lo cual, para un analista medianamente avispado y para los inversionistas, siempre inquietos con el clima de inversión, quedaba claro que el gobierno estaba optando por un enfoque de resistencia y cruce de dedos para convivir con los conflictos anti-mineros. En otras palabras, el país se quedaría sin recibir una buena explicación de parte de sus nuevos líderes sobre la naturaleza de los conflictos y la necesidad de enfrentarlos ideas claras, acciones efectivas de desarrollo y, cuando corresponda, el peso de la ley.

El resultado es que hasta ahora no se mueve ningún proyecto, varios han sido atacados vilmente (las zanjas del ingreso a las Bambas se quedaron abiertas durante seis meses).

Algo aún peor, la mejor idea del gobierno para enfrentar los conflictos, el ‘adelanto social’, fue malograda por el propio gobierno (Ministro de Energía y Minas) al apurar desembolsos y ofrecimientos sin concordancia con el desarrollo de los proyectos mineros. La idea era que el Estado pudiera acompañar la inversión de los proyectos mineros con inversiones paralelas en programas de impacto social para las poblaciones cercanas a los proyectos, ya sea en infraestructuras sociales o programas productivos.

Para ello, una vez definida la viabilidad de un proyecto, tanto económica, ambiental como socialmente, e iniciada la inversión, el Estado podría crear un fideicomiso para financiar el ‘adelanto social’, por un monto que representara una fracción importante del estimado del valor presente del canon que generaría el proyecto, digamos el 30%. Gran concepto. Pero el gobierno empezó a entregar dinero en Cajamarca sin ninguna relación con una inversión específica en nombre del ‘adelanto social’, y peor aún, hasta ahora no ha podido definir la naturaleza del mismo, como lo hemos definido nosotros líneas arriba. Así, el gobierno está desperdiciando la oportunidad de crear un importante incentivo para que el proceso de evaluación de los proyectos mineros, se hagan con mayor objetividad, contrarrestando las interferencias políticas y disminuyendo la posibilidad de arriesgar todo, tanto el futuro de la inversión privada en el proyecto, como pública en el ‘adelanto social’, pues ambas correrían la misma suerte, o se dan en conjunto, o ambas se frustran.

La paralización de la demanda interna

No terminado aún el año 2016, el Ministro de Economía y Finanzas paralizó el crecimiento de la demanda interna, al cortar el gasto público y dar una pésima señal al sector privado. El resultado fue una caída pronunciada de las fuerzas internas de la economía, la devaluación de las esperanzas en el nuevo gobierno y un impacto negativo adicional en el crecimiento de la economía.

La paralización de las inversiones en los proyectos de infraestructuras

La lucha contra la ‘tramitología’ era una de las más populares e importantes ofertas de gobierno. Se daba por hecho que sería una de las prioridades del gobierno (a pesar de no poder ejecutar la ‘ley del ocaso’’, planteada por Fuerza popular). Lamentablemente, los avances en desregulación fueron muy tímidos e inefectivos, con la excepción de los desarrollados en el Ministerio de la Producción. El ministro que tenía más responsabilidades y retos en este tema era el de Transporte y Comunicaciones, Martín Vizcarra, quién ni siquiera pudo destrabar el proyecto de la Línea 2 del Metro. Por su lado, el Ministro de Economía, Alfredo Thorne, declaró que «Efectivamente, durante la campaña nosotros quizás fuimos optimistas y dijimos que íbamos a destrabar gran parte de estos proyectos, pero estos 18 mil millones de dólares que nosotros nos propusimos destrabar la verdad, con toda sinceridad, están muy trabados».

La paralización por el escándalo de Odebrecht

Ya hemos explicado que el desastre del destape de corrupción que nos abruma, fue diseñado por el ‘padrino’ de todas las izquierdas latinoamericanas, el socio de Fidel Castro en el Foro de Sao Paulo, Lula da Silva, dueño del Partido de los Trabajadores (PT) y sus brazos empresariales, las constructoras brasileñas, con las que pretendía penetrar política y económicamente toda la región. (Ver en Lampadia: La peor Red de corrupción latinoamericana).

Lamentablemente, cuando estalló el escándalo, el gobierno no pudo establecer una estrategia clara para enfrentarlo y dejó que poco a poco, se fueran generando diversas reacciones, tanto en la opinión pública, como en los medios de comunicación, los funcionarios públicos, el sistema financiero y el Estado.

Empecemos por el Estado. El vacío de dirección permitió que las entidades vinculadas a la justicia y administración del Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría, los Procuradores (autónomos) y la Sunat; desarrollaran acciones descoordinadas e inspiradas en su buen entender y también, en algunos casos, por razones de lucimiento político. Ésta cadena de acciones creó un verdadero caos y desorientación, exacerbando las reacciones de los medios y la opinión pública, con lo cual se generó un proceso de retroalimentación de más acciones ‘punitivas’ y una imparable cacería de brujas.

Lógicamente, todo esto propició la parálisis de las empresas y proyectos de inversión vinculados a los brazos empresariales de Lula (Odebrecht), arrastrando en el mismo proceso a los trabajadores, proveedores, contratistas y socios locales. Además, los funcionarios públicos de varios ministerios asumieron la actitud de no firmar ningún documento que pudiera vincularlos con la cacería de brujas. Los bancos empezaron a alterar sus flujos crediticios, en un ambiente en el que el crédito ya venía ralentizándose. Así, se empezaron a acumular cuentas impagas de planillas, proveedores y contratistas, corriendo el terrible riesgo del corte de la cadena de pagos.

En Lampadia, el 19 de enero, 2017 (A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente), aconsejamos oportunamente, que el Estado ‘interviniera’ las empresas y proyectos manejados por los brazos empresariales de Lula. Esto hubiera dado una imagen de fuerza y liderazgo al gobierno y, mediante la presencia de cada interventor en las empresas y proyectos, se podría haber evitado la salida de caja hacia los accionistas brasileños. Pero además, se hubiera marcado la línea de acción del Estado, dando tiempo a la Fiscalía y al Poder Judicial, para hacer las necesarias investigaciones sin interferir en la vida de las empresas y proyectos, debidamente cautelados por los interventores.

El vacío de liderazgo ha ido multiplicando los impactos del escándalo y se ha llegado hasta afectar a las empresas peruanas que tenían asociaciones con Odebrecht, sin separar las eventuales responsabilidades delictivas de algunos de sus dirigentes, de la suerte de las empresas, llenas de miles de trabajadores muy eficientes y honestos, que no tienen ninguna vinculación con procederes inadecuados. El caso más notorio es el de Graña y Montero (GyM), pero también están en el mismo predicamento, otras importantes empresas peruanas.

GyM inclusive ha cambiado su directorio para separar las eventuales responsabilidades personales de sus anteriores dirigentes de la suerte de la empresa. Y ahora que el Perú tiene que enfrentar de la mejor manera posible la ‘reconstrucción con cambios’, se pretende evitar que estas empresas puedan participar en las obras. El primero en caer en el error de apreciación fue el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. El Primer Ministro tuvo que aclarar que la ley no impedía contratar a esas empresas. Pero más tarde, una procuradora Katherine Ampuero, y el nuevo director del programa de reconstrucción, Pablo de la Flor, insistieron en excluir a las mismas empresas. Finalmente, el Primer Ministro, Fernando Zavala, se ha visto en la necesidad de invocar a estas empresas que se inhiban de participar en la reconstrucción, por decisión propia, ya que la ley no lo impide.

Para esto, en el Congreso de la República, corre un Proyecto de Ley (1410-2017), que modificaría al Decreto de Urgencia (DU 003-2017), para que las personas jurídicas, empresas, que tengan alguna vinculación con aquellas directamente vinculadas en actos de corrupción (llámese Odebrecht), sean excluidas de toda futura relación con el Estado.

Veamos qué implica esto:

• Dejar sin operar a una buena parte de las empresas constructoras peruanas, pues con la inversión privada paralizada y la inversión pública paralizada, excepto por lo que se vaya a desarrollar en relación a la ‘reconstrucción con cambios’ (RCC), no tendrían trabajo.
• Se aduce, por ejemplo, que el portafolio de GyM, tiene menos del 10% de contratos con el Estado, pero marginalmente, a partir de ahora, sin inversión privada en el país, la RCC podría ser su mayor, y tal vez única, ocupación.
• Castigar a trabajadores peruanos que se quedarían sin trabajo
• Se castigaría indirectamente a otras múltiples empresas y a sus trabajadores en varios sectores de la economía, llegando seguramente a afectar más de un millón de empleos
• Se agravaría sustancialmente el riesgo del ‘corte de la cadena de pagos, un riesgo que no podemos correr, pues nos llevaría a una larga recesión
• Se debilitaría aún más el crecimiento de la economía
• Se dejaría sin operar a buena parte de las mejores empresas constructoras del país, cuando más se les necesita
• Abriríamos las puertas a aventureros de cualquier lugar, que el país se vería obligado a contratar para la RCC, pues no se tendría otra alternativa

El Perú no puede seguir a la deriva. El gobierno central, el ejecutivo, tiene que marcar la pauta y el Congreso debe dejar de apurar normas precipitadas. Está claro que el estilo de gobierno del Presidente de la República es muy democrático y deja que las distintas fuerzas políticas, incluso en su propio entorno, vayan balanceándose y compensándose hasta llegar a eventuales planos de acción o inacción común. Pero, en un momento como el actual, que a pesar de su gravedad, no se hace evidente a todos. Por lo tanto, es indispensable que el Primer Ministro, Fernando Zavala, ejerza un liderazgo firme, ilustrado e inspirador.

Le toca a Zavala tocar las campanas a rebato, parar las contradicciones internas del equipo de gobierno y convocar a un diálogo serio a Fuerza Popular. La suerte de los peruanos llama a sus mejores hombres a estar a la altura de las circunstancias. Lampadia

Muchas veces hemos insistido en clavar puyas a nuestra clase dirigente, que no se caracteriza precisamente por su presencia en el debate nacional. Hoy día nos da mucha satisfacción compartir con nuestros lectores, un artículo preparado por tres cusqueños que representan a una de las pocas ‘reservas de ciudadanos con vocación y compromiso cívico’, que tenemos en el país.

El artículo de los ínclitos, Carlos Milla Vidal, Fernando Ruiz Caro y Fausto Salinas Lovón, hace un llamado, aún oportuno, como lo califican ellos, a la sensatez política, para juntar esfuerzos entre quienes tenemos una misma visión del país. Lampadia hace suyo este  planteamiento que viene desde el corazón del Perú. 

Carlos Milla Vidal
Fernando Ruiz Caro
Fausto Salinas Lovón
Cusco, 26 de abril de 2017
Para Lampadia

Un año atrás,  en este mismo medio, planteamos la conveniencia de evitarle al país una segunda vuelta electoral. Mencionamos que la confrontación de una segunda vuelta iba a dar “protagonismo o por lo menos cabida a los planteamientos (de la izquierda)  que el país mayoritariamente rechazó” y que se “mediatizaría la victoria de la economía de mercado y la sociedad libre”. Ver en Lampadia: El Perú no necesita una segunda vuelta

Advertimos que “se alimentaría inevitablemente la confrontación y la violencia y daría espacio para que el violentismo y el extremismo izquierdista radical que ya asomó en esta elección vuelva a tener protagonismo. Los peruanos no necesitamos más confrontación, necesitamos reconciliación”

Señalamos que resultaba “innecesario explotar las divergencias en una segunda vuelta electoral cuando lo que conviene al país es desarrollar las coincidencias y sinergias” y exigimos madurez a nuestra clase política.

Propusimos, por todo esto, que se avance a  “un acuerdo de coincidencias básicas entre PPK y FP” que permita “hacer realidad las mejoras, reformas y ajustes que los ciudadanos esperan en el Estado, la economía y la política nacional”. Un acuerdo que establezca  “una agenda política inmediata y dar garantías suficientes al pueblo peruano de respeto a la institucionalidad democrática, a la alternancia en el poder y de que se combatirá la corrupción”.

Señalamos que un acuerdo de este tipo permite “garantizar la continuidad de políticas de Estado y dar muestras de gobernabilidad y madurez política superiores, que se traducirían inmediatamente en buenas señales para los mercados, la inversión y la generación de empleo y riqueza, únicas fuentes para derrotar la pobreza y avanzar en el desarrollo humano”.

Ahora, un año después, cuando las diferencias políticas entre FP y PPK han paralizado el país, han detenido la economía cuyas proyecciones de crecimiento ya están por debajo del 3%, y luego de que el norte de nuestro territorio ha sido gravemente afectado por desastres naturales, es momento de insistir en un acuerdo de este tipo, donde se establezcan las coincidencias básicas entre las dos principales fuerzas políticas del país y se busque el bien del Perú ante todo.

Para este acuerdo de coincidencias básicas sugerimos algunos puntos de acuerdo inmediato e imprescindible:

• Posición unitaria, firme y activa de Ejecutivo y Parlamento para que la diplomacia peruana, en representación de la Nación Peruana asuma el liderazgo  internacional en la campaña para restablecer el orden democrático en Venezuela y  el respeto de los derechos humanos, la autonomía de la Asamblea Legislativa y las libertades políticas en esa Nación, mediante la exigencia de la intervención efectiva de la OEA a través de la Carta Democrática Interamericana, la condena de todos los países latinoamericanos  y el retiro de la legación diplomática venezolana de nuestro país. Una posición de este tipo permitirá conocer el grado de compromiso democrático de FP.

• Consenso para adoptar medidas concertadas que permitan recuperar el crecimiento económico por encima del 5% anual, incluyendo medidas para otorgar un verdadero fast track para los grandes proyectos de inversión pública  y una reducción radical de las licencias y los permisos que traban las iniciativas privadas, todo lo cual hará posible recuperar el dinamismo de la economía y la generación de miles de empleos para nuestros compatriotas que cada días incrementan la lista de desempleados.

• Acuerdo por la educación que permita una verdadera reforma magisterial y una educación de calidad. Sin consenso y con disputas como las vistas el 2016, el fanatismo comunista del SUTEP y sus intereses continuarán destruyendo el futuro de nuestros hijos.

• Revisión de la descentralización y mejora de la eficiencia en la gestión de los recursos descentralizados, mediante la priorización de las inversiones regionales en las líneas de acción nacional en materia de infraestructura, salud y educación, a fin de evitar el uso dispendioso, ineficiente y corrupto de los recursos en las Regiones y Municipalidades.

• Reforma y reducción del Estado, irresponsablemente acrecentado por las administraciones anteriores y en particular por el Gobierno Humala, poniendo topes a la contratación pública, racionalización de personal, evaluación de gestión,  ratios de eficiencia, entre otros indicadores que eviten que los gobiernos descentralizados sean una coladera de recursos públicos.

Estas y otras urgencias de nuestro país son mayores que hace un año, por lo tanto, la necesidad de un acuerdo político es imperativa. Hemos perdido un año, pero no es demasiado tarde para que las principales fuerzas políticas antepongan a sus intereses electorales el único objetivo válido en nuestra política: el bienestar de los peruanos.

No faltarán quienes desde otras fuerzas políticas tiren piedras a esta posibilidad. No faltarán aquellos que desde dentro petardeen el acercamiento. No faltarán quienes desde su tribuna alienten el conflicto. Sin embargo, nada de eso debe detener la posibilidad de un acuerdo de coincidencias básicas que otorgue estabilidad política al país, dinamismo a la gestión pública, confianza a los mercados y ciudadanos y que relance la economía para evitar que millones de compatriotas que salieron de la pobreza en los últimos 20 años regresen a ella en los siguientes meses.

Nuestra clase política y en particular FP y PPK debe estar a la altura de esta responsabilidad y debe adoptar con firmeza las medidas que hagan posible este y otras coincidencias básicas,  por encima del cálculo electoral. De lo contrario, el país les recordará su incapacidad de poner por encima de todo, los intereses del Perú. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Introducción

¿Cómo piensan los anti-mineros peruanos? Más allá de sus discursos y de cómo los anti-mineros justifican de su accionar conflictivo: ¿cómo piensan sobre la minería y el desarrollo?

Las corrientes de pensamiento hostiles a la minería, en Perú, son diversas, pero responden a dos fuentes ideológicas básicas: marxistas y pos-extractivistas. Ambas ideologías son anti-sistema y anti-globalización, no les gusta la economía de mercado ni valoran las actividades empresariales. Comparten una cultura de victimización y resentimiento social, pero sus opiniones divergen notablemente cuando se refieren a sus utopías de sociedad.[1]

Esas diferencias tienen un rol principalmente identitario, es decir, definen quienes pertenecen a sus organizaciones y quiénes no. Además, esas dos corrientes tienen concepciones y lógicas políticas distintas, y sus opiniones sobre las otras corrientes no son muy positivas. Quienes queremos que la conflictividad disminuya necesitamos entender sus ideologías y cómo razonan sobre la minería. En los conflictos, ellos son aliados y coordinan por medio de mecanismos de redes conocidos como SPIN. Ver en Lampadia (Ferreira & Olcese, 2017)[2].

Ninguna de las corrientes que operan en Perú (marxista o pos-extractivista) es autóctona ni autónoma.[3] Ellas son extensiones locales de corrientes radicales globales, desarrolladas en Europa y Norte América. Los operadores locales se dedican a adaptar el lenguaje y la simbología de sus ideólogos del norte a las características culturales y políticas del contexto peruano.Los pensadores-fuente de esas corrientes (Boaventura de Sousa Santos, Alberto Acosta, Serge Latouche, Eduardo Gudynas, etc.) no representan a ninguna frontera de conocimiento (no ganan premios Nobel, ni lideran el avance científico en ningún campo). Son todos profundamente occidentales en su formación intelectual, y en su forma de pensar la sociedad y la política, incluidos aquellos que critican la influencia intelectual de occidente.  En las universidades europeas y americanas ellos pertenecen a corrientes académicas de menor peso, pero aquí en el “Sur Global” ellos son reconocidos intelectualmente y tienen capacidad de incidencia en instituciones públicas, medios de comunicación y gobiernos. 

El marxismo es la más antigua de las dos corrientes, con casi un siglo de presencia en el Perú. Los pos-extractivistas, en general, son de surgimiento más reciente; menos de un cuarto de siglo. Ello hace que existan diferencias generacionales en la composición de sus militantes. Los pos-extractivistas son, en promedio, 20 a 30 años más jóvenes que los marxistas.

El marxismo ha influenciado mucho a los pos-extractivistas. Los principales ideólogos de los pos-extractivistas son ex-marxistas que conservan mucho de sus viejas creencias, o se formaron intelectualmente en corrientes de pensamiento influenciadas por el marxismo. Sin embargo, no incluiremos esos ideólogos ex-marxistas en estas notas. Los trataremos posteriormente, cuando describamos la ideología de los pos-extractivistas.

La tragedia de los marxistas peruanos

Fue el periodista José Carlos Mariátegui (abuelo del periodista Aldo Mariátegui) quien, después de una estadía en Europa, se dedicó a la difusión del marxismo en Perú, fundando una revista (Amauta) y creando un partido político, que en sus inicios se llamó Partido Socialista y que después se alineó con la revolución rusa, con la dictadura del proletariado, se afilió a la 3ª Internacional Comunista y cambió su nombre a Partido Comunista.

Después de su muerte, los marxistas peruanos se han dividido entre las diversas tendencias del marxismo internacional (comunistas ligados a Rusia, comunistas ligados a China, trotskistas de todos los matices, partidarios de la revolución cubana, etc.). La historia de la izquierda peruana es una secuencia infinita de divisiones, fusiones, nuevas divisiones, y de ataques recíprocos entre esas corrientes. Las siglas se han multiplicado tanto que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, con muchos integrantes de izquierda, no ha logrado identificar todas las ramificaciones ni reconstruir todos los procesos de división.

El colapso de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, el fracaso de los experimentos socialistas africanos y el giro de China hacia la economía de mercado representaron un golpe demoledor a la autoridad del marxismo como teoría matriz para entender la evolución de las sociedades. Esa secuela de fracasos en el contexto global hizo que, después de los 90, ser marxista perdiera el brillo intelectual y el barniz heroico de los años 60 y 70.

Sin embargo, en el caso de la izquierda peruana el factor el principal que precipitó su crisis moral y política fue el desarrollo del fenómeno terrorista en los años 80. La incapacidad ideológica y política de la izquierda peruana para responder al terrorismo desdibujó su imagen en la sociedad, generó costos decisivos de reputación política, y creó condiciones favorables para su sustitución por otras corrientes anti-sistema.

El grupo terrorista conocido después como Sendero Luminoso, SL, nació del Partido Comunista Peruano que publicaba el periódico Bandera Roja. Sendero Luminoso era una fracción asentada en la ciudad de Huamanga, que incluía en su periódico el lema: “Por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui” como elemento de distinción ideológica.

Fue Sendero Luminoso la organización política que, en 1980, instaló el terrorismo como estrategia política en el Perú, y cambió la forma de hacer política en el país y dio un giro decisivo en la historia de la izquierda peruana. Por su alto nivel de sectarismo y prácticas genocidas, SL sometió a la población andina, especialmente a los sectores campesinos e indígenas más pobres, a sufrimientos indescriptibles.

El otro grupo terrorista importante, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, conocido como MRTA, nació de una combinación de corrientes radicales, originalmente ligadas al gobierno militar del Gral. Velasco Alvarado, el Partido Socialista Revolucionario, y diversas corrientes favorables al uso de la violencia en la política (MIR, UDP, etc.). El MRTA tuvo una importancia política y militar mucho menor que SL, pero se hizo famoso por el secuestro de la Embajada de Japón en Lima en 1996, tomando de rehenes a cerca de 800 personas.

La mayoría de la izquierda marxista no ingresó al terrorismo, pero tampoco supo combatirlo ideológicamente. La postura confusa de la izquierda hacia la violencia política y el terrorismo terminó siendo percibida por la población como dubitativa y, en algunos casos, como cómplice del terrorismo (Pásara, 1990).[4]

La postura de la izquierda respecto al terrorismo le ha generado un alto costo, destruyendo gran parte de su discurso y simbología política (banderas rojas, estrellas, consignas pro-lucha armada, etc.), debilitando su histórica influencia sobre los sectores pobres, perdiendo amplios segmentos sociales para las corrientes políticas que sí enfrentaron al terrorismo de una manera clara y decidida.

Otra consecuencia de esa conducta hacia Sendero Luminoso y MRTA es que hoy amplios sectores de la población asocian la izquierda con el terrorismo. Ello representa una importante vulnerabilidad de su imagen política, y se manifiesta cada vez que hay campañas electorales. La presencia de militantes de izquierda en actos violentos, en especial en los conflictos mineros, refuerzan en la opinión pública la idea de que la izquierda piensa y actúa en forma similar a los grupos que desencadenaron el terrorismo en los años 80. 

Los marxistas y la minería

A diferencia de los pos-extractivistas, los marxistas no son conceptualmente anti-mineros. Según la doctrina económica de Marx y los ejemplos de Rusia, China y los pocos países socialistas aún existentes, la minería, aunque subordinada a la industria, es parte de las fuerzas productivas que deben potenciarse hacia la sociedad comunista. Lo que sí es crítico para ellos el control autocrático del poder político por el partido comunista y el control estatal de las grandes empresas: minas, industrias, grandes comercios, banca, etc.

En la teoría marxista, la minería puede existir, siempre y cuando esté supeditada al Estado y a los marxistas como gobernantes. El objetivo de largo plazo de los marxistas no es acabar con la minería, sino controlar los recursos mineros para sus fines políticos y económicos. Una de las razones que, en la práctica, los hace anti-mineros es que para ellos las grandes empresas en general, y las corporaciones extranjeras en especial, pertenecen al bloque de los enemigos históricos del país, y consideran un deber patriótico combatirlas y, hacer todo lo posible para derrotarlas.

Para los marxistas está bien que un gobierno populista, como Chávez o Lula, utilice a los recursos naturales para la manipulación política. Para ellos, la explotación masiva de los recursos naturales está bien, si les posibilita eternizarse en el poder. Las experiencias recientes de los gobiernos populistas latino americanos (Bolivia, Brasil, Venezuela, Ecuador, etc.) han hecho evidente esa diferencia entre los marxistas y los pos-extractivistas.

Aunque los marxistas peruanos no está contra la minería como actividad económica, si son contrarios a la economía de mercado y a las empresas privadas que se dedican a la minería, y en forma muy especial, a las empresas mineras con capital extranjero. Para ellos, las empresas mineras, por su gran escala y por tener capital extranjero, son pilares de un modelo económico explotador y están en el lado opuesto a ellos en la contradicción política principal. Los marxistas resultan siendo anti-mineros en el contexto peruano de hoy porque son anti-capitalistas. Si ellos llegaran al poder, ellos expropiarían las empresas mineras y crearían empresas estatales para utilizar la minería para sus fines políticos.

El caso de Patria Roja

Para el entendimiento del rol de la izquierda marxista en la conflictividad minera es bueno considerar al Partido Comunista del Perú, conocido como Patria Roja, por su periódico. Ese partido, en los años 70 y 80, estaba alineado con el Partido Comunista de China, era defensor de la violencia política, y su periódico tenía por lema “El poder nace del fusil”. A pesar de su discurso radical, Patria Roja no optó por el terrorismo sino por la construcción de poder popular y la participación en los procesos electorales.

Hoy, Patria Roja ejerce una influencia política determinante en el sindicato unitario del magisterio público (SUTEP) y en estudiantes universitarios, y conserva una presencia política nacional con mayor peso en algunas regiones mineras. El ex-dirigente de rondas campesinas y ex-gobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, hasta muy recientemente, era uno de los líderes destacados de Patria Roja. Por estrategia política, Santos se presentó siempre como parte de un movimiento político, Movimiento de Afirmación Social, MAS, distinto a su organización matriz, Patria Roja.[5]

La postura de Patria Roja respecto a la economía de mercado y a las empresas mineras se expresa claramente en una declaración de su Comité Central:

En la actualidad, con la aplicación del capitalismo salvaje, el neoliberalismo, el Perú viene siendo presa de la voracidad de las transnacionales que saquean sus recursos. El gobierno [de García], lejos de la demagogia electoral, se ha puesto de rodillas frente a los dictados del imperio, aunque ello signifique mayor miseria y exclusión para las grandes mayorías, y la pérdida de la soberanía nacional.[6]

La postura anti-minera de Patria Roja se expresa en su oposición a los proyectos mineros, a las operaciones mineras (Río Blanco, Conga, Yanacocha, Tintaya, etc.), y recientemente al proyecto Tía María. César Barrera Bazán, ex-congresista de Patria Roja y uno de sus principales líderes, en la declaración Tía María es inviable, celebró el paro en contra de la implementación del proyecto, y se expresó de la forma siguiente:

El espíritu colonial apátrida y centralista de la ultraderecha y el extractivismo cree que en pleno siglo XXI puede con facilidad instalarse donde se le dé la gana, a nombre del ‘progreso` y de la ‘máxima ganancia’ que, salvo raras excepciones, solo les ha llegado a ellos.[7]

La comparación entre sus documentos actuales y antiguos evidencia que Patria Roja está siendo influenciada por el discurso pos-extractivista. Por ejemplo, la oposición al “extractivismo” es una novedad en el discurso de Patria Roja, y es más notable en sus organizaciones juveniles, asumiendo como suyas las tesis de la ideología pos-extractivista.

Refiriéndose a los impactos imaginarios de la minería en Ayabaca, Huancabamba y en Cajamarca (proyecto Conga) la Juventud Comunista de Patria Roja argumenta que:​

 

(1) Acabaría con las nacientes principales de los ríos Piura y Cajamarca (el Quiroz y el Chinchipe), lo que ocasionaría la carencia de agua potable y problemas de alimentación de toda la macro región, además de la contaminación al momento del transporte de los minerales hacia el mar mediante el minero-ducto.
(…)
(7) Afectará las formas de vida tradicional de las comunidades, la tranquilidad pública, desplazamiento de cientos de familias y la desmembración de la organización comunal.
(8) La llegada de gente foránea traerá otras costumbres, acrecentará los actos de corrupción y vandalismo en la zona, vicios (alcoholismo, prostitución), la apertura de discotecas y bares en toda la zona minera.[8]  

Esta oposición entre la minería y la protección ambiental, y la postura contraria a la modernidad no eran parte del discurso de Patria Roja, años atrás. Como hemos ya explicado, los marxistas siempre han sido favorables al uso de los recursos naturales y a las ideas de progreso económico y de modernidad. Este giro anti-progreso de los marxistas peruanos es consecuencia de la incapacidad de los líderes de Patria Roja para recrear su discurso político en los espacios del marxismo clásico.[9]

Patria Roja es hostil a la minería también por razones de estrategia política. Como Alberto Moreno (2002) explica extensamente, su partido se fortalece promoviendo conflictos sociales. Eufemísticamente él dice que el partido se fortalece en las luchas. En su visión de ruta al poder, Patria Roja combina dos formas de lucha política: construcción de “poder popular,” vía la promoción de la conflictividad, y participación en elecciones.

Los elementos del poder popular son tres: (1) el impulso de los Frentes de Defensa, (2) la promoción de la auto-defensa de masas, y (3) las asambleas populares. Es con estas tres estructuras que Patria Roja se propone tomar el poder político. Moreno deja claro que el uso de la violencia no-armada y la intimidación a los opositores son componentes de la auto-defensa de masas y del ejercicio del poder por las asambleas populares.

En el contexto actual, la conflictividad minera resulta siendo uno de los principales motores de la lucha por el poder de Patria Roja, haciendo la promoción de los conflictos mineros central a su estrategia política.[10] Patria Roja resulta promoviendo la conflictividad social anti-minera por que los conflictos sociales sirven a su estrategia de poder.

Patria Roja ha desarrollado una especie de marxismo tropical, cada día más mezclado con elementos de la narrativa pos-extractivista e indigenista radical, evidenciando su real subordinación respecto a los nuevos núcleos productores de ideología anti-sistema.

El ‘ejército de reserva’

Como lo explica Paul Collier[11] en sus estudios sobre los conflictos ligados a los recursos naturales, la ambición (la extracción de rentas políticas y económicas) es una de las principales causas de dichos conflictos. Los marxistas, asimilando elementos pos-extractivistas han encontrado en la conflictividad minera una ruta efectiva para luchar por sus ambiciones políticas. Naturalmente, esas ambiciones se ocultan detrás de un discurso ideológico lleno resentimientos y victimización, pero no hay que basarse en los discursos para entender las acciones. Para ello están la economía y la ciencia política moderna.

Para entender la dinámica local de la conflictividad minera no hay que pasar por alto la existencia de otros grupos marxistas menores, cuyos nombres no son muy conocidos,[12] y la existencia de varios miles de ex-militantes de los partidos de izquierda que se disolvieron en los últimos años, de su periferia política y ex-militantes de los grupos terroristas que quedaron dispersos después de derrotados. La organización de conflictos sociales es una de las pocas actividades que alimentan sus expectativas de acenso social y político.

Esos miles de ex-militantes están dispersos en las casi 200 provincias del Perú y funcionan como una especie de ‘Ejercito de Reserva’ de la conflictividad. Ellos viven de los recursos públicos donde algún líder de orientación radical gana el control de una instancia gubernamental sub-nacional u organización social, y se movilizan como organizadores de conflictos o como activistas cuando algún conflicto se desencadena. Algunos de ellos logran cargos directivos en sus localidades, e incluso llegan a elegirse como alcaldes distritales y provinciales y en el caso de Gregorio Santos como gobernadores regionales. Los Frentes de Defensa, tan valorados por Patria Roja, son sus organizaciones de preferencia.

Conclusiones

Los marxistas peruanos surgieron en los años 30 y se dividieron por 50 años. Los marxistas moderados compartieron el poder político durante el gobierno del Gral. Velasco Alvarado en los 70. Los marxistas más radicales alcanzaron el máximo poder político con Sendero Luminoso en los años 80. La postura confusa de los marxistas moderados hacia el terrorismo los golpeó éticamente y los ha alejado de su soporte social tradicional. Hoy, amplios segmentos de la población perciben a los marxistas moderados y algunos sectores la izquierda como fuerzas próximas al terrorismo y no confían en sus gestos políticos. Sólo en el entorno de los proyectos mineros ellos conservan sus fuerzas políticas y organizacionales.

El colapso global del marxismo (Rusia, China, intelectualidad europea, etc.) dejó a los marxistas peruanos huérfanos de soporte ideológico internacional y sin capacidad de renovación intelectual. Los marxistas, en Patria Roja, en el Parido Comunista Peruano, o dispersos en otros grupos de izquierda, han perdido su capacidad de renovación intelectual. Ellos viven hoy un proceso de disolución ideológica, más rápido en la clase media y más lento de las provincias alejadas. La influencia de las ideas pos-modernas, especialmente de los pos-extractivistas, es cada día mayor en los discursos de los marxistas y ex-marxistas.

Sin ser ideológicamente contrarios a la actividad minera, los marxistas resultan siendo anti-mineros por razones de estrategia política, pues la promoción de la conflictividad es lo que más les ha resultado para atacar la economía de libre mercado y avanzar en su lucha por el poder político. Por sus intereses políticos, los marxistas peruanos promueven y van seguir promoviendo conflictos sociales que bloquean el desarrollo de la minería en el país. Lampadia

[1] Existen otras corrientes de pensamiento, también muy variadas, que, sin ser hostiles a la actividad minera, tienen propuestas sobre la conflictividad social que, en la práctica, resultan negativas para el desarrollo de la minería y de la democracia. Sin embargo, no vamos abordar estas otras corrientes en estas notas. Dejaremos su tratamiento como tarea para futuros trabajos.
[2] Ferreira, C. & Olcese, F. (2017). Como se organizan los conflictos mineros. Lampadia. Accesible en: http://www.lampadia.com/analisis/mineria/spin-explica-la-convergencia-de-fuerzas-anti-mineria
[3] Los teóricos de la dependencia, Raúl Prebisch, Celso Furtado, Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, etc.) eran latino americanos. Habían sido influenciados por Max Weber y André Gunder Frank, pero el desarrollo de la teoría de la dependencia era creación local. En el caso de los anti-mineros no se observa esa independencia intelectual. Ellos inventan algún término propio, como Buen Vivir, o Sumak Kawsay, pero no van mucho más allá de ello.
[4] Pásara, L. (1990). El doble sendero de la izquierda legal peruana. Nueva Sociedad, 106 (marzo-abril, 1990), pp. 58-72. Buenos Aires, Argentina: Fundación Friedrich Ebert.
[5] La ruptura reciente entre Gregorio Santos y Patria Roja ha debilitado mucho la presencia de ese partido en las regiones más conflictivas del Perú. Actualmente, podemos decir que el movimiento político de Gregorio Santos, DD-MAS, en proceso final de ruptura orgánica con Patria Roja, lidera la corriente marxista más importante para la conflictividad minera.
[6] Patria Roja, (2008). Qué es y qué se propone Patria Roja, párrafo 14. Accesible en febrero de 2017 en: http://www.patriaroja.pe/comunicate-con-nosotros/
[7] Barrera, C. (2015). Tía María es inviable. Accesible en febrero de 2017 en: http://es.slideshare.net/URVIOLA/patria-roja-ta-mara-1
[8] Juventud Comunista. (2007). Efectos de una posible extracción minera en Ayabaca y Huancabamba. Accesible en febrero de 2017 en: http://jotacepiura.blogspot.pe/2007/08/efectos-de-una-posible-extraccin-minera.html
[9] Si sus líderes históricos: Marx, Engels, Lenin, Mao, etc. supieran de las nuevas ideas de Patria Roja, ellos serían expulsados en forma inmediata del movimiento comunista internacional. 
[10] Moreno, A. (2002). Democracia Directa y estrategia revolucionaria (3ª Edición). Lima, Perú: Patria Roja
[11] Collier, P. (2004). Greed and grievance in civil war. Oxford Economic Papers, 56, 563-595; doi:10.1093/oep/gpf064. 
[12] Algunos de esos grupos son favorables al uso de la violencia en sus estrategias de construcción de poder popular, y conservan mucho de la retórica violentista de los años 80s.

Antecedentes
Durante los últimos días, en Lampadia hemos mostrado nuestra solidaridad con el sufrido pueblo venezolano, que además de la crisis humanitaria a la que ha sido condenado por el chavismo, ahora sufre nuevos embates políticos, perdiendo, quién sabe, la esperanza de unas elecciones libres y prontas.

Como es sabido, el jueves pasado, el régimen chavista-cubano que oprime a los venezolanos desde hace 18 años, ordenó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que asumiera las funciones de la Asamblea Nacional (el Congreso venezolano), dando un golpe de Estado. Dos días después, el tirano Maduro dispuso al TSJ que anule su disposición.

Este golpe es en verdad el último paso en la destrucción de la democracia venezolana, pues antes del mismo, el TSJ venía anulando la validez de todas las disposiciones de la Asamblea, como reportó Jaime de Althaus ayer en Lampadia.

Reacciones Locales
Las reacciones a este acto dictatorial no se hicieron esperar. El gobierno del Perú retiró definitivamente a su Embajador en Caracas y muchas fuerzas políticas expresaron sus severas condenas a semejante acto.

El pasado lunes, el Congreso condenó la falta de democracia en Venezuela, “vinculados a la ruptura del orden constitucional y democrático, violación de derechos humanos y grave crisis humanitaria”. La moción de la comisión de Relaciones Exteriores fue aprobada por mayoría.

La falsa moral de las izquierdas

Tal como en anteriores ocasiones, los miembros del Frente Amplio, (que no es ni frente, ni amplio) no fueron capaces de condenar el golpe del chavismo, al que parece le deben muchos favores. El FA fue la única bancada que se abstuvo de firmar la moción condenatoria.

Verónika Mendoza, quien fue candidata a la presidencia por el Frente Amplio, tuvo una posición poco firme sobre la situación que vive Venezuela, señalando que se «rompió el equilibrio democrático» e instando a las autoridades a que escuchen al pueblo venezolano “para recuperar la democracia”.

Ante la injustificable represión desatada contra las masivas marchas de los venezolanos desarmados que reclaman democracia y mejor calidad de vida, es increíble que algunos representantes de la izquierda peruana continúen defendiendo al régimen chavista con declaraciones que lindan con el oprobio, como la reciente publicación de la actual congresista Marisa Glave, del mismo Frente Amplio (y ex miembro del movimiento Tierra y Libertad):

Igualmente criticables han sido las declaraciones del ex Presidente Ollanta Humala afirmando que “Me enfrente al fujimorismo que quebranto el orden constitucional y la democracia. La situación de Venezuela es preocupante para todos. Invoco hoy al diálogo, respeto al orden constitucional, los principios democráticos y la separación de poderes”.

Venezolana llama la atención a Marisa Glave

En una entrevista con Canal N, la activista venezolana, Paulina Facchin, sostuvo que con esta decisión Maduro ha violentado la democracia. Además, en una entrevista con el portal Lucidez.pe (artículo original compartido líneas abajo), condenó a la congresista de Frente Amplio diciendo que “En relación a las palabras de Marisa Glave, las democracias no son de derechas ni de izquierdas, simplemente son democracias. La libertad no es de derecha ni de izquierda. Los derechos humanos no son de izquierda ni derecha. (…) Lástima que ella no entienda esto. Es bastante complicado decir que la oposición ha sido golpista cuando los golpistas en Venezuela han sido Hugo Chávez, quien tuvo una sentencia por el golpe de estado que le dio al presidente Carlos Andres Perez. Hoy en día el nuevo dictador se llama Nicolás Maduro quien ha dado un golpe de estado que no es militar sino a través del tribunal supremo”. (Ver despacho de Lucidez, del 31 marzo, 2017, líneas abajo).

A estas alturas, ha quedado demostrado que los gobiernos del chavismo se han apropiado de empresas públicas y privadas, han destrozado la economía y han roto todas las formas democráticas y de convivencia en la región. Han interferido en asuntos internos de los países vecinos cooptando a varios de sus gobiernos y han financiado a los partidos afines al albismo, a cuyos representantes parecen tener amenazados. Además, ejercen un poder absoluto en todas las instancias de gobierno y persiguen con el mayor descaro a todos sus opositores democráticos.

Lo sorprendente es que en el Perú, ni siquiera las revelaciones más escandalosas de corrupción, ni los actos abusivos y antidemocráticos de los gobernantes de Venezuela y Brasil, merecen que nuestra izquierda tradicional critique y se aparte de estos regímenes.

Estos políticos inconsecuentes pretenden envolverse en la bandera de la anti-corrupción, pero están comprometidos hasta el cuello con la peor corrupción de la historia de la región. Siguen defendiendo las políticas de gobierno que han destrozado la vida de millones de latinoamericanos y  son cómplices de las directivas de la nueva estructura institucional de la región, creada a pulso  por el albismo venezolano (y el madrinazgo brasileño). Ver en Lampadia: Izquierda peruana pierde autoridad moral

El Perú se merece otra izquierda. No solo por las ‘ideas muertas’ que aún profesan, también por la falsa moral y el doble estándar que practican en sus relaciones continentales. Lampadia

Activista venezolana cuadra a Glave: “La libertad no es de izquierda ni de derecha”

Lucidez
31 marzo, 2017

La activista venezolana Paulina Facchín respondió enérgicamente a la congresista del Frente Amplio, Marisa Glave, quien en una reciente publicación en las redes sociales dijo que los grupos de oposición en Venezuela son “polarizantes” y “golpistas”.

La legisladora de izquierda escribió que “no me dejo engañar por la derecha Venezolana, lo he dicho antes y lo repito ahora: No es santa de mi devoción, han tenido y tiene prácticas polarizantes, incluso golpistas y no tienen como centro de su preocupación la democracia…”

En este contexto, la activista Paulina Facchin, quien radica en el Perú debido a la persecución chavista en su contra, declaró a este diario que la parlamentaria del Frente Amplio comete un error al insinuar que la derecha venezolana no es demócrata.

“En relación a las palabras de Marisa Glave, las democracias no son de derechas ni de izquierdas, simplemente son democracias. La libertad no es de derecha ni de izquierda. Los derechos humanos no son de izquierda ni derecha”, dijo a Lucidez.pe.

“Lástima que ella no entienda esto. Es bastante complicado decir que la oposición ha sido golpista cuando los golpistas en Venezuela han sido Hugo Chávez, quien tuvo una sentencia por el golpe de estado que le dio al presidente Carlos Andres Perez. Hoy en día el nuevo dictador se llama Nicolás Maduro quien ha dado un golpe de estado que no es militar sino a través del tribunal supremo”, expresó Facchin.

“Adicionalmente vivíamos antes de esa sentencia en una dictadura porque en un país donde no se respeta la libertad de pensamiento, la disidencia, se persigue la disidencia, se meten presos políticos, se somete al pueblo al hambre, a la falta de medicinas, donde la gente muere, donde caracas se ha convertido en la ciudad más peligrosa del mundo, donde nuestros ingresos son mínimos, donde hay una crisis económica, no se le puede decir democracia”.

Finalmente, Paulina Facchin condenó que “en Venezuela hay una dictadura y ha habido un gobierno desde hace 18 años totalmente autoritarista que persigue constantemente a medios de comunicación”. Lampadia 

Nuestra solidaridad con el sufrido pueblo venezolano, que además de la crisis humanitaria a la que ha sido condenado por el chavismo, debe ahora perder la esperanza de que los últimos mecanismos democráticos permitan unas elecciones prontas y libres.

En este contexto hay que relievar la decisión del gobierno peruano de retirar definitivamente a su Embajador en Caracas, y lamentar la ausencia de reacciones similares de los demás países de la región.

En el Perú ya se multiplicaron los comentarios de analistas, pero todos caen en el error de pensar que la OEA podrá influir en corregir la situación y en plantear la eventual expulsión de Venezuela. Solo el Embajador Eduardo Ponce, nos ha hecho notar que esa acción que podría cumplir con las formalidades del caso, no tendría ningún efecto sobre la situación de los venezolanos. Pues, una vez fuera de la OEA, Venezuela tendría más grados de libertad para profundizar la tiranía.

En esta casa exigimos a los países de la región una reacción más digna y consecuente con los valores que dicen representar. Así mismo, debemos contactar a las mayores potencias globales para hacer ver como la cadena de acciones del chavismo constituye una suerte de genocidio que, aparte de los asesinatos políticos, ha acabado con la vida de miles de niños y ancianos que no tienen alimentos ni medicinas.

Hay que evitar con especial cuidado que Rusia vaya a apoyar al régimen chavista como parte de su juego geopolítico, así como que China, el principal acreedor de Venezuela, privilegie sus acreencias antes que su solidaridad con un pueblo que ya no puede sufrir más.

Organicemos sanciones, boicots y movimientos humanitarios para frenar lo más pronto posible que se consolide la esclavitud del pueblo venezolano, como sigue haciendo Cuba, su maestro y guía.

Ya hemos comentado antes las vergonzosas actitudes de los líderes de las izquierdas peruanas, que no podían condenar al régimen opresor del chavismo. Hoy, sus representantes han estructurado frases cuidadosas para salir del aprieto, pero algunos, como el congresista Dammert siguen dando vergüenza. Ver su post:

Hoy todos somos venezolanos y debemos sentir en carne propia el dolor de la tiranía de un pueblo que nos dio figuras como Francisco de Miranda y Andrés Bello. Apoyemos a la Asamblea Nacional de Venezuela a defender la libertad y la democracia.

¡Libertad para los venezolanos!

Lampadia

Agustín Laje, Director del Centro de Estudios Libertad y Responsabilidad (LIBRE), en su artículo ¿Por qué hay tantos niños ricos de izquierda?, sostiene que el joven que ha aprendido a vivir mediante el esfuerzo de otros (sus padres), quiere lo mismo para los demás. Un buen sentimiento, pero completamente errado pues sus padres jamás hubieran mantenido a un completo desconocido que no integre su grupo familiar.

Agrega que el joven que vive de la redistribución de la riqueza que efectúan sus padres en su favor, “ha aprendido de forma inconsciente a concebir la economía como una torta dada que debe ser repartida, cuando lo cierto es que en la economía la torta no está ni dada (debe producirse) ni puede ser repartida por una figura paternalista sin que ello ponga en peligro los propios incentivos que llevaron a crear dicha torta”.

Laje señala, además, que “lo que no entiende el niño rico de izquierda, es que los peores totalitarismos que ha vivido la humanidad han sido consecuencia precisamente de querer hacer de la sociedad moderna una ‘gran familia’ y del Estado un ‘buen padre’”.

Lo mismo sucede cuando un buen ser humano es conmovido por una desgracia individual, a la que se reacciona con los mejores sentimientos y brinda algún tipo de apoyo o ayuda, que luego se proyecta a la necesidad de apoyar inmediatamente a todos los que tengan problemas similares. Así, nace el asistencialismo en una concepción que puede llevar a pensar que hay que distribuir la “torta”. Una suerte de modelo mental ‘Ganar-Perder’, determinista, que implica que la riqueza existe per se y no es creada. Cuando contrariamente, el modelo ‘Ganar-Ganar’ es el mejor para lograr la prosperidad de los ‘más’.

Así ha pasado precisamente con la humanidad, que ha tenido un crecimiento exponencial de bienestar, ingresos y trabajo, durante los últimos 200 años.