Jaime de Althaus
Para Lampadia

El 20% de incremento (no remunerativo) en la remuneración mínima vital establecido en el proyecto de ley de régimen laboral agrario aprobado en la Comisión de Economía, que hoy debe verse en el pleno, podría sacar del mercado a más de 2,000 pequeños agroexportadores y a muchos productores no exportadores. Los grandes, entonces, comprarán a los pequeños y la concentración de la tierra se agravará. Una parte significativa de los 500 mil trajadores formales con derechos perderá su empleo formal y las posibilidades de acceder a un trabajo formal en el campo se alejarán cada vez más.

En resumen, esta ley agravará el dualismo estructural y la desigualdad social. Pero el problema es más amplio. En realidad, este no es sino un caso más de muchos en los que se manifiesta una falla de nuestro sistema de representación: los partidos en el Congreso hacen clientelismo político acogiendo demandas de los sectores organizados o de políticos que representan a sectores laborales formales, con lo cual lo que se logra es incrementar el costo de la formalidad, agravando la exclusión de las mayorías. Es un círculo vicioso.

Y en la medida en que la informalidad es menos representable porque no está organizada, no tiene partidos que la representen. Con este congreso la falla se ha hecho más notoria: ante el calendario electoral, la competencia por bolsones electorales identificables se hizo notoria.

¿Tiene solución este problema de representación? El célebre libro de Daron Acemoglu y James Robinson, “¿Por qué fracasan los países?”, explica que fracasan justamente cuando carecen de instituciones políticas y económicas inclusivas. Una formalidad muy cara es una institución excluyente, “extractiva”, como la llaman los autores, porque extrae rentas del resto de la sociedad en favor de los protegidos, e impide su inclusión en los beneficios de la formalidad.

Pero el libro no nos ayuda a responder la pregunta. Su tesis es que hay un círculo virtuoso entre instituciones políticas inclusivas e instituciones económicas inclusivas. Las primeras favorecen el avance de las segundas y previenen desviaciones de estas. Pero en el Perú tenemos, en principio, aunque con fallas, instituciones políticas inclusivas: votación universal, división e independencia de poderes y pluralismo político. Quizá demasiado pluralismo: un exceso de partidos y bancadas en el congreso. 

El análisis de Acemoglu y Robinson no toma en cuenta las realidades del populismo y el clientelismo, que generan instituciones económicas y sociales extractivistas o rentistas, excluyentes, dando ventajas a determinados sectores organizados. Para conseguir votos se extiende beneficios eventualmente rentistas a sectores organizados que los demandan. Esto se agrava cuando en la sociedad hay un mercado dualismo formal-informal, porque los beneficios a sectores formales organizados ahondan la brecha con la informalidad y dificultan la formalización.   

Mejor equipado para entender esto está Mancur Olson (1982)[1], para quien la democracia tiende a facilitar la consolidación progresiva de las “coaliciones distributivas” o grupos de intereses estrechos que se organizan para capturar rentas de la sociedad, lo que lleva a una reducción del crecimiento y del bienestar social, a la “esclerosis” económica, si es que no hay un claro liderazgo político que contrapese ese proceso.[2]

El problema es que en el marco de un dualismo formal-informal muy marcado, las “coaliciones distributivas” no tienen contrapeso en la sociedad porque, como decíamos, los usuarios no están organizados. La democracia es un sistema de contrapesos entre poderes del Estado, pero no entre grupos de interés que, por lo tanto, tienden a ganar privilegios crecientes a costa del bienestar público. Sobre todo cuando hay políticos que tienen clientelas particulares de ese tipo. El único contrapeso posible es la opinión pública, que es más fuerte en una democracia que en un régimen autoritario, o partidos que asuman la representación de los mayoritarios sectores informales emergentes, o el liderazgo político presidencial, cuya tarea debería consistir en despertar la conciencia de los sectores desorganizados y perjudicados con los privilegios de las coaliciones distributivas, a fin de conseguir su respaldo.

Es posible, sin embargo, mejorar el sistema de representación para que los informales y las clases emergentes tengan voz. Nos referimos a circunscripciones electorales pequeñas, uninominales, de modo que los electores sepan quién es su representante y puedan tener comunicación directa con él, lo que aumentaría la probabilidad de que los intereses de ese sector se expresen y se defiendan de leyes excluyentes.

Además, considerando nuestra realidad, ayudaría mucho que sea obligatorio, en los proyectos de ley que se presentan, un acápite de análisis de impacto en la informalidad. Pero un análisis serio.

Asimismo, integrar representantes de la microempresa en proporción al 70% que representan en el Consejo Nacional de Trabajo. Para volverlo inclusivo.

Algo tenemos que hacer para el círculo vicioso generador de informalidad no se trague al país. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 17 de julio de 2020
Para Lampadia

“Los informales no le han fallado al Estado. El Estado le ha fallado a los informales.” La expresión entre comillas proviene de dos jóvenes arequipeños, a quienes no conozco personalmente. Sin embargo, qué grato y aleccionador resultó conversar con ellos por teléfono, a raíz de mis artículos de opinión – y videos – que suelo propalar a través de Lampadia y / o mis redes sociales.

Bueno pues – como millones de peruanos – estos jóvenes mistianos están muy preocupados por el tema de la informalidad en nuestro país. Es que los paganos de la informalidad son ellos… los jóvenes. Efectivamente, son los jóvenes quienes enfrentan las mayores dificultades para conseguir empleos formales en el sector de las micro y pequeñas empresas. Incluso, ¿qué difícil les resulta formar sus propias empresas?

Ya lo hemos comentado en otras oportunidades. La maraña de trámites y permisos absurdos requeridos para formar una pequeña empresa, las rigideces y altos costos de la legislación laboral, el 18% de Impuesto General a las Ventas (IGV), las elevadas tasas de interés para los microcréditos, y – en general – la falta de soporte educativo práctico en gestión de pequeñas empresas, son – todos – impedimentos y trabas para para la formalización del empleo y el emprendimiento en nuestro país.

También hemos comentado – repetidamente – acerca de la propuesta de Lampadia de disponer de una fracción del IGV como aporte individual de capitalización de pensiones de los respectivos compradores (consumidores). La verdad, nunca había escuchado acerca de una mejor medida para “formalizar a los informales”. Algo así como matar varios pájaros de un tiro: universalizar las pensiones, reducir el IGV, fiscalizar a las empresas, ampliar la base tributaria… ¡qué gran idea!

Ahora bien, todo lo anterior requiere – de antemano – de voluntad política al más alto nivel. Es decir, del Número 1. Y – en segundo lugar – la propuesta de “formalizar a los informales” requiere de un cambio de actitud radical de las autoridades ministeriales y municipales – incluso, de las autoridades policiales y judiciales – de todo el país. Y ¡esa es la gran duda!

¿Acaso los inspectores municipales, policiales y judiciales no viven malamente – y abusivamente – del chantaje sistemático y permanente a los informales? ¿Acaso los ministros – y sobre todo, los alcaldes y sus regidores – están dispuestos a simplificar o eliminar papeleos y trámites burocráticos? O más relevante aún ¿acaso están dispuestos a digitalizar toda la tramitología empresarial y laboral en sus jurisdicciones?

¿Cómo – y a quién – van a chantajear si se simplifican y digitalizan todos los trámites y permisos? ¿De dónde sacarán la marmaja si se eliminan las colas, y los papeleos, y las firmas, y los sellos, y – por ende – las coimas?

Por eso decía que para “formalizar a los informales” se requiere de la voluntad política… al más alto nivel. ¿Está el Presidente de la República dispuesto a comprarse el pleito de la verdadera lucha contra la corrupción en el Estado? Porque – como también hemos comentado repetidamente en este medio – la gran corrupción en el Estado peruano está ahí abajo… en lo que hemos denominado la costra del quinto nivel. No sólo en los peces gordos. Entonces repito ¿está el Presidente dispuesto a quitarle las gollerías a las autoridades ministeriales, municipales, policiales, y judiciales? ¡Esa es la gran duda!

Tienen – pues – razón los jóvenes peruanos de preocuparse por la informalidad generalizada en nuestro país. Son ellos los paganos… los que sufren las consecuencias de la informalidad. Son ellos los maltratados y chantajeados por nuestras autoridades.

Por ello, hago mía – y agradezco – la expresión de los jóvenes arequipeños: “Los informales no le han fallado al Estado. El Estado le ha fallado a los informales.”  Incluso agregaría… “y le siguen fallando”. Lampadia

Habrá un salto en inclusión financiera

Solo el 40% de los peruanos tiene cuenta bancaria. Pero con los celulares vamos a incluir financieramente a muchos más. El crédito vía Yape va a ser mucho más barato, pues el modelo de riesgo va a ser mucho mejor y el canal no tiene costo. Por el propio BCP ya estamos dando créditos de 200 soles, autoatendidos en la página web. Pero se necesita que las distintas billeteras electrónicas conversen entre sí, que de Yape se pueda enviar dinero a Tunki, etc., y que el Banco de la Nación forme parte de este ecosistema. E ir incrementando la aceptación al uso de pago electrónico en lugar de efectivo, cosa que está ocurriendo. En los siguientes bonos debe haber un uso muy importante de billetera electrónica y cuentas en los bancos.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ya sabemos que la razón por la que los gobiernos y los políticos se asustan frente a la necesidad de aprobar una reforma laboral integral es que apenas se menciona el tema, la CGTP amenaza con movilizarse. Y, pese a su escasísima representatividad, posee capacidad de organización y movilización.

En cambio, quienes se verían beneficiados por una reforma laboral integral –en realidad, hasta la propia CGTP resultaría beneficiada-, los informales, los micro y pequeños empresarios, no se movilizan porque no están organizados y porque quizá prefieran permanecer en la informalidad precisamente por el costo prohibitivo de la formalidad.

Si se movilizaran, el gobierno encontraría respaldo político para plantear una reforma y los propios partidos presentes en el Congreso se animarían a acoger sus propuestas. Porque los partidos responden a la acción de los grupos organizados, a quienes ven como bolsones electorales de los cuales pueden obtener votos. En cambio, un sector difuso y desorganizado, por más que sea mayoritario, no es una clientela política.

Pero ha emergido una novedad en este panorama, que podría cambiar el escenario. Resulta que por primera vez los gremios de micro y pequeños empresarios han firmado y publicado, el 20 de diciembre, junto con la Sociedad Nacional de Industrias, un pronunciamiento demandando una reforma laboral.

Como vemos, el pronunciamiento incluso enumera los puntos que debería contener la mencionada reforma laboral, que revelan un esfuerzo de reflexión sobre ese tema que no tiene precedentes a ese nivel:

Son 20 gremios de micro y pequeños empresarios los que firman. Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), nos informa que este pronunciamiento es solo el primer paso, pues lo que se viene es un programa de trabajo sostenido. “Hoy las pymes están agrupadas pero no unidas. Nuestra colaboración con ellas recién comienza. Ya hemos tenido dos reuniones. Vamos a formar tres comisiones: compras estatales, financiamiento y laboral”.

Si la SNI tiene éxito en organizar y potenciar la capacidad de acción de los gremios de micro y pequeños empresarios al punto que puedan eventualmente movilizarse para demandar la aprobación de una reforma laboral propuesta por ellos mismos, pues entonces las condiciones políticas para que el gobierno y el Congreso aborden el tema con seriedad estarían dadas.

Es lo único que puede cambiar la estructura del problema. Porque el diálogo al interior del Consejo Nacional de Trabajo, postulado por la Política Nacional de Competitividad y productividad aprobada el 31 de diciembre, es casi una ilusión. Cada vez que se ha planteado el tema, la CGTP se ha retirado. Salvo, por supuesto, que el presidente logre poner su liderazgo al servicio de ese diálogo y milagrosamente lo consiga, aprovechando para presentar una propuesta integral de protección social e inclusión económica.

La imagen del bien limitado

Pero para que una iniciativa de diálogo como esa pueda tener éxito es importante entender por qué el mencionado diálogo es tan difícil de lograr, es decir, a qué se debe la resistencia de las dirigencias sindicales a llegar a ningún acuerdo que permita ayudar resolver el problema de la altísima informalidad y de las bajas tasas de crecimiento en nuestro país. Tal como sostuve en mi libro “La Revolución Capitalista en el Perú”, estaríamos ante un caso no esperado de aplicación de la teoría del bien limitado que el antropólogo George Foster (1972) desarrolló para explicar la conducta y actitudes de los campesinos en Tzintzuntzan, México. Foster observó que el comportamiento de los campesinos partía del supuesto de que casi todas las cosas en la vida existen en cantidad pequeña y limitada, de modo que cualquier mejoramiento o incremento en la posesión de un bien sólo puede darse a expensas de los otros, y cualquier cambio o innovación contiene el riesgo de perder lo que se tiene.

En efecto, lo que tenemos acá es un caso agudo del círculo vicioso del síndrome de la imagen del bien limitado. El trabajo formal y protegido es tan escaso y la necesidad de una reforma de las regulaciones laborales que incluya a la gran masa de los desprotegidos es tan grande, que lleva a los dirigentes a querer aferrarse al statu quo levantando barreras y seguridades aún más altas. Lo que, a su vez, agrava la informalidad y la presión sobre los puestos formales, despertando más respuestas defensivas aún. Son tan pocos los que gozan de protección laboral formal, que esos pocos buscan incrementar constantemente la seguridad legal de sus empleos, incrementando artificialmente sus beneficios o incrementando las compensaciones por despido, creyendo que así los van a conservar. Es como una pequeña aldea sitiada por un ejército enorme de desposeídos que, para defenderse, trata de levantar lo más que pueda las murallas.

Cualquier cambio en la legislación que favorezca el acceso de los excluidos a niveles mínimos de derechos laborales, es percibido como una amenaza, como una estrategia malévola para despojar a los trabajadores formales de sus derechos actuales. No existe la menor apertura a entender que la competencia global y la conquista de mercados externos exige sistemas flexibles y libres en todo orden de cosas, con el objeto de operar con las mejores combinaciones de factores que nos hagan competitivos y ganadores a nivel mundial, y a fin de incorporar a la formalidad a los excluidos y mejorar los ingresos de los propios trabajadores protegidos, que sería el resultado natural si el mercado fuera más libre.

La imagen del bien limitado equivale a lo que en economía se denomina “juego de suma cero”, propio de las economías pre capitalistas, que no crecen. Si una economía no crece o es permanentemente estacionaria, como la tribal o la medieval, por ejemplo, una persona sólo puede incrementar su riqueza quitándosela a otra. Y es esa la concepción que está detrás de la ideología clasista: lo que tiene el capitalista se lo ha quitado al trabajador. Por eso, esa es una ideología que refuerza la imagen del bien limitado. Esa es la manera como el sindicalismo clasista ha visto siempre las cosas. De modo que no se puede ceder jamás. Por el contrario, hay que “arrancarle” cada vez más ventajas a la ley o a la patronal, más protecciones, más seguridades. Cualquier aligeramiento de los costos no salariales o flexibilización de las reglas laborales, es visto como una pérdida a favor del capital y no como un medio para que la empresa pueda producir más y mejor a fin de crecer, acumular e invertir luego en más capacidad, más empleo y mejores remuneraciones para los mismos trabajadores. Pues a mayor flexibilidad, más trabajo y mejores salarios a la larga.

El paradigma de la lucha de clases, derivado en última instancia del síndrome medieval del bien limitado, no ha sido sustituido todavía por un paradigma de colaboración, capacitación, mejoramiento continuo e incremento de la productividad –a cambio de adecuada retribución- para ampliar espacios en el mercado. No se quiere ver que el enemigo no está dentro de la empresa, sino fuera, en el mercado, en la competencia. Desde que la economía no está protegida y hay competencia abierta, no queda sino integrar trabajo y capital para sacar adelante la empresa. Por eso las empresas que tienen más éxito suelen ser las que mejor trato dan a sus trabajadores, las que crean el mejor ambiente laboral posible.

Organización para romper el círculo vicioso

Si esas condiciones ideológicas se mantienen, la única manera de romper el círculo vicioso de imagen del bien limitado que lleva a mas protecciones y consecuentemente a mas exclusiones, es desarrollar una capacidad de propuesta, organización y movilización por parte de los amplios sectores que serían beneficiados con un mercado laboral libre que proteja al trabajador, pero no al puesto de trabajo.

Porque el problema es que los grupos de interés estrechos o coaliciones distributivas, como los llama Mancur Olson, que se organizan para capturar rentas de la sociedad (protección en este caso), no tienen contrapeso en ella porque, como decíamos, los beneficiarios de reglas más inclusivas no están organizados.

La democracia es un sistema de contrapesos entre poderes del Estado, pero no entre grupos de interés, que, por lo tanto, tienden a ganar privilegios crecientes a costa del bienestar público. Sobre todo, cuando hay políticos que tienen clientelas particulares de ese tipo. La única manera de despertar el interés del gobierno y de las propias bancadas del congreso, es que el sector excluido pueda organizarse para tener voz y convertirse también, es lamentable decirlo, en clientela política sea del gobierno o de los partidos políticos. Con la diferencia que lo que buscaría no son normas excluyentes que le permitan capturar rentas de la sociedad a expensas de los demás, sino lo contrario: un sistema de reglas que fomente un mercado dinámico que mejores los ingresos de todos y proteja realmente a todos los trabajadores. Lampadia

Alonso Rey B.
Para Lampadia

Cuantas veces hemos escuchado hablar a los políticos y al Ministerio de Economía (MEF) que es necesario hacer una reforma tributaria para modificar ciertos aspectos donde los contribuyentes se evaden o eluden para no pagar impuestos; o por que las normas vigentes no son las adecuadas; y no se previó cuando se realizó la última reforma.  Cuando se apruebe la famosa reforma va a resultar inadecuada, por cuanto el informal es más rápido que cualquier burócrata.

Lo que nunca dicen es que los informales no pagan impuestos y los formales cada vez tiene que pagar mas impuestos para poder cubrir los gastos del Estado. Sin embargo, no resulta razonable pensar que más del 73% de la economía es informal y no paga impuestos y que el resto menos del 27% carga con la presión tributaria.

Si el objetivo de la reforma es cambiar todo el sistema tributario, ampliar la base tributaria, facilitar las normas para que sean fáciles de entender, aplicar y pagar impuestos, bienvenida la reforma. Sin embargo, que sea esa la estrella que sigan y para ello deben tener presente lo que dice una frase del autor del Principito (Antoine de Saint Exupery) “Si al franquear una montaña en la dirección de una estrella, el viajero se deja absorber demasiado por los problemas de la escalada, se arriesga a olvidar cual es la estrella que lo guía”. Nuestros reformistas si pierden la estrella que los debe guiar que es ampliar la base y hacer un sistema fácil de aplicar y entender, volverá hacer una reforma inútil.

Varios temas que se deben evaluar antes de realizar una reforma tributaria:

1.- Debemos empezar a pensar, sino lo han hecho antes, que el sistema tributario peruano es obsoleto y viene desde el año 1968 con cambios cosméticos. Lo que necesitamos es modificar todo el sistema y hacer uno nuevo según nuestra realidad.

2.- De acuerdo con cifras de la Sunat, en los últimos 17 años, la recaudación por tributos internos (es el 74% del total de la recaudación) ha representado entre 10% y 14% del PBI. Sin embargo, por más que la economía peruana sigue creciendo, la recaudación por tributos internos como porcentaje del PBI, pasó de 14.1% en 2014, a 12.6% en 2015; y, posteriormente, pasó a 12.2% y 11.6% en 2016 y 2017, respectivamente. Nuestro sistema tributario ha colapsado y no es posible seguir parchándolo para ver si resulta mejorar la recaudación.

En efecto, en el año 2014, con un PBI de S/ 576,475 millones, se recaudó por tributos internos S/ 81,104 millones, en 2015, con un PBI de S/ 612,668 millones, se recaudó S/ 77,271 millones, es decir, como el cangrejo. A ello tenemos que sumarle la incapacidad del gobierno de turno, en esos años, que también es un factor que tenemos que restar.

Si revisamos las cifras sobre las mayores tasas de crecimiento de la recaudación tenemos que éstas se dieron en los años en que el crecimiento del PBI estuvo por encima del 6%. Por lo que, o sólo crecemos más del 6% o no hagamos ninguna reforma tributaria por que otra vez será inútil y obsoleta en un corto plazo.

3.- Un dato importante para realizar una reforma tributaria es determinar a quien va dirigida, es decir a que tipo de contribuyentes se les va aplicar y sobre todos que empresarios tienen capacidad para entender las normas tributarias, correctamente. Veamos la composición de la PEA en el nivel educativo de nuestro país, y eso que aquí contamos todo nivel educativo, inclusive a aquellas universidades sin clasificación por parte de la SUNEDU, es decir hasta la educación informal.

Como se puede apreciar del cuadro anterior, tenemos que el nivel de la PEA con educación superior universitaria es de sólo 2,764,000 de personas. Es decir, sólo el 16.7% de la PEA podría leer y entender correctamente las normas tributarias aplicables en Perú, es decir sólo legislamos para una minoría y si le restamos a la PEA las personas que viven y trabajan en Lima, Arequipa, Trujillo, tendremos que menos del 10% de la PEA se encuentra fuera de las ciudades mencionadas.

Conclusión, no podemos seguir pensando en hacer una reforma tributaria, lo que tenemos que crear es un nuevo sistema tributario aplicable sino será otra vez Andrés con la misma cojudez.

4.- De acuerdo con el INEI, hacia 2017, la informalidad en nuestro país supera el 73% de la economía, por lo que, cualquier política tributaria adoptada por el gobierno impacta sobre una pequeña porción de la economía. Es decir, casi a la misma proporción de la PEA con educación superior, por que si seguimos en el mismo camino vamos a llegar al mismo final, pocos pagan mucho para sostener a todos. El Estado no se reforma ni actualiza por lo que requiere más recursos.

5.- Tenemos que empezar de cero, con un sistema tributario donde sea sencillo de aplicar, todos paguemos, sea fácil de recaudar, sea más fácil entenderlo y pagar, no existan trámites engorrosos y el contribuyente no sea visto como un delincuente, sino como un socio. Deben tener presente que el Estado participa, actualmente en un 30% de los ingresos del contribuyente, es decir, es mi socio en 30% de la empresa, por que si mi socio gana más dinero el Estado va a recibir mayor participación por los ingresos de sus socios.

Si tu eres mi socio, como puede existir una medida sancionadora del Estado de cierre de establecimiento, es decir mi socio no vende no tiene ingresos y yo no cobro impuestos por esas ventas no realizadas. Tenemos que ser estúpidos para dispararnos no solo en el pie sino en la sien.

6.- La reforma tributaria no puede ser realizada por los mismos funcionarios que administran los impuestos, bien dice Einstein que “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, claro por eso la reforma no puede ser realizada por los mismos funcionarios y haciendo lo mismo, que es parchando las normas actuales sin ser creativos de como podemos mejorar la recaudación y paguen todos impuestos. No hay peor pregunta cuando vas a adquirir cualquier producto o pagar un servicio que te digan “boleta o factura”. Los contribuyentes deberían convertirse en fiscalizadores, pedir facturas y poder deducir todo el IGV que hayan adquirido del Impuesto a la Renta, cuantos fiscalizadores tendremos al día siguiente, 5 o 6 millones, mas que la PEA con educación primaria completa. En los últimos cambios del Impuesto a la Renta fueron muy tibios, luego entro la Sunat y ya no se puede deducir nada de los gastos, por que los trámites son tantos que es mejor no deducir. Es decir, objetivo logrado.

Si hacemos lo mismo, vamos a continuar en el mismo camino. Hoy 280 contribuyentes aportan el 42% de lo recaudado por todo concepto del Impuesto a la Renta. Asimismo, el 1% de los contribuyentes, que resultan ser los mas fiscalizados y son los principales, contribuyen con el 78% de lo recaudado por el Impuesto a la Renta. Ahora cuéntenme de que reforma tributaria hablamos y si el 99% del resto de contribuyentes solo contribuye con el 22%.

Si nosotros como contribuyentes no tenemos ningún incentivo para pedir boleta o factura. ¿Por que tengo que trabajar para el Estado como fiscalizador? que además me cobra impuestos. Cualquier cambio que no sea radical no va a generar ningún incremento en la recaudación, eso ya lo vivimos varias veces y siempre con el mismo resultado, un fracasó mas. La mejor reforma es todos los impuestos a la gasolina (como lo hizo el MEF hace poco), todas las empresas que paguen un 5% sobre los ingresos brutos sin deducciones, todos paguemos IGV a una menor tasa. El otro día leía en una revista (Harvard Business Review) que cuando no encuentras una solución a un problema y sigues buscando haciendo lo mismo, lo mejor es llamar a un músico para que te ayude, por cuanto no esta contaminado con el problema y las diferentes soluciones que pretendes encontrar; él te podrá ayudar a encontrar la solución. En el caso de la reforma tributaria, le diría al MEF que llame a la Sinfónica Nacional y a todos los cantantes folclóricos del país, para que los ayuden a encontrar la solución.

7.- La reforma tributaria tiene que incluir una mejor forma de solucionar los reclamos cuando se originen, no por que un auditor de Sunat realice una acotación implica que la acotación es irrefutable y a pesar que pueda ser una barbaridad ni el superior jerárquico la puede detener y quien paga la cuenta, como siempre es el contribuyente. Al contribuyente le tienen que reembolsar sus costas y costos en el proceso administrativo, en caso gane el proceso; y dichos montos deben salir de las remuneraciones de los fiscalizadores a efectos que tengan un incentivo en no realizar acotaciones absurdas e ilegales. La Sunat jamás debería tener la facultad de impugnar las resoluciones del Tribunal Fiscal, eso por principio, es como el Gerente de Operaciones impugne las decisiones del Directorio por que no esta de acuerdo con la decisión tomada, es impresionante que esto suceda en el Perú.

8.- Toda reforma debe modificar la elección de los miembros del Tribunal Fiscal, la forma de operación y funcionamiento del referido Tribunal y el plazo máximo que tiene el mismo para poder resolver. Conocemos un caso de Aduanas que subió 3 veces al Tribunal Fiscal y en vez de resolver en una sola oportunidad el fondo del asunto, solo declaraba nula la resolución y obligaba al funcionario de Aduanas a volver a pronunciarse. El funcionario no podía entrar en contradicción y volvía a resolver lo mismo con una demora de 2 y 3 años. El proceso se demoró 8 años y el contribuyente, que además era extranjero, no podía entender el problema del Tribunal y mucho menos el de Aduanas.

La elección de los miembros del Tribunal Fiscal debe tener por los menos 3 requisitos (i) que haya pagado impuestos tanto como persona natural o haber sido directivo en una empresa que haya pagado impuestos; (ii) que haya pagado planillas o haya tendido un cargo directivo en una empresa que haya pagado planillas; y, (iii) que sepa leer. Si desean y son muchos requisitos, podemos obviar el último. Los miembros del Tribunal Fiscal no pueden tener alguna relación con la Sunat y si la hubiesen tenido, debería existir un periodo no menor de 5 años en los que no deberían ejercer ningún cargo ante el Tribunal Fiscal. En ese tiempo pueden pagar impuestos y planillas para tener los requisitos esenciales.

Lamentablemente toda esta reforma tributaria sino viene acompañada de una reforma del Estado será inútil, porque el monstruo del Estado seguirá requiriendo más recursos para pagar las ineficiencias que ellos mismos crean para poder mantenerse en el cargo.

Como siempre, se hará la reforma y no se obtendrán los resultados buscados y una vez más se aplicará la frase “Donde termina la Razón, empieza el Perú.” Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Uno de los mayores estropicios del Estado peruano en los últimos años ha sido el fallido intento de formalizar a los mineros informales. El gobierno del ex presidente Humala dio unos decretos legislativos que establecieron unos requisitos imposibles de cumplir, condenando en la práctica a la ilegalidad a cientos de miles de mineros informales con consecuencias que veremos más adelante. Y el gobierno actual ha convertido la llamada minería ilegal en una forma de crimen organizado.

No es de extrañar entonces que se esté preparando un paro nacional de los mineros artesanales, tal como ha informado la Central Nacional de Mineros (Cenami), exigiendo un proyecto de ley que derogue total o parcialmente los decretos legislativos y normas que impiden la formalización de la pequeña minería y la artesanal y que, por el contrario, la convierte en organización criminal. Será el primer conflicto que tenga que enfrentar el nuevo gabinete presidido por Mercedes Araoz.

El antecedente de esas normas es la ley 27651, “Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal”, promulgada el año 2002. Como sabemos, quizá el problema fundamental en todo esto es que la gran mayoría de mineros informales opera en concesiones de terceros, y lo que debería procurarse son contratos de cesión o de alquiler entre el titular y el minero informal. Según Rafael Belaunde, el problema que tenía esta ley, es que co-responsabilizaba al titular de la concesión y al minero artesanal por eventuales pasivos ambientales. Entonces, para el titular de la concesión, los contratos de cesión carecían de incentivo. “Un titular formal prefiere padecer la invasión que asumir la obligación ambiental derivada de la cesión temporal o de un contrato de riesgo compartido. Por ello, no se suscribieron contratos entre titulares y explotadores informales e invasores y la norma no consiguió el objeto perseguido. Demás está señalar que pretender desalojos en lugares como San Luis en Yauca o Secocha en Arequipa, lugares donde se asientan miles de mineros, es imposible”, explica Belaunde.

Decretos legislativos de Humala empeoraron las cosas

Pues bien, a principios del 2012, se promulgaron los Decretos Legislativos 1100 y 1105 para superar las limitaciones de la ley 27651. Pero resultaron peores que la ley que pretendieron mejorar. Los requisitos y trámites para la formalización resultaron tan complicados que para el 2016, “de los 70,000 mineros informales que iniciaron los trámites respectivos, sólo 107 mineros artesanales habían logrado cumplirlos (menos del 0.2%). En palabras de Luis Garrido, dueño de una planta, “le exigen al pequeño minero que produce una tonelada al mes lo mismo que el que produce 500 toneladas. Por ejemplo, debe tener manual de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y un oficial de cumplimiento con rango gerencial. En Chile, en cambio, los permisos son automáticos hasta 10 mil toneladas al mes de producción”.

Consecuentemente –concluye Belaunde-, “debido a las irracionales exigencias del DL 1105, 69,893 mineros artesanales han sido condenados a la ilegalidad.  Se trata, pues, de una exclusión en masa”. Y, en realidad, son muchos más. Se calcula su número en alrededor de 300 mil.

Pero la cosa no queda allí. Según Belaunde, “una vez ilegalizados los mineros artesanales, es de aplicación el Decreto Legislativo 1100 que regula la interdicción de la minería ilegal. La interdicción consiste en el decomiso y la destrucción de los activos dedicados a ella.  ¿A qué activos se alude?: dragas, equipos portátiles de succión, retroexcavadoras, cargadores frontales, camiones, compresoras, perforadoras, chutes, molinos, motobombas, o cualquier equipo similar, sin importar su tamaño o capacidad”. 

PPK convierte minería ilegal en crimen organizado

Según Luis Garrido, el gobierno de Humala satanizó a los pequeños mineros y los metió a todos en un mismo saco, pues los decretos legislativos mencionados no separan claramente la minería aluvial de la subterránea. En la propia minería aluvial se podría trabajar con tecnologías limpias, que no usan mercurio, pero eso no se promueve. Y los decretos legislativos dados por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, aunque simplifican algo, se mantienen dentro de la misma lógica.Es más, uno de ellos, el DL 1351, incorpora en el Código Penal a minería ilegal – aquella que se realiza en lugares prohibidos y la que pueda afectar el ambiente – como crimen organizado.

Pérdida de recursos fiscales y contrabando a Bolivia

El resultado de esta ilegalización masiva para el Estado peruano ha sido la pérdida de importantes recursos fiscales que se recaudaban en el aeropuerto Jorge Chávez. Según el ex minero artesanal y ex vice ministro de minas Juan Carlos Ramírez, antes del 2012 el oro procedente de la minería artesanal o informal se exportaba por el aeropuerto Jorge Chávez como cualquier otro producto. Salían alrededor de US$ 3 mil millones de dólares al año, que necesariamente estaban controlados y pagaban alrededor de US$ 450 millones de dólares en impuestos, que ahora bien que los necesitaríamos. Pero. “al haberse satanizado toda la minería del oro que no fuera Newmont, Barrick, Poderosa, Horizonte y un par más, con los DL de Humala, este flujo económico (que es el 1.5 % del PBI) se hizo ilegal instantáneamente y comenzó a evadirse de contrabando a Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador. En este momento el oro peruano pasa al Banco Central de Bolivia donde le ponen un sello pagando 5% del valor y lo exportan. Si regresamos a la situación anterior al 2012, cuando empresas que exportaban por el Jorge Chávez le compraban a las plantas procesadoras y estas a pequeños mineros, restableceríamos el flujo económico y armaríamos la base de datos de exportadores nuevamente. Con esa base, podemos ir hacia atrás a las plantas y pequeños mineros que lo producen”.

Liberalizar la cadena y formalizar a partir de las plantas

Lo que propone Ramírez, en suma, es liberalizar por completo toda la cadena e insertar medios de generación de información a partir de la formalización y fiscalización de las plantas de procesamiento, y de allí hacia atrás. “La mejor ley es la que no existe. Cuando tú haces ilegal el alcohol generas a Al Capone, Lucky Luciano y la corrupción; cuando haces ilegal el oro generas a Peter Ferrari y la corrupción”, añade.

Esto se puede hacer incluso en Madre de Dios. Ramírez propone que allí se instale una refinería de oro, que podría ser de la suiza MKS o PAMP (Productos Artísticos Metales Preciosos). Los pequeños mineros tendrían que hacer una separación gravimétrica, sin usar mercurio. Las tecnologías existen.

Antes de estas leyes, las plantas de procesamiento retenían los impuestos que debían pagar los mineros informales y pagaban a nombre de ellos. Restablecer ese sistema permitiría construir información acerca de los informales e ir formalizándolos. El propio plan de Peruanos por el Kambio proponía un esquema similar, pero no lo están ejecutando.

Garrido explica que antes del 9 de octubre del 2014, la planta procesadora, que actuaba como agente de retención, le retenía al pequeño minero el 18% del IGV y el 4% del valor de la venta (a título de impuesto a la renta). Y le emitía una liquidación de compra. Pero a partir de esa fecha obligan a que el pequeño minero facture y emita su guía de remisión. El resultado es que muchos abandonan y ya no venden a las plantas formales porque la Sunat les impone multas, cobranzas coactivas y embargos cuando no han pagado el IGV o el IR.

Sólo 5,000 pueden facturar y formalizarse
Además, sólo alrededor de 5,000 pequeños mineros pueden facturar porque son los únicos que tienen contrato con los titulares de las concesiones en las que operan. Como consecuencia de la obligación de facturar y que solo lo pueden hacer los que tienen contrato con el concesionario, “las plantas formales casi no trabajan o lo hacen a medias. Entonces los propios mineros procesan o aparecen los “molineros” que procesan en pozas usando cianuro, o mercurio con los quimbaletes. Esos sí son destructivos ambientalmente”, explica Garrido.

Es decir, las normas que se dieron para formalizar están produciendo más informalidad y más destrucción ambiental. Parten del principio de que se formaliza sólo el que tiene título o contrato. Pero solo alrededor del 5% lo tiene. Entonces son excluyentes por definición.

Por eso, no se entiende cómo el gobierno va a lograr la meta anunciada por la Premier Araoz de llegar a 55 mil mineros formalizados el 2021, una cifra además, poco ambiciosa considerando un universo de alrededor de 300 mil informales. Es imposible si no se resuelve el principio de que solo se formaliza el que tiene título o contrato con el concesionario.

La Premier ha anunciado también un proyecto de ley para crear el Fondo Minero. Según nos explica la ministra Aljovín, “el Fondo Minero financiará asistencia técnica y capacitación para temas de seguridad y uso de tecnologías limpias para cuidado del medio ambiente. Asimismo, apoyará en asistencia para presentar los requisitos exigidos en el proceso y facilitará acceso a mercados (otorgando certificaciones, por ejemplo). También comprará a precio justo de mercado el oro extraído”. Todo eso está muy bien, pero de nada servirá mientras subsista la restricción mencionada.

La solución
Ahora bien, ¿cómo resolver el problema de los informales precarios en concesiones ajenas? Ramírez recuerda que la Cerro de Pasco trabajaba con pequeños mineros: les daba compresoras, equipo minero en general y les compraba, que es lo que hace Enhami en Chile. Se trata, en buena cuenta, de un contrato de alquiler. Y en caso de encontrarse un yacimiento grande en las zonas trabajadas por los pequeños mineros, estos se obligan, en el contrato que firman a retirarse. ¿Quiénes se oponen a una solución como ésta? Los abogados, con el argumento de que son invasores a los que se les va a dar un derecho. Como dice Ramírez, habría que hablar con los estudios Grau, Echecopar, Muñiz, Rodrigo, etc., para que “cobren por dar soluciones, no problemas”.

Además, según Garrido el 90% de los denuncios de concesiones se efectúan para especular. “El Estado debe mediar e ir resolviendo el problema caso por caso”. Además, hay aquí una labor fina de hacerle comprender al inversionista que el modelo de negocio en minería ya cambió y que para obtener la licencia social es bueno llegar a acuerdos. Refiere que Hudbay en Velille, Cusco, por ejemplo, denuncio 14 mil hectáreas y le dijo a los mineros informales: yo les doy 400 hectáreas y les ayudo en sus permisos, y Uds. me dan la licencia social. “De esa manera todos ganan. Les ha cambiado la vida.  Otras empresas, en cambio, dicen esto “es mío, quiero más”.

En resumen, de lo que se trata es de simplificar drásticamente los requisitos para la formalización (ver anexo preparado por Rafael Belaunde) y actuar a partir de plantas formales de procesamiento hacia atrás, restableciéndoles a dichas plantas la condición de agentes retenedoras de impuestos.

ANEXO
SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA MINERIA ARTESANAL
Rafael Belaunde

Decenas de millares de ciudadanos pobres se dedican a la actividad minera artesanal en zonas del territorio donde no existen posibilidades laborales alternativas. De acuerdo a la Ley General de Minería, el Estado protege y promueve la minería artesanal y la pequeña minería. Sin embargo, los reglamentos no sólo han desvirtuado ese precepto, lo han contravenido.

La minería artesanal es aquella que extrae y procesa un máximo de 25 TM/día. Esta es la categoría a la que pertenecerían la mayoría de mineros informales, si los requisitos para la formalización fueran razonables. Los llamados mineros informales, o son concesionarios artesanales que no pueden cumplir con los agobiantes requisitos legales, o son ilegales que explotan exiguos volúmenes en áreas concedidas a terceros (invadidas), o áreas del Estado.

Se sugiere que la problemática artesanal sea encarda diferencialmente en función al ámbito geográfico y a la existencia o inexistencia de titularidad por parte del minero. Cambios propuestos a la ley y a sus reglamentos:

1. Reducción en costa y sierra de la concesión mínima, de una cuadrícula de 1,000 X 1,000 metros a la cuarta parte (500 X 500 metros), que sería una sub cuadrícula de la actual.
2. Concomitantemente, elevación del Derecho de Vigencia a US$ 5/hectárea/año, excepto para las primeras 1,000 hectáreas que seguirían con el régimen de US$ 3/ha/año y constituirían límite máximo para la categoría. Estas normas desincentivarían el acaparamiento especulativo y liberarían áreas. (Uno de los problemas actuales es la inexistencia de áreas libres donde ubicar informales).
3. Simplificar y reducir los requisitos de la Declaración de Impacto Ambiental haciéndolas compatibles con el insignificante impacto que una operación artesanal genera. Las DIA en áreas desérticas deben ser mucho menos rígidas y engorrosas que para zonas agrícolas o selváticas. El CIRA debería poder ser firmado por cualquier arqueólogo colegiado y tendría categoría de Declaración Jurada.
4. Disponer que el COM (Certificado de Operación Minera) sea documento suficiente para ejercer actividad minera, eliminándose el permiso de inicio de actividades. Antiguamente, el título de la concesión otorgaba automáticamente las prerrogativas que hoy otorga el COM. Otra traba es que el COM puede ser de exploración o de explotación, distingo absurdo para la problemática artesanal.
5. Prohibir el uso de cianuro y de mercurio fuera de plantas autorizadas que cuenten con sistema de retorta para el mercurio y relaveras impermeabilizadas tanto para el cianuro como para el mercurio.
6. Instalar plantas de procesamiento y/o facilitar su instalación en lugares estratégicos para servir y fiscalizar a la minería artesanal y para desincentivar el uso de quimbaletes que, salvo para fines de gravimetría, debiera quedar proscrito en un plazo prefijado.
7. Reducir los límites del área protegida de las Líneas de Nazca a la pampa en donde efectivamente se encuentran, para crear en el área liberada un parque minero artesanal donde ubicar a informales que carecen de concesiones. Repetir el esquema en Puno (en torno a La Rinconada), en la zona de Chala y en las otras zonas de concentración de informales, en base a las áreas que reviertan al Estado como consecuencia del incremento de DV. Es oportuno indicar que la reserva de las Líneas de Nazca ocupan más área que la comprendida entre Ancón y Pucusana, y entre La Punta y Chosica. Es decir, un área mayor a la de las provincias de Lima y Callao juntas. Las líneas en sí, ocupan un fragmento minúsculo de la reserva. De haberse aplicado similar criterio en torno al cerro Baúl en Moquegua (importante sitio arqueológico) Cuajone, Quellaveco y los Calatos estarían dentro de áreas protegidas.
8. Crear un sistema de concesiones particular para el llano amazónico a efectos de reducir aún más el hectareaje mínimo, a 10 hectáreas, incrementando el DV a US$ 20/ ha/año en la amazonia, debido a que el impacto minero en los depósitos aluviales en zonas profusamente vegetadas es muy superior al causado por las explotaciones subterráneas en zonas áridas y poco propicias para la agricultura, a efectos de crear un fondo para la reforestación.
9. Flexibilizar la compra, el transporte, el almacenamiento y el uso de cantidades poco significativas de explosivos.
10. Adecuar las multas por incumplimiento de obligaciones burocráticas (DAC) a niveles no confiscatorios y fijar plazo razonable de prescripción (2 o 3 años) para los procesos de fiscalización. La actual espada de Damocles es un instrumento de amenaza y extorsión de burócratas inescrupulosos.
11. Crear Derechos Especiales sobre ciertos derechos caducos a efectos de permitir que en ellos se permitan actividades mineras por parte de mineros sin concesión, previo empadronamiento, tal como se sugiere en 7.

Lampadia