Jaime de Althaus
Para Lampadia

La denuncia constitucional presentada por la valiente Fiscal de la Nación, contiene imputaciones que comprometen directamente al presidente Castillo.

Patricia Benavides: »Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal, resulta criminal y abominable» 

Aquí algunas de las denuncias de la Fiscalía:

• Pedro Castillo Terrones “planificó, organizó, dirigió y controló actividades criminales de la organización valiéndose de su posición de jefe de Estado”
• Se le acusa por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada
• La organización criminal dirigida por él tuvo como órganos operativos: el gabinete en la sobra, un órgano congresal, un brazo familiar, un brazo lobista, un brazo obstruccionista, y un brazo ministerial y de altos funcionarios.
  
  
• En el caso PetroPerú, “el investigado Castillo, habría recibido la suma de 2 millones de soles parte de Karelim López al través del secretario general Bruno Pacheco, como contraprestación de la influencia ejercida en los funcionarios y servidores”.
• “Luego de conseguir la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petroperú, el presidente Castillo recibió, por intermedio de Bruno Pacheco, un sobre de dinero con S/ 30 mil”
• “La presunta organización criminal, a través de su líder Pedro Castillo, habría ordenado quemar el cuaderno de ocurrencias de sus edecanes y la desaparición de cuatro celulares, en el contexto que se desarrollaba la diligencia de allanamiento en Palacio de Gobierno. Beder Camacho se encargó de desaparecer los celulares en la playa La Punta…”
• La presunta organización criminal también desplegó diferentes acciones destinadas a desprestigiar, amedrentar y obstruir las labores de la Fiscal de la Nación:
  • Desprestigio: Beder Ramón Camacho Gadea se habría comunicado de improviso con Hildebrandt en sus Trece, ofreciendo información sobre la señora Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas.
  • Amedrentamiento: “Seguridad del Estado detectó dron sobrevolando casa de fiscal de la Nación”
  • Obstrucción: “…al interponer denuncias penales contra la suscrita, por interpósitas personas, que mantendrían vinculación [directa y/o indirecta] contra los integrantes de la presunta organización y/o con congresistas de la República del partido político Perú Libre”

El presidente Castillo no puede permanecer en el cargo. 

Pero ¿es viable la denuncia Constitucional presentada por la Fiscal de la Nación? En buena cuenta ella argumenta en favor de una interpretación convencional del artículo 117 de la Constitución, que le permitiría al Congreso acusar al presidente de la República por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones, pese a que esos delitos no están previstos en dicho artículo constitucional.

Sostiene que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por el Congreso de la República el 2004, establece en su párrafo 2 del artículo 30:  

“Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus principios constitucionales, un equilibrio apropiado entre cualesquiera inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios públicos para el cumplimiento de sus funciones y la posibilidad, de ser preciso, proceder efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y el fallo de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención”.

Asimismo, el párrafo 6 del mismo artículo referido señala que:

“Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, en la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procedimientos en virtud de los cuales un funcionario público que sea acusado de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención pueda, cuando proceda, ser destituido, suspendido o reasignado por la autoridad correspondiente, teniendo presente el respeto al principio de presunción de inocencia”. 

En buena cuenta, estas disposiciones permitirían inaplicar el art. 117 de la Constitución, que establece que solo se puede acusar al presidente por cuatro causales entre las cuales no figuran los hechos imputados. Natale Amprimo, sin embargo, sostiene que no es posible dar un salto conceptual de esa naturaleza. 

Pues, de otro lado, la propia Constitución establece en su artículo 57 que: 

“Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República”.

Y esto no ha ocurrido. Sin embargo, el constitucionalista Aníbal Quiroga sostiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subordinado las constituciones a la mencionada Convención, y que el orden interno de un Estado no puede ser invocado para incumplir un tratado internacional. Domingo García Belaunde, no obstante, argumenta que la modificación de la normatividad interna la debe hacer el propio Estado, no la Corte.  

Este será el dilema que tendrá que considerar la subcomisión de acusaciones constitucionales. 

Según el artículo 89 del reglamento del Congreso, “El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional, por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones, requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente. El acuerdo aprobatorio de suspensión requiere la misma votación”. 

Los miembros de la comisión permanente son 33. Significa que esa aprobación tendría que hacerse con la mitad más uno de 97 congresistas: 49. Una vacancia, en cambio, se aprobaría, como sabe, con 87 congresistas. Si fuera constitucionalmente viable, el camino de la denuncia constitucional resultaría más factible. Tomaría 3 meses. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Según el diccionario, prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público, dé una disposición arbitraria a sabiendas de que tal resolución es injusta y/o contraria al texto expreso de la ley.

Por estos días la prevaricación se ha convertido en el delito más común entre nuestras autoridades de gobierno, la fiscalía, el poder judicial y el JNE, entre otros. Vemos cómo, según estimados de la Contraloría General de la República, la corrupción entre los gobiernos regionales, municipales y gobierno nacional, ha perjudicado al país por 22 mil millones de soles, en el año 2020. Tenemos regiones donde el impacto de la corrupción alcanza a más de 26% del presupuesto asignado, mientras que en los más “honestos”, este perjuicio alcanza al 11% del presupuesto.

“Gracias” a la paralización económica del 2020 y, con ella, la paralización de obras públicas (principal fuente de corrupción), nos han robado 1 mil millones de soles menos que en el 2019, en que la pérdida se estima en 23 mil millones de soles. Por supuesto que los departamentos con mayor corrupción, son aquellos donde hay mayor pobreza y/o cacicazgo político local y regional. Es curioso el caso de Puno, departamento que, para fines prácticos, se ha liberado de la carga tributaria y legislación laboral, lo que le permite una gran actividad comercial (contrabando), turística y productiva, pero de pequeñas y numerosas empresas locales que no pagan impuestos, lo que significa menor dependencia del gasto público y, en consecuencia, la pérdida por corrupción es de “sólo 8.6%”, la menor del Perú.

Según lo publicado por GESTIÓN, en el 2020 se encontró 6,698 funcionarios públicos responsables de faltas administrativas y delitos de corrupción causantes de esas pérdidas, pero lo trágico es que, si bien la Contraloría General de la República gestionó ante el Congreso la legislación que le permita sancionar a los funcionarios que sean encontrados responsables de tales actos y el Congreso aprobó la ley, el Ejecutivo la ha observado. Esto no hace más que retroalimentar el concepto de que, en el Estado se puede cometer faltas y delitos, pero nada pasará, puesto que no habrá una sanción inmediata (más de tres años), como consecuencia de los hallazgos de la gestión de la Contraloría y una acción de control “sin dientes”, no sirve para nada.

Por supuesto, este sentimiento “empodera” a los malos funcionarios para continuar tomando decisiones contra la ley, no sólo en obra pública, sino también en organismos reguladores y supervisores u otras entidades de la administración pública, cuyo impacto económico nadie mide. En esos casos, al “administrado” no le queda más que judicializar su reclamo y, aun teniendo la razón, el sistema judicial se lo reconocerá varios años después, cuando el daño a la economía del país ya no tiene remedio, ni se identificará al causante del daño.

Otro grupo de prevaricadores está en el JNE, ONPE y RENIEC, donde, tal como se ha observado en este proceso electoral, han actuado y resuelto contra la ley, al extremo de haber permitido que varios terroristas sentenciados y liberados lleguen al congreso, acumulando además cuando menos 45 actos de prevaricato que, al final están inclinando la balanza electoral en contra de la voluntad ciudadana.

El ejecutivo, además de haber obstruido la posibilidad sancionadora de la Contraloría, tiene también lo suyo, pues desde el año 2000, entre Valentín Paniagua y Diego García Sayán, indultaron por Resolución Suprema a por lo menos 34 terroristas sentenciados, que en los años posteriores se infiltraron en la administración del Estado y desde ahí han socavado las bases de todo lo positivo que se pudo realizar en la década de los 90s. Luego de dos décadas de destrucción de la educación pública, creación de trabas a la gestión pública y crecimiento de una burocracia parásita, hemos llegado a una situación de control del aparato del Estado y de la educación por parte de la izquierda.

En el sistema judicial, las cabezas del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, al igual que la Junta Nacional de Justicia, por supuesto que acompañados de ciertas ONG y muchos representantes de la prensa, actúan con un evidente “doble racero”. Por ejemplo, en el caso de corrupción de los “Dinámicos del Centro”, a quienes la Fiscal Bonnie Bautista identificó ejecutando actos de corrupción en el GRJ, les encontró maletas de dinero, producto de tales actos y les acumuló varios miles de llamadas telefónicas que los incrimina, así como WhatsApp con coordinaciones ilegales respecto a la conducción en las mesas de votación, los han liberado. Lamentablemente, el Fiscal Superior Omar Tello, jefe de las Fiscalías Anticorrupción, con anuencia de la Fiscal de la Nación, pospuso el allanamiento y detención de 38 investigados por un lapso de dos semanas, dándoles tiempo suficiente para huir y desaparecer pruebas. No obstante, se encontró todo lo antes mencionado. Además, el juez superior de Junín, Ever Bello, quien tendría que ver con el caso de Vladimir Cerrón y sus secuaces, es amigo y ex asesor de Cerrón en el GRJ.

A las ONG (persecutoras de la corrupción “dizque”), que normalmente filtran toda información de sospechas de delito, en este caso les han comido la lengua los ratones y paralelamente, la jueza de Junín, July Baldeón, ha liberado a esa gavilla de delincuentes “por falta de elementos de convicción” para decretar una prisión preventiva de 36 meses, sin el más mínimo resuello de esas ONG.

Como se puede observar, podemos denominar al año 2021, el “año de los prevaricadores”. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

La coyuntura política ha colocado al empresario Pedro Olaechea como líder del Congreso. En su primer acto pronunció un discurso que todo peruano de bien suscribe y que representa (como no se había visto desde el 2016 ni en los discursos de PPK o KF), el verdadero mandato electoral de ese año: respeto al modelo constitucional, crecimiento económico, inversión y desarrollo para superar la pobreza.  La respuesta que recibió al día siguiente fue un puntapié. El presidente Vizcarra, lejos de buscar el consenso y tomar esa flor para armar en conjunto una agenda por él Perú, siguió el mandato imperativo de la izquierda y anuncio planteó el adelanto de elecciones.

Esta semana, pese al puntapié presidencial, nuevamente Pedro Olaechea ha extendido la mano al Presidente Vizcarra y le ha vuelto a ofrecer una agenda conjunta de trabajo entre ambos poderes, es decir lo que el Perú necesita para que ese 1`365,000 de jóvenes “ninis” que ni estudian ni trabajan, encuentren empleo, oportunidades y futuro. El Presidente Vizcarra, ha aceptado reunirse, pero nada hace pensar que cambie su posición confrontacional luego de la reunión.

¿Cuál es el reto entonces del presidente del Congreso?

¿Debe devolver nuevamente los golpes del Poder Ejecutivo?  ¿Debe dar paso a los pedidos de vacancia de un presidente que negocia con los extorsionadores sociales del Sur y abdica de preservar el orden y la paz? ¿Debe dar cabida a la censura de los ministros ornamentales de este gobierno que sólo secundan y no gobiernan? ¿Debe impulsar las investigaciones a los negocios presidenciales en la Interoceánica de Odebrecht?  ¿Debe fiscalizar los millonarios gastos de publicidad del Poder Ejecutivo en los canales y diarios que silencian los escandalosos audios presidenciales con muertos, violaciones y escándalos de farándula?  ¿Debe fiscalizar los favores presupuestales a gobernadores regionales dispuestos a acompañar en la foto al presidente Vizcarra cada que lanza algún desafío por consejo de su asesor argentino?

Tal vez. Este puede ser un camino.

Sin embargo, a mi juicio no es el mejor camino o por lo menos no debe ser el más importante.

El camino que debería seguir es el de pasar a ser un verdadero líder y conducir al Congreso en una dirección distinta de aquella que siguieron sus tres predecesores. Debe olvidarse de la pequeñez de su bancada y apropiarse de la magnitud del mandato electoral del 2016 con la cual coincide su discurso, voluntad ciudadana a la cual por fin alguien representa y que supera el 70% de los peruanos. Debe asumir el reto de liderar entonces no sólo al Congreso, sino a esa voluntad popular a la que abandonaron primero Kuczynski y Keiko Fujimori en sus absurdas disputas y de la que reniega el presidente

Vizcarra para dejar traslucir el polo que rojo que llevaba adentro, que recién advierte la gobiernista revista Caretas.

En este camino, el presidente del Congreso tampoco debe tener temor a legislar. El Perú no puede darse el lujo de tener un presidente que tenga miedo a gobernar y un líder del Congreso que también tenga temor a legislar. Su reto, por lo tanto, es ese.

• El Congreso debe hacer la gran reforma de la inversión privada que impulse a las pymes como motor de la formalización, la recaudación razonable y la generación de empleo mínimamente digno.
• El Congreso puede impulsar los motores de nuestra economía mediante una legislación promotora de la inversión hidrocarburífera, de las inversiones en energías limpias, de la minería, del turismo y de la agro exportación.
• El Congreso debe detener la asfixia estatal que consume en licencias, permisos, autorizaciones, certificaciones, tasas, inspecciones y estudios previos los escasos recursos de pequeños, medianos y grandes empresarios antes de que se haya producido un sol o se haya generado un solo puesto de trabajo.
• El Congreso debe poner tope al crecimiento de la planilla estatal que se incrementa cada período de gobierno a nivel nacional, regional y local, impidiendo que los recursos vayan a obras y se consuman en gasto corriente.
• El Congreso debe revisar una descentralización de enfoque preferentemente público que no ha atraído inversiones en las regiones y que sólo ha aportado gobernadores y autoridades en prisión.
• El Congreso debe alentar la depuración de la Corte Suprema y la Fiscalía de la Nación ante la inoperancia de las improvisadas reformas impulsadas por el Presidente Vizcarra que han cambiado todo para que nada cambie, dando paso para ello a la tramitación de las acusaciones constitucionales que el artículo 99 de la Constitución permite y bajo cuyo trámite se puede hacer mucho más para enfrentar la corrupción a este nivel.
• El Congreso debe elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, 6 de los cuales ya han cumplido su mandato.

El Congreso puede hacer mucho más, sin interferir en la labor del Poder Ejecutivo y aún a pesar de él. El reto de Pedro Olaechea es sin duda muy grande. Tendrá que ser un líder sin miedo a legislar. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Abogado
Para Lampadia

El activismo judicial y su patología el Populismo Judicial (ver en Lampadia), comienzan con los reiterados y populares pedidos de detención preliminar y detención preventiva solicitados por los fiscales Juárez Atoche, Pérez, Vela y otros como parte de sus acciones contra la corrupción pública.

Sin estos pedidos de parte de los fiscales, los jueces no hubieran podido resolver nada y estarían en el usual anonimato en que normalmente se mantienen, del cual sólo han salido por conceder las detenciones de Ollanta Humala, Nadine Heredia, Keiko Fujimori, Alan García, PPK, Luis Nava y últimamente de Susana Villarán.

El activismo comienza entonces en la Fiscalía y en particular en el equipo Lava Jato, que ha resultado muy popular en ciertos sectores de la población y que ha llamado también la atención en el extranjero. Haberse convertido en el terror de la clase política debe ser la causa de esa popularidad. Sin embargo, estas luces de la labor persecutoria de estos fiscales se pueden apagar si no se corrigen algunos despropósitos y si ellos, como muchos sospechamos, saltan a la vida política en el plazo menos esperado.

El cruce del Rubicón

Los Fiscales tienen varias cosas que explicar al país:

1.- ¿Cual es la razón por la cual sólo ciertos sectores de la prensa tienen acceso a las informaciones privilegiadas y a las primicias de su actuación?

2.- ¿Por qué razón se tienen decenas de solicitudes de prisión preventiva y sólo un caso con acusación? ¿Sirve de algo tener detenidos preventivamente si no se tienen condenados?

3. ¿Cual es el criterio para determinar la oportunidad y el sujeto de los pedidos de detención preliminar y prisión preventiva?

4.- ¿Por qué razón si el Tribunal Constitucional estableció un criterio contrario a la prisión preventiva generalizada y sin motivación calificada, ellos la siguen solicitando sin contar con procesos iniciados, ni acusaciones, desoyendo el mandato del Tribunal Constitucional?

A mi modo de ver las cosas esto es posible porque los fiscales han cruzado una línea y están, a decir de Luigi Ferrajoli, generando “la sospecha de una instrumentalización política de la jurisdicción”.

Este jurista italiano, es el padre del garantismo penal y una autoridad del neo-constitucionalismo, ha sido juez y conoce mejor que nadie el conflicto entre justicia y política en la sociedad italiana, donde jueces y fiscales vienen investigando por décadas las distintas formas de deshonestidad y corrupción política. En su 9º regla acerca de la deontología jurídica aplicable a los magistrados (entiéndase en este caso fiscales), afirma “la novena y última regla deontológica consiste no solo, como es obvio, en no someter el juicio penal a fines políticos, sino también en no dar lugar siquiera a la más lejana sospecha de una instrumentalización política de la jurisdicción (…)”[i] como sucedió en el caso de tres fiscales italianos Ingroia, de Magistris y Di Pietro, los cuales luego de ser conocidos por sus investigaciones, dieron vida a una lista electoral encabezada por uno de ellos, promovida por el otro y con la contribución con el partido político personal del tercero de ellos. Para Ferrajoli, esta “imagen perjudicial socava la credibilidad de la magistratura, además de las mismas investigaciones que han dado a conocer estos magistrados”[ii].

El destino de los fiscales peruanos parece estar escrito. Tendrán que ser fiscales para siempre y hacer de su carrera en la magistratura un apostolado, al final del cual sus excesos sean entendidos como parte del fragor de sus acusaciones y de la pasión de sus persecuciones. Si dan el salto a la política que muchos sospechamos, alegando su derecho a la participación política o cualquier otra razón, nos habrán dado crédito a quienes creemos que ellos han cruzado la línea hace mucho tiempo. La historia dará su veredicto. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 20 de abril de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

El compromiso político que propició nuestro triunfo en las elecciones regionales pasadas fue “gobernar en el nombre del agua, la salud, la educación, y la justicia”. Algo parecido a la Santísima Trinidad del Cristianismo: Padre, Hijo, y Espíritu Santo.

En el caso del Gobierno Regional de Ica – como si se tratara de una religión – nuestra “señal de la cruz” tiene 4 grandes prioridades: agua, salud, educación, y justicia. Inclusive, nos persignamos cuando la pronunciamos en voz alta.

En artículos anteriores me he referido – ampliamente – al agua, la salud, y la educación. Y aunque se les pudra el hígado a nuestros detractores, no pueden negar que hemos tenido logros importantes en esos tres ámbitos. Obviamente, queda un largo camino por recorrer, pero es un hecho incuestionable que tenemos más agua, gracias a los reservorios que hemos construido en la Sierra. Es – también – incuestionable que tenemos más agua potable en los hogares; que la atención en nuestros hospitales ha mejorado; que hemos reducido los casos de Dengue; y que la educación ha mejorado mucho. Incluso, nuestros logros en deporte, cultura y ciencia están claramente cuantificados en nuestro medallero olímpico escolar.

¡Pobres criticones! A regañadientes han tenido que tragarse varios sapos. Tantos que hasta tufo a batracio les ha salido. En fin… ¡allá ellos con sus rabias e indigestiones!

Ahora – más bien – quisiera referirme a la 4ta. gran prioridad de nuestro compromiso de gobierno: la JUSTICIA… rubro en el cual también tenemos logros importantes. Si no, que lo digan los 30 funcionarios corruptos que hemos destituido del Gobierno Regional. Y otros tantos que hemos suspendidos temporalmente… sin goce de haberes.

A ese respecto se podría decir que el “Sistema de Justicia” no funciona como debiera. Me refiero a instituciones como la Policía, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario. Incluso, el Congreso de la República y los Consejos Regionales. A los que habría que agregar otras instituciones como los Colegios Profesionales, la Prensa, y toda una gama de Asociaciones y ONG’s que – supuestamente – ejercen JUSTICIA en nuestro país.

Pues bien – repito – ese “Sistema de Justicia” no funciona como debiera. Prueba de ello… la corrupción. Y su prima hermana… la impunidad. Peor aún, todas las instituciones antes mencionadas están infiltradas por gente corrupta. CORRUPCIÓN… “ese virus social que lo infecta todo”. (Palabras del Papa Francisco).

La única JUSTICIA que funciona – al menos en el Gobierno Regional de Ica – es la “Justicia Administrativa”. O sea, la que nos ha permitido sancionar – rápidamente, y con todas las de la ley – a decenas de servidores corruptos que se juraban intocables. Médicos que abandonaban sus guardias y cobraban como si nada. Funcionarios que cobraban viáticos con facturas falsas. Trabajadores que “vendían” todo tipo de licencias o permisos. Enfermeras que lucraban con medicamentos robados. Jefes que cobraban cupos a sus subalternos. Coimeros que sobrevaloraban todo tipo de compras y contrataciones inútiles. Y muchos etcéteras más.

Ninguno de los delitos antes mencionados fue detectado – y menos sancionado – por ninguna de las instituciones del “Sistema de Justicia”. Al contrario… ¡algunos congresistas y consejeros regionales se pusieron del lado de los corruptos! ¡Cuántos policías y fiscales forman parte de las mafias de la corrupción! Y ¿Qué me dicen de los dirigentes del Colegio Médico de Ica y los periodistas chantajistas? ¡Son unos pandilleros!

Las cosas claras y el chocolate espeso. El problema No. 1 de nuestro país es la corrupción. Y el No. 2 la impunidad. El “Sistema de Justicia” no funciona. Lo único que funciona – cuando existe la voluntad y las agallas para aplicarla – es la Justicia Administrativa. En ese sentido, vamos a seguir sancionando la corrupción con el máximo rigor. ¡Así ejercemos JUSTICIA en favor de la ciudadanía!

En el nombre del agua, la salud, la educación… y la JUSTICIA. ¡Amén! Lampadia

El proceso constitucional contra el Fiscal de la Nación para destituirlo fue y es un exceso que, hasta el momento, solo ha servido para provocar lo que aparenta ser otro exceso, esta vez de parte de la Fiscalía: el pedido detención preventiva por 18 meses a los directores de las empresas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA).

La Fiscalía da la impresión de haber pasado de un extremo al otro, de casi no haber investigado a estas empresas o a sus directivos, al pedido de detención preventiva. Y habría actuado así por vergüenza o por temor, movida por la presión política y mediática, lo que se expresaría en la debilidad de los argumentos esgrimidos para pedir dicha medida limitativa de la libertad personal.

Veamos. Según el comunicado del Ministerio Público, “dichos empresarios…habrían defraudado al Estado al concertarse con el ex presidente de la República, Alejandro Toledo, de tal modo que resultaron beneficiadas con el otorgamiento de la buena pro”. El comunicado explica que“ Jorge Simoes Barata, reveló que los pagos ilícitos para el expresidente Toledo Manrique por el favorecimiento en la concesión del proyecto vial Interoceánica Sur, fueron efectuados por la empresa Odebrecht con el conocimiento de las empresas consorciadas, lo que fue conversado por Barata quien declaró haber dialogado sobre el tema con los miembros de los directorios de dichas empresas. Como resultado de dichas conversaciones, el Estado Peruano habría adjudicado la ejecución de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur a los consorcios integrados por las empresas ’Constructora Norberto Odebrecht’, ‘Graña y Montero’, ‘JJ Camet Contratistas Generales’ e ‘Ingenieros Civiles y Contratistas Generales’.

Es decir, según la Fiscalía, Barata conversó con las empresas peruanas sobre los pagos ilícitos, antes de la adjudicación.Y según fuentes vinculadas a los empresarios investigados, en el punto 35 del documento se reseña que Barata afirma que comunicó a los socios de “sus tratativas con Alejandro Toledo Manrique para hacerse de la licitación”.

Pero según dichas fuentes, el acuerdo entre Barata y Maiman sobre los 35 millones para el presidente Toledo, y la subsecuente emisión de los decretos supremos y resoluciones que facilitaron el otorgamiento de la obra, ocurrieron antes de que se formara el consorcio y por lo tanto los socios locales no podían estar enterados de nada.

No solo eso, los posibles socios se encontraban en ese momento enfrentados a Odebrecht porque una Circular del 14 de febrero 2005 cambiaba las bases del concurso exigiendo una participación peruana del 40% en los consorcios.

Pero quizá el argumento principal de los investigados se refiere a la afirmación del equipo del fiscal Hamilton Castro de que peritos financieros han establecido que bajo el concepto de “riesgos adicionales” se ha dado apariencia de legitimidad a activos que tenían como fuente el delito de colusión. Es decir, ese concepto sirvió para disfrazar el pago del soborno.

Los investigados señalan que esa afirmación se basa en un Acta de Distribución de Utilidades de las Juntas de Accionistas del 1 de junio 2011, pero, según ellos, la Fiscalía no reconoce que en dicha acta se dice que dicha distribución de utilidades se hace “conforme a lo acordado en la Junta de Accionistas del 15 de febrero 2011”.

Es decir, la Fiscalía concluye que los “riesgos adicionales” serían los montos correspondientes a los pagos ilícitos efectuados por Odebrecht basándose en el acta de 1 de junio, sin considerar ni incluir el Acta del 15 de febrero 2011 (firmada por Jorge Barata), donde “se ve claramente que los “riesgos adicionales” están detallados en 5 obras concretas que representaban problemas y riesgos inminentes en la ejecución de las obras inclusive requiriéndose un aumento de capital”.

Además, según los investigados, las cifras de la acusación no cuadran. En el documento de la Fiscalía se concluye que los montos de utilidades adicionales recibidos por Odebrecht equivalen a US$15,083,805, monto que no corresponde ni de lejos con la parte del soborno que les habría correspondido a los socios locales, que sería US$6,000,000, es decir, el 30% de lo que se le habría pagado al ex presidenteAlejandroToledo.

Por supuesto, todos estos temas deben verse finalmente en el proceso que se abra. Pero, de ser cierta la versión de los investigados, se estaría pidiendo prisión preventiva por 18 meses sobre bases muy febles. El sistema judicial debería ser capaz de mantener su independencia frente a la presión política y mediática. De lo contrario podemos acabar en una espiral de ajusticiamientos que pueden terminar con parte importante del capital empresarial del país.

Como ejemplo de la presión política, el jurista Rolando Souza, vinculado a Fuerza Popular, ha declarado que los proyectos Línea Amarilla y Rutas de Lima pueden declararse “contratos criminalizados”, lo que significa que las concesiones otorgadas podrían pasar al Estado Peruano, sin importar que, en el segundo caso, por ejemplo, el 57 % de las acciones haya sido vendido al fondo canadiense Brookfield, que es muy serio y nada tiene que ver con Odebrecht. Lo mismo opina el congresista de Fuerza Popular Daniel Salaverry. Se suman, así, al incendio del peaje Chillón.

Audiencia del Juez Carhuancho

A su vez, de madrugada, luego de un día de análisis de la acusación, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, dispuso la prisión preventiva por 18 meses en contra de cuatro de los empresarios de las firmas locales vinculadas al caso de Odebrecht, y detención domiciliaria en contra de otro. El juez dijo que los investigados podrían fugarse del país.

Por otro lado, la ley que incluye a las empresas consorciadas en el DU 003, que las llevará a la quiebra si llega a promulgarse, sin considerar que las decenas de miles de empleados no tienen la culpa de lo que puedan haber hecho o no los directivos.

Tenemos que poner coto a esta fiebre neroniana de destrucción de las empresas y proyectos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La ruptura de la unidad y la pérdida de autoridad del CEN del Sutep, y la atomización de las dirigencias magisteriales no es sino la última manifestación de un proceso de fragmentación política e institucional que se agravó a partir del 2000 y no tiene cuando cesar.

En este caso no es solo que Patria Roja, que domina el Sutep, no está en el Congreso. Si no que las dirigencias regionales del Sutep ya no pertenecen a Patria Roja, sino al Movadef o a Puka Llacta o a Proseguir. Todos los canales de comunicación están rotos y la fragmentación es absoluta. El país se desarticula y feudaliza cada vez más, complicando la gobernabilidad y el progreso nacional.

Correspondientemente, la autoridad central del Estado es cada vez más débil. Los fiscales no fueron capaces de denunciar a los dirigentes que bloquearon caminos y tomaron aeropuertos, que son delitos mayores. El gobierno central, por su parte, no pudo lograr que los gobiernos regionales aplicaran la ley a fin de proceder a los descuentos de los maestros que no asistían a clases. Y, en general, como sabemos, ministerios clave como los de Educación y Salud tienen dificultades para aplicar políticas sectoriales a nivel nacional, para no hablar de los problemas de corrupción vinculados a una obra pública que también se ha descentralizado radicalmente en los últimos 25 años: ha pasado de un 5% de la inversión pública ejecutada por los gobiernos locales a un 45% en los última década y media, a lo que debe sumarse alrededor de un 20 o 25% que es ejecutado por los gobiernos regionales.  

Si a eso sumamos la proliferación de movimientos regionales liderados en ocasiones por aventureros políticos que se organizan para asaltar el apetitoso botín presupuestal de los gobiernos subnacionales, lo que tenemos es, en combinación con esa anarquía, la proliferación de bandas criminales dedicadas a la extorsión de obras y a la usurpación de terrenos, en alianza con fiscales y jueces, entre otras cosas.

El asunto ha llegado a tal extremo que ahora hay paros regionales contra la corrupción y la impotencia de la autoridad central para sancionarla. 

Después del Niño costero, la población de Andahuaylas bloqueó la carretera y cerró la ciudad durante 14 días en protesta contra la corrupción del alcalde en las obras municipales, contra el gobernador y contra fiscales y jueces acusados de connivencia y corrupción. La población exigía sanción y destitución, y nada de eso se podía hacer desde la provincia o la Región, pero tampoco desde el gobierno central. No había mecanismos legales para actuar. El Viceministerio de Gobernanza Territorial, recientemente creado, tuvo que llevar al juez supremo decano y al contralor regional. Este último  solicitó congelar las cuentas de la municipalidad, y la propia PCM abrió una mesa de partes para recibir denuncias. Lo mismo ocurrió en el distrito de Lagunas, en Ucayali, que bloqueó el rio de ese nombre durante dos meses con el mismo tipo de demandas.

Lo menos que podemos hacer es leer bien el mensaje que esos paros envían: lo que están pidiendo es una reforma de la descentralización y del Estado que restablezca la autoridad central en el país y establezca mecanismos eficaces de intervención, control y sanción contra la corrupción.

El problema es que ninguno de los partidos que compitieron en el proceso electoral del 2016 planteó una reforma de la descentralización en sus planes de gobierno. Pero hay que diseñarla y ejecutarla.

Lo primero es una ley que tipifique mejor los delitos vinculados al bloqueo de carreteras y toma de aeropuertos como delitos que afectan la seguridad y la economía nacionales, a fin de establecer una jurisdicción o una Sala Nacional para juzgar a quienes cometan esos actos, porque ya sabemos que los fiscales locales tiene temor de hacerlo. De lo contrario, las poblaciones seguirán sometidas a dictaduras sindicales que consiguen paralizar actividades clave como el turismo, la minería y la propia economía de la población por medio de acciones de fuerza y amedrentamiento.

También se necesita fortalecer los organismos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público a fin de que puedan investigar y denunciar a fiscales y jueces cómplices de autoridades corruptas y organizaciones criminales.

Lo segundo es revisar el proceso de descentralización para redistribuir competencias entre los tres niveles a fin de asegurar la aplicación de políticas sectoriales de nivel nacional y la capacidad de control, intervención y sanción cuando un gobierno subnacional desacata o incumple alguna política o norma de carácter nacional.

Esto puede conllevar la centralización de importantes funciones en sectores clave como Educación, Salud, Transportes, minería y pesquería y desarrollo forestal, por ejemplo. Queda claro que no existe masa crítica profesional suficiente para construir 25 gobiernos centrales en el país. Por supuesto, eso necesita un acuerdo político.

Además, se requiere aplicar lo que nunca se hizo: un proceso de certificación de competencias para trasladar las funciones que realmente los gobiernos subnacionales pueden manejar.

En realidad, nada de esto se está trabajando, ni en el Congreso ni en el Ejecutivo. El viceministerio de Gobernanza Territorial, que posee una Secretaría de Descentralización, ve aspectos operativos pero no está elaborando ninguna propuesta al respecto. Según el viceministro Javier Fernandez Concha, sí está construyendo, en cambio, una metodología de planificación territorial, porque –señala- no existe un ente que planifique el desarrollo regional o local. No hay verdaderos planes regionales o locales, sino listados de obras que responden a motivaciones con frecuencia crematísticas.  Se busca que la metodología de planificación en diseño calce con el CEPLAN y con el MEF, con el nuevo sistema de inversión pública llamado Invierte.Pe, que contiene una lógica más racional desde que prioriza las obras en la medida en que cierran brechas identificadas y cuantificadas. 

En la base está un Estado sumamente ineficiente y burocratizado, compuesto por empleados públicos nombrados que carecen de las calificaciones  necesarias o, si las tienen, pueden darse el lujo de no trabajar o trabajar al mínimo porque no hay evaluaciones y saben que no pueden ser despedidos.

En ese sentido, una reforma complementaria es la del régimen del servicio civil, que debe ser implantado a todo nivel, pero que lamentablemente no ha merecido hasta ahora una prioridad política por parte del gobierno. Dicho régimen lleva a las entidades públicas a definir bien sus objetivos y a elaborar un cuadro de personal con los perfiles adecuados, a convocar luego a concursos internos y externos para llenar esos puestos con  mejores remuneraciones en los niveles medios y altos a cambio de aplicar evaluaciones de desempeño con capacitaciones con la eventual salida de la carrera burocrática a la tercera desaprobación.

Por supuesto, la recuperación de la autoridad central y de la naturaleza unitaria del gobierno requieren, también, una reforma política que ayude a reconstruir un sistema de pocos partidos estables y presentes en el territorio, poniendo requisitos más fuertes para la inscripción y funcionamiento de los movimientos regionales, de modo que los alcaldes y gobernadores regionales pertenezcan en lo posible a partidos políticos presentes en el Congreso, para que existan canales de comunicación que permitan procesar los problemas y demandas de manera adecuada y oportuna. Es algo que se está trabajando en el Congreso, aunque no parece haber mayor consenso en torno a las reformas clave necesarias para alcanzar ese resultado. De ello nos ocuparemos en un próximo informe. Lampadia

El cese de la Procuradora Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, y de la procuradora Ad Hoc Katherine Ampuero ha creado una crisis institucional  que es solo el colofón de una cadena de errores. Es sorprendente que el gobierno de PPK no tenga buenos asesores y que, peor aún, no escuche los consejos y advertencias que se le hacen desde la civilidad. Veamos:

Error #1: Otorgar Autonomías Constitucionales

El 6 de setiembre de 2016, advertimos en Lampadia sobre lo inadecuado que era dar plena autonomía a la Procuraduría. Ver: Reformas que afectarían nuestras libertades.

• La mayoría de países occidentales no tienen una Procuraduría en absoluto, sino una Fiscalía.
• Mientras más autónoma es una institución, más potencialmente propensa es al abuso (salvo que su poder esté limitado por el de otras instituciones), y/o puede, a su tiempo, convertirse simplemente en una fuente de corrupción adicional. (…) ser recto y no corrupto no es un tema de estándares profesionales, sino de carácter (y ¿cómo se evalúa el carácter?).
• En lo referente al ‘abogado del Estado’, el abogado nunca es autónomo en lo que concierne a su cliente.
• El gobierno, que representa al Estado, debe tener el derecho a intervenir en el trabajo de la Procuraduría en casos de interés nacional.

Posteriormente, el 13 del mismo mes publicamos: La ‘balcanización’ del Estado. Entonces extendimos nuestra preocupación a los casos del Contralor y el Defensor del Pueblo. «En el caso del Contralor hemos visto durante las últimas semanas cómo alguien nombrado apuradamente y sin el debido cuidado, pretende extender absurdamente su presencia en los quehaceres del Estado».

En Diálogo sobre el Procurador, el Contralor y el Defensor, agregamos:

• Darle poderes omnímodos a un procurador para que pueda hacer lo que le dé la gana y que se convierta en una especie de monarca, es  una barbaridad, nos hemos olvidado de los ciudadanos, las instituciones que necesitamos tienen que ser para defender a los ciudadanos.
• Todo lo hacemos para las excepciones, para los casos malos, para los extremos y legislamos en función de eso, esta cosa del procurador se ha originado en el affair Príncipe-Nadine.
• Aparece un corrupto y se malogra la vida de los 99 honestos que hay en el Perú.  Si hay casos especiales vinculados a corrupción de funcionarios del Estado, habrá que buscar alguna otra figura con los fiscales.

A raíz de la salida de Yeni Vilcatoma de la presidencia de la comisión de Fiscalización del Congreso, insistimos en nuestras advertencias: Autonomía constitucional de la Procuraduría.

• El proyecto de ley propone que la Procuraduría tenga el carácter de un organismo constitucionalmente autónomo (al nivel del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Defensoría del Pueblo), integrado por un Procurador General de la República y un colectivo de Procuradores designados directamente por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por un plazo de siete (7) años renovables. Un verdadero Poder del Estado.
• El Poder Ejecutivo, ha recibido facultades legislativas para “Reestructurar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado”, con la idea de crear una Procuraduría como organismo público, dotándola de altos niveles de autonomía.  
• El art. 159º de la Constitución peruana establece que el Ministerio Público representa en los procesos judiciales a la sociedad, conduce la investigación del delito y ejercita la acción penal. Por lo tanto, crear una Procuraduría autónoma, duplicaría y sobrepondría funciones muy delicadas.   
• En el Perú, según la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Decreto Legislativo 1068), los procuradores tienen una función diferente a la del Ministerio Público: representan y defienden jurídicamente al Estado, no a la sociedad. Por eso, los Procuradores están localizados en cada Ministerio, en cada Región y en cada municipalidad, porque representan los intereses de las entidades públicas de las que forman parte. Cumplen dos funciones: i) son los abogados de dichas entidades para su defensa jurídica y, a la vez ii) son los representantes de dichas entidades en los procesos judiciales.
• Carecería de sentido la creación de una Procuraduría General (como insiste en proponer Fuerza Popular), como organismo constitucional de carácter autónomo de los tres poderes del Estado, porque la mayor parte de su función es la defensa jurídica del Estado. Ya existe el Ministerio Público (MP), que sí tiene precisamente autonomía constitucional. Una alternativa sería más bien fortalecer al MP.

Estallada la crisis, el ex congresista Ántero Flores-Araoz dijo que fue el propio gobierno el que se hizo ‘harakiri’ al otorgarle autonomía plena a los procuradores. «En enero del presente año, y en virtud de las facultades delegadas por el Congreso, el gobierno emitió el Decreto Legislativo 1326, por el cual modificó integralmente el Sistema de Defensa del Estado, dándose indebidamente autonomía a los procuradores». Agregó: «Según la Constitución, los procuradores son los abogados del Estado, (…) no pueden ser autónomos, pues tienen que depender de quién les da el encargo de defensa».

Es igualmente preocupante que Keiko Fujimori insista en dar mayores autonomías al Procurador General de la Nación.

En resumen, se les dijo, se les advirtió pero no escucharon.

Error #2: El pobre manejo de la crisis del Lava Jato

Cuando estalla la crisis del Lava Jato, en Lampadia (19/01/2017), advertimos la necesidad de establecer acciones efectivas e inteligentes para evitar la cacería de brujas y el desorden, que podían traernos aún más daños. Publicamos nuestro editorial: A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente), donde afirmamos:

• Esta situación establece una crisis muy profunda y compleja de manejar en el Perú.
• Hay que cortar la enfermedad de raíz, pero no podemos matar al paciente: nuestra economía.
• Los daños de la enfermedad se propagan por una serie de vericuetos que habrá que dilucidar, pero hay muchos inocentes que rescatar.

• Entre ellos el personal peruano de las empresas brasileñas en el Perú, que han mostrado niveles de profesionalismo muy depurados y que, en su inmensa mayoría, no tienen nada que ver con las expresiones de corrupción.
• Muchos funcionarios públicos de segundo nivel, que tampoco estarían involucrados en los malos manejos.
• Las mismas obras que, desarrolladas o en desarrollo, son necesarias para seguir construyendo y otorgando mejores servicios a los ciudadanos.
• Las empresas y profesionales peruanos que pueden haber estado vinculados comercialmente a los corruptos, pero no necesariamente a los actos de corrupción.
• Hay que separar la paja del trigo y, para ello, se necesita enfrentar esta crisis con mucha seriedad, sin cacería de brujas, que nos pueda llevar a apuntar a elementos ‘distractivos’ o ‘scape goats’, en lugar de los peces gordos.
• En vez de jugar a la ‘gallinita ciega’, una delicia para los medios irresponsables, debemos empezar a tomar medidas drásticas alrededor de la mata de corrupción, por ejemplo: por necesidad moral de la República, el gobierno debe intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha singularizado a corruptos y corruptores.  
• Esperamos que el gobierno actué con firmeza y rigor, que muestre a la ciudadanía un compromiso absoluto de llegar a las últimas consecuencias.
• ¿Qué mejor manera de hacerlo, que vigilando la gestión de dichas empresas desde adentro? Cuidando así de evitar daños colaterales, pero evitando también que todas las acciones de las empresas estén dirigidas a cautelar el mejor interés nacional, y no a salvaguardar los intereses de los corruptos.
• De esta manera se puede dejar el tiempo y espacio para que los procesos judiciales, que deben ser lo más sumarios posibles, puedan ejercerse con seriedad.

Ver también: La crisis de corrupción requiere rigor y tranquilidad (2 de febrero, 2017).

Como todos conocemos, la falta de visión y decisión del gobierno originó que diferentes estamentos del Estado inicien acciones descoordinadamente y sin responder a una estrategia general, como las desarrolladas por la Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial, las Procuradurías y la Sunat. 

Hoy día tenemos que lamentar la interrupción de proyectos, los impagos del personal y proveedores de muchas empresas, una mayor parálisis de los funcionarios públicos, y como consecuencia de todo ello, un mayor debilitamiento de la economía y el riesgo del corte de la cadena de pagos. Y debemos notar que el Decreto de Urgencia 003 fue tardío e inadecuado para enfrentar la crisis.

Error #3: El pésimo manejo del licenciamiento de la procuradora Ampuero

Una vez empoderada la doctora Julia Príncipe como Procuradora y presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, con todos los aspavientos de un supuesto compromiso con la lucha contra la corrupción, y dados los nombramientos de las otras procuradoras, se hizo evidente que, por ejemplo, la doctora y procuradora Katherine Ampuero, era absolutamente inadecuada para el cargo. Tanto por sus soberbias y groseras expresiones, y su afán de notoriedad, como por su absurda y descoordinada acción en el caso del proyecto Olmos.

Evidentemente, la responsable de los nombramientos, la Ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, no coordinó los lineamentos del manejo de las procuradurías en temas cruciales.

No solo eso, cuando se hace necesario salir de la doctora Ampuero, no explica previamente a los ciudadanos, la naturaleza del entrampamiento de los proyectos y el tipo de acciones de control que debían llevarse a cabo.

Además, les miente a los ciudadanos afirmando que la doctora Príncipe había renunciado, pues se oponía a cesar a la doctora Ampuero.

En nuestra opinión era necesario licenciar a la doctora Ampuero, pero sin chambonadas. Pésimo manejo de la ministra, que ha creado una nueva crisis de gobernabilidad.

Conclusión:

Este grave desmanejo y la serie de errores descritos, todos del ámbito del Ministerio de Justicia, solo pueden empezar a corregirse luego de ‘agradecer a Marisol Pérez Tello por los servicios prestados a la Nación’. Lampadia

Según el análisis de Jaime de Althaus, que presentamos líneas abajo, sobre los decretos legislativos dirigidos a facilitar la lucha contra la corrupción policial, se puede decir que el gobierno ‘ha puesto toda la carne en el asador’. Sin embargo, como sabemos en el Perú, del ‘dicho al hecho hay mucho trecho’.

Por lo tanto, toda la atención de la ciudadanía tiene que estar puesta en la implantación de las normas. Para que ellas sean efectivas, hay que insistir en las recomendaciones de Althaus:

• Una sólida campaña de comunicación para que el ciudadano esté claramente advertido sobre las penalidades
• Un acuerdo político con las fuerzas más importantes, para convertir estas normas en políticas de Estado 
• Compromiso público de la Fiscalía y el Poder Judicial con las nuevas normas, de modo que la opinión pública pueda vigilar su ejecución
• Simplificación de normas y procesos que propician la coima

Esperemos que el propulsor de estas normas, Carlos Basombrío, Ministro del Interior, no solo haya recogido las mejores prácticas de otros procesos anti corrupción policial, sino que haya preparado a las instituciones que dirige, el ministerio y la Policía Nacional, para empezar la ejecución de la mejor manera.

Nos preocupa, que en cuanto a la difusión de las normas, el ministro se haya limitado a declarar que el ciudadano está obligado a conocer las leyes. ¿Broma? O error que hace temer un enfoque teórico, poco realista, que generará mil complicaciones que pueden debilitar el resultado. Ojo, que la responsabilidad del ministro no termina con la dación de las normas. Lampadia

Fuente:  rpp.pe 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno ha decidido apostar fuerte en la lucha contra la corrupción en la Policía. Los decretos legislativos aprobados dibujan un conjunto de medidas, algunas de ellas drásticas, que requerirán del apoyo político, judicial y ciudadano para consolidarse y producir el cambio rápido y profundo que buscan. Porque sin duda afectan de raíz el modus operandi mismo de muchos policías.

Comencemos por la medida que ha empezado a ser puesta en práctica estos días: pena privativa de la libertad de entre 6 y 10 años para el policía “que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o a consecuencia de haber faltado a ellas”; y de entre 5 y 10 años para el “que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para sí o para otro, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial…”. Además, “El miembro de la Policía Nacional que condiciona su conducta funcional a la entrega o promesa de donativo o cualquier otra ventaja o beneficio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 artículo 36 del Código Penal” (Decreto Legislativo 1351).

No solo eso. El que ofrece o da la coima también será reprimido con pena privativa de la libertad de entre 4 y 8 años de cárcel. Para ello, se ha anunciado que los policías llevarán “camaritas” en sus uniformes, a fin de registrar los ofrecimientos de sobornos.

Son medidas sumamente drásticas que sin duda pueden llevar a minimizar la coima no solo en las infracciones de tránsito sino en otras actuaciones policiales. Pero deberían ser antecedidas de una campaña de medios que informe claramente acerca de las nuevas reglas de juego, pbustamante@lampadia.com para evitar que muchos terminen en la cárcel simplemente por desconocimiento de la nueva ley.

Y, además, deberían venir acompañadas de una reducción de las multas y sanciones asociadas a diversas infracciones, que son tan absurdamente altas para amplios sectores de un país como el nuestro, y que parecen diseñadas justamente para provocar la coima. Y eliminar ciertos trámites o requisitos. Así como ahora no es necesario revalidar cada dos años la licencia para lunas polarizadas y ésta es para el vehículo y no para el conductor, suprimiendo así un foco de corrupción, hace falta eliminar también las revalidaciones de brevetes, que es otro tinglado montado para imponer cobros y armar corruptelas.  Asimismo sería necesario suprimir el requisito de las revisiones técnicas, que son otro núcleo de corrupción incluso para pasarlas, y no previenen nada. Y sería necesario graduar las sanciones sobre consumo de alcohol, que son sumamente drásticas tanto para el que realmente conduce en estado de ebriedad como para el que apenas ha tomado dos o tres cervezas pequeñas.

De otro lado, se necesitaría desarrollar paralelamente una política efectiva de personal que brinde mejores servicios de salud, educación y vivienda a los agentes policiales, como una manera efectiva de complementar sus ingresos. De hecho, el ministro ha anunciado que estos días se inicia la construcción de un hospital de 300 millones de soles, muy moderno y con equipamiento. Habría que conocer si su administración se concesionará, para asegurar un buen servicio.

Quizá en parte para contribuir al equilibrio financiero de los policías, aunque sobre todo debido a demandas reales de seguridad, el gobierno ha dado el decreto legislativo 1267 que establece que “La Policía Nacional del Perú, a través del personal policial que se encuentre de vacaciones, permiso o franco y de manera voluntaria, podrá prestar servicios policiales extraordinarios en entidades del Sector Público y/o del Sector Privado, en situaciones que puedan comprometer y/o afectar el orden público y la seguridad ciudadana”. Esto siempre mediante convenio con la entidad solicitante, sea una municipalidad, la asociación de bancos, una empresa minera o un concierto, por ejemplo. Y como resultado de ese servicio extraordinario, el policía recibirá una remuneración adicional, pero pagada por la institución policial. De ninguna manera los policías podrán brindar servicios a particulares de manera individual, lo que también es una manera de prevenir que policías trabajen para mafias de distinto tipo.

Ahora bien, las medidas dadas para erradicar la corrupción de la Policía van más allá. El decreto legislativo 1291 establece una serie de instrumentos. Uno de ellos es la “prueba de integridad”: consiste “en plantear situaciones similares a las que un efectivo policial o servidor civil podrá enfrentar como parte de las actividades propias de su función”, para “determinar si el personal policial en actividad o servidor civil del Sector Interior tiene una conducta íntegra, proba, honrada, incorruptible e insobornable en sus acciones cotidianas, de manera libre y espontánea”. La prueba la realiza un “comisionado de integridad”, que es una suerte de agente encubierto. Así se podrá detectar si un policía acepta una coima que se le ofrece, por ejemplo, aunque en estos casos el comisionado tendrá que actuar junto con un fiscal según explica Leonardo Caparrós, asesor del gabinete ministerial. Lo normal será que se haga para evaluar la medida en que el policía atiende bien a un ciudadano que acude por alguna razón.

Pero eso no es todo. También se aplicará al personal la “prueba de control y confianza”, mediante la utilización del polígrafo u otros medios tecnológicos. Tiene por finalidad “evaluar el comportamiento laboral del personal del Sector Interior, el cual debe ser profesional, ético y moral…”. En este caso, sin embargo, “el sometimiento a la Prueba de Control y Confianza es voluntario y deberá contar con la autorización expresa del personal seleccionado para pasar la misma”. Según Caparrós, en el área de Inspectoría, por ejemplo, la aplicación del polígrafo es parte del procedimiento para postular, aunque no se puede obligar a nadie a pasar la prueba. Rehusarse a pasarla, sin embargo, sería visto como un indicativo no favorable. 

Otra medida preventiva establecida en el decreto legislativo 1291 es la obligación de todos, oficiales y suboficiales, de presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, y se le encarga a la Oficina General de Integridad Institucional verificar la información contenida en dichas declaraciones.

Pero aún hay más: el decreto legislativo 1242 establece que “La Inspectoría General, la Dirección Ejecutiva de Personal y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, coordinadamente revisan y evalúan en forma anual las referencias disciplinarias del personal, con el fin de determinar su idoneidad para desempeñarse en los diferentes cargos, informado de manera sustentada al alto mando sobre su resultado y efectuando propuestas que permitan una adecuada asignación del personal. Una copia de este informe deberá ser remitida a la Inspectoría General del Ministerio del Interior, que ahora es la Oficina General de Integridad Institucional.

Es probable que es ese informe, que de alguna manera condensa el resultado de la aplicación de todos los instrumentos anteriores, más el de las evaluaciones de desempeño –cuyo reglamento, sin embargo, no ha sido aprobado aún-, arroje regularmente un listado de personas no idóneas para desempeñar la función policial –sea por razones éticas o profesionales- que deberán ser retiradas de la Institución. Para ese fin el decreto legislativo 1242 regula la llamada “renovación de cuadros de manera excepcional”, que se podrá producir no solo cuando se designa a un nuevo Director General, sino en cualquier momento y una vez al año, precisándose que dicha renovación de cuadros no constituye sanción administrativa.

Esta última precisión es importante porque implica que las resoluciones de pase al retiro por tal renovación  excepcional de cuadros, no tienen que ser fundamentadas en el sentido de acopiar pruebas de la comisión de delitos o faltas. De hecho, el personal que pase al retiro por este expediente, lo hará percibiendo la pensión y otros beneficios.

Es importante que haya acuerdo político en torno a estas medidas y que ese acuerdo incluya una convicción al respecto de parte del Poder Judicial. El Ministro Basombrío ha hablado de este tema con el Presidente del Poder Judicial, pero la prueba de fuego la tendremos dentro de poco, si es que algunos de los 790 oficiales que fueron pasados al retiro en noviembre por razones de reestructuración de la pirámide policial, acuden al Poder Judicial para conseguir su reposición. Hasta el momento de escribir esta nota, el Ministerio sólo había recibido una notificación de un oficial que había demandado en Arequipa, pero habría grupos que se estarían organizando para esos efectos. Según el Ministerio, tal reclamo judicial carece de fundamento legal, de modo que no debe prosperar, aunque nunca se sabe con los jueces “creativos”. Ya se ha presentado una acusación constitucional contra el Ministro en el Congreso. Esto no va a ser fácil.

Ahora bien, todo este conjunto de instrumentos depende, para su ejercicio eficiente, de que haya una inspectoría policial y un sistema disciplinario íntegros y que cumplan bien su función. Para conseguir ese resultado, se ha añadido una especialidad a las ya señaladas en la Ley de la Policía Nacional (Orden y Seguridad, Investigación Criminal e Inteligencia): la “Especialidad de Control Administrativo Disciplinario”, dentro de la carrera policial. Se establece que el personal policial que accede a esta especialidad permanecerá en ésta hasta el término de su carrera, recibirá una bonificación especial, gozará de vacantes exclusivas en los procesos de ascenso, capacitación permanente en el país y en extranjero y no podrá pasar al retiro por causal de renovación de cuadros. Es este personal el que integra la Inspectoría General de la PNP. La idea es que pase por el polígrafo a la hora de postular, tal como se ha dicho.

A su vez, la Inspectoría General del Ministerio del Interior –no de la PNP- ha sido reemplazada, de una parte, por la Oficina General de Integridad Institucional, que descansa en la Oficina de Asuntos Internos para las investigaciones sobre las infracciones graves o muy graves cometidas por el personal policial, sobre todo por los oficiales generales. Y, de otra, por el Tribunal Policial, que depende directamente del Ministro. La idea es que quien hace las investigaciones no debe ser quien juzgue y sancione. Antes ambas funciones dependían de la Inspectoría General.

Por su parte, la Oficina General de Integridad Institucional tiene no solo la función de investigar hechos cometidos, sino de prevenir, manejando los instrumentos de control y confianza como los polígrafos y los otros instrumentos que hemos reseñado líneas arriba. Con lo que el círculo se cierra.

Hubo, por último, un intento de reforma adicional que debía redundar no sólo en menores opciones de corrupción para los policías sino en una mejor gestión institucional: la disposición según la cual la Secretaría Ejecutiva de la PNP, encargada de los temas administrativos, estará a cargo de un general o de un profesional civil altamente calificado. La redacción original de decreto legislativo 1267 agregaba a continuación: “Los órganos de la Secretaría Ejecutiva están a cargo de personal civil altamente calificado y/o especializado en los sistemas administrativos”. La reacción de generales en retiro fue tal que se tuvo que modificar ese párrafo de la siguiente manera: “Los órganos de la Secretaría Ejecutiva están a cargo de personal policial o civil altamente calificado y/o especializado en los sistemas administrativos”. Un retroceso que habla a las claras de la presión de los oficiales por manejar los recursos, una tarea extrínseca a la función policial que debería estar, efectivamente, en manos de civiles especializados. Lampadia

Como consecuencia de un par de publicaciones de Lampadia, Jaime de Althaus, conductor de La Hora N, convocó a un diálogo a los abogados Aníbal Quiroga y Rosario Fernández con el Director de Lampadia, sobre las facultades de los funcionarios que ejercen sus cargos a título individual y que gozan o pretenden gozar de autonomías plenas.

P: … director de LAMPADIA, ¿cómo está?

R: Gracias Jaime, bueno, mira, me has sentado con dos abogados y yo no soy abogado.

P: Usted ha publicado este artículo Reformas que afectarían nuestras libertades y otro más que se llama la Balcanización del Estado.

R: Claro, lo que yo soy es ciudadano, soy ciudadano desde que cumplí 21 años, porque antes era a los 21 años, hace más o menos 45 años. Un ciudadano en esencia sufrido en su relación con el Estado como somos la mayoría de ciudadanos en el Perú y yo creo que este tema tiene que verse desde esa perspectiva, la del ciudadano.

Cuando se empodera a funcionarios del Estado de manera exagerada para los litigios que fundamentalmente son entre el Estado y los ciudadanos o las empresas, ¿no es cierto?, creo que se comete un tremendo error, estos funcionarios ya tienen poder suficiente al representar al Estado, tienen al costado además a la Fiscalía, al Poder Judicial, el peso del Estado, su influencia mediática. La relación del ciudadano y la empresa con el Estado es una relación disminuida, ¿no?, ya es así y necesariamente va a ser siempre así, eso no se puede cambiar.

Pero darle poderes omnímodos a un procurador para que pueda hacer lo que le de la gana y que se convierta en una especie de monarca, me parece una barbaridad, nosotros nos hemos olvidado de los ciudadanos, las instituciones que necesitamos tienen que ser para defender a los ciudadanos, igual es en el caso del defensor, el día que lo nombran él habla de que está para defender la ciudadanía, una entelequia, ¿qué cosa es la ciudadanía? No señor, él está para defender al ciudadano, al individuo. Entonces estamos torciendo todo. Este mismo señor pretende ahora que le den poderes para sacarle la vuelta a la Constitución, para que sus decisiones sean vinculantes, usando la trampa que han usado en México. Entonces el defensor también quiere tener poderes absolutos, otro monarca. El contralor, otro monarca, apenas nombrado se tira a hacer cosas que no le corresponden, a causar toda una crisis en el Estado. Entonces, esto es una balcanización del Estado, esto es un desastre, los ciudadanos somos cada día más diminutos, más débiles, más sufrientes y gracias a Dios hoy día puedo hablar en nombre de ellos.

P: Caramba.

R: Mira, yo quería agregar un par de temas más, siendo este funcionario, en el caso del procurador, un abogado del Estado, como todo abogado responde a su cliente, ¿no?, y el cliente tiene derecho a sacarlo si es que no funciona o si por ejemplo, quiere aprovecharse del cargo para hacer una carrera política, con los medios que acá te vuelven famoso en cinco minutos, ¿no es cierto? Entonces, me parece absurdo pretender limitar eso. Lo que pasa es que todo lo hacemos para las excepciones, para los casos malos, para los extremos y legislamos en función de eso, esta cosa del procurador se ha originado en el affair Principe-Nadine. Y de eso deriva todo este proceso, creo más bien que ahora tenemos la oportunidad de revisar estos temas en conjunto, reflexionar y tomar decisiones racionales.

En segundo lugar, se legisla para las excepciones, para los casos extremos, aparece un corrupto y se malogra la vida de los 99 honestos que hay en el Perú, etc., etc. Entonces, si hay casos especiales vinculados a corrupción de funcionarios del Estado, habrá que buscar una figura nueva, alguna otra figura con los fiscales, para eso tenemos buenos abogados en el Perú, que podrán plantear una solución pero no por estos casos crear estos monstruos omnívoros que nos van a terminar reventando la vida a los ciudadanos. Ya tenemos el ejemplo del contralor, éste defensor que al día siguiente de jurar ya se está saliendo de lo que lo que dice la Constitución. Yo creo que hay que aprovechar esta especie de mini crisis conceptual para plantear un debate de lo que tienen que ser las capacidades autónomas de individuos en el Estado, que son muy peligrosas por ser un solo individuo, como ha dicho el doctor Aníbal Quiroga, ¿no es cierto? Y que hay que limitarlas y controlarlas, sería muy bueno revisar todo eso. En Lampadia hemos publicado esta colaboración anónima, muy conceptuosa, sobre el tema del procurador, de la unidad de inteligencia financiera para el tema del secreto bancario, y sobre el levantamiento de la seguridad de las comunicaciones individuales. Entonces, tenemos que ponernos en los zapatos del ciudadano.

P: El gobierno, el ejecutivo, entre las facultades legislativas que está solicitando, hay una para, precisamente fortalecer las capacidades de la unidad de inteligencia financiera para que pueda levantar el secreto bancario, etc., pero con autorización del juez, dice la propia norma. Y eso estaría bien, digamos.

R: Por supuesto.

P: Tiene que haber autorización del juez.

R: Como tiene que ser, ¿no es cierto? Pero hay que tener mucho cuidado con estos deslices y sobre todo, el hecho de que la gente no participe en el  debate de estas cosas, entonces hay un gran vacío y los que están detrás de estos temas son los que terminan colándolos en los medios y finalmente en las leyes.

P: Que son trascendentales en la vida de las personas…

R: Absolutamente. Yo quiero agregar un par de cosas más, el ser humano tiene graves problemas con el manejo del poder, el poder terrenal afecta a Papas y guachimanes, sabemos lo que sucede, ¿no es cierto?

P: ¿El Papa?

R: El Papa o el guachimán con poder terrenal. El ser humano no tiene un buen manejo del poder por lo tanto hay que tratar siempre, en lo posible, de no dar poder absoluto a un individuo, menos cuando al otro lado está el ciudadano. Pero tenemos otro tema, que creo que también tiene que entrar a la conversación que es el de los alcaldes y el de los gobernadores regionales que tienen autonomía plena para sus decisiones, no hay segunda instancia sobre sus fallos, sus decisiones, caprichosas o no caprichosas se imponen al ciudadano.

P: Y las ordenanzas tienen nivel de ley.

R: Así es. No hay segunda instancia y por supuesto, la corrupción se ha asentado en muchos municipios y en muchos gobiernos regionales, hemos cometido el error al  establecer discrecionalidad absoluta en sus decisiones, la única manera de contrastarlos es en el Poder Judicial, por años y costos que nadie maneja, la Defensoría del Pueblo debería de repente financiar esas causas de los ciudadanos contra los alcaldes. No sé, estamos reventados, yo creo que hay que hacer un buen debate sobre todo esto, incluyendo municipios, gobiernos regionales, contralor, defensor, todos estos casos. Incluso, la Superintendencia, hoy día tenemos una fantástica Superintendente pero no lo hemos tenido así en otros casos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Alonso Polar decía que en la Superintendencia debería haber también un directorio, de repente es un tema que hay que conversar, aunque es un cargo más especializado, menos complicado.

Lampadia

«El hombre es lobo para el hombre”, afirmaba Hobbes (autor del Leviatán) para destacar la importancia del Estado como organizador de la vida en sociedad, de la convivencia pacífica que atenúe o limite las acciones negativas y egoístas de los seres humanos y los lleve a colaborar y pensar en el bien común. Sin Estado, se impone la anarquía. Una de las principales funciones del Estado es la de proveer seguridad e impartir justicia. Así se evita que los hombres se hagan justicia por mano propia y que se imponga la ‘Ley del más fuerte’. Los espacios vacíos siempre se llenan, si el Estado no cumple con sus responsabilidades, los ciudadanos y las mafias adoptan otras modalidades de justicia, algunas de ellas violentas, como ‘juicios populares’, linchamientos y asesinatos.

Las rondas campesinas que surgieron en el Perú en la década de los 70 para combatir al abigeato y se propagaron por buena parte del país en los 80 para defenderse de la insania de Sendero Luminoso, fue una respuesta de las comunidades ante la ausencia e incapacidad del Estado para proveer seguridad. Hace 39 años consiguieron reconocimiento legal mediante la Ley 27908. En esa norma se les permite conciliar en conflictos y apoyar a la justicia. 

Las rondas y comités de autodefensa, que fueron claves en la derrota de Sendero, han ido pasándose al ‘lado oscuro de la fuerza’: Se han politizado,han sido capturadas  por movimientos anti sistema como Patria Roja, participando abiertamente en acciones anti-inversión, como en Cajamarca;algunas se han vinculado a mafias como las del narcotráfico y; otras, ante la ausencia y poca efectividad de la justicia formal, han  incrementado sus capacidades para ‘impartir justicia’, al punto que hoy la policía ha dejado de entregar a los delincuentes que captura al Ministerio Público (fiscalía), como ordena el Código Penal, para dejarlos en custodia de los ronderos. (Ver en Lampadia: La injusticia informal (paralela) no es la solución).

Esta situación ha llevado a que los ronderos se excedan en sus funciones. Se los ha visto flagelando a parroquianos de prostíbulos y bares, golpeando a infieles, secuestrando a estudiantes y profesores por problemas de límites entre comunidades rivales, participando en acciones violentas en marchas, protestas y huelgas, además de mantener un control territorial sobre zonas comunales donde impiden el paso y el libre tránsito (ver en Lampadia: Territorios liberados amenazan libertad, democracia y prosperidad).

A pesar de estos excesos,las rondas han sido legitimadas porel Poder Judicial (PJ) en el 2009,  cuando la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) adoptara un acuerdo de la Corte Suprema para reconocer la capacidad de las rondas campesinas para ‘impartir justicia’. Desde entonces, esta interpretación del artículo 149º de la Constitución, representa la posición formal del PJ con la que renuncia a sus obligaciones, dejándolas en manos de las rondas campesinas.

Cuando la Comisión de Justicia del Congreso, quiso limitar esta excesiva facultad, pues las rondas podrían detener, pero no juzgar, saltaron las ONG y otros socios de la creación de territorios libres. El Poder Judicial (que no deseaba que le enmendaran la plana) y los propios ronderos que hicieron huelgas, paros, marchas, tomas de carreteras y otras amenazas con la violencia. Los congresistas, como es su costumbre, retrocedieron y convalidaron las prerrogativas que detentan las rondas. De esta forma se volvió a legitimar una nueva instancia judicial paralela en el Perú.

Como la propia Constitución reconoce, al igual que distintos convenios internacionales, las comunidades campesinas y nativas (cualquiera sea su origen), tienen el derecho a impartir justicia dentro de sus áreas de influencia, de acuerdo a sus costumbres, tradiciones y usos. Es decir, una tercera instancia de administración (paralela) de justicia.

La preservación de las facultades de las rondas son una contradicción con los principios más elementales de lo que es administrar justicia. Esta requiere de diversas instituciones, del derecho a la defensa y de la doble instancia. Las rondas (armadas) ejercen las funciones de la policía (capturan), de los fiscales (acusan), de los jueces (condenan) y del sistema carcelario (castigan con reclusiones abusivas y con castigos físicos como azotes, apedreamientos y hasta linchamientos que ‘no pueden controlar’.

El país necesita “Gobernanza”como hemos propuesto varias veces en Lampadia, según la definición del Diccionario de la Real Academia: “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”.

Sistemas de justicia paralelos, sin controles de la sociedad, sin límites a sus acciones y sin que se respeten los principios básicos de la administración de justicia en las sociedades civilizadas, son la negación de la propia justicia y uno de los caminos para que en el Perú se consoliden los ‘territorios libres’ controlados por actividades ilegales y anti nacionales como el terrorismo, el narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal y las culebras armadas del contrabando puneño. (Ver en Lampadia: Visión de Futuro antes que un Acuerdo Nacional).

Así no se hace País. Ya es hora de que las decisiones de gobierno, en cualquiera de sus instancias, se basen en los objetivos de largo plazo de la República y, no en la politiquería cortoplacista y cobarde que solo busca el voto y el aplauso del populismo y los medios.  Lampadia