Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 10 de abril de 2020
Para Lampadia

Aparte de provocar fiebre, tos seca, pérdida de olfato y gusto, dificultad para respirar, y – en algunos casos – hasta la muerte, el Coronavirus ha resultado ser un gran encubridor. Muchos problemas que venían ocupando la atención de la gente han quedado en el olvido. La corrupción… por ejemplo. Como que el virus – pareciera – ha eliminado la palabra “corrupción” de nuestro diccionario.

Asimismo, la pandemia ha encubierto completamente la discusión de algunos otros temas candentes, como la desaceleración económica de los últimos años en nuestro país. Pero no sólo eso. La pésima gestión gubernamental en materia de porcentaje de ejecución presupuestal, la pusilanimidad presidencial frente a los movimientos anti mineros, el incremento desmedido de la burocracia estatal inútil y corrupta, las pintorescas puyas entre el Congreso y el Ejecutivo, y muchos otros temas más… todo quedó traspapelado en algún lugar remoto de nuestras memorias. Podría ser que – aparte de los síntomas antes mencionados – el Coronavirus también provoque la pérdida de la memoria. ¿Cómo será?

Sin embargo – contrario a lo anterior – el Coronavirus también resultó ser un gran descubridor. Como que descubrió algunas falencias que estaban pasando un tanto inadvertidas frente a la ciudadanía. El agua potable y alcantarillado… por ejemplo. Mejor dicho, el fracaso estrepitoso – a nivel nacional – del suministro de agua potable para la población.

¡Qué mala suerte! Resulta que la recomendación más importante para combatir al Coronavirus es – precisamente – lavarse las manos frecuentemente. Lavarse las manos con agua y jabón. Ahora bien… jabón tenemos. Pero ¿cómo lavarse las manos… sin agua? ¡He ahí el problema!

El hecho es que el suministro de agua potable en nuestro país está a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS). SEDAPAL es una de ellas… y ciertamente la más grande, y la más conocida. Pero hay alrededor de 50 EPS más. La mayoría son empresas de propiedad de las municipalidades provinciales. Es decir, de los municipios de las principales ciudades del interior del país.

A nivel rural, el agua potable está a cargo de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS). Hay alrededor de 6,000 JASS a nivel nacional. Y la mayoría son manejadas por los municipios distritales.

A lo que quiero llegar, es que ese esquema – el de las empresas municipales de agua potable – fracasó. La mayoría de EPS y JASS están quebradas financieramente. La corrupción y el clientelismo político las quebró. Yo puedo dar fe de ello. Las EPS y JASS de la Región Ica son – casi todas – antros de corrupción e inoperancia. Por eso los iqueños no tienen agua en sus casas. Por eso mismo, la mayoría de peruanos tampoco tiene agua potable… 24 horas al día.

Dejémonos de hipocresías. La institucionalidad del agua tiene que cambiar. La salud de millones de peruanos está en juego. Una entidad pública autónoma, especializada, y meritocrática – tipo Banco Central de Reserva (BCR) – que no dependa de los ministros o alcaldes de turno. Eso es lo que se necesita. Los ministros y alcaldes cambian a cada rato. Y con ellos cambia – también – gran parte del personal de las EPS y JASS. Clientelismo político en su máxima expresión.

¡Qué se puede esperar de ello! Pues lo que tenemos ahora. ¡Millones de peruanos sin agua! O sea, millones de peruanos sin poder lavarse las manos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los retos que impone al Estado y a la sociedad la contención del coronavirus podrían ayudarnos a convertir esta crisis en oportunidad si aceleramos los cambios necesarios e incluso damos respuestas creativas y lanzamos cruzadas que rompan los moldes tradicionales.

Reforma del SIS y de la salud

Por supuesto, el virus nos coge con servicios de salud muy deficientes, sin que hayan sido reformados. Lo más importante, claro, son las políticas de distanciamiento social, pero estas se extreman, en parte, por la precariedad de nuestro sistema de salud. Acondicionar en la emergencia los hospitales supone, nos dicen los doctores Patricia García y Moisés Rosas, comprar urgentemente equipos respiradores y equipos de bioseguridad para la protección del personal, y capacitarlo para manejar los protocolos. También ventiladores mecánicos, sistemas de ventilación con extracción.  

Pero esta experiencia debería servir para reformar de una vez el sistema de salud, no solo para estar preparados siempre ante una emergencia, sino para atender a la población en sus problemas corrientes de salud, acaso más letales que el coronavirus. Se supone que el sector se encuentra justamente trabajando un nuevo modelo de gestión y de pago en el SIS no solo para poder atender a los 4 millones de peruanos adicionales que tienen ahora cobertura, sino para atender bien a los asegurados actuales, que en un porcentaje apreciable no se llevan sus medicamentos gratis ni se les resuelve el problema de salud. Es indispensable pasar a un modelo por el cual el SIS pague a los establecimientos no por número de atenciones como es ahora –incentivando el sobregasto y la corrupción- si no por el logro de metas relacionadas esos dos objetivos: porcentaje de pacientes que se llevan todos los medicamentos gratis y que resuelven su problema de salud.

Este es el momento para hacer esa reforma, así como otras vinculadas al intercambio prestacional con Essalud y a la integración de todos los prestadores –incluyendo los privados- en las redes sanitarias. Y concesionar hospitales.

Es el momento para establecer una estrecha colaboración público-privada no solo en la prestación, sino en el abastecimiento de medicamentos e insumos. La reforma de la Digemid, núcleo de trabas y demoras para el otorgamiento de registros sanitarios, cae de madura.

Agua potable, EPS y agua purificada

Otro tema que ha saltado a la vista es el hecho de que más de 7 millones de peruanos no pueden cumplir con la recomendación básica del frecuente lavado de manos con agua y jabón para prevenir el contagio, por la sencilla razón de que carecen de agua potable corriente en sus casas, a los que hay que agregar los millones que solo disponen de agua potable domiciliaria pocas horas al día. Son 2.5 millones en zonas urbanas y 4.8 millones en zonas rurales que consumen agua no potable proveniente de la red pública, según el Instituto de Economía de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima.

Esto ocurre pese a que el Estado gasta 5 mil millones de soles al año en obras de agua y saneamiento, dinero que literalmente se echa al agua porque la mayor parte de las empresas municipales de saneamiento (EPS) están muy mal gestionadas o son corruptas y son incapaces de mantener las redes de agua y plantas de tratamiento. El resultado es que hay obras que no se terminan o se terminan y no se mantienen. Esto es un crimen en un país pobre como el nuestro. Es el momento, entonces, de tomar el toro por las astas y hacer lo que se debe que hay que hacer: intervenir esas empresas, agruparlas quizá por regiones y concesionar algunas de ellas cuando el Estado no tenga la capacidad de gerenciarlas. Lo que interesa es que la gente tenga agua de calidad.

También podría organizarse una cruzada de voluntarios para llevar agua limpia y purificada a las familias rurales y urbano marginales. Existen tecnologías bajo costo para purificar el agua e incluso para extraer agua de la niebla, que aparentemente están fuera del radar del ministerio de Vivienda. Por ejemplo, el nano filtro, que cuesta 300 soles y que se puede instalar a partir de un minireservorio familiar que de agua para la agricultura y también para consumo del hogar, tal como lo hace Sierra Productiva de Carlos Paredes. No se necesita grandes proyectos de plantas de agua potable que cuestan caro luego se abandonan.

Lo mismo se puede hacer en las escuelas rurales, la mayor parte de las cuales carecen de agua potable.

Habría que convocar a expertos para ver qué soluciones podrían aplicarse en los cerros de Lima, por ejemplo.

Por supuesto, la pandemia es la ocasión, también, para instaurar la cultura de la salubridad e higiene en todos los locales públicos y privados, y en las personas.

Teletrabajo y formalización laboral

El tema más inmediato es, como ya saltó, el teletrabajo. Pero, escribe el laboralista Germán Lora (El Comercio, 11-3-20), “nos damos con la ingrata realidad de la poca flexibilidad para la utilización de esta figura, pues además de exigir un acuerdo por escrito, se requiere una capacitación previa y el establecimiento de un monto de compensación económica, entre otros aspectos formales”. Podría darse un decreto de urgencia para facilitar esta figura que, luego, pasada la emergencia, permita acelerar la adopción de una modalidad que ya es tendencia mundial y puede tener impactos muy positivos en el rendimiento laboral y en la vida familiar.

Esto nos lleva al tema de la necesidad de retomar el objetivo de la formalización del trabajo. La informalidad sencillamente no puede practicar el teletrabajo, como es obvio. Un trabajo formal protege mucho más que uno informal, incluso y sobre todo frente a situaciones como la que vivimos. Como señala José Ignacio Beteta de Contribuyentes por Respeto, para eso se deberían reducir cargas a las planillas, que hay varias que son inútiles. “Quitando carga a la planilla, se alivia esta crisis”, escribió. Es hora de pensar en quienes no tienen derechos laborales.

Sistema de pensiones

Hugo Coya (El Comercio 14-3-20) hace notar cómo el avanzado sistema de protección social europeo a los adultos mayores o ancianos, que son las principales víctimas de esta pandemia, no alcanza para protegerlos, y sufren situaciones límite. Pues bien, en el Perú ni siquiera tenemos sistema de pensiones, y lo que tenemos lo estamos destruyendo con leyes como la del 95.5. Mejor dicho, menos de la tercera parte de la población accede o accederá a una pensión, y una parte de ese pequeño porcentaje ni siquiera la tendrá porque la habrá retirado íntegramente al cumplir 65 años o antes.

Urge aprobar una reforma integral del sistema de pensiones, que incluya la propuesta de Lampadia de que todo ciudadano a partir de los 18 años aporte automáticamente a su cuenta individual pensionaria un pequeño porcentaje del IGV que paga cuando compra algo. Esto no solo universalizaría el sistema, sino que llevaría a una mayor formalización porque todos demandarían facturas. Sería una innovación global.

Colaboración público-privada

Todo esto nos debería llevar a institucionalizar la colaboración público privada en general para facilitar la inversión privada en todos los sectores de la economía, como una manera de remontar el golpe que nuestra economía va a sufrir como consecuencia precisamente de las medidas de contención que se están adoptando. Es el momento de unir al país, y parte de la unión es también la que debe haber entre el sector público y el privado. Sería un cambio cultural. No podemos tener ministros o ministras enfrentados a sus sectores productivos. Las mesas ejecutivas son una buena experiencia. Deberían generalizarse.

La magnitud del desafío obliga a pensar fuera de la caja y de los moldes tradicionales de actuación.

Amen.
Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, informó que el objetivo del Gobierno es cerrar al 100% la brecha en el suministro de agua en las áreas urbanas y al 85% en las zonas rurales del país para el 2021. Por supuesto, para eso se necesita, en primer término, recursos. Por eso agregó: “Esperamos que la inversión privada empiece a mejorar, de manera que el crecimiento del país se empiece a notar en el segundo semestre y tengamos los recursos para invertir y cerrar esa brecha”.

Pero resulta que pocos días antes de que el ministro formulara esas declaraciones, el Premier le había pinchado la llanta de ese objetivo por dos vías. Al ordenar a la Sunass que deje sin efecto el alza de la tarifa de agua en Moquegua, y aceptar luego revisar los peajes –que son contratos- con los transportistas, el Premier configuraba un escenario de ruptura de reglas básicas de la economía de mercado que, sin duda, como bien señaló Roberto Abusada, pueden afectar la confianza del sector privado y por ende la inversión. Y sin inversión, no habrá recursos presupuestales para alcanzar las metas de agua.

Pero, aun cuando los hubiera, de qué sirve invertir en agua potable y alcantarillado si después esas redes no se pueden mantener ni menos aún hay recursos para seguir invirtiendo. El 2016 el ex jefe de la Sunass, Fernando Momiy, nos decía que en los 10 años anteriores el Estado había invertido 20 mil millones de soles en obras de saneamiento y se preguntaba en qué se ha ido ese enorme monto. El Estado transfiere a las EPS, Gobiernos Regionales y Municipalidades alrededor de 3 mil millones de soles anuales para obras de saneamiento. El año pasado fueron 4 mil millones. Parte de eso son transfusiones de sangre del presupuesto nacional a las EPS incluso para subsistir y mantener las plantas y las redes. Por supuesto, las rehabilitaciones, ampliaciones o nuevas plantas se hacen siempre con dinero del gobierno central, no con fondos de las EPS.  

En muchos casos las EPS se han convertido en botín laboral de los alcaldes, que ponen en ellas a allegados a quienes quieren favorecer con un empleo, sin consideración de capacidad o necesidad. El siguiente alcalde los despide, pero regresan vía judicial, en virtud de la estabilidad laboral absoluta que impera en nuestro país. Sus directorios, presididos por el alcalde, se resisten a actualizar tarifas por razones políticas. Por eso, haberle dado al organismo regulador, la Sunass, autonomía para fijar las tarifas luego de estudios técnicos, fue un paso adelante muy importante para intentar la racionalización de estas entidades. Esos incrementos siempre venían con recomendaciones de gestión. Lamentablemente al Premier no se le ocurrió mejor idea que atacar ese instrumento clave, de modo que en adelante será muy difícil que la Sunass haga prevalecer los aumentos de tarifa que dispone. Es terrible.  

En el siguiente cuadro podemos ver que, al 2016, había 12 EPS cuyos “costos y gastos desembolsables” son superiores a sus ingresos operativos totales. Una de ellas, oh sorpresa, es la EPS Moquegua. Por eso, evidentemente, la Sunass dispuso el alza de la tarifa, cuestionada por el Premier. 

Y eso que este cálculo no considera los costos financieros de las EPS, las deudas impagas que tienen, por ejemplo, con el FONAVI. Hacia fines del 2016, la deuda de las EPS con el FONAVI sumaba más de 4,200 millones de soles.

Por eso, en el siguiente gráfico vemos cómo la cobertura de agua potable, lejos de aumentar, venía disminuyendo, al 2016, en las EPS grandes, medianas y pequeñas. En todas menos en Sedapal. La EPS carecen de capacidad de inversión porque sus tarifas son muy bajas.

No solo eso, la continuidad del servicio, es decir, el número de horas por día en que los que tienen conexión tienen agua, también ha caído en las grandes y pequeñas, como podemos ver en el siguiente gráfico:

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Y como podemos ver en el siguiente cuadro, 10 EPS distribuyen agua 10 o menos horas al día, y 15 EPS 12 horas o menos. Carecen de capacidad de inversión.

Recaudan poco no sólo porque eventualmente la tarifa es baja, sino porque la micromedición está relativamente poco extendida. En el siguiente cuadro podemos ver que hay incluso 5 EPS que no tienen micromedición alguna y muchas tienen porcentajes bajísimos. La EPS Moquegua, objeto de la interferencia del Premier, la micromedición alcanza sólo al 41%.

El asunto es penoso cuando nos acercamos al tratamiento de las aguas residuales.

• Sólo el 3.66% de las aguas residuales de las EPS pequeñas son tratadas
• Solo el 31.88% de las aguas residuales de las EPS medianas se tratan.
• Hay 23 EPS que simplemente no tienen ningún tratamiento. Una de ellas es justamente la EPS Moquegua.

Por todo lo anterior, la reforma de las EPS, es decir, la reforma del agua potable, es fundamental en nuestro país. De hecho, 12 EPS se encuentran bajo el Régimen de Apoyo Transitorio, mediante el cual del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) interviene EPS para establecer estrategias de corto, mediano y largo plazo a fin de mejorar su gestión y reflotarlas.

Pues resulta que una de esas 12 es nada menos que la EPS Moquegua. Por eso, en el comunicado que emite la Sunass para defender su autonomía y aclarar que no ha anulado el aumento de la tarifa en Moquegua, acepta sin embargo evaluar la propuesta de que el primer año el alza sea financiada por la OTASS, es decir, por todos los peruanos (ver punto 6 del comunicado). Es lamentable que se haya tenido que ceder, solo para postergar un año el problema. La población tiene que ser bien informada acerca de las razones que hacen necesaria el alza.

La reforma de las EPS no es un tema fácil. Necesita, por eso, claridad, firmeza y apoyo político de parte de las más altas autoridades. Lo que no puede hacer el gobierno es socavar la autoridad y la autonomía de los organismos reguladores, porque entonces será imposible actualizar tarifas y organizar bien las empresas de saneamiento, que por ahora son una tubería rota por la que se van los recursos que en ellas se pone. Lampadia

Durante los últimos meses hemos pasado de una grave sequía a fuertes lluvias y  huaicos que han afectado gravemente la vida de muchos peruanos y destruido importantes infraestructuras públicas. En el Perú no sabemos reservar agua para los períodos secos, ni protegernos de las avenidas descontroladas. Nuestro país es el octavo en disponibilidad de agua, pero vivimos como si tuviéramos un importante estrés hídrico. Lo que es más, como se ve en el mapa líneas abajo, se nos considera como vivimos y no como somos, un país con abundancia de agua.

El pasado 22 de marzo se celebró el Día Internacional del Agua en un mundo donde 1,800 millones de personas no tienen acceso al agua potable.

Según las Naciones Unidas, “Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más necesaria que nunca. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente”.

La importancia del agua trae consigo una gran necesidad: gestionar bien el recurso. En el Perú, la cobertura y calidad del servicio de agua y saneamiento deja muchísimo que desear. El servicio de abastecimiento se mide por horas, cuando ya debería ser todo el día, y las pérdidas de agua (ya sean físicas o por facturación) son de aproximadamente 50%. Además, la mitad de las EPS en el Perú están en falencia financiera, por lo que no pueden brindar un servicio adecuado a la población, ni llegar a más peruanos que todavía carecen de agua y desagüe.

La causa de los problemas en agua y saneamiento no es la escasez del recurso: como ya hemos mencionado en Lampadia (Ver: Superemos los mitos sobre el agua), el Perú cuenta con vastos recursos hídricos, ya que somos el octavo país con más agua dulce del planeta. El problema está en haber politizado la gestión del agua, con el consiguiente mal manejo que desde hace varios años vienen llevando acabo las empresas prestadoras de servicios (EPS). Lamentablemente, no sabemos aprovechar el recurso, pues no cosechamos el agua, ya sea en grandes represas o reservorios menores y familiares.

The Economist también considera que la escasez del agua a nivel mundial no es un tema de falta del recurso (especialmente porque dos tercios del planeta están compuestos por agua), sino por un problema de mala administración. Y es que, como afirma la revista inglesa, “cuando algo es demasiado barato, la gente lo malgasta”.

Según The Economist, “La clave para gestionar mejor el agua es el precio adecuado, dando a los consumidores una razón para no desperdiciarlo y a los inversores un incentivo para construir la infraestructura para su suministro. Se necesitan grandes sumas: más de US$ 26 trillones entre 2010 y 2030, según una estimación. Sin embargo, antes de que el agua pueda tener un precio adecuado, debe quedar claro quién es el propietario (o, más exactamente, quién tiene derecho a extraerlo de los ríos, acuíferos, etc.)”.

La solución es clara. De la misma manera en que se reestructuraron los servicios públicos de electricidad y comunicaciones para lograr brindar una mejora sustancial de los servicios. Ahora debemos despolitizar el manejo de las empresas, profesionalizar su gestión e involucrar, mediante APPs u otros mecanismos,  al sector privado en la operación de los servicios de agua y saneamiento.

Hasta ahora, la politiquería anti sector privado no ha permitido que se entienda que la combinación ‘sector privado y supervisión pública’ es largamente superior a la gestión pública que nadie controla y que cada cierto tiempo recibe recursos del Estado, para volverlos a mal usar. Solo así se podrá lograr un manejo eficiente y financiar los 53 mil millones de soles que se requieren para cerrar la brecha de infraestructura de saneamiento existente (según Milton Von Hesse) y así llegar a la meta del Plan Nacional de Inversiones para el Bicentenario (2021). Ver en Lampadia: Cambiemos los paradigmas sobre el agua.

El servicio de agua y desagüe en el Perú es el tema social más importante y, lamentablemente, no se está solucionando como se debe. Es necesario cambiar de paradigmas para lograr una reforma que cause un impacto positivo en nuestros ciudadanos y nos brinden los servicios que los peruanos merecemos. Lampadia

Agua: la realidad en seco

The Economist
5 de noviembre de 2016
Traducido y glosado por Lampadia

«Miles han vivido sin amor; ni uno sin agua», observó W.H. Auden. Omitió añadir que, al igual que con el amor, muchas personas tienen una fuerte aversión moral a pagar por el líquido que sustenta la vida. Algunos sienten que el agua es un derecho y, por lo tanto, debe ser libre. Otros presionan a los gobiernos para que subsidien su distribución a grupos favorecidos. Todo esto se traduce en grandes y evitables resultados.

El agua cubre dos tercios de la superficie de la Tierra. No se agota cuando se consume: simplemente sigue circulando. Entonces, ¿por qué los investigadores del MIT predicen que a mediados del siglo, más de la mitad de la humanidad vivirá en zonas de estrés hídrico, donde la gente está extrayendo cantidades insostenibles de las fuentes de agua dulce disponibles?

Una razón es que a medida que la población del mundo crece y se vuelve más rica, usa más agua. Otro es el cambio climático, que acelera los ciclos hidrológicos, haciendo que los lugares húmedos sean más húmedos aún y los lugares secos, más secos. El World Resources Institute, un grupo de expertos, clasificó a 167 países y encontró que 33 enfrentan un estrés hídrico extremadamente alto para 2040 (ver mapa). Pero gran parte del problema proviene de la pésima gestión del agua, y eso es algo que deberían reflexionar los funcionarios que se reúnen en la polvorienta Marrakech esta semana para la próxima ronda de conversaciones anuales sobre el clima de la ONU. Una parte crucial de la adaptación a un mundo más cálido es definir cómo asignar el agua de manera más eficiente.

Cada persona necesita beber sólo unos pocos litros al día, pero se necesitan cientos de litros para cultivar alimentos y miles para poner una porción de carne o cerdo en la mesa. La agricultura representa el 70% del consumo de agua y la industria representa la mayor parte del resto. Debido a que los agricultores y los jefes de las fábricas son políticamente poderosos, suelen pagar muy poco por su agua. Algunos pagan los costos operacionales de su suministro, pero no la infraestructura que le permitió salir del grifo. Muchos no pagan por utilizar los acuíferos subterráneos -la India bombea dos tercios de su agua de riego de esta manera. Cuando algo es demasiado barato, la gente lo malgasta. La industria china utiliza diez veces más agua por unidad de producción que la media de los países ricos, por ejemplo. Los agricultores en lugares resecos como California crecen con sed de cultivos comerciales como las paltas, que fácilmente podrían ser importados de algún lugar más húmedo.

La clave para gestionar mejor el agua es el precio adecuado, dando a los consumidores una razón para no desperdiciarlo y a los inversores un incentivo para construir la infraestructura para su suministro. Se necesitan grandes sumas: más de US$ 26 trillones entre 2010 y 2030, según una estimación. Sin embargo, antes de que el agua pueda tener un precio adecuado, debe quedar claro quién es el propietario (o, más exactamente, quién tiene derecho a extraerlo de los ríos, acuíferos, etc.). Australia ha liderado el camino en la creación de un sistema transable de derechos de agua.

Cuentas actuales

El objetivo es asegurarse de que el agua llegue a aquellos que pueden hacer el mejor uso de la misma. El cálculo de cuánto se está utilizando, y cuánto realmente debe ser utilizado, es esencial. En Australia los viejos derechos (típicamente pertenecientes a los terratenientes) fueron reemplazados con acciones que otorgan a los titulares una proporción de las asignaciones anuales. Esto significa que la única manera que una persona pueda tener más agua es si otra persona tiene menos. Dos mercados han surgido: uno en el cual las asignaciones estacionales de agua disponibles se pueden negociar, y otro en que las partes pueden compartir.

Para que el sistema funcione, se debe tener especial cuidado en asegurar que los derechos de agua comerciables se asignen de manera justa y abierta. La «cadena de bloques», una tecnología criptográfica que permite a los extraños hacer registros a prueba de violaciones de quién posee qué, podría ayudar.

Conseguir que la política del agua sea correcta no sólo fomentará la conservación cotidiana; también estimulará el desarrollo de tecnologías como la carne artificial (que utiliza mucho menos agua que la real) y la desalación más barata. La alternativa es probar que Mark Twain estaba en lo correcto cuando dijo: «El whisky es para beber; el agua es para pelear». Lampadia

El Perú es el octavo país con más agua dulce del mundo. Además contamos con más de 200 cuencas hidrográficas, 70% de los glaciares tropicales del mundo, 1,000 ríos y 12,200 lagunas. Sin embargo gran parte de nuestra población no tiene un acceso adecuado a servicios de agua potable y saneamiento. Nuestra cobertura y calidad de este servicio deja muchísimo que desear. El servicio de abastecimiento se mide por horas y las pérdidas de agua (ya sean físicas o por facturación) son de aproximadamente 50%.

Fuente:  www.proagua.org.pe

¿Qué debemos hacer para tener agua todo el año? Fernando Cilloniz, en su reciente columna de opinión «En nombre del Agua…» propone reservorios. Para esto, han creado un proyecto denominado “La Hermandad del Agua” en el que se busca trasvasar aguas sobrantes de las cuencas atlánticas hacia las vertientes occidentales de nuestra cordillera, específicamente hacia Ica. esto ayudaría a marcar el camino a seguir para el sector de Agua y Saneamiento, la cual Cilloniz sintetiza como «mucho floro y ni una gota de agua almacenada».

Uno de los motivos más importantes es que la mitad de las EPS en el Perú están en falencia financiera, por lo que no pueden brindar un servicio adecuado a la población, ni llegar a más peruanos que todavía carecen de agua y desagüe. Y la solución no es reflotarlas sin cambiar su estructura. Sin embargo, es importante resaltar que el plan del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Edmer Trujillo, de reflotar las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) que no estén funcionando bien en el abastecimiento de agua potable a la población en provincias es simplemente una pérdida de recursos y tiempo. Es simplemente más de lo mismo.

La solución es clara. De la misma manera que se reestructuró el manejo de los servicios públicos de electricidad y comunicaciones (mediante las privatizaciones de los años 90) para lograr brindar una mejora sustancial de los servicios, ahora debemos despolitizar el manejo de las empresas, profesionalizar su gestión e involucrar, mediante APPs u otros mecanismos,  al sector privado en la operación de los servicios de agua y saneamiento.

Además, la operación de Sedapal es excesivamente ineficiente, la empresa estatal responsable de los servicios de agua potable y alcantarillado en Lima y las EPS en las regiones. Las malas instalaciones hacen que gran cantidad de habitantes sufran la escasez de este recurso. Existe una insuficiencia de cobertura y además la población peruana no tiene por qué ser víctima de insuficientes horas de servicios, baja presión de agua, agua no apta para el consumo humano, aniegos de aguas servidas y muchos otros factores que reflejan un mal servicio de saneamiento.

El diagnóstico del sector es el mismo que hace 23 años, según el propio ministro. Queda claro, entonces, que fue un error mantener el servicio de agua potable y alcantarillado en manos del Estado. Lo principal es el servicio de calidad para todos los peruanos, sin importar quién lo otorgue. Lo que es más, si el servicio estuviera en manos privadas, la fiscalización del estado sería más exigente y se podría asegurar un avance sustancial en calidad y cobertura. Ver en Lampadia: Cambiemos los paradigmas sobre el agua.

Como afirmó Jaime de Althaus en un reciente artículo para Lampadia (Ver: Agua Potable: Un servicio público menoscabado por la política), “el problema central de las EPS es que no son capaces de mantener adecuadamente las redes que manejan y menos aún de ampliarlas, porque tienen tarifas bajas o gastos de personal excesivos o mucha corrupción, y carecen de capacidad profesional para formular proyectos. Según la Sunass, las EPS no tienen proyectos ni proyectistas. La propia Sedapal sólo puede ejecutar 400 millones al año de los 650 millones que tiene disponibles.”

Como analiza el artículo del Banco Mundial, compartido líneas abajo, la actual oferta de productos de saneamiento es insuficiente y no satisface las necesidades reales de la gente, “9,7 millones de habitantes no tienen servicio de agua y saneamiento, respectivamente, de los cuales 60% reside en el ámbito rural en uno de los 73,500 centros poblados”. Asimismo detalla una serie de acciones que podrían ayudar a desarrollar el sector, como fortalecer el liderazgo del ente rector y su capacidad de coordinación, establecer una política de financiamiento y fortalecer la autonomía operativa y financiera de las EPS.

Entonces, ya no quedan excusas para evitar que Sedapal y las EPSs se conviertan en holdings de administración de concesiones privadas, debidamente fiscalizadas por todas las instancias correspondientes. Eso solucionaría los problemas de cobertura, calidad y precio. No hacerlo es irresponsable, ineficiente y va en contra de los intereses de todos los peruanos, especialmente de los más pobres. Lampadia

PERÚ

Universalización de servicios de agua y saneamiento sostenibles

Una publicación del Banco Mundial

Notas de Política

Garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento (A y S) sostenible para todos es uno de los principales motores de la salud pública y puede tener efectos profundos en el estado de nutrición de las mujeres y los niños. Asegurar la provisión de servicios confiables y eficientes contribuye al desarrollo y competitividad de diferentes sectores de la economía.

Si bien las coberturas de los servicios de A y S se incrementaron sustancialmente en los últimos años, la calidad y eficiencia de los servicios todavía no están acordes a los niveles esperados de un país de ingresos medios como el Perú, y requieren importantes mejoras para lograr servicios continuos de 24 horas diarias.

Atender los desafíos en A y S requiere importantes reformas institucionales, así como políticas públicas que introduzcan incentivos adecuados para el desarrollo progresivo y sostenido del sector.

Logros

Se incrementó la cobertura de A y S

Según el Programa de Monitoreo Conjunto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio al 2015, el Perú alcanzó las metas de A y S.

Las coberturas de A y S entre los años 1999 y 2014 se incrementaron en 16% y 14% respectivamente, contribuyendo a reducir la pobreza en alrededor de un 25% y la tasa de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) en un 0,5%

La instalación de grandes Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

En el 2015, se produjo un importante aumento en el tratamiento de aguas residuales (TAR) como resulta- do de la puesta en marcha de dos grandes plantas de tratamiento de aguas residuales (PTARs) de Lima: Taboada y La Chira. Sin embargo, la cobertura y niveles de TAR en el resto del país son deficitarios, ya que 89 localidades administradas por empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) no cuentan con PTARs y las existentes operan deficientemente, descargando efluentes que contaminan los cursos de agua.

La introducción de un marco legal

El Perú ha logrado construir un marco institucional y regulatorio para gestionar el A y S en concordancia con buenas prácticas internacionales, diferenciando los principales roles: rector (Ministerio de Vivienda, Construcción  y Saneamiento-MVCS), regulador (SUNASS), prestadores (EPS) y el organismo  técnico especializado a cargo de cautelar la ejecución de la política del Estado en materia de prestación  de los servicios de saneamiento (OTASS). Sin embargo los desafíos del sector requieren mejorar la organización y capacidad de liderazgo del MVCS para la implementación de políticas y de coordinación.

Desafíos

• Incrementar el acceso a A y S. Unos 3,8 y 9,7 millones de habitantes no tienen servicio de agua y sanea- miento, respectivamente, de los cuales 60% reside en el ámbito rural en uno de los 73 500 centros poblados. Asimismo, es necesario ampliar la cobertura del servicio de TAR en localidades urbanas.

• Lograr la autonomía operativa y financiera de las EPS y la mejora de su gobernanza corporativa mediante la acción conjunta de SUNASS y OTASS. De igual manera, es vital profesionalizar los cuadros gerenciales y técnicos, eliminando las barreras a la posibilidad de ofrecer salarios competitivos

• Mejorar la coordinación entre las instituciones  sectoriales y con los gobiernos locales y regionales a los efectos de alinear los incentivos de mejora del servicio.

• Eliminar la discrecionalidad del financiamiento  y cofinanciamiento  de la inversión pública en A y S
   
• Solucionar el alto nivel de endeudamiento de las EPS, principalmente  con el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) y la Superintendencia Nacional de Administración  Tributaria (SUNAT).

¿Cómo avanzar?

1. Fortalecer el liderazgo del ente rector y su capacidad de coordinación

• Revisar la organización interna, aclarar roles y responsabilidades, dotando a los organismos del sector de recursos y capacidad profesional para llevar adelante la transformación sectorial.

2. Establecer una política de financiamiento

• Incluir tarifas  y subsidios eficientes,  y requisitos  de cofinanciamiento  que potencie  la asignación de los recursos presupuestales del gobierno nacional (MVCS)

• Incorporar incentivos ligados a la mejora de la gestión, coberturas de A y S y TAR mediante programas por resultados.

3. Fortalecer autonomía operativa y financiera de EPS

• Realizar un estudio organizacional de los entes nacionales, regionales y de las EPS

• Mejorar la política de remuneraciones para el nivel nacional y de EPS y atraer profesionales con experiencia para implementar las políticas sectoriales

• Desarrollar un programa nacional dirigido a EPS para alcanzar niveles de micro-medición al 100%
   
• Establecer incentivos y mecanismos para promover la agregación de EPS.

4. Establecer la política de TAR y reutilización de efluentes

• Revisar las normas de calidad correspondientes.

5. Formular políticas y programas de A y S para poblaciones rurales

• Proveer de soluciones de saneamiento (tradicionales y no tradicionales) en el ámbito rural disperso.

6. Formular políticas y programas de A y S para poblaciones periurbanas

• Desarrollar e implementar un programa con soluciones no convencionales para mejorar el acceso de la población en zonas periurbanas.

El Perú es uno de los diez países con mayor disponibilidad de recursos hídricos en el mundo, sin embargo gran parte de nuestra población no tiene un acceso adecuado a servicios de agua potable y saneamiento. Nuestra cobertura y calidad de este servicio deja muchísimo que desear. El servicio de abastecimiento se mide por horas y las pérdidas de agua (ya sean físicas o por facturación) son de aproximadamente 50%.

Uno de los motivos más importantes es que la mitad de las EPS en el Perú están en falencia financiera, por lo que no pueden brindar un servicio adecuado a la población, ni llegar a más peruanos que todavía carecen de agua y desagüe.

Además, la utilización del agua es excesivamente ineficiente por Sedapal, la empresa estatal responsable de los servicios de agua potable y alcantarillado en Lima y las EPS en las regiones. Las malas instalaciones hacen que gran cantidad de habitantes sufran la escasez de este recurso. Existe una insuficiencia de cobertura y además la población peruana no tiene por qué ser víctima de insuficientes horas de servicios, baja presión de agua, agua no apta para el consumo humano, aniegos de aguas servidas y muchos otros factores que reflejan un mal servicio de saneamiento.

El gran problema es que el diagnóstico del sector es el mismo que hace 23 años, según el propio ministro. Queda claro, entonces, que fue un error mantener el servicio de agua potable y alcantarillado en manos del Estado. Lo principal es el servicio de calidad para todos los peruanos, sin importar quién lo otorgue. Lo que es más, si el servicio estuviera en manos privadas, la fiscalización del estado sería más exigente y se podría asegurar un avance sustancial en calidad y cobertura. Ver en Lampadia: Cambiemos los paradigmas sobre el agua.

Como afirmó Jaime de Althaus en un reciente artículo para Lampadia (Ver: Agua Potable: Un servicio público menoscabado por la política), “el problema central de las EPS es que no son capaces de mantener adecuadamente las redes que manejan y menos aún de ampliarlas, porque tienen tarifas bajas o gastos de personal excesivos o mucha corrupción, y carecen de capacidad profesional para formular proyectos. Según la Sunass, las EPS no tienen proyectos ni proyectistas. La propia Sedapal sólo puede ejecutar 400 millones al año de los 650 millones que tiene disponibles.”

Como analiza el artículo del Banco Mundial, compartido líneas abajo, la actual oferta de productos de saneamiento es insuficiente y no satisface las necesidades reales de la gente, y este sector sí ofrece condiciones atractivas para alianzas público privadas. Entonces, ya no quedan excusas para evitar que Sedapal y las EPSs se conviertan en holdings de administración de concesiones privadas, debidamente fiscalizadas por todas las instancias correspondientes. Eso solucionaría los problemas de cobertura, calidad y precio. No hacerlo es irresponsable, ineficiente y va en contra de los intereses de todos los peruanos, especialmente de los más pobres. Lampadia

El negocio del saneamiento en el Perú

Por el Banco Mundial
16 de diciembre de 2015
Glosado por Lampadia

Actualmente, 3 de cada 10 peruanos aún no tienen un inodoro. Pero, si hay un mercado tan amplio para el saneamiento, ¿qué impide a los empresarios invertir en el sector?
Fuente: Banco Mundial

Un reciente estudio del Banco Mundial revela que más de 2 millones de viviendas del país necesitan instalaciones para acceder a servicios de agua y desagüe. ¿Es un mercado atractivo para los empresarios e inversionistas?

Durante toda su vida, usted hará uso, varias veces, de una de las invenciones más útiles de la historia: el inodoro. Lamentablemente, ese momento tan privado y tan necesario para los seres humanos no forma parte de la vida de todos nosotros. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, aún unas 2,600 millones de personas en el planeta carecen de acceso a instalaciones de saneamiento básico.

En el Perú, uno de los países que más ha crecido económicamente durante los últimos años,  la situación no es diferente. 3 de cada 10 personas aún no tienen un inodoro. Y en las zonas rurales, sólo el 53% del país cuenta con acceso a saneamiento, ubicándolo entre los más bajos de América Latina y limitando su desarrollo debido, principalmente a las enfermedades producidas por huecos en la arena, letrinas improvisadas y pozos sépticos, es decir, por falta de saneamiento.

Pero, si hay un mercado tan amplio para el saneamiento, ¿qué impide a los empresarios invertir en el sector? 

Los 5 grandes mitos del mercado de saneamiento

El recientemente publicado estudio del Banco Mundial: “Mitos y Realidades sobre el mercado de saneamiento en el Perú” enumera cuales son los principales problemas a los que se enfrenta el mercado de saneamiento en el país.

Mito 1:       El Mercado de saneamiento es pequeño.
Realidad:   Atender el mercado de saneamiento podría generar ventas por más de 2 mil millones de soles en el 2015.

Mito 2:       El mercado para el saneamiento es geográficamente inaccesible.
Realidad:   La mayoría de potenciales clientes se concentra en áreas urbanas.

Mito 3:       Los pobres no quieren ni pueden comprar baños.
Realidad:   Las personas están dispuestas a comprar si se le ofrece la oportunidad.

Mito 4:       El mercado de saneamiento tiene suficientes ofertantes y productos.
Realidad:   La actual oferta de productos es insuficiente y no satisface las necesidades reales de la gente.

Mito 5:       Las políticas públicas no promueven la inversión privada en el mercado de saneamiento.
Realidad:   El saneamiento ofrece condiciones atractivas para las alianzas público privadas.

“En el Perú no existe una cadena articulada para la prestación de servicios de saneamiento, lo que limita ofrecer servicios empaquetados. Esto genera otra oportunidad para que los empresarios puedan articularse con los diferentes grupos de interés de la cadena para abastecer a los pobres y pobres extremos con alternativas de baños y soluciones acordes a sus posibilidades”, menciona el informe.

“Al finalizar el informe, el lector podrá concluir que dotar de un baño no solo representa un enorme beneficio para las familias que no lo tienen, sino también para quienes buscan iniciar emprendimientos rentables en un sector que por tanto tiempo ha sido ignorado por los empresarios” agrega. 

Avances

El Gobierno de Perú, con el apoyo del Banco Mundial, ha logrado importantes progresos en el tema de saneamiento. Gracias a estas inversiones, el acceso a saneamiento, desde 1990, ha crecido 39% en el área rural y 12% en el área urbana, dónde se concentra casi el 80% de la población nacional.

Los resultados de este estudio fueron determinantes para convocar al sector privado e impulsar la iniciativa MiBaño, fundada por el Banco Mundial y encabezada por la Sociedad Nacional de Industrias del Perú. Este proyecto promueve el saneamiento en todo el Perú a través de baños prefabricados y completos que se pueden comprar listos para usar.

Tener un baño significa menos contaminación ambiental y menos focos infecciosos causantes de diarreas, desnutrición u otras enfermedades, principalmente en los más pequeños. Con estos y otros proyectos esperamos que más peruanos podrán acceder a un baño digno en sus hogares.

Lampadia

El servicio público más importante en cualquier país es el de agua y desagüe. En el Perú, la cobertura y calidad de este servicio deja muchísimo que desear. El servicio de abastecimiento se mide por horas, cuando ya debería ser todo el día, y las pérdidas de agua (ya sean físicas o por facturación) son de aproximadamente 50%. Además, la mitad de las EPS en el Perú están en falencia financiera, por lo que no pueden brindar un servicio adecuado a la población, ni llegar a más peruanos que todavía carecen de agua y desagüe.

La causa de los problemas en agua y saneamiento no es la escasez del recurso: como ya hemos mencionado en Lampadia (Ver: Superemos los mitos sobre el agua), el Perú cuenta con vastos recursos hídricos, ya que somos el octavo país con más agua dulce del planeta. El problema está en el mal manejo que desde hace varios años vienen llevando acabo las empresas prestadoras de servicios (EPS). Lamentablemente, en nuestro país no sabemos aprovechar el recurso, pues no cosechamos el agua, ya sea en grandes represas o reservorios menores y familiares. Tampoco trasvasamos el agua que perdemos hacia el Atlántico para su uso social y productivo en la costa árida del Perú. 

En el país los servicios de saneamiento siguen en manos del Estado, con resistencia a desarrollar APPs y su manejo sigue distorsionado por el enfoque político de sus gestores. Por ejemplo, el ex Ministro de Vivienda, Milton von Hesse, indicó que en Sedapal (la operadora del servicio en Lima), existían dos mil puestos que los ‘trabajadores’ podían heredar a sus familiares.

Evidentemente, hay un gran problema con las EPS (las empresas dirigidas por los municipios que prestan de servicios en las regiones). El mismo ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Edmer Trujillo, lo reconoció en una reciente entrevista en Gestión, admitiendo el mal estado en el que están las EPS en el país, y aseguró que este Gobierno trabajará en conjunto con ellas para poder reactivarlas. El plan del ministro es reflotar las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) que no estén funcionando bien en el abastecimiento de agua potable a la población en provincias. Esto es simplemente más de lo mismo. Como dijo Albert Einstein, “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

La solución es clara. De la misma manera que se reestructuró el manejo de los servicios públicos de electricidad y comunicaciones (mediante las privatizaciones de los años 90) para lograr brindar una mejora sustancial de los servicios, ahora debemos despolitizar el manejo de las empresas, profesionalizar su gestión e involucrar, mediante APPs u otros mecanismos,  al sector privado en la operación de los servicios de agua y saneamiento.

El diagnóstico del sector es el mismo que hace 23 años, según el propio ministro. Queda claro, entonces, que fue un error mantener el servicio de agua potable y alcantarillado en manos del Estado. Lo principal es el servicio de calidad para todos los peruanos, sin importar quién lo otorgue. Lo que es más, si el servicio estuviera en manos privadas, la fiscalización del estado sería más exigente y se podría asegurar un avance sustancial en calidad y cobertura.

Como afirmó Jaime de Althaus en un reciente artículo para Lampadia (Ver: Agua Potable: Un servicio público menoscabado por la política), “el problema central de las EPS es que no son capaces de mantener adecuadamente las redes que manejan y menos aún de ampliarlas, porque tienen tarifas bajas o gastos de personal excesivos o mucha corrupción, y carecen de capacidad profesional para formular proyectos. Según la Sunass, las EPS no tienen proyectos ni proyectistas. La propia Sedapal sólo puede ejecutar 400 millones al año de los 650 millones que tiene disponibles.”

Como resultado, las EPS han terminado en manos de grupos que no buscan el beneficio de los ciudadanos. Esto queda al descubierto en la cantidad de horas al día en las que hay agua potable en las viviendas atendidas por las EPS. Salvo Sedapal, donde el promedio de horas al día sería de 21.9, en las viviendas atendidas por las demás EPS tienen un promedio de horas de agua de alrededor de 16. Y, como podemos ver en el gráfico superior, hay 10 EPS en las que la cantidad de horas diarias está por debajo de 12.

No podemos dejar de notar que en el mejor caso, el de Sedapal, el promedio de horas de servicio esconde casos inaceptables de calidad del mismo. Esto, además de las zonas donde la población más pobre tiene que pagar por el agua en baldes 10 y 12 veces más que el costo del servicio residencial en las zonas de mayores ingresos.

Todos estos elementos deberían ser suficientes para que las autoridades puedan plantear a la población, cambios sustanciales en la estructura de gestión de las empresas, pero los mitos, los paradigmas anti empresa privada y una patética escala de valores, donde se privilegia la política antes que la oferta de un servicio social básico, lo siguen impidiendo.

Intentar reflotar las EPS con la inyección de recursos públicos no es más que un efímero esfuerzo, que terminará evaporándose sin que se logre ninguna mejora estructural. Lo que se debe hacer es emprender una profunda reforma que permita el ingreso de inversión privada a este sector, para que así se logre plantear una estrategia de inversiones y financiamiento eficientes, al igual que la adecuada supervisión de Estado.

Hasta ahora, la politiquería anti sector privado, no ha permitido que se entienda que la combinación ‘sector privado y supervisión pública’ es largamente superior a la gestión pública que nadie controla y que cada cierto tiempo recibe recursos del Estado, para volverlos a mal usar. 

Esta magnífica combinación es la única manera de financiar eficientemente, los 53 mil millones de soles que se requieren para cerrar la brecha de infraestructura de saneamiento que existe actualmente (según Milton Von Hesse) y así llegar a la meta del Plan Nacional de Inversiones para el Bicentenario (2021). 

Lamentablemente, en sus primeras declaraciones, el nuevo Ministro de Vivienda ha mantenido el perverso paradigma de ‘fortalecer y evaporar’ los recursos públicos en esquemas que no ofrecen soluciones sostenibles. Además, el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,  como candidato, firmó un acuerdo con el sindicato de Sedapal, por el que se comprometió a “no concesionar Sedapal ni las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS)”.

El servicio de agua y desagüe en el Perú es el tema social más importante y, lamentablemente, está siendo tratado como un tema político. Es necesario cambiar de paradigmas para lograr una reforma que cause un impacto positivo en nuestros ciudadanos y así no perdamos más lustros ni sigamos malogrando la salud de tantos peruanos ¡Nobleza Obliga Presidente! 

Lampadia

Después de haberse reestructurado el manejo de los servicios públicos de electricidad y comunicaciones, mediante las privatizaciones de los años 90, que permitieron una mejora sustancial de los servicios y el empoderamiento del Estado como el regulador de la actividad privada, hace prácticamente 20 años el país optó por mantener el servicio de agua potable y alcantarillado en manos del Estado.

A mediados de 1997, en la Embajada del Perú en Londres, durante una visita de Estado al Reino Unido del Presidente Alberto Fujimori, en una cena brindada por el Embajador Eduardo Ponce, con la presencia de inversionistas británicos, se produjo un incidente que tuvo consecuencias de largo plazo sobre el manejo del agua en el Perú.

Los representantes del Water and Sewage Authority, se pusieron malcriados con el Presidente del Perú, por los constantes cambios de planes, por los que no se concluían los términos de la reforma del servicio de agua con el ingreso de los capitales privados. Al final de la cena, el Ministro de Economía y Finanzas, don Jorge Camet Dickmann comentó, sotto voce: “se acabó la privatización de Sedapal, después de esto, el Presidente no irá adelante”.

Desde entonces, la politiquería ha ido solidificando un statu quo, a todas luces negativo: que impide a los ciudadanos el acceso a un servicio de calidad  y castiga a los más pobres a pagar por el agua hasta 15 veces más que las clases más acomodadas, que genera inmensas pérdidas de recursos públicos por inversiones inefectivas y; que permite la presencia de mafias corruptas que medran alrededor de las limitaciones de los pobres.

En el siguiente ensayo, Jaime de Althaus presenta un análisis de la situación del sector y la imperiosa necesidad de adoptar decisiones audaces e ingeniosas para salir de una trampa que no tiene cuando acabar. (Ver otras propuestas de reformas en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI).  

La reforma del agua potable

Cuando el 8 de julio del 2011 el Presidente Alan García inauguró la  planta de tratamiento de agua de Huachipa, proclamó que se trataba de la planta de Tratamiento de Agua más moderna y grande de Sudamérica, que, junto con la construcción del Ramal Norte de 27 kilómetros de longitud y 10 kilómetros de túneles, garantizaría que 2 millones 400 mil limeños y chalacos de los distritos de Lurigancho-Chosica, San Juan de Lurigancho, Comas, Carabayllo, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y el Callao, tengan asegurado el abastecimiento de agua potable de manera permanente.

Han pasado 5 años desde esa inauguración, y esos objetivos no se han  cumplido. La infraestructura funciona a un quinto de su capacidad. Según Fernando Momiy, Presidente de la Sunass, la Planta debería proporcionar 5 m3 por segundo pero sólo da 1 m3. Para comenzar, el llamado Ramal Norte que va desde Huachipa hasta Comas pasando por San Juan de Lurigancho, tuvo problemas desde el día mismo de la inauguración, cuando se rompió el tubo por la presión del agua, inundando 5 manzanas de San Juan de Lurigancho. A partir de allí, la cantidad de agua que lleva es mínima. Y como si ello fuera poco, resulta que en noviembre de 2015, cuando los constructores Camargo Correa y Veolia iban a entregar la planta a Sedapal luego de 4 años de operación, justo antes de la venida del Niño, se descubrió que la bocatoma se estaba desmoronando, cayendo a pedazos. Camargo Correa realizó una reparación provisional, a cuenta de una reparación mayor que tendría que hacer si así lo determina un peritaje que Sedapal ha convocado pero que se declaró desierto en abril del 2016, programándose la segunda convocatoria para agosto del 2016. “Que se sepa, ni la Contraloría ni la fiscalía han determinado responsables”, señaló Momiy. “Lamentablemente es una obra pública y no una concesión”, agregó.

Daños en la Bocatoma de la planta de agua potable de Huachipa

No obstante, Ramón Huapaya, Gerente General de Sedapal, asegura que la razón por la que el Ramal Norte sólo transporta 1 m3 y 5, no son las fallas en la construcción, que en el caso del Ramal ya fueron reparadas, sino el retraso en el tendido de redes en Pachacútec y San Martín de Porres, que debió estar listo con simultaneidad a las obras mayores. Recién en diciembre de este año estaría operativo de modo que en ese momento el Ramal Norte conducirá 4 m3 de agua por segundo. Veremos.

Como fuere, si esos problemas ocurren en Lima, con Sedapal, que se supone es la empresa de agua potable más organizada del país, y en una obra ejecutada por empresas internacionales en un proyecto que costó más de 800 millones de soles, ¿qué no pasará en el interior del país con Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) municipales cuya gestión, en su gran mayoría, es sumamente deficiente?

Graves problemas de gestión, corrupción y despilfarro presupuestal

El problema central de las EPS es que no son capaces de mantener adecuadamente las redes que manejan y menos aun de ampliarlas, porque tienen tarifas bajas o gastos de personal excesivos o mucha corrupción, y carecen de capacidad profesional para formular proyectos. Según la Sunass, las EPS no tienen proyectos ni proyectistas. La propia Sedapal sólo puede ejecutar 400 millones al año de los 650 millones que tiene disponibles.

En muchos casos las EPS se han convertido en botín laboral de los alcaldes, que ponen en ellas a allegados a quienes quieren favorecer con un empleo, sin consideración de capacidad o necesidad. El siguiente alcalde los despide, pero regresan vía judicial, en virtud de la estabilidad laboral absoluta que impera en nuestro país.

Como resultado muchas EPS tiene más personal del que necesitan y sin las calificaciones adecuadas. Y la corrupción cunde. El propio ex Ministro de Vivienda, Milton von Hesse, denunció que en Sedalib trabajadores venden por su cuenta el agua en algunos sectores periféricos de la ciudad. Es decir, la privatización de facto, a favor de trabajadores corruptos. Y el Premier Cateriano reveló hace unos meses que los puestos en Sedapal son hereditarios en virtud de convenios colectivos firmados con el sindicato. Inaudito.

Este es, pues, un sector que, con excepciones, ha sido abandonado al descontrol más absoluto y que ha terminado en manos de grupos que se benefician para su propio interés de un estado de cosas ruinoso e ineficiente.  

Por eso, por ejemplo, la instalación de micromedidores, que por ley es obligatoria, se cumple muy parcialmente. En el siguiente gráfico podemos ver, por ejemplo, que 10 EPS tienen un nivel de micromedición menor al 20%.

Número de EPS según % de micro medición

 Fuente: Benchmarking Regulatorio de las EPS, 2014, Sunass

Como consecuencia, las EPS tienen que estar recibiendo frecuentemente transfusiones de sangre del presupuesto nacional incluso para subsistir y mantener las plantas y las redes. Son huecos negros. De hecho, las rehabilitaciones, ampliaciones o nuevas plantas se hacen siempre con dinero del gobierno central, no con fondos de las EPS. El Estado transfiere a las EPS, Gobiernos Regionales y Municipalidades alrededor de 3 mil millones de soles anuales para obras de saneamiento. Parte de eso es para reparar o rehabilitar redes deterioradas. Y, según Fernando Momiy, cuando, con ese dinero, el gobierno regional o la municipalidad llevan a cabo proyectos de agua potable que encargan o transfieren luego a las EPS, esos proyectos suelen tener problemas de diseño, formulación, ejecución, supervisión y financiamiento. El resultado  es una gran cantidad de obras inservibles, paralizadas, inconclusas o en arbitraje. Y si la obra se termina y entrega pero está mal hecha, lo que se tiene son elevados costos de operación y mantenimiento. En los últimos 10 años el Estado ha invertido 20 mil millones de soles en obras de saneamiento y Momiy se pregunta en qué se ha ido ese enorme monto.

Por eso, la cifra de incremento de la cobertura de agua potable y alcantarillado puede resultar engañosa. En efecto, según el documento “Benchmarking Regulatorio de las EPS, 2014” de la Sunass, la cobertura promedio del servicio del agua potable a nivel nacional en las poblaciones que están dentro de área de influencia de las 50 EPS se incrementó desde 82.4% en el año 2009 hasta 90.5% en el año 2014, y en el caso del servicio de alcantarillado, pasó  de 75.4% a 83.6% en el mismo periodo. Es notorio el caso de las EPS Pequeñas cuya cobertura pasó de 68.02% a 86.40% en esos mismos cinco años, un incremento de 18%. Pero precisamente lo que ocurre es que muchas de esas obras tienen problemas de diseño, operación y mantenimiento y a la larga no podrán mantener el servicio salvo que reciban una inyección del gobierno regional o nacional, como de hecho ocurre. 

Lo anterior se advierte, por ejemplo, en la cantidad de horas al día en las que hay agua potable en las viviendas atendidas por las EPS. Salvo Sedapal, donde el promedio de horas al día era 21.9, en las viviendas atendidas por las demás EPS el promedio de horas de agua estaba alrededor de 16. Y, como podemos ver en el siguiente tráfico, hay 10 EPS en las que la cantidad de horas diarias está por debajo de 12.

Número de EPS según cantidad de horas de agua/día

Fuente: Benchmarking Regulatorio de las EPS, 2014, Sunass

Con mucha frecuencia, como decíamos, los proyectos están mal hechos y no funcionan. El caso más conocido es el de la planta de tratamiento de aguas residuales  y el sistema de alcantarillado de Iquitos, una obra de alrededor de 800 millones de soles también que fue, sencillamente, una estafa, porque las aguas servidas se salen en medio de la ciudad, inundan las calles y no llegan nunca a la planta de tratamiento. Esta, a su vez, fue construida en una zona inundable, de modo que a la primera lluvia importante se colmó de agua y los equipos eléctricos se malograron. Y el ex gobernador regional está libre y campante.

Un estudio reciente de la Sunass revela que de las 200 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que existen en el país, ninguna funciona adecuadamente. Más de 90% carece de autorización de de la Autoridad Nacional del Agua para vertimiento y reúso, y no puede cumplir la normativa de Límites Máximos Permisibles ni de los Estándares de Calidad Ambiental, debido a las tecnologías que usan y a las características del cuerpo receptor. También incumplen la ley de Residuos Sólidos por falta de lugares adecuados para la disposición final de los lodos y residuos sólidos y/o por falta de aplicación de estrategias de reúso de los lodos. (Ver: http://www.sunass.gob.pe/doc/Publicaciones/ptar2.pdf)

La cuantiosa deuda al Fonavi

A los graves problemas de gestión, personal y corrupción de las EPS, se suman serios problemas financieros. En efecto, las EPS sufren unas cargas financieras muy gravosas que no pueden atender: se trata de la deuda que tienen con el FONAVI. Resulta que en los años 90 las EPS recibieron fondos del FONAVI para hacer obras de agua potable y alcantarillado, o asumieron la deuda contraída por pobladores para ese fin. El resultado es una deuda de 4,200 millones de soles entre casi todas las EPS, que, por supuesto, no han incorporado en la tarifa que pagan los usuarios, salvo en tres casos. No pueden pagar esa deuda y cuando lo hacen, no pueden hacer obra. Y el problema es que los fonavistas se cobran precisamente del pago de esa deuda, y como quienes los representan son funcionarios del MEF, éstos accionan y eventualmente embargan a las EPS.

Soluciones

Esta situación solo se resolvería aumentando las tarifas de una manera apreciable, lo que resultaría casi imposible considerando que eso requiere de una audiencia pública y que más bien el problema suele ser de retraso tarifario. Por lo demás, de nada serviría aumentar las tarifas si la gestión de las EPS sigue siendo una coladera.

Capitalización de la deuda y APPs

La Sunass, entonces, propone una salida, a todas luces inteligente: que el Estado capitalice esas deudas, tome el control de las empresas y les consiga operadores solventes por medio de asociaciones público privadas. Es decir, aprovechar la deuda impagable de las EPS para resolver de una vez por todas el problema de gestión, de modo que los cuantiosos montos que invierte el Estado anualmente en saneamiento, en lugar de dilapidarse, se traduzcan en aumento real de la cobertura y de la calidad del servicio y se cierren las brechas existentes.

Activar el Fondo de Inversión Social en Saneamiento (INVERSAN)

Y para que los 3 mil millones vayan a proyectos realmente prioritarios y bien estudiados, la Sunass propone una segunda medida: activar el Fondo de Inversión Social en Saneamiento (INVERSAN), creado por la ley 29061 al final del gobierno de Alejandro Toledo pero que la administración siguiente, la de García, dejó de lado. La idea es transferir a ese fondo todos los años los 3 mil millones de soles que se gastan hoy de manera clientelista y sin planificación ni control alguno. Se trata de un fondo concursable, de modo que los recursos se asignarían a buenos proyectos de acuerdo a prioridades establecidas claramente, asegurando operación y mantenimiento, y no a los alcaldes o gobernadores regionales amigos del ministro.

Luego, a fin de que las EPS se avengan a tener tarifas reales, debería darse una ley por la que si la empresa no quiere aumentar la tarifa cuando es necesario, la diferencia la tenga que poner la Municipalidad de su presupuesto.

Catastros

Otra medida, sugerida por la Sunass, es algo que debería hacerse desde o por encargo del Ministerio de Vivienda: un catastro técnico que identifique donde están las redes en cada ciudad y qué antigüedad tienen, por un lado, y un catastro comercial, para saber con precisión quiénes son los usuarios pues, por ejemplo, hay muchas industrias que se camuflan como usuarios domésticos.

Resulta absurdo, por ejemplo, que muchas carreteras se ejecuten y mantengan por medio de asociaciones público privadas y esto no se pueda aplicar en el sector saneamiento, tan necesitado justamente de una gestión moderna y eficiente que garantice la ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura.

Compromisos políticos que deben superarse

Lamentablemente el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio no contempla claramente la posibilidad de concesionar la administración de las EPS a asociaciones público privadas. Es más, en el acuerdo firmado con el sindicato de Sedapal, PPK se compromete a “no concesionar Sedapal ni las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS)”. Sorprende que el Presidente electo no se haya percatado de que lo que buscaban los sindicatos con este acuerdo era mantener el statu quo para conservar los privilegios y las prácticas corruptas antes mencionadas. Ver acta del compromiso:

Lo que ese plan plantea es que los usuarios estén representados en sus directorios de modo que tengan un incentivo para reducir las inmensas pérdidas de agua, y que las EPS con déficit en su gestión sean reincorporadas a la administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, específicamente al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), para su “reflotamiento” administrativo y financiero. 

La ley de la OTASS le permite aplicar un “Régimen de Apoyo Transitorio” a las EPS con problemas. Este régimen transitorio dura un máximo de 15 años. Durante ese plazo, la OTASS puede promover la participación del sector privado en la administración de la EPS intervenida. La pregunta es si una APP se interesará por un plazo que es relativamente corto. En todo caso, la solución que plantea la Sunass es más práctica y directa y debería ser considerada si queremos tener éxito.

Lo cierto es que el gobierno entrante tendrá que tener las ideas claras respecto de lo que debe hacerse en este sector vital si es que realmente quiere cerrar la brecha de agua potable. Si no resuelve el problema de gestión de las EPS, se seguirá derrochando inútilmente el dinero de todos los peruanos. 

Resolver esto es algo que requerirá un manejo valiente, pues las necesidades de saneamiento no pueden seguir postergándose por más tiempo. Tal como el propio PPK ha preconizado a lo largo de los últimos años desde la conducción de su ONG ‘Agua para todos’. Lampadia

Aunque todavía existen escépticos sobre los avances económicos y sociales que ha traído la aplicación del modelo pro mercado, todos los días aparecen pruebas de sus grandes beneficios. Uno de ellos es en la atención de salud. Si bien es cierto, en este y otros rubros  todavía hay mucho por hacer, lo cierto es que  “la situación de la salud en el Perú es mucho mejor que la de hace diez años. La demanda y oferta en el sector público y privado ha crecido significativamente y la atención médica evoluciona desde la hospitalaria hacia la ambulatoria”, así lo sostiene el Dr. Luis Pinillos Ashton, ex Ministro de Salud y presidente del directorio del grupo Auna.

La inversión privada ha hecho en parte la diferencia. Las clínicas privadas invierten cerca de 140 millones de dólares al año para mejorar y ampliar sus servicios. “Desde el lado privado, las empresas prestadoras de salud ha hecho que la demanda de clínicas crezca. Antes, teníamos una sobreoferta de camas hospitalarias. A raíz de la inscripción de trabajadores en las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), la demanda de atención médica ha crecido mucho y ha habido un boom de inversiones”, señaló el ex ministro de Salud.

Las mejoras en infraestructura y cobertura para la atención de enfermedades graves también han mejorado muchísimo. “Hace diez años, asegura Pinillos, “uno de cada tres peruanos recibía un tratamiento oncológico; hoy, son dos de cada tres”. Lampadia

Artículo:

De la hospitalaria a la ambulatoria:

La evolución de la atención médica en el Perú

Por: Barbara Salas Vanini

(Gestión, 29 de mayo del 2014)

La creciente inscripción de trabajadores en las EPS terminó con la sobreoferta de camas en el sector privado de salud, señala el Dr. Pinillos, presidente del directorio del grupo Auna.

Para el Dr. Luis Pinillos Ashton, presidente del directorio del grupo Auna, la situación de la salud en el Perú es mucho mejor que la de hace diez años. La demanda y oferta en el sector público y privado ha crecido significativamente y la atención médica evoluciona desde la hospitalaria hacia la ambulatoria.

“Desde el lado privado, las empresas prestadoras de salud ha hecho que la demanda de clínicas crezca. Antes, teníamos una sobreoferta de camas hospitalarias. A raíz de la inscripción de trabajadores en las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), la demanda de atención médica ha crecido mucho y ha habido un boom de inversiones”, señaló el exministro de Salud.

El Dr. Pinillos también destacó los avances en la infraestructura y cobertura para la atención de enfermedades importantes como el cáncer. Hace diez años, uno de cada tres peruanos recibía un tratamiento oncológico; hoy, son dos de cada tres.

La creación de programas de atención especializada, como el caso de Oncosalud hace 25 años, y el reciente ‘Plan Esperanza’ desde el Estado, responde al incremento de la demanda. En el caso privado, el número de afiliados asciende a 670,000y se espera culminar el año con más de 700,000.

“En este momento, nosotros estamos atendiendo cada año 2,000 pacientes nuevos y hay actualmente 1,2000 pacientes en tratamiento activo”, detalló el directivo del grupo Auna.

Resultado

El resultado de esta cobertura en la red de clínicas de Oncosalud, que se extiende a Trujillo y Arequipa, se plasma en la cantidad de casos curados y las tasas de incidencia del cáncer.

El Dr. Pinillos especifica: la tasa de supervivencia a cinco años es de 67.1% y, a diez años, 66.6% en pacientes oncológicos. Así, dos de cada tres personas que se atendieron en Oncosalud están curados.

Asimismo, las campañas de prevención desde el Estado y el sector privado refuerzan el acercamiento y chequeo temprano de los pacientes. Por ejemplo, la incidencia de cáncer de cuello interino descendió de 44 por 10,000 a 19 por 10,000 en Lima y Callao durante los últimos 20 años.

Cambio en la mentalidad

Para el Dr. Pinillos, que la expectativa de vida de un peruano sea 80 años es un claro indicador del “enorme salto” en la mentalidad de los médicos y pacientes.

Por un lado, los profesionales de la salud practican cada vez menos la medicina sintomática y se enfocan más en la identificación y tratamiento de elementos de riesgo. En tanto, los pacientes adoptan con más frecuencia un estilo de vida más saludable.

“Antes, decíamos que cuando tengas un lunar que cambia de forma, un ‘bultito’ en el seno o una herida que no cicatriza, anda al médica. Eso es medicina del siglo pasado. Ahora, vaya al médico para identificar sus factores de riesgo, para conocer qué cambios tiene que hacer en su vida, para no tener enfermedades (…) Un tercio del desarrollo de una enfermedad es por carga genética y el resto es consecuencia del estilo de vida”, explicó.

Oncosalud inaugura nueva clínica especializada en San Borja

A 25 años de su creación, Oncosalud inauguró la primera clínica de alta especialidad oncológica en San Borja. Se invirtió S/. 100 millones en el centro de salud, que cuenta con 70 camas para pacientes con cáncer, 22 ambientes especiales de quimioterapia, cuatro salas de operaciones, seis boxes para el programa ‘Total Care’ y el equipamiento de alta tecnología, que incluye un resonador, tomógrafo, mamógrafo y ecógrafo.

El plan de inversiones de Auna también contempla la inauguración de la clínica Delgado a fin de año. Con una inversión de US$ 130 millones, el grupo expande sus servicios a otras ramas distintas a la oncología.