El falso encanto mediático de los ‘conflictos sociales’

Es interesante observar como los grupos que lucran con la conflictividad social y sus aliados políticos reaccionan cuando su accionar se visibiliza. Lo hacen de muchas formas, pero pocos días atrás han publicado un artículo que recurre a la falacia del espantapájaros, para ocultar la labor de los anti-mineros.

Una expresión visible de esa falacia es un artículo reciente del señor Sinesio López en La República.[i] En el inicio de su artículo el autor afirma: “Hay varios mitos sobre los conflictos sociales. El más frecuente es que estos son generados por conspiradores que quieren crear problemas a las empresas y al gobierno.” En el resto del artículo el señor no hace ninguna referencia al rol negativo de los grupos políticos e ideológicos hostiles a la minería.

La falacia consiste en afirmar que, si los conflictos sociales tienen causas diversas, entonces no hay ningún actor organizado que contribuya a la eclosión de los conflictos, ni que eche leña al fuego cuando ellos ocurren. Como es verdad que los conflictos sociales tiene múltiples causas, se concluye que los grupos anti-mineros no existen, o si existen, no hacen nada para empeorar los problemas. Entonces quienes identifican el accionar de los anti-mineros creen en teorías conspirativas.

 El problema es que las dos cosas son verdaderas: los conflictos mineros tienen múltiples causas (económicas, sociales, políticas, institucionales, etc.) y existen grupos organizados que alimentan y lucran económica y políticamente de los conflictos. Un hecho no elimina el otro hecho. También es verdad que hay intereses de algunos grupos sociales detrás del conflicto y que hay manipulación de la población. De nuevo, un hecho no elimina el otro. Justamente, lo que hace difícil la solución de un conflicto como el de Las Bambas es que hay intereses de grupos de la población y de aventureros, y hay también manipulación de la población por parte de esos aventureros, de grupos políticos radicales y de ONGs hostiles a la minería, y todos operan de forma conjunta. Por esto va ser tan difícil para el gobierno y la empresa llegar a una solución socialmente legítima y duradera.  

Al señalar causas de los conflictos, el autor del artículo toma una frase clarificadora del Primer-vicepresidente de la República, Martín Vizcarra: Más que el polvo, el camión es la expresión del paso de la riqueza delante de sus ojos. Esta frase expresa de manera notablemente clara que el objetivo del conflicto es la extracción de rentas, es el deseo de capturar una parte de la riqueza que está pasando en el camión delante de sus ojos. Lo que no explica el artículo es ¿porqué grupos de la población optan por recurrir a la violencia (bloqueo de carreteras, invasión de instalaciones, y ataque a la Policía) para extraer rentas de una empresa minera, ni cual debe ser la postura de la sociedad y del Estado ante ese tipo de acción? 

La extracción de rentas por medio de la acción violenta es un tipo de emprendedurismo destructivo que no genera desarrollo (ver los estudios de William Baumol al respecto[2]), sino que sólo favorece a aventureros políticos y a grupos minoritarios en desmedro de las posibilidades de progreso de las mayorías. ¿Debe entonces este gobierno alimentar el emprendedurismo destructivo, o debe dar una solución que fortalezca las posibilidades de progreso de la región? ¿Qué es lo que favorece al emprendedurismo destructivo, y que favorece a que la minería contribuya a modernizar la economía regional? Estas preguntas deben ser hechas y respondidas por el gobierno al diseñar sus estrategias de negociación.

Es conocido que el emprendedurismo destructivo prolifera donde la generación de conflictos es una actividad rentable. La impunidad para el uso de la violencia es una de las condiciones indispensables para la rentabilidad de ese tipo de emprendedurismo. ¿Dónde está la lógica de que el gobierno opte por la impunidad de la violencia? ¿No necesita el gobierno encontrar una forma inteligente de lograr que la ley se aplique en la región?

El artículo referido termina contradiciéndose, pues cita la necesidad de producir bienes públicos y construir instituciones fuertes (lo que nosotros y muchos estudiosos coinciden), pero lo hace luego de oponerse a que el Estado aplique la ley frente a las movilizaciones violentas que debilitan a las instituciones, y no da ninguna idea de cómo se deben  reorientar las expectativas de desarrollo de la población hacia las actividades productivas. 

De una cosa estamos seguros, premiar a la violencia y aumentar la rentabilidad del emprendedurismo destructivo no son soluciones duraderas. Si el gobierno opta por ese camino no estará contribuyendo a crear bienes públicos ni a fortalecer a las instituciones, estará alimentando el caos en Apurímac, en el Cusco y en las demás regiones mineras.

En medio de una situación desafiante, el gobierno tiene la oportunidad de demostrar como se puede transformar un conflicto en la puesta en marcha de una opción de desarrollo regional que beneficie a la mayoría de la población, canalizando hacia Apurímac los recursos y las capacidades necesarias para poner en marcha un plan de desarrollo regional que podrá ser financiado con el millonario canon minero y los impuestos que la minería va generar.

Para sustentar el análisis previo, tenemos como ejemplo de la acción de los agitadores, el reciente percance producido en un proyecto de exploración de la mina de Aruntani, donde a pesar de sus buenas relaciones con las comunidades, sin la latencia de ningún conflicto, de buenas a primeras, miembros de la misma comunidad, azuzados por agentes externos, como  Gregorio Santos, que estuvo actuando en la zona, pocos días antes de los incidentes. La turba  incendió el campamento, saqueó los almacenes y generó pérdidas por unos US$ 10 millones. Escuchemos la entrevista de RPP (ayer, a medio día) a Fernando Valdez, Gerente General de Aruntani: https://www.youtube.com/watch?v=s3wG6pPe66w​

Lampadia

[i] Disponible en: http://larepublica.pe/impresa/opinion/820067-los-conflictos-mineros-mitos-dialogo-y-politica

[2] Un buen ejemplo este enfoque está disponible en: http://www.colorado.edu/ibs/es/alston/econ4504/readings/Baumol%201990.pdf




El quid de los conflictos anti minería

El Perú ha sido víctima de una hábil maniobra para desdibujar los beneficios del desarrollo de la minería y convertirla en una actividad que no agrega valor económico, no genera empleo, es una actividad de tipo enclave, descuida el medio ambiente, succiona nuestra riqueza para las multinacionales sin dejar nada a las poblaciones locales y, no cuida los impactos sociales de sus operaciones.

Increíblemente, esto se ha creado justamente cuando el sector minero:

  • Adoptó las tecnologías más avanzadas y con mucha eficiencia agrega valor a lo que por décadas eran terrenos baldíos con potencial económico.
  • Genera empleo de calidad que sumado a sus impactos indirectos lo convierte en un sector positivo en el frente laboral.
  • Ha generado encadenamientos muy positivos en otros sectores económicos, empezando por el sector manufacturero.
  • Es el sector que más ha invertido y avanzado en la adopción de estándares ambientales, llevando sus operaciones a las mejores prácticas internacionales.
  • Después del sector petrolero es el que más contribuciones aporta al país, llegando a tener cargas combinadas del orden del 50% de sus utilidades, de las cuales se produce el canon minero que ha permitido llevar recursos financieros a los gobiernos regionales y locales, como nunca antes en nuestra historia.
  • Las inversiones y gastos que ha hecho la minería en temas sociales representan la mayor inversión histórica del país en el frente social.

¿Por qué entonces se desarrollan los movimientos anti extractivistas y más específicamente, anti mineros?

  • Pues, porque otro encadenamiento del desarrollo del sector minero es el que se ha dado con los ‘negocios de extracción de rentas’ por parte de grupos politizados.  Éstos han sabido conectarse con las ONGs internacionales que promueven a los movimientos anti inversión en los países emergentes y han desarrollado una narrativa que ha calado en las dirigencias locales y en los medios de comunicación, transformando, cual alquimistas, ‘el vaso medio lleno, en un vaso medio vacío’.

Continuando con la formación de nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo, con la colaboración del Centro Wiñaq, dirigido por Sebastiao Mendonça Ferreira, profundizamos nuestro análisis sobre las relaciones entre la conflictividad anti minera y la búsqueda o extracción de rentas del sector minero moderno.

Disputa de Rentas y Conflictividad

¿Cuál es el desafío real de la minería en Perú?

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

Para Lampadia

 

El mito de la maldición de los recursos naturales

Las corrientes hostiles a la minería argumentan que esa actividad, inevitablemente, se transforma en una traba para el desarrollo al desencadenarse la “maldición de los recursos”. Ellos se basan en las investigaciones realizadas en los años 90 comparando las tasas de desarrollo de los países con muchos recursos naturales y países con pocos recursos naturales. En dichos estudios encontraron que la mayoría de los países ricos en recursos naturales habían crecido más lento que los demás entre los años 1970 y 1990. El trabajo de Jeffrey Sachs se ha constituido en la referencia principal sobre esa idea.[1]

Estudios posteriores, y más completos, han evidenciado que quienes sustentaban la maldición de los recursos naturales, léase minería y petróleo, estaban equivocados y que el freno al desarrollo no estaba en el aprovechamiento de los recursos naturales sino en la mala calidad de las instituciones de esos países.[2] Encontraron también que los países con buenas instituciones y buenas políticas económicas, como Botsuana, Noruega, y Chile, entre otros, lograron un desarrollo rápido gracias al aprovechamiento de los recursos mineros.

El éxito de Botsuana se transformó en un caso emblemático, por ser un país pobre, mediterráneo, seriamente afectado por la pandemia del VIH, cercado por otros países pobres y rodeado de guerras civiles. A pesar de todo esto, Botsuana logró crecer a tasas muy altas por más de medio siglo, y aún sigue dando ejemplo de crecimiento rápido.[3] Además, el recurso natural que Botsuana explora es el más problemático de todos, el diamante.[4]

El Banco Mundial, en los últimos años, ha desarrollado una serie de estudios sobre recursos naturales y desarrollo evidenciando como el aprovechamiento de los recursos naturales, incluida la minería, puede ser altamente positivo tanto para el desarrollo económico como para el mejoramiento de los Índices de Desarrollo Humano.[5]

En el caso del Perú el crecimiento de la minería ha tenido resultados mixtos. Por un lado, su contribución al dinamismo de la economía, y a los ingresos fiscales es indiscutible, como lo explica Macroconsult (2012).[6] El Instituto Global de McKinsey ha desarrollado una propuesta de cómo los países con abundancia de recursos naturales  pueden sacar provecho de dichos recurso.[7] McKinsey es reconocida por su solvencia técnica, por sus conocimientos de estrategia y por el sentido práctico de sus propuestas. Lampadia ha difundido una versión resumida de dicha propuesta, poniendo a disposición de los lectores peruanos.[8] Sin embargo, esas ideas no se transformaron en políticas públicas en Perú.

Los movimientos anti mineros

Lo que sí ha sucedido en Perú es que en muchas de las zonas mineras se han desarrollado movimientos políticos contrarios a la minería y al libre mercado y con claras inclinaciones autoritarias y prácticas violentas. En los últimos años esos movimientos han logrado paralizar importantes inversiones mineras (21 mil millones en proyectos mineros), y hoy están jaqueando la continuidad de la minería en Perú.

Aún que la narrativa de los grupos conflictivos es de agravios (disminución del agua, daños al ambiente, discriminación social, etc.) y esos sentimientos son reales en las poblaciones locales, los sentimientos de agravio no son suficientes para explicar los conflictos porque en esas regiones las poblaciones se benefician de las actividades mineras.

Si no son los agravios, ¿qué explica la conflictividad minera?

El negocio de la búsqueda de rentas

Nuestra conclusión es que la búsqueda de rentas es el principal motor de los conflictos.

¿Porqué la búsqueda de rentas es el principal motor de la conflictividad?

Porque en Perú, generar conflictos es un negocio muy rentable, es decir, es posible obtener importantes rentas económicas y políticas promoviendo conflictos sociales. Analicemos un poco más el contexto económico y social local para entender mejor esta idea.

La minería es una actividad con grandes unidades productivas con alta intensidad de valor agregado por hectárea. Una mina grande produce más de mil millones de dólares al año en un área relativamente pequeña, comparada con las demás actividades económicas típicas de las regiones, donde la agricultura y ganadería tradicionales, de baja productividad, son las características. Un cálculo aproximado permite ver que una mina moderna produce por hectárea más de cien veces el valor agregado de un campo de maíz amarillo duro del Perú. [9]

Por ello, la instalación de una mina moderna en una provincia rural del Perú crea un núcleo económico de gran escala en una zona de economía tradicional de baja o muy baja productividad. Un pequeño grupo de empresas mineras puede representar más del 20% del PBI regional, y en algunos casos más del 40%. En torno a la minería se genera un conjunto de actividades económicas (transporte, servicios y comercio), muy distintas de las actividades locales tradicionales, generando ingresos mucho más altos que los ingresos típicos de la región. Una gran mina genera la coexistencia de dos economías: una moderna ligada a la minería, y una tradicional. La existencia de esta economía dual provoca, inevitablemente, grandes transformaciones económicas y muchas perturbaciones sociales.[10]

Las minas modernas, por su volumen de operaciones, su productividad y rentabilidad se vuelven fuentes de rentas extraordinarias deseadas por miles de personas, especialmente por líderes radicales y aventureros políticos.[11] Ello es verdad a nivel nacional, pero es mucho más verdad a nivel local. Ese inmenso volumen de rentas extraordinarias estimula el surgimiento de una dinámica de disputas para apropiarse o repartirse esas rentas. Las disputas de rentas de la minería son tan importantes que un equipo de la Universidad de Oxford, liderado por Paul Collier, dedicó toda una serie de investigaciones mostrando el rol central de la disputa de rentas producto de actividades extractivas en las guerras civiles de los países emergentes, especialmente en África. Aún que en Perú los conflictos mineros no son armados, muchos de los análisis realizados por Collier son de gran utilidad para entender lo que sucede con la conflictividad social en Perú. [12]

Estudiosos de los impactos negativos de la minería se refieren a dos modalidades de la Enfermedad Holandesa, una modalidad es la económica y la otra es la política. En el caso del Perú los efectos económicos son positivos, visibles y bien estudiados. Pero, estamos delante de la variedad política de la Enfermedad Holandesa. Esta enfermedad consiste en la expansión de la búsqueda de rentas de la minería vía la promoción de la conflictividad social. [13]  

Lo que explica DiJohn (2002) sobre la modalidad política de la Enfermedad Holandesa es que cuando los gobernantes disponen de grandes cantidades de recursos que no provienen de impuestos cobrados por ellos a la población local sino que provienen de las actividades extractivas, ellos tienden a desarrollar conductas predatorias hacia la economía, agresivas en la política y demagógicas hacia la población.[14] Si observamos qué sucede con algunas regiones del Perú vemos situaciones que claramente encajan en ese patrón. Lo grave, es que esos comportamientos tienden a ampliarse y a fortalecerse en los próximos años.

Las empresas mineras están mejorando su gestión social y ambiental, reduciendo en parte,  los factores que pueden generar los sentimientos de agravio en la población. Sin embargo, el mejoramiento de la prácticas sociales y ambientales no están reduciendo los conflictos. La búsqueda de rentas por medio del conflicto social es el mayor desafío que la sociedad peruana tiene que resolver, si quiere que la minería funcione como motor del desarrollo de acá a 2050. Es importante que los líderes del sector minero tengan claridad sobre como funciona la búsqueda de rentas, y ajusten sus prácticas sociales para neutralizarlas. Las condiciones favorables para generar conflictos deben disminuir y la rentabilidad de los conflictos también. Solo así los grupos radicales y los aventureros políticos abandonarán el negocio de la conflictividad social. Mientras los líderes del sector minero estén confundidos, los grupos radicales van acumular recursos y poder impulsando los conflictos sociales.

Lampadia

 

[1] Sachs. F. & Warner, A. (1995). Natural resource abundance and economic growth (working paper 5398). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

[2] Mehlum, H., Moene, K., & Torvik, R. (2005). Institutions and resource course. The Economic Journal, 116(508), 01-20. DOI: 10.1111/j.1468-0297.2006.01045.x

[3] Tupy, M. (2008). Botswana and Zimbawe: A tale of two countries. Downloaded from: 

http://www.cato.org/publications/commentary/botswana-zimbabwe-tale-two-countries.

[4] Acemoglu. D., Simon, J., & Robinson, J. (2001). An African success story. MIT Department of Economics Working Paper 01-37.
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.290791
 
[5] Mahon, G. & Moreira, S. (2014). The contribution of the mining sector to socioeconomic and human development (Extractive Industries for Development Series #30). Washington, DC: World Bank.
 
[6] Macroconsult. (2012). Impacto Económico de la minería en el Perú. Lima, Perú: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y energía.

[9] El rendimiento promedio de maíz amarillo duro en Perú es de 3.6 TM/ha, y su precio internacional es de $160 por tonelada. Con dos siembras anuales, tenemos $1,152/ha/año.
Tomando por referencia a Minera Yanacocha, que opera en Cajamarca, que ha producido en promedio 1,520,000 onzas/año (1993-2015), con un precio del oro de $1,200/onza, tenemos $1,826 millones por año, dividiendo por las 12,000 ha que ocupa, tenemos $152,000/ha/año: más de 130 veces la productividad del maíz amarillo. La productividad agrícola de Cajamarca es inferior a la productiva nacional del maíz amarillo, generando una diferencia aún más grande de productividad entre la minería y las actividades tradicionales.

[10] Antes se hablaba que la minería generaba una economía de enclave, aislada de la economía local, pero hoy ya no es adecuado pensar así. Lo que la minería genera es una economía dual (tradicional y moderna) con grandes diferencias de rentas entre ellas.

[11] Los aventureros políticos son personas carecen de las capacidades para utilizar formas productivas de sacar provecho de la minería, sea como empleados o como empresarios, y optan por el control del aparato público local como manera de apropiarse de los impuestos pagados por las mineras. La distribución del canon minero sin que existan mecanismos de control efectivo de su uso, ha aumentado la rentabilidad de los aventureros políticos. 

[12] Collier, P., Roeffler, A., & Rohner, D. (2009). Beyond Greed and Grievance: Feasibility and Civil War. Oxford Economic Papers, 61(1), 1-27. DOI: doi: 10.1093/oep/gpn029

[13] La Enfermedad Holandesa económica se refiere al impacto de las exportaciones de los recursos naturales sobre la tasa de cambio (dólar barato) facilitando las importaciones y dificultando el desarrollo industrial local. En el caso del Perú ese impacto es cuestionable, pues no hay evidencias de que la tasa de cambio haya dependido en forma crítica del volumen de exportaciones minerales. Además si fuera así, el cambio barato también tendría impactos positivos haciendo que las importaciones de bienes de capital a bajo costo estimulen el crecimiento de los sectores no-transables de la economía, como servicios, construcción, finanzas, comercio y transporte que, en conjunto son mucho más importantes que la industria, y tienen un impacto económico dinamizador mucho mayor. 

[14] DiJohn, J. (2002). Mineral Resource abundance and violent political conflict: A critical assessment of the rentier state model (Crisis State Programme, Working papers series nº 1). London: Development Research Centre, London School of Economics