El 16 de marzo pasado publicamos en Lampadia: Se le acabó la ‘Tina’ a Petroperú. Entonces denunciamos que la paralización del oleoducto tendría para rato pues éste ya había cumplido con creces su ciclo de vida. Afirmamos que su nivel de corrosión debía ser altísimo y que por ello se habían multiplicado las fallas, cada vez, con más severidad. Para ilustrar la nota utilizamos el gráfico de líneas abajo que muestra que al inicio de operaciones de estas obras se generan fallas de alta severidad y frecuencia. Al asentarse las instalaciones, las fallas disminuyen sustancialmente por un largo tiempo, el período de vida útil. Sin embargo, si no se hace el mantenimiento adecuado y no se reemplazan los materiales desgastados o corroídos, las instalaciones entran en una nueva fase de fallas con alta frecuencia y severidad. Esta suerte de curva se llama: ‘Tina’.

Como era de esperarse, Petroperú no se comunicó con Lampadia para explicar la situación y solo hizo lo posible por pasar inadvertido con el dinamismo mediático del país. Sin embargo, la realidad confirmó la situación calamitosa del oleoducto al punto de que este siga paralizado.

El lunes pasado (13 de junio, 2016), tres meses después de nuestro artículo, el diario El Comercio publicó una noticia titulada: “Oleoducto: 16 años de descuido”. Ver reproducción a continuación:

Según la nota, tras década y media sin mantenimiento apropiado, el Oleoducto Norperuano exhibe 73 fallas críticas. Repararlas tomará todo el año.

“Según Petro-Perú, el oleoducto no ha recibido mantenimiento en los últimos 16 años y, como consecuencia, se han generado 73 fallas (puntos con pérdidas de espesor superiores al 70%) en los tramos 1 y 2”.

“Tal es el resultado de la inspección con smart-pigs (sensores que detectan fallas) realizada por la estatal en el 2015. ¿Qué tan grave es este diagnóstico?”

“Según Víctor Sanz, ex gerente de Contratos de Petro-Perú, la figura es trágica, pues demuestra el descuido que la estatal ha tenido con el oleoducto por su afán de priorizar la modernización de la refinería de Talara. “Es un asunto gravísimo. Sabía de sabotajes que se deben denunciar, pero la falta de mantenimiento es un descuido atroz. Lamentablemente, no es solo un problema de Petro-Perú, lo es también de Osinergmin y el MEM. ¿Dónde estaban cuando esto sucedía?”

Ya han pasado cuatro meses desde que se suspendió el servicio de transporte de petróleo del Oleoducto Norperuano, debido a las reparaciones ordenadas por Osinergmin para evitar que se repita el desastre del febrero pasado, cuando unas rupturas causaron el derrame de 3,000 barriles de crudo en la región amazónica, contaminando dos ríos utilizados por pueblos nativos como fuente de agua y dañando el medio ambiente.

Sin el debido mantenimiento, el oleoducto ya cumplió con creces su ciclo de vida. “Las recientes roturas no son casos aislados, sino que reiterados derrames han afectado regiones de Amazonas, Loreto, Piura y Cajamarca”, informó la OEFA en su momento.

Mientras tanto Petroperú y el gobierno peruano siguen en la fiesta de la ‘modernización’ de la refinería de petróleo de Talara. En ella se mueven inmensas cifras de inversión del nivel de unos US$ 3,500 millones, cantidad excesiva según varios expertos e innecesaria según otros, dada la estructura de la demanda y oferta de productos refinados en el Perú.

La gestión de Petroperú y los resultados obtenidos en inversiones, operaciones y en el desastroso mantenimiento de sus instalaciones, más la falta de controles con los que opera la administración (ni siquiera reporta a Fonafe, el holding estatal que representa al Estado en su rol de accionista de las empresas públicas), han determinado una situación alarmante que debe llevarnos a enfrentar con valentía las presiones políticas que pretenden mantener las cosa como están. Esperamos que el próximo gobierno tenga la entereza suficiente para informar al país esta realidad y plantear correcciones de fondo al actual esquema licencioso con el que opera Petroperú. 

Lampadia

Petroperú está muy lejos de ser una empresa, por sus características, como veremos más adelante, es más bien una OPP, una ‘Organización Para-Política’. Un ente que está al servicio de los políticos que ostentan la administración del Estado y sus agencias.

Con tal de conseguir unos cuantos votos, nuestros políticos parecen estar dispuestos a deshacer los fundamentos que nos permitieron crecer sostenidamente, bajar la pobreza y reducir la desigualdad desde hace 25 años. Uno de esos fundamentos es justamente, no alentar la actividad empresarial por parte del Estado. Y eso es lo que se acaba de derribar con la norma aprobada por el Congreso para que Petroperú explote el Lote 192. Los peruanos que padecimos la gran parálisis del país de los años 60, 70 y 80s, lo recordamos bien, porque estas medidas producen los efectos contrarios a los que ofrecen. (Ver en Lampadia: Coraje no más populismo). Las empresas estatales son de una ineficiencia de escándalo y, por si fuera poco, son focos de corrupción insondables. Preguntémonos nomás cuantos peruanos recibimos un servicio aceptable de agua y desagüe.  

Suficientes problemas y limitaciones tiene el Estado para proveernos una justicia decente, buena educación, salud adecuada, infraestructura de primer nivel y sobre todo seguridad, como para que ahora intente meterse en una actividad para la que no tiene ni la experiencia ni los recursos.

Petroperú no califica como una empresa, es una “OPP” (Organización Para-Político). Los gobiernos de los últimos quince años la han empleado para una serie de asuntos, no precisamente santos: ¿Recuerdan que fue esta petroleara la que pagó  la remodelación de Palacio de Gobierno durante la gestión de Alejandro Toledo y que hubo una serie de irregularidades?

En esa misma época Petroperú fue privado de todo control estatal. Quedó fuera del ámbito de Fonafe, el organismo que representa al Estado en su rol de accionista en las empresas del Estado. Además dicta las normas y la forma en que debe actuar las compañías que estatales. También se retiró a Petroperú de la obligación de pasar sus compras, adquisiciones y contratos por el aro del Organismo Supervisor de Compras Estatales (OSCE). Lo que le ha permitido, actuar discrecionalmente. O sea, esta joyita, en esencia, no tiene accionistas y no se controlan debidamente sus adquisiciones. Además, tremenda estructura, no tiene gobierno corporativo (dicen que esta en desarrollo, como si acabara de ser fundada), no tiene directores independientes, no tiene acciones en la bolsa y por lo tanto los controles básicos para una ‘empresa’ de ese tamaño. 

Durante el gobierno del Apra, los escasos controles y las facilidades que se le dieron para participar en operaciones de exploración petrolera (solo en calidad de socia), llevó a esta petrolera a suscribir un dudoso contrato con la desconocida noruega Discovery, patrocinada por Rómulo León Alegría y el folclórico dominicano Fortunato Canán. El resultado: el llamado escándalo de los Petroaudios.

Ahora, con Humala, la cosa es casi una broma: A fines del 2013 se promulgó la Ley 30130 (sí la misma que ahora es anatemizada porque le ponía un candado a Petroperú para hacer nuevas inversiones puesto que se le estaba  regalando el desarrollo de la onerosísima nueva refinería de Talara). La norma autorizaba la venta del 49% de acciones y que en 270 días ordenaba maximizar el valor de la compañía (como si esto se pudiera hacer por decreto). Como señaló Iván Alonso, “vencido el plazo, lo que ha logrado la empresa para reorganizarse integralmente ha sido otro chiste de humor negro. En primer lugar, en materia financiera, pasó de ganar unos ínfimos 92 millones de soles en el 2013 a perder 95 millones en el 2014”.

Y luego de esta  lamentable performance, todos los partidos políticos, excepto el Apra, se sumaron a la idea de permitirle a Petroperú que ingrese a la exploración por la simple movilización de algunas olas populares en Loreto, dirigidas por su Gobernador.

Tampoco faltan los que argumentan por favorecer estos desarrollos con dinero del Estado por el supuesto rol estratégico de algunas empresas. Como dice Ian Váquez en su artículo El mito de los sectores estratégicos: “El argumento de que ciertos sectores son estratégicos por razones económicas o de seguridad ha llevado a que políticos en distintos tiempos y partes del mundo hayan perjudicado una y otra vez a sus propios países, a veces de manera desastrosa”.

“Para países en desarrollo que sufren de una débil institucionalidad, el error más común es dar el manejo de los supuestos sectores estratégicos al Estado. Cuando se trata de recursos naturales, esa política tiende a agravar la corrupción y desalentar todavía más a políticas que permiten la creación de la riqueza, ya que el Estado vive del dinero fácil y no se preocupa por hacer reformas necesarias. En el peor de los casos, el resultado es el empobrecimiento de un país rico en recursos, como ha ocurrido en el Perú en el pasado y claramente ocurre en Venezuela hoy”.

“Incluso cuando no se trata del peor de los casos, la experiencia desacredita la idea de que el sector público es mejor gestor que el privado. Según el experto Piotr Kaznacheev, por ejemplo, el ingreso neto por barril de las empresas petroleras privadas más importantes del mundo ha llegado a superar a las de las empresas estatales más importantes por 87%. Petrobras es una de las empresas estatales que más gana por barril, pero aun así recibe la mitad de lo que perciben las privadas y es una fuente enorme de corrupción”.

Ya es hora de que vuelva la cordura y que este ‘organismo’ que es manejado según los antojos de los gobiernos de turno, opere como debe, alejado de los escándalos de las petroleras estatales como los de PDVSA, Petrobras y Pemex. (Ver en Lampadia: El Estatismo alienta la ineficiencia y la corrupción). Justamente, México acaba de reformar su legislación para permitir que los privados ingresen a la actividad privada y reconvertir a Pemex en una petrolera competitiva. Basta de crear focos de ineficiencia y corrupción manteniendo esta ‘caja no-chica’ en manos de los gobernantes de turno. Lampadia