Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los economistas de Juntos por el Perú, el partido de Verónika Mendoza, se han sentido respaldados nada menos que por el Fondo Monetario Internacional. Han proclamado la recomendación del FMI de otorgar una cuarta ronda del bono universal por un monto equivalente a 2,5% del PBI, como la demostración de que su propuesta de repartir bonos familiares era correcta.

Suponemos entonces que habrán leído el conjunto del informe, que contiene otras recomendaciones que estamos esperando que Juntos por el Perú reclame también como suyas. Porque no se puede tomar unas sin las otras. Se trata de las reformas estructurales, no para repartir, sino para que luego no sea necesario repartir: para volver a crecer y asegurar la estabilidad macroeconómica. El gasto tiene que venir acompañado de la generación de recursos. Si solo repartimos y no crecemos, tendremos una borrachera feliz seguida de una resaca mortal.

Por ejemplo, en el acápite 29, dice: “Las reformas siguen siendo esenciales para eliminar los cuellos de botella estructurales e impulsar el crecimiento sostenible. Las políticas y marcos sólidos han sustentado un desempeño macroeconómico muy sólido en los últimos 15 años. La continuación de este rendimiento requiere la eliminación de varios obstáculos estructurales, para los cuales se espera que la recompensa sea bastante grande. El staff estima que el PIB podría aumentar hasta un 8 por ciento seis años después de la implementación de reformas en las áreas de gobernanza, mercado laboral y finanzas nacionales”.

También explica, en el acápite 32, que “La pobreza, la baja inclusión financiera, la alta informalidad y la inestabilidad política obstaculizaron los esfuerzos de las autoridades para proporcionar alivio a los hogares y contener el contagio”, y que por lo tanto es necesario “impulsar la productividad, incluso mejorando la educación, mejorando la infraestructura, facilitando la reasignación de mano de obra y mejorando el clima de negocios, de acuerdo con el Plan Nacional para la Competitividad y la Productividad lanzado en 2019”.

En el Anexo I hace una evaluación del avance en la implementación de las recomendaciones emitidas en su informe anterior:

Es decir, una recomendación era: “Incrementar la flexibilidad del mercado laboral”, de la que afirma que está en progreso, simplemente porque figura entre los objetivos del Plan Nacional de Competitividad (cosa que en realidad casi no es cierta).

La otra era mejorar el clima de negocios (lo que implica desregular, simplificar, eliminar trabas, etc.) y extender la vigencia de la ley de promoción agraria. Ya sabemos lo que pasó con la ley de promoción agraria y cómo su derogatoria afectará la inversión y el empleo en esa área hasta hace poco tan dinámica.

Evidentemente, si solo repartimos bonos y realizamos otros gastos de corto plazo, y no nos preocupamos de resolver los problemas estructurales que impiden crecer para sostener el Estado, llevamos al país a la quiebra. No se puede recoger una parte de la receta –la más bonita- y no la otra. Un pastel no está compuesto solo de la cereza.

Si Juntos por el Perú reconoce el aval de FMI para su propuesta de bonos, deberían reconocer su autoridad respecto de las reformas estructurales que también plantea. Para dar hay que producir. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Estado peruano no puede cumplir siquiera con la razón de ser de un Estado, que es garantizar el orden y el imperio de la ley, para no hablar de servicios básicos como salud, y al partido Victoria Nacional del candidato puntero George Forsyth no se le ocurre mejor cosa que agregarle más funciones y proponer que se aclare el principio de subsidiariedad del Estado en la Constitución para que pueda asumir funciones que le den viabilidad social a la inversión en recursos naturales. En su página 38 postula lo siguiente:

“…redefiniremos la finalidad del Banco Central de Reserva por la de preservar la estabilidad macroeconómica, incluyendo la estabilidad monetaria, el nivel de actividad económica y de empleo, y aclararemos el principio de subsidiaridad del Estado en las inversiones, para fortalecer la viabilidad social de la inversión en sectores sensibles vinculados al aprovechamiento de recursos naturales, en los que el Estado podría contribuir a generar valor compartido, paz y desarrollo multisectorial en asociación con la inversión privada, a través de la constitución de fondos de fideicomiso”. (p.39)

¿Qué sentido tiene modificar la constitución en el tema definitorio del modelo económico solo para permitir la constitución de fondos de fideicomiso? ¿Acaso se requiere dicha modificación para conformarlos? Más bien esa pueda ser la puerta entreabierta por la cual se cuele el estatismo empresarial. Podríamos terminar regresando al Estado empresario cuando ni siquiera el Estado peruano ha sido capaz de cumplir sus funciones más elementales, salvo la de asegurar la estabilidad macroeconómica, gracias precisamente al capítulo económico de la Constitución.

Pero la propuesta de Victoria Nacional pone en riesgo también ese logro, cuando pretende agregarle al BCR el objetivo de preservar no solo la estabilidad monetaria, sino también el nivel de actividad económica y de empleo. Algo que en la práctica el BCR también hace cuando aplica medidas contracíclicas como las que implementó por medio de los Reactiva en la crisis de la pandemia. Es riesgoso modificar lo que funciona bien.

Sí es correcta, en cambio, esta propuesta:

“También estableceremos como rol del Estado su actuación como facilitador, promotor, fiscalizador y vigilante de la libre competencia, dándole al Indecopi reconocimiento como organismo constitucionalmente autónomo” (p. 38).

Ese es el tipo de función que el Estado debe cumplir: garantizar la libertad económica, la libre competencia, la igualdad de oportunidades. Forma parte esencial de esa función garantizar la seguridad y el orden público. Thomas Hobbes explicó hace cuatro siglos que la razón de ser del Estado es impedir la guerra de todos contra todos, que es lo que ocurre cuando no hay autoridad. Lo vimos en Ica: bastaron 5 días de anarquía, en las que el Estado renunció a existir porque decidió no impedir los bloqueos, para que se desencadenaran ataques a las empresas formales y se derogara por la fuerza una ley que había sido tremendamente benefactora. Un sector se ha arruinado por ausencia del Estado en su función esencial. Por anarquía.

Si Forsyth quiere el desarrollo nacional y recuperar tasas altas de crecimiento, antes que pensar en crear empresas públicas o darle más funciones al Estado, debe empezar por proponer un plan para que el Estado cumpla su principal razón de ser: impedir la guerra de todos contra todos, establecer el imperio de la ley, el estado de derecho y la seguridad jurídica. Sin eso no habrá inversión de ningún tamaño y todo será el robo de unos a otros. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 16 de agosto de 2019
Para Lampadia

La gente podría preguntarse ¿cómo es eso de que nunca hemos estado mejor, si todo anda mal en nuestro país? Entonces, cabe la repregunta. ¿Y los Panamericanos – Lima 2019? ¿Acaso no hemos tenido “los mejores juegos de la historia”? ¿Y las 39 medallas? ¡Nunca hemos estado mejor en el medallero panamericano!

Pero ahí no acaba la cosa. ¿Y la Copa América de Fútbol – Brasil 2019? ¿Acaso no obtuvimos el subcampeonato, superando a las selecciones de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, y todas las demás? ¿Y la clasificación de nuestra selección en la Copa Mundial de Fútbol Rusia – 2018? ¿Y la mejor hinchada del mundo? ¿Acaso no fue la peruana?

Ahora pasemos al ámbito macroeconómico. La inflación en nuestro país es cercana a cero. Tenemos un tipo de cambio estable frente al dólar. Por otro lado, nuestras reservas internacionales superan los US$ 63,000. ¡Eso equivale a un año y medio de importaciones! Nuestra balanza comercial es positiva. O sea, exportamos más de lo que importamos. Nuestra deuda externa es una de las más bajas del mundo. Y nuestra banca comercial es sólida y líquida. O sea, tiene fondos para prestar a tasas razonables.

Ahora bien. Hay cosas que están mal. Sería irresponsable de mi parte no reconocerlas. En materia moral, por ejemplo. Léase… corrupción. Y no me refiero únicamente a la corrupción de alto vuelo. En ese ámbito, me parece que la Justicia está haciendo un buen trabajo.

Me refiero más bien a la corrupción menuda como la que se está revelando al interior del Gobierno Regional de Ica. Al destape de las asquerosas ventas de puestos de trabajo en los hospitales de la región. A la vuelta de las mafias de los brevetes a la Dirección Regional de Transportes. Y muchas otras corruptelas más.

También nos va mal en crecimiento económico. Ojo. No hay que confundir estabilidad macroeconómica con crecimiento económico. Tan es así que estamos bien en lo primero, pero mal – muy mal – en lo segundo.

El gobierno es anti-empresa. Eso está fuera de toda discusión. El rechazo a la inversión en el proyecto minero Tía María lo dice todo. El Estado no quiere que se invierta en el proyecto. El problema es que miles de jóvenes arequipeños perderán una gran oportunidad de trabajo formal. Cientos de proveedores locales perderán un gran mercado para sus productos. E Islay, Arequipa, y el país entero dejarán de percibir miles de millones en tributos y Canon Minero durante los próximos años.

Seamos objetivos. Nunca hemos estado mejor en deportes. Incluso – como mencioné líneas arriba – nunca hemos estado mejor en estabilidad macroeconómica. Y – hasta cierto punto – en Justicia. Pero estamos mal en promoción de inversiones empresariales. Y pésimo en cuanto a lo moral.

Por todo ello ¡protesto contra la corrupción en el Gobierno Regional de Ica! ¡Protesto contra la corrupción en todas instancias públicas y privadas de nuestro país! ¡Protesto contra actitud hostil y retrógrada de nuestras autoridades respecto a las inversiones empresariales! Pero al mismo tiempo ¡que viva el deporte peruano! ¡Que viva nuestra estabilidad macroeconómica! Y ¡que viva la Justicia… pero la buena!

Entonces, recapitulemos. En algunas cosas estamos mal, pero en otras nunca hemos estado mejor. Sí pues. Así es la nuez. Lampadia

Finalmente ha tomado forma la propuesta del gobierno del presidente Jair Bolsonaro para abordar la problemática del sistema público de pensiones en el Brasil. Como escribimos previamente en Lampadia: La necesaria reforma de pensiones en Brasil, atender este impasse es de vital importancia por las fuertes implicancias que tiene en el gasto público (12% del PBI se gasta en pensiones) y por ende, en la deuda pública – que actualmente asciende al 74% del PBI – ambas variables fundamentales para lograr la estabilidad macroeconómica.

En un reciente artículo publicado por The Economist (leer líneas abajo) se describe a detalle los puntos tocados en el documento presentado al congreso, así como los obstáculos que enfrentaría Bolsonaro y su ministro de economía, Paulo Guedes, en la implementación plena de su propuesta de reforma.

Básicamente el objetivo del equipo de Bolsonaro es aplacar sobremanera la grave situación financiera por la que está pasando un sistema que está quebrado desde hace décadas, además de alinear incentivos entre los agentes económicos, con las siguientes políticas:

• Aumentar la edad de jubilación mínima ubicada en 65 años para hombres y 62 para mujeres, que están por encima de la edad promedio actual en Brasil, ubicada a mediados de los 50 años.
• Establecer un período de transición de 12 años, por debajo de los 30 años en los que actualmente se encuentra el sistema.

Como indica The Economist, ambas políticas no solo permiten el ahorro de US$ 295,000 millones en 10 años, sino que además alentaría las contribuciones por parte de agentes económicos que perciben altos ingresos y limitaría los beneficios tan inmediatos hacia los jubilados, generando mayor ahorro previsional.

Si bien ambas políticas son acertadas, dada la aguda crisis por la que pasa el sistema previsional de nuestro país vecino, consideramos que son solo de carácter paliativo en tanto no atacan el problema estructural de fondo, que es el esquema Ponzi que caracteriza a los sistemas públicos de reparto a nivel mundial. Estos esquemas generan enormes forados fiscales, conforme envejecen las sociedades en los países, por su alta dependencia de la población joven.

Este mismo problema lo adolece el Perú con la ONP, la cual se encuentra quebrada al reportar una deuda traída a valor presente cercana a los 100 mil millones de dólares, equivalente a medio PBI nominal, según estimaciones del IPE.

En ese sentido, la verdadera solución al sistema previsional brasilero implicaría ir hacia un sistema de capitalización individual de carácter privado, los cuales han demostrado ser autosostenibles en el tiempo – aún con el envejecimiento poblacional– y cuya gestión de inversiones puede generarle altas rentabilidades a sus afiliados.

La experiencia del Sistema Privado de Pensiones (SPP) en el Perú, conformado por las AFP, que, aún con los ataques que ha venido  recibiendo en los últimos años por parte de los medios de comunicación y de leyes populistas como la del retiro anticipado del 95.5% -que redujo la edad de jubilación promedio de 65 a 59 años-, puede dar fe de estos atributos (ver Lampadia:  Lo importante es lograr cobertura universal).

Sin embargo, es menester señalar que nuestro sistema aún adolece de problemas de cobertura, la cual apenas abarca a 1 de cada 4 peruanos que laboran, por lo que siempre insistimos en la implementación de una propuesta que incluye usar una parte del IGV como aportes individuales a fondos privados de pensiones, lo cual contribuiría a elevar dicha cobertura sustancialmente, además de que reduciría la informalidad e incrementaría la recaudación tributaria (ver  Lampadia : El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo).

Aprovechamos esta oportunidad para reiterarles nuestra propuesta de política a nuestras autoridades a fin de contar con un sistema de pensiones formalizador, voluntario y sobretodo, universal, que, tenemos la certeza, es también una ambición a la cual también aspira el gobierno de Bolsonaro en el largo plazo. Lampadia

Reforma económica en Brasil
Jair Bolsonaro aborda el problema de las pensiones

Los políticos y la gente están listos para el cambio, en teoría

The Economist
21 de febrero, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Jair Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales de Brasil en octubre pasado por medio de una ofensiva contra el crimen y la corrupción. Pero el éxito de su presidencia depende de si él puede revivir la economía. Solo puede hacerlo si tranquiliza a los inversores reformando los sistemas de pensiones absurdamente generosos del país, que ponen en peligro las finanzas públicas. El 20 de febrero, Bolsonaro presentó al Congreso un borrador de enmienda constitucional para controlar el gasto en pensiones. Luego fue a la televisión para promover una reforma que prometió «cambiaría nuestra historia».

Bolsonaro ha enviado señales mixtas sobre las pensiones, que canalizan los beneficios principalmente a los brasileños más acomodados y que se volverán cada vez más inasequibles a medida que la población envejece. El gobierno gasta el 12% del PBI en pensiones, en comparación con el 8% entre los países ricos de la OCDE. Bolsonaro aumentó las esperanzas de reforma al nombrar a su ministro de economía Paulo Guedes, ex banquero de inversiones y modernizador decidido. Bolsonaro, quien confiesa saber poco sobre economía, llama a Guedes su «Posto Ipiranga», una gasolinera de servicio completo. Por otro lado, cuando era congresista, Bolsonaro se oponía a un plan de reforma de pensiones respaldado por el anterior presidente, Michel Temer. Después de las elecciones, criticó nuevamente el plan de Temer, diciendo que «no podemos salvar a Brasil matando a personas mayores».

El paquete que el presidente propuso esta semana muestra que Guedes ha ganado el argumento, al menos por el momento. Establecería una edad mínima de jubilación de 65 años para la mayoría de los hombres empleados y 62 para la mayoría de las mujeres, que es lo que sugirió Temer. Además, el período de transición de 12 años propuesto es más corto que los 21 años de Temer. Actualmente, las personas comienzan a cobrar pensiones en promedio a mediados de los 50, después de pagar en el sistema durante al menos 30 años.

El plan aumentaría las contribuciones pagadas por personas con ingresos más altos y limitaría la medida en que los jubilados puedan cobrar más de un beneficio. Las reglas para los servidores públicos se acercarían a las de los trabajadores del sector privado.

Si el Congreso promulga la propuesta en su totalidad, el gobierno ahorraría 1,000 millones de reales (US$ 295,000 millones) en diez años, más del 1% del PBI previsto durante este período. Eso es más alto que los 800 millones de reales de ahorros en el plan original de Temer. El paquete «parece ir en la dirección de reducir los desequilibrios significativamente», dice Mario Mesquita, economista de Itaú, un banco brasileño.

Ahora debe pasar por el Congreso, donde se necesitan mayoría de tres quintos en ambas cámaras para enmendar la constitución. Pocos observadores esperan que pase sin cambios. La pregunta es qué tan dañinos serán esos cambios. El Congreso recortó a la mitad los ahorros esperados de la propuesta de Temer. (Finalmente fracasó después de que las acusaciones de corrupción lo forzaron a gastar todo su capital político en persuadir al Congreso para que lo proteja de la persecución).

Bolsonaro tiene ventajas de las que carecía su antecesor. Los aliados lideran ambas casas. Incluso los políticos que no lo apoyan ahora piensan que las pensiones deben ser fijas, al igual que el público en general. «Hay consenso sobre la necesidad y urgencia de una reforma», dice Tasso Jereissati, un senador del centrista Partido Socialdemócrata Brasileño, que apoya la agenda económica del gobierno. BTG Pactual, un banco de inversión cofundado por Guedes, encontró que el 83% de los congresistas apoya algún tipo de reforma de las pensiones.

Pero, como admite Jereissati, «hay un amplio espectro» de opiniones sobre qué tipo. Solo el 38% de los legisladores está de acuerdo con las edades mínimas propuestas. La mayoría de los votantes también piensan que son demasiado altas, según una encuesta realizada por XP Investimentos, un corredor. Bolsonaro ha hecho su trabajo más difícil al negarse a recompensar a los partidarios con patrocinio, la forma normal de formar mayorías en el Congreso.

Su presidencia de dos meses ya está envuelta en un escándalo, lo que dificulta aún más las cosas. La más reciente sigue a las revelaciones de Folha de São Paulo, un periódico, que señalan que el Partido Social Liberal de Bolsonaro presentó candidatos falsos para cubrir cuotas de género y recibir dinero de la campaña pública. El 18 de febrero, Bolsonaro despidió a Gustavio Bebianno, ex presidente del partido, de su trabajo en el gabinete.

Tales dramas probablemente no destruirán la reforma de las pensiones. Eurasia Group, una consultora política, estima que las probabilidades de no reformar este año son del 30%. Pero pueden debilitar al gobierno, obligándolo a hacer concesiones a grupos de interés que se verían perjudicados por el cambio. Ya, las propuestas de nuevas reglas para las pensiones militares se han pospuesto en 30 días. Moody’s, una agencia de calificación crediticia, predice que el Congreso reducirá los ahorros de la reforma a 600,000-800,000 millones de reales. Aun así, los inversores estarían tranquilos, dice Moody’s.

Las ambiciones de Guedes no terminan con la reforma de pensiones. Incluyen la simplificación del código fiscal y la reducción de las barreras a las importaciones. «Vamos a privatizar todo», dice un miembro de su equipo. Para lograr tales objetivos, Guedes tendrá que superar la oposición de los generales retirados en el gabinete de Bolsonaro, quienes están muy lejos de vender activos «estratégicos» como Petrobras, la compañía petrolera controlada por el estado. La industria resistirá las barreras de importación más bajas.

En este momento, el gobierno está lanzando su peso detrás de «nova previdência» («nuevas pensiones»). Según informes, el ministerio de economía planea un bombardeo en las redes sociales para argumentar que la reforma reducirá la desigualdad, creará empleos y liberará dinero para servicios públicos como la salud y la educación. Todo eso es verdad, y lo ha sido durante mucho tiempo. Quizás esta vez los brasileños lo crean. Lampadia

En la Reunión Anual del Banco Mundial y el gobierno peruano, se analizaron los desafíos que enfrentan el Perú y muchos países emergentes en la medida que buscan transformarse en economías de más alto ingreso. Se destaca que el Perú, una de las economías de más rápido crecimiento de América Latina, se ha beneficiado de sólidas políticas macroeconómicas (las bases para un crecimiento sostenido) pero todavía encara desafíos en ciertos sectores.

Se resaltó la experiencia de Perú, que podría resultar útil para muchos otros países de ingreso mediano que buscan impulsar el crecimiento y, simultáneamente, lograr avances en materia de inclusión social y prestación de servicios a los pobres. Para ello es fundamental acelerar el aumento de la productividad. En esta Reunión Anual se presentó el documento: ‘Perú, siguiendo la senda del éxito’, en el que se destaca la productividad para impulsar el crecimiento económico.

Perú ha emergido como una nueva estrella de crecimiento económico. Tan sólo en la última década, su economía creció en un promedio de 6.4% anual y duplicó su ingreso per cápita. Comparándolo con los estándares globales, su desempeño ha sido impresionante, como se puede observar en el gráfico inferior. Esto se debe principalmente a la adopción de medidas de estabilización macroeconómica (por medio de un régimen cambiario más flexible, disciplina fiscal y baja deuda pública), además de reformas estructurales como la liberalización financiera, del comercio y regulaciones del mercado.

Mejor aún, el crecimiento económico experimentado por el país fue compartido entre sus habitantes. Desde el año 2000, casi una cuarta parte de la población ha logrado salir de la pobreza. A lo largo del país, los hogares de menores ingresos se han beneficiado más del crecimiento que el promedio nacional. Asimismo, la desigualdad cayó significativamente en el mismo periodo, con uno de los ritmos más rápidos de la región: 12.6% frente a un promedio regional de 5.3%.

Es muy importante notar que según el Banco Mundial, “el crecimiento económico fue el principal impulsor de la reducción de la pobreza y la desigualdad a través de un mejorado ingreso laboral más que por medio de políticas de redistribución, que solo explican 15% de la reducción de la pobreza.“ Esto también se viene diciendo hace mucho en Lampadia: Al menos 80% de la reducción de la pobreza es por el crecimiento y Perú: Crecimiento disminuye la Desigualdad.

El crecimiento del Perú en la década del 2000, según el informe, se llevó a cabo principalmente por un aumento sostenido en la productividad total de los factores (PTF). Fueron justamente la estabilización macroeconómica y las reformas estructurales en las dos últimas décadas los motivos por los que mejoró la eficiencia en la asignación de recursos y ha dado lugar a un mayor crecimiento de la productividad, como se puede observar en el siguiente gráfico. En la década de 2000, la PTF contribuyó alrededor de un tercio de crecimiento. 

Sin embargo, es importante notar que en el análisis de productividad por regiones, la actividad económica se concentra en la zona costera, contribuyendo casi el 80 % de la producción nacional. Además, las regiones de Lima y Callao representan el 34 % de la población del país y el 48 % de la producción nacional.

En general ha habido una cierta convergencia gradual de la producción entre las regiones, pero todavía se tiene que reducir la brecha. Un proceso de la productividad sostenida podría ayudar a las regiones rezagadas a ‘ponerse al día’ y elevar la productividad agregada y los ingresos, así como reducir aún más las desigualdades regionales.

El documento acota que los éxitos económicos de Perú fueron respaldados por condiciones externas favorables en la última década y que también se ha acelerado su convergencia económica a niveles de ingreso más altos. Sin embargo, enfatizó que Perú, al igual que otros países de ingresos medios, «ahora tiene que afrontar el reto más difícil: llegar a ser un país de ingreso alto.»

Indicó, en ese sentido, que a pesar de las mejoras significativas en el Perú sigue habiendo brechas en infraestructura en diferentes sectores, así como problemas burocráticos.

En el caso de infraestructuras, a pesar de mejoras significativas, las brechas de infraestructura en todos los sectores siguen siendo grandes. El gasto de capital público se ha incrementado en los últimos años, pasando de 3.8 % del PBI en 2000 a 6.1 % del PBI en 2013, un desarrollo muy positivo. Pero las brechas de infraestructura en todos los sectores son todavía grandes. Por ejemplo, la infraestructura de transporte y logística, que es la columna vertebral del comercio interior y el comercio internacional, está menos desarrollada en comparación con algunos países competidores relevantes, como se puede observar en el gráfico inferior. La cobertura de las carreteras y el porcentaje de carreteras pavimentadas es relativamente baja y con conectividad limitada entre las zonas más importantes de agricultura, consumo y las zonas de exportación. Además, existe una limitada capacidad para vincular la producción a los puertos y aeropuertos para la exportación. (Lampadia: Estrategia para el financiamiento de las Infraestructuras)

Otro factor muy importante son las barreras que el mismo gobierno le impone a las empresas, reduciendo su productividad y yendo en contra del crecimiento. Las barreras de entrada y los altos costos de operación y expansión reducen el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Según el informe, “una gran cantidad de empresas informaron que el exceso de  licencias y permisos eran una importante limitación a la complejidad general de los procedimientos reglamentarios, llegando a un puntaje de 20.4 % en el Perú, comparado al promedio de la OCDE de 5 %. Esto les reduce a las empresas su capacidad para crecer, ampliar e innovar. Casi el 30 % de estas empresas identificó licencias comerciales y permisos como una limitación importante.” Esto se puede observar en el cuadro más abajo.

Es indispensable destrabar la inversión y recuperar el crecimiento del país para mejorar el desempeño de Perú en temas estructurales, sofisticación empresarial e innovación. Por otra parte, una burocracia gubernamental ineficiente y la corrupción han sido constantemente clasificadas como restricciones principales para las empresas.  (Ver en Lampadia: Destrabemos la construcción de nuestro futuro)

El mundo no tiene ninguna razón para exagerar los avances del Perú. Por lo tanto, debemos tomar sus desinteresados consejos y apreciaciones con seriedad. Lamentablemente, en el país se niegan nuestros avances para construir plataformas políticas, algo que combatiremos todos los días en este portal. Lampadia

Comentario de Lampadia

Fidel Jaramillo, un ecuatoriano brillante que ha desarrollado su labor en el Perú con mucho profesionalismo y calidad humana, entregando todo su cariño a nuestro país, acaba de terminar sus funciones en el Perú para asumirlas ahora en Panamá.

Como despedida del Perú, Jaramillo se ha presentado en diversos medios como RPP, El Comercio y Perú21. En esta ocasión reproducimos algunos pasajes de las entrevistas con dichos diarios.

1. “La clase media en el Perú sería como el 50,6% de la población”

Por Santiago Dávila Philippon, El Comercio – Portafolio, 31 de Mayo 2015

¿Qué entienden ustedes por clase media?

Nuestro enfoque es el de seguridad económica, que lo ha propuesto el Banco Mundial, que básicamente utiliza ciertos niveles de ingresos en un modelo probabilístico que implica que la clase media tenga un nivel de ingresos estable y que pueda resistir a ciertos embates económicos.

De acuerdo con esta metodología y utilizando el dato más reciente, la clase media en el Perú sería como el 50,6%. Esto es entre 10 y 50 dólares per cápita, a nivel de paridad de compra.

Según Ipsos, las clases medias han pasado de ser 21% de la población nacional en el 2005 a constituir 35% en el 2014, pero en ningún caso llegarían a ser el 50,6%.

Encontramos que hay muchas diferencias y hay un debate en cuanto a la definición y cuantificación de la llamada clase media.

Pero más allá de estas controversias, encontramos un consenso bastante generalizado de que la clase media está asociada a mayores niveles de educación, de inversión, de emprendedurismo e inclusive de estabilidad política. También una clase media grande y significativa reduce las inequidades; las sociedades son más equitativas y menos desiguales.

De este 50,6% de peruanos de clase media, ¿cuántos son vulnerables de retroceder a una situación de pobreza?

Este 50,6% está por encima de lo que el Banco Mundial llama una clase vulnerable, que estaría más bien entre los 10 y 40 dólares.

Sin embargo, en el BID insistimos en que no puede haber autocomplacencia.

¿Qué hace que la clase media peruana sea frágil?

Es una clase media muy informal.

¿Qué otras características tiene nuestra clase media?

La distribución del ingreso de la clase media está muy concentrada alrededor de los umbrales que definen pobreza y vulnerabilidad.

La clase media es muy sensible al crecimiento económico. En el 2014, la clase media solo creció a una tasa de 2,7%. La clase media siguió expandiéndose, aunque cada vez menos.

¿Qué se puede hacer para evitar que la nueva clase media retorne a una situación de pobreza?

Hacer de ella una clase media de propietarios; (…) En segundo lugar, yo creo que es clave la articulación del mercado laboral con el sistema educativo y la formación laboral.

¿No cree que existe un riesgo de que las nuevas clases medias presionen al gobernante de turno y reciban a cambio respuestas de corte populista?

Hay el riesgo de una tentación a adoptar medidas demagógicas que, de alguna manera, satisfagan las expectativas de este nuevo estrato social. Como contraparte, yo veo que esta nueva clase media tiene una vocación de emprendimiento. Es decir, nunca esperó del Estado mucho para salir adelante.

Son clases medias autoforjadas, producto de la inversión privada y del crecimiento económico.

Creo que esto podría limitar la tentación demagógica que tú me mencionas.

2. «El Perú tiene bases sólidas para seguir creciendo»

“Una de las transformaciones estructurales en el Perú es el desarrollo de la nueva clase media. Es importante mantener el crecimiento para mejorar el bienestar de los peruanos”.

Por Giovanna Prialé, Perú 21, 30 de Mayo 2015

¿Cuáles cree que son los tres logros más significativos en este período?

He sido testigo de una significativa expansión económica en un contexto de estabilidad macroeconómica y progreso social.

El Perú ha sido una de las economías de América Latina que más ha crecido en la última década y es uno de los líderes en reducción de pobreza.

Un segundo logro ha sido el progreso en áreas sociales, especialmente las que están enfocadas en la reducción de la pobreza y cobertura de la población más vulnerable.

¿Qué tan relevante es el régimen político?

Nuestra visión de largo plazo en el Perú es más bien favorable.

La decisión de inversión es de mediano y largo plazo y va más allá de la coyuntura política.

(…) es necesario mantener sólidos esos fundamentos macroeconómicos y, además, promover el acceso a los bienes públicos claves (infraestructura y financiamiento) para desarrollar proyectos de inversión.

¿Qué políticas públicas deben seguir y cómo garantizar su continuidad?

(…) consensos en áreas como manejo económico, programas sociales, inversión en educación, innovación, sostenibilidad ambiental, adaptación al cambio climático y la dinamización de la inversión público-privada en infraestructura; todo esto para procurar la disminución de la brecha.

Luego de vivir cinco años en el Perú, ¿qué cree que necesitamos para ser un país desarrollado?

(…) reformas que permitan reducir los niveles de informalidad que afectan la productividad general de la economía.

Seguir construyendo un país conectado y articulado a los mercados, esto tiene gran impacto en términos de la calidad de vida de los peruanos en las áreas más aisladas.

Y seguir trabajando en el potencial de emprendimiento que tiene el Perú y que ha sido un importante hallazgo durante estos años, especialmente de los jóvenes que apuestan por nuevas actividades económicas y por el futuro.

Por: Luis Miguel Castilla R.

(El Comercio, 03 de Agosto del 2014)

Las celebraciones de Fiestas Patrias culminaron y, en medio de los análisis, comentarios o críticas, lo concreto es que el mensaje del gobierno al ciudadano, al ama de casa, al estudiante, al emprendedor, es único: todos trabajamos por un mismo objetivo, crecer con bienestar, y por ello los esfuerzos del gobierno por construir un mejor futuro, con sólidas bases económicas y reformas para ser un país competitivo. El mensaje, como lo señaló el presidente Ollanta Humala, es de optimismo y esperanza.

Quisiera esbozar cinco razones por las cuales estoy convencido de que tendremos un futuro mejor, con una economía que seguirá destacando los siguientes años y que mejorará la calidad de vida de los peruanos y peruanas.

Primero, una política económica sensata y prudente. A lo largo de los tres años de la gestión del presidente Humala queda patente la decisión de mantener las políticas de Estado que, en los últimos quince años, han conducido a reducir la pobreza y al surgimiento de una pujante y emprendedora clase media.

La adopción de una política económica sensata y prudente, una clara apuesta por insertarnos en la economía internacional, y el lugar que la iniciativa privada ocupa como motor del crecimiento tienen el consenso mayoritario de la sociedad. [Lamentablemente, el Presidente de la República en su reciente Mensaje a la Nación, no relievó la importancia del sector privado, solo destacó su incorporación en APP (Asociaciones Público Privadas) en sectores impensados hasta hace poco tiempo. Un muy buen avance, pero mediatizado por dicha omisión.] Por ello, la estabilidad macroeconómica del país, destacada por las agencias calificadoras de riesgo y las principales entidades multilaterales, es nuestra principal carta de presentación a nivel internacional. Además, la apertura comercial no solo dinamiza el comercio y las inversiones, sino que nos obliga a poner la valla más alta para mejorar la calidad de la oferta exportable y para ser más competitivos. En esa línea, el presidente de la República ha marcado el derrotero en los próximos años a fin de lograr un mejor aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Así, optamos por la integración abierta y pragmática de la Alianza del Pacifico, alejándonos del proteccionismo que prevalece en nuestro vecindario.

Segundo, solvencia fiscal. Tenemos la fortuna de que los fundamentos de empresas, entidades financieras, familias y gobierno sean sólidos, lo que nos permite ser una economía resistente a los vaivenes de la globalización. Esto se manifiesta en el profesionalismo de las empresas, la solvencia y liquidez del sistema financiero, la mejor situación de los balances de las familias y los consumidores, la robustez de las finanzas públicas, la credibilidad de nuestros reguladores y la reputación de nuestro Banco Central.

A nivel del país, la política fiscal mantiene nuestra solvencia con bajos niveles de deuda pública, acceso competitivo a mercados internacionales de capitales, amplios colchones de ahorro público y la mayor predictibilidad de los ingresos que financian el gasto con visión de resultados y multianualidad. De hecho, tenemos la oportunidad de adoptar políticas fiscales expansivas que mitiguen la desaceleración económica temporal (producto de razones externas e internas) y, así, recuperar el sendero del crecimiento y el progreso, dando mayor liquidez a los consumidores y asegurando un puesto de trabajo.

Tenemos la plena confianza de que nuestra actividad económica se acelerará en los próximos meses. La coyuntura ha puesto a prueba la efectividad de la política económica y respondimos con las medidas necesarias. No obstante, esta es una tarea conjunta de gobierno, empresas y trabajadores.

Tercero, la modernización del Estado. El gobierno tiene un decidido compromiso por modernizar la administración pública y construir un Estado eficiente y efectivo al servicio del ciudadano, facilitando las inversiones en el país. La promoción de la inversión privada es de interés nacional, y el gobierno adoptó en los últimos dos años múltiples medidas para destrabar la densa maraña de barreras administrativas que históricamente el país arrastra. El objetivo es construir un servicio civil con línea de carrera basada en la meritocracia y la rendición de cuentas, así como la reducción de los costos de transacción que enfrentan las pequeñas, medianas y grandes empresas para operar adecuadamente. También, las reformas apuntan a modernizar las compras públicas, introduciendo el esquema de enfoque por resultados; y, la revisión exhaustiva del marco legal para reducir sobrerregulaciones y lograr mejorar la competitividad de nuestro país.

Cuarto, cierre de brechas para una mayor competitividad. Quizás el mayor énfasis del mensaje presidencial fue el claro reconocimiento de que el imperativo cierre de las brechas en infraestructura, capital humano y productividad demanda que el sector público trabaje de la mano del sector privado. Una señal inequívoca de la necesidad de construir esta alianza es el agresivo impulso del gobierno a las asociaciones público-privadas en proyectos de infraestructura, adjudicándose en estos tres años concesiones por más de 18 mil millones de dólares. Asimismo, se tomó la decisión de asociar estratégicamente al Estado con el sector privado para la construcción, operación y mantenimiento de escuelas y hospitales, sectores en los que hasta ahora era impensable tal asociación. Otro instrumento es la apertura de las empresas públicas de energía al capital privado, para modernizarlas y mejorar su gobierno corporativo.

A esto, se le suma la puesta en marcha del Plan Nacional de Diversificación Productiva y la Agenda Nacional de Competitividad 2014-2018. Lo que no implica dar la espalda al rico acervo de recursos naturales del país, [como ya indicamos la semana pasada, las declaraciones del ministro de la Producción fueron interpretadas por los medios en el sentido de que los “nuevos motores” podrían reemplazar al de la minería y que nos permitirían crecer rápidamente al 7 u 8% anual] por el contrario, significa apalancar mayor desarrollo a partir de nuestras ventajas comparativas, identificando fallas de mercado que justifiquen la participación del Estado, pero sin caer en los errores del pasado, con claro enfoque en la innovación, el emprendimiento y la inserción de nuestros productos en las cadenas globales de producción. La finalidad es mejorar la productividad del país y, en consecuencia, el bienestar de todos los ciudadanos. Esta tarea demanda un trabajo conjunto y estrecho entre el Estado, el empresariado, la academia y la sociedad civil.

Quinto, una mayor inclusión y movilidad social. Las políticas públicas desarrolladas por el gobierno del presidente Humala tienen como claro objetivo alcanzar el bienestar de la población. Lograr una mayor cohesión social significa cerrar las persistentes brechas entre las ciudades y el sector rural. [Algo que ya hemos estado logrando. A veces parece que este gobierno quería empezar todo de nuevo, “como cambiar motores en pleno vuelo”.] El Estado cumple un rol fundamental con la provisión de bienes y servicios públicos de calidad y la adopción de políticas sociales que apunten a la inserción de los segmentos menos favorecidos al mercado, todo lo cual se enmarca en las políticas que viene desarrollando el gobierno. A esto se suma la mayor generación de riqueza que deviene de la inversión y la generación de empleo de calidad. El hecho de que nuestra tasa de inversión sea cercana a 28% del PBI, [inversión privada que ya no crece y por lo tanto, será difícil mantenernos en ese magnífico nivel de inversión sobre producto] superando incluso a Corea del Sur o Singapur, refleja la confianza sobre las potencialidades del país, no solo de miles de emprendedores nacionales sino también de inversionistas internacionales del más alto nivel.

Un país diferente requiere el esfuerzo de todos y la confianza en sus autoridades para que dentro de unos años una madre esté segura de que sus hijos tendrán una educación de calidad, servicios de salud eficientes y oportunos; [eso queremos todos, pero para lograrlo hay que disminuir las contradicciones al seno del propio gobierno y apoyar, sin cortapisas, al sector privado, que tiene que ir mucho más allá de las APP mencionadas por el Presidente] para que los trabajadores sepan que viven en un país próspero, con empleo formal y remunerado adecuadamente; para que un joven pueda estudiar y encuentre en la educación las herramientas para formarse profesionalmente con las capacidades que hoy el mundo reclama. Ese es el país diferente que todos queremos y estoy seguro  de que, aunque queda mucho por hacer, creer y confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades será la clave para nuestro éxito.