Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 1 de enero de 2021
Para Lampadia

La demonización es una técnica retórica e ideológica de desinformación o alteración de hechos y descripciones que consiste en presentar a personas o instituciones – incluso, a culturas o ideologías – como fundamentalmente malas y nocivas. La demonización también se usa para atribuir maldad a lo que – sencillamente – es distinto de lo que se cree o apoya. A ese respecto – generalmente – se recurre a sentimientos y pasiones para manipular a quienes se convencen más con éstos que con razones o pensamientos. (Para más detalles ver “demonización” en Wikipedia).

Bueno pues, los peruanos estamos enfrentando un artero y descarado plan de demonización en contra de nuestras empresas. La influencia pública del gobierno – y de muchos medios de comunicación – se ha puesto en juego para estimular una reacción de descrédito en detrimento de – prácticamente – todo el sistema empresarial del país. En efecto – para muchas autoridades, periodistas, políticos, y demás – las empresas mineras, petroleras, bancarias, AFP´s, de salud, de educación, de transporte, de telefonía, de energía, constructoras, comerciales, y – por supuesto – agroexportadoras… todas son abusivas, explotadoras, corruptas, y evasoras de impuestos. Ninguna se salva. Así se expresa la gente que está detrás de este siniestro plan de demonización empresarial.

La demonización de nuestras empresas ha llegado a tales extremos, que lo moral y lo legal han quedado relegados a los últimos planos. Con tal de desacreditar a las empresas, el Gobierno permite el bloqueo de carreteras y se rinde ante el más cobarde e incendiario vandalismo callejero. Se apedrean vehículos con niños adentro, se incendian ambulancias, se destruyen instalaciones empresariales… y no pasa nada. El Estado está pintado… no actúa. Incluso, ordena a la Policía a no hacer nada, exponiéndola a los más viles y humillantes ataques con piedras, bombardas, pintura… y hasta con bombas molotov. ¡Infame!

En este estado de caos social, el Estado de Derecho pierde valor, y millones de peruanos – y extranjeros – vemos truncados nuestros derechos constitucionales al libre tránsito, al trabajo, a la propiedad privada, a la integridad física… y hasta nuestro derecho a la libertad de expresión y opinión.

El problema es que detrás de esta demonización empresarial, subyace la destrucción de la economía nacional. Y con la destrucción económica vienen el desempleo, la pobreza, la inseguridad, la violencia, la corrupción… la crisis moral.

¿Tan difícil resulta ver que las empresas – y no el Estado – son las grandes generadoras de empleo para los peruanos? ¿Acaso no ven la relación de interdependencia que existe entre las grandes y medianas empresas, con las micro y pequeñas? ¿Y que si caen las grandes empresas, caen también las pequeñas? ¿Acaso no ven que las empresas son las proveedoras de esa inmensa y variada gama de bienes y servicios que requiere la ciudadanía – y el Estado – para sobrevivir? ¿Acaso el Estado no vive de los tributos que pagan las empresas y sus trabajadores?

Frente a tales interrogantes cabe preguntarnos ¿quiénes están detrás de la demonización empresarial en nuestro país? Pues bien, aunque parezca mentira, hay gente que gana con la pobreza. El Narcotráfico y el terrorismo… por ejemplo. Efectivamente, tanto el narcotráfico como el terrorismo – ambos – se nutren de la pobreza.

Por otro lado, la politiquería también gana con la pobreza. Eso de ofrecer el oro y el moro a los electores pobres – desesperados – suele favorecer a los políticos demagogos y populistas en su afán por conseguir votos en las elecciones políticas.

Conclusión. Hay gente que gana con la demonización de las empresas en nuestro país: (1) los narcotraficantes, (2) los terroristas, y (3) los políticos demagogos. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a caer en la trampa de la demonización empresarial?

La respuesta – obviamente – debe ser un NO rotundo. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Los beneficios económicos y sociales del proyecto minero Tía María son indiscutibles. El proyecto de Southern Peru, tiene un horizonte de 20 años, con los actuales yacimientos. Se estima que va generar más de 4,000 empleos (directos e indirectos) por los 20 años, otros 3,000 empleos directos más durante la construcción, va entregar un total de 5.5 mil millones de soles en canon y regalías, 100 millones de soles en canon anual solo para la provincia de Islay (con poco más de 50 mil habitantes), 215 millones de soles anuales de impuesto a la renta para el Estado peruano, además de la dinamización y modernización de la economía de la provincia, del valle de Tambo y del entorno de Mollendo. Y como todo proyecto minero moderno, su EIA ya tiene previsto el control ambiental para no afectar el valle cercano del Río Tambo y la recuperación del área perturbada una vez culminada la actividad minera, minimizando así su impacto ambiental en la zona desértica donde operaría. Este proyecto puede ser el inicio de una serie de inversiones adicionales que el Grupo México (Socios controladores de Southern Peru) tiene planificada llevar a cabo en Perú, totalizando cerca de 8.0 mil millones de dólares.

Además, la puesta en marcha de Tía María puede significar una señal positiva para toda una cartera de ampliaciones y de nuevos proyectos mineros por un total de 59 mil millones de dólares, que están esperando que el actual gobierno sea capaz de garantizar el estado de derecho en todo el país para poner en marcha sus inversiones, dinamizando así la economía nacional. No hay que olvidar que cerca de 17% de esta cartera de proyectos se encuentra paralizada a causa de conflictos sociales.

A pesar de esos grandes beneficios, el riesgo de bloqueo del proyecto es alto, y de acá a pocos meses podemos estar asistiendo un nuevo fracaso de los gobiernos peruanos para posibilitar el aprovechamiento del extraordinario potencial mineral, especialmente metálico, del Perú. Este artículo explica brevemente los riesgos y posibilidades de desenlace del tercer intento de implementación del proyecto, actualmente en curso (2011, 2015 y 2019), y qué hacer para evitarlos. Estas notas se basan en un análisis del proceso estratégico detrás del conflicto de Tía María escrito por Camilo Ferreira y Fernando Tincopa, del Centro Wiñaq, y que se encuentra actualmente en prensa.[i]

Los conflictos mineros son fenómenos complejos, de larga duración, con múltiples factores causales y una diversidad de actores involucrados. ¿Cómo analizar entonces la situación y perspectivas de Tía María? El enfoque utilizado por el Centro Wiñaq se basa en la teoría de juegos y combina tres perspectivas.

• La primera se refiere a las estrategias de los movimientos sociales para derrotar poderes establecidos, desarrollado por Gene Sharp, del Albert Einstein Institute.[ii]
• La segunda es una generalización del marco analítico de Paul Davis, de Rand Corporation, para analizar los factores que determinan el soporte público a los movimientos políticos:[iii]
• La tercera perspectiva se basa en los estudios de Scartascini et al. (2008) del Banco Interamericano sobre cómo las instituciones políticas realmente funcionan en los trópicos.[iv]

Estudiando los colapsos de proyectos mineros en Perú y en varios otros países latinoamericanos como Colombia, Argentina, Costa Rica, El Salvador, etc., hemos encontrado que la viabilidad de los proyectos mineros depende de cuatro pilares de soporte y que, si cualquiera de esos pilares colapsa, el proyecto se vuelve inviable, aún que los demás estén sólidos (las cadenas se rompen por el eslabón más débil).

El Poder Ejecutivo y el Proyecto Tía María

La postura favorable o desfavorable de los pilares de soporte hacia un proyecto minero depende de los sistemas de incentivos que ellos enfrentan, es decir, si les conviene o no les conviene apoyar la puesta en marcha de dicho proyecto.

En el caso de Tía María, la postura del poder ejecutivo es la variable crítica para el futuro del proyecto, pues no se observa situación con alguna posibilidad relevante que pudiera inducir al congreso, al poder judicial o a la empresa a afectar la viabilidad del proyecto. Si el Poder Ejecutivo es el pilar clave, se hace importante entonces identificar qué factores pueden incidir sobre el sistema de incentivos del actual gobierno peruano. Es decir, ¿qué condiciones o sucesos pueden influenciar las preferencias del gobierno en relación a Tía María?

Los 14 meses de este gobierno indican que no tiene una ideología hostil a la minería (post-extractivismo, pos-modernismo, neo-marxismo, etc.), pero también indican que sus intereses son exclusivamente políticos y ha dado señales que no está dispuesto a ponerlos en riesgo por un proyecto minero, por más importante que dicho proyecto pueda ser para el desarrollo económico del país.

Un gobierno así quisiera cosechar los frutos políticos y económicos de un nuevo proyecto minero, pero tiene un umbral muy bajo para los riesgos que está dispuesto a correr para ejecutarlo. Conviene tener en mente que este gobierno no tiene el soporte de un partido político, no tiene respaldo parlamentario y el apoyo de los medios varía mucho según el tipo de conflicto que enfrenta. Es decir, este es un gobierno cuyos intereses políticos dependen críticamente de su popularidad y de la amplitud de su coalición, y que está enfrentando dificultades para que éstas no se reduzcan. Un gobierno así tiene poca profundidad estratégica para enfrentar los conflictos sociales y políticos que pueden surgir durante la implementación del proyecto.

La empresa ha hecho gran parte de lo que le correspondía hacer para revertir los factores locales que determinaron los colapsos anteriores. Ha llevado a cabo todo un programa de educación de la población, visitando casa por casa y disipando los temores ambientales que los grupos hostiles habían diseminado en la población. Los resultados de su labor han sido positivos: la opinión pública de la provincia de Islay está mayoritariamente favorable al proyecto (59%, según Vox Populi). Ello es importante porque la población en el entorno al proyecto tiene un rol crítico en su viabilidad. No hay proyecto minero viable sin apoyo de la población del entorno.

Sin embargo, la opinión de la población del entorno no es suficiente para garantizar su implementación y una encuesta reciente de Idessia indica que, en la provincia de Arequipa, fuera del ámbito del proyecto, el 62% de la población está mayoritariamente en contra.[v] Además, el Comité de Regantes del Valle de Tambo, la principal organización de los agricultores, se mantiene en contra del proyecto y los grupos hostiles a la minería están activos y buscan la radicalización de la población.[vi]

La fuente principal de los riesgos para el proyecto proviene de los factores políticos: El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, el alcalde provincial de Islay y los alcaldes distritales de Cocachacra, Punta de Bombón, Mejía y Deán Valdivia se han pronunciado en contra del proyecto. Además, los congresistas de izquierda están activamente oponiéndose al proyecto y para muchos periodistas y los medios de comunicación ellos son voces calificadas para explicar los conflictos. Ello significa que, en los próximos meses, los opositores a Tía María van contar con plataformas mediáticas gratis para atacar al proyecto y van poder hacer campañas contra el proyecto y a favor de la conflictividad.

La experiencia anterior de Tía María indica que, cuando los conflictos de desarrollan, la situación de la opinión pública tiende a deteriorarse. En 2015, al inicio del segundo conflicto, la opinión pública a nivel nacional (Según GFK) era 55% a favor de la ejecución del proyecto.[vii] Pero, cuando el conflicto avanzó, la opinión pública nacional se inclinó mayoritariamente en contra de la implementación inmediata del proyecto: 45% prefería una suspensión definitiva y 23% opinaba por la cancelación definitiva, totalizando un 68% en contra del proyecto.[viii] En la situación actual los márgenes son más angostos que en el 2015.

También hay que considerar los costos políticos que el conflicto puede tener para el gobierno. En el 2015, antes de la escalada del conflicto la popularidad de Humala era de 24% y su desaprobación era de 72%, al final, su popularidad había caído a 16% (una queda de 8%) y su desaprobación había aumentado de 77% (una subida de 5%). Ello significa que, cuando hay un conflicto minero, la popularidad de los presidentes tiende a caer. Para un gobierno que prioriza su popularidad, esa tendencia es preocupante.

¿Qué se puede hacer para aumentar las posibilidades de éxito de Tía María?

Quienes deseen que Tía María se implemente (Southern, SNMPE, CONFIEP, periodistas, políticos y analistas) deben tener claro que lo que tienen por delante es un conflicto político, que el desenlace va depender de las decisiones del poder ejecutivo, y que esas decisiones van a depender a su vez del sistema de incentivos que el ejecutivo enfrente. En otras palabras: ¿Con cual desenlace el gobierno gana o pierde más? ¿Es con la implementación del proyecto o es con su abandono? La principal forma de incidir sobre la viabilidad de Tía María hoy es afectando el sistema de incentivos que enfrenta el gobierno.

Esa batalla tiene que darse a nivel nacional, regional y local, con voceros serios y creíbles con una narrativa adaptada a los diversos segmentos de la población. Dicha narrativa a Tía María debe basarse en el actual sistema de creencias de la población, evitando las explicaciones que sobrevaloran los elementos técnicos o que subvaloren la inteligencia de la gente, respondiendo a sus intuiciones y temores. No hay que olvidar que Lima es la caja de resonancia del país y que lo que se difunde en Lima llega a todas las regiones y se vuelve un instrumento para las luchas locales.

El apoyo social a Tía María va depender de que el gobierno, de que la empresa y de que las instituciones del sector logren responder bien a algunas preguntas que la población tiene en su cabeza:

• ¿Es Southern una empresa confiable? ¿por qué puedo confiar en Southern?
• ¿En qué ha cambiado Southern para que sea confiable? Si la empresa antes no era confiable, ¿qué señales indican que ahora ella es distinta?
• ¿El proyecto actual representa o no un riesgo real para la agricultura del valle de Tambo? ¿cómo puedo saber que el agua y el aire del valle no van ser afectados por la actividad minera cercana?
• Si Tía María no es una amenaza, ¿por qué entonces la población y las autoridades locales se oponen al proyecto? Si la gente se moviliza debe tener una razón para hacerlo, ¿cuál es la verdadera razón de las movilizaciones?
• ¿Cómo tiene el gobierno previsto garantizar la protección ambiental del valle de Tambo? ¿Qué mecanismos confiables ofrece el gobierno para proteger el ambiente del valle?
• Si Southern no cumpliera sus promesas y comenzara a contaminar, ¿tiene el gobierno la voluntad política y la capacidad institucional para obligarle a hacer lo correcto? ¿Cómo el gobierno garantiza que la empresa no le va manipular en caso de contaminación?
• ¿Qué razones tengo para confiar en las promesas de este gobierno? Si el gobierno va ser el garante de la población, ¿Qué señales muestran que el garante es confiable?

En la medida en que la población encuentre respuestas claras y convincentes a esas preguntas, sus preocupaciones se reducirán y los grupos hostiles a la minería perderán influencia. Por ello, la batalla de fondo no puede reducirse a elementos transaccionales (obras, proyectos de desarrollo, donaciones, etc.). Tiene que apuntar a ganar la confianza, pues el grado de confianza de la población local, regional y nacional será la principal carta para definir si Tía María va o no va. Lampadia

Como ya hemos comentado anteriormente (ver Lampadia: La Minería en el 2019, Mesías Guevara desconoce la realidad minera de su región) varias regiones con alto potencial minero al interior del país, tanto en el sur (Arequipa, Moquegua y Puno) como en el norte (Cajamarca) y el centro (Junín)  del territorio nacional,  se encuentran pasando por una situación política compleja, desde que las nuevas autoridades regionales asumieron funciones el pasado 1 de enero.

El discurso anti-minero que durante el gobierno de Humala provocó un aumento considerable de la conflictividad social en las regiones y que redundó en la paralización de grandes proyectos del sector como Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca – que eran fundamentales para el crecimiento de la economía peruana – ha resurgido en mayor y menor medida en varios de los discursos de los gobernadores regionales de las regiones anteriormente mencionadas. Veamos:

• El pasado 19 de enero en TV Perú, Mesías Guevara, gobernador regional  electo por la región Cajamarca afirmó “La minería solo ha traído conflicto, pobreza y desigualdad en Cajamarca”.
• El 18 de noviembre del 2018, en las postrimerías de las campañas electorales, el ahora gobernador regional electo por la región Arequipa Elmer Cáceres, declaró: “Tía María, no va; Zafranal, no va; Tambomayo, no va”.
• El pasado 20 de enero en una entrevista en Canal N, el gobernador regional electo por la región Puno, Walter Aduviri se mostró a favor de crear una nueva Constitución ya que consideró que en las zonas geográficas donde opera la minería se viola el derecho legítimo de las comunidades como el derecho a la consulta previa. 
• Vladimir Cerrón, gobernador regional electo por la región Junín, además de haber denunciado públicamente a empresas mineras de no pagar regalías ni canon, pretende imponer la creación de un nuevo currículo escolar regional, rechazando el currículo escolar del MINEDU.
• En Moquegua, el nuevo gobernador, Zenón Cuevas, pretende aplicar un impuesto a las utilidades de las industrias extractivas, en el orden del 10%, aumentando la contribución que actualmente pagan estas empresas por concepto de impuesto a la renta (29.5%).

Todas estas declaraciones claramente reflejan una completa incomprensión y una falta de entendimiento del potencial que ha generado y podría seguir generando la minería en esas regiones en materia económica y social. Antes bien, pareciera que quisieran impulsar agendas políticas extra regionales con las que pretenderían ganar notoriedad nacional, sacrificando a la población de sus propias regiones.

La minería ha demostrado ser una importante fuente de generación de empleo formal (directo e indirecto) y un motor protagónico de la reducción de  la pobreza fuera de la capital – tal como, por ejemplo, lo ha evidenciado el impacto del desarrollo minero en Apurímac y Arequipa. Mientras que, aquellas regiones que no han impulsado su potencial en este sector, como es el caso de la agenda anti-minera de Cajamarca, han terminado con un mayor empobrecimiento de sus comunidades.

Sin embargo ¿Por qué es especialmente relevante esta discusión para la economía nacional, específicamente, hacia al 2020?

Como bien ha advertido Macroconsult recientemente en uno de sus reportes económicos semanales, probablemente este  fenómeno, que eventualmente podría paralizar más proyectos en los próximos años-  es uno de los grandes riesgos que enfrentará la economía peruana en el corto-mediano plazo – por no decir el más álgido – conforme la cartera de proyectos  mineros aprobados se va agotando y el stock de proyectos de envergadura a la fecha ya experimentaron su fase máxima de producción.

Por otra parte, como hemos señalado también en Lampadia: Aterrizaje en la mediocridad , el sector minero se encuentra paralizado, tras haber caído en 1.1%  en el 2018, producto de una debilidad del gobierno por promover la inversión minera. Esta debilidad se ha puesto en evidencia con la marcha atrás del proyecto Tía María, que a pesar de que las encuestas sugerían que más de la mitad de la población de Arequipa estaba  favor del proyecto a setiembre del año pasado, el Ministerio de Energía y Minas no le otorgó la licencia de construcción a la empresa Southern (ver en Lampadia: El Gobierno no da luz verde  a Tía María pese a cambios en el valle).

Todo ello con el agravante de que el FMI prevé para este año y para el próximo una desaceleración de la economía mundial – principalmente por una mayor tensión comercial entre EEUU y China – lo cual indudablemente impulsará los precios de las materias primas a la baja, agravando aún más las condiciones de crecimiento de nuestra economía.  (ver Lampadia: Perú crece por debajo de su potencial).

En este escenario, consideramos que el presidente Vizcarra, dado el enorme capital político que ostenta, además de darle luz verde al proyecto Tía María, haría bien en desarrollar un discurso que promueva la minería y que explique a todos los peruanos los beneficios que ha tenido esta actividad, de manera que las poblaciones en las regiones entiendan que para que nuestra economía pueda retomar la senda del crecimiento alto de años pasados, el desarrollo minero es esencial.

No podemos seguir perdiendo la generación de riqueza y menos en las regiones, que es donde la pobreza está más presente. Si se promueve frontalmente la minería desde el Ejecutivo, los gobiernos regionales eventualmente podrían alinear su discurso al del presidente, considerando su enorme popularidad en varias regiones del país. Lampadia

No es cierto que la minería explote amplias extensiones para extraer minerales, afirma Henry Luna. Esta industria ha aportado por exportaciones mineras 245,049 millones de dólares a la economía nacional en los últimos 10 años, trabajando en espacios que apenas llegan al 1% del territorio.

Entrevista a Henry Luna Córdova, Presidente Ejecutivo (e) del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet)
REVISTA DESDE ADENTRO
SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA
Por Piero Gálvez

¿Qué acciones se deben realizar por parte del Estado para reducir la tramitología en el sector minero?

Lo primero que se tiene que hacer es mejorar los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de las instituciones públicas, reducir el número de trámites y, sobre todo, el tiempo que estos demoran. En el Ministerio de Energía y Minas (MEM), así como en el Ingemmet, ya lo hicimos, pero esto no depende exclusivamente del sector minero, ya que la mayoría de trámites se realizan fuera del ámbito de competencias del Ministerio.

¿Cuáles de esos trámites ajenos al MEM complican este proceso burocrático?

Por ejemplo, los trámites respecto al uso del agua, que se deben hacer ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o lo referido a terrenos superficiales, que implica a privados, comunidades y los gobiernos locales, regionales y a la Superintendencia de Bienes Nacionales. Finalmente, los estudios ambientales ahora se tramitan ante el Senace, que está bajo la tutela del Ministerio del Ambiente. Como Ingemmet, lo único que tramitamos son las concesiones mineras para exploración y explotación, cuyo proceso de titulación dura entre cuatro y cinco meses.

¿Considera, entonces, que se deberían reducir o centralizar los trámites?

Las dos cosas. Por ejemplo, la ventanilla única, que se está tratando de implementar a nivel de minería artesanal, también se debería aplicar en la mediana y gran minería, porque nos simplificaría procesos. Y, sobre todo, darle más valor al uso de las declaraciones juradas, teniendo en cuenta que muchos de estos documentos serán fiscalizados posteriormente por OEFA, OSINERGMIN y SUNAFIL. En ese sentido, no se debiera pedir tantos volúmenes de información porque, finalmente, si una empresa incumple la normativa al momento de ser fiscalizada no podrá desarrollar su proyecto.

Pese a estas dificultades, ¿el sector minero está dando señales positivas para el país?

Entre los meses de noviembre 2017 a noviembre 2018 se ha registrado una cifra récord en cuanto a las solicitudes de concesiones mineras en el Perú. En este último año ya hemos recibido unas 8,000 solicitudes de concesión minera, con lo cual estamos superando lo registrado en el 2012, cuando se llegó a 7,500 pedidos. Sin embargo, para los intereses de crecimiento y desarrollo del país, no basta solo con adquirir concesiones mineras, sino que es fundamental poder realizar exploraciones en estas y, posteriormente, explotarlas.

¿Hay diferencias entre concesión minera y proyecto minero?

No son lo mismo. A nivel nacional las concesiones mineras representan el 14.5% del territorio nacional. Sin embargo, solo el 0.31% está en etapa de exploración, es decir, 708 concesiones, y solo el 0.91% del territorio nacional se encuentra en etapa de explotación minera, es decir, 3,800 concesiones. Eso significa que en un 13.28% de las áreas concesionadas no se reporta actividad alguna. Así, solo en el 1.22% del territorio nacional se explora o se explota algún tipo de mineral. Recientemente realizamos un estudio que reveló que solo el 0.049% del territorio nacional concesionado es ocupado por las principales operaciones mineras, tales como Toquepala, Cuajone, Constancia o Las Bambas, entre otros, que son los que impulsan el crecimiento del país.

¿Cuál ha sido el aporte del sector minero al crecimiento del Perú?

El aporte de la minería ha sido fundamental para el desarrollo económico del Perú. De los 474,654 millones de dólares recaudados entre 1950 y 2018 por exportaciones tradicionales, más del 75% correspondió a las exportaciones metálicas, es decir, 356,600 millones de dólares. Asimismo, en la última década, de los 312,080 millones de dólares de las exportaciones tradicionales, el 79% correspondió a minería metálica, aportando 245,049 millones de dólares a la economía nacional en los últimos 10 años.

¿Cómo se puede trabajar para superar las creencias que impiden el desarrollo de proyectos mineros en regiones como Cajamarca?

Existen muchos mitos respecto al desarrollo de la minería. Por ejemplo, se debe aclarar la naturaleza de las concesiones y de los proyectos mineros, del impacto económico de la minería a nivel local. Y también es necesario ayudar a los gobiernos regionales y locales para que administren mejor los recursos que obtienen gracias a la actividad del sector, como el canon, regalías y derecho de vigencia.

¿Qué otras acciones pueden generar conocimiento acerca de las actividades mineras?

Necesitamos difundir las actividades de la gestión de agua. Ahí el sector solo utiliza el 1% del recurso disponible en el país, según la ANA. También se necesita difundir los temas de responsabilidad social que ejecutan las empresas mineras. Tengo entendido que están realizando una campaña al respecto, pero se necesita involucrar a otros sectores para hacer comprender a la población que la minería genera desarrollo, como en Apurímac, que era una de las regiones más pobres del país y ahora es un nuevo polo de desarrollo gracias a la actividad minera. Lampadia