En nuestra biblioteca virtual sobre Recursos Naturales y Desarrollo hemos depositado múltiples informes, incidiendo de manera importante en los aspectos vinculados a la conflictividad social. Esta, aunada al débil liderazgo gubernamental, ha logrado parar varios proyectos mineros, operativos como la ampliación de Yanacocha en el Cerro Quilish de Cajamarca y la mina Santa Ana de Bear Creek en Puno y; entre otros, dos proyectos que estaban a punto de caramelo como Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa.

Como hemos publicado en varias ocasiones, esto nos ha hecho perder hasta tres puntos de crecimiento del PBI en 2014 y 2015 según el IPE[1], nos llevó a desaprovechar la cola de los buenos precios para terminar inversiones que hoy estarían produciendo, con la consiguiente frenada de la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Después de las divagaciones sobre las propuestas de diversificación productiva, hoy ha quedado muy claro que nuestros principales motores de crecimiento son la minería, la agroexportación, el desarrollo forestal, la acuicultura y el turismo. De ellos, la minería es el más importante y el próximo gobierno tendrá que hacer aproximaciones inteligentes y serias para que nuestra población pueda tener una correcta apreciación de sus impactos positivos, así como de los requisitos sociales y ambientales que deben velarse. En este proceso habrá que evidenciar la naturaleza de los conflictos impulsados por los anti mineros, que muchas veces obedecen a objetivos subalternos a los de la creación del bienestar general.

Con mucho sentido de importancia, el último debate electoral incluyó una sección sobre los recursos naturales y la conflictividad. Con el apoyo de nuestros colaboradores del Centro Wiñaq, hemos preparado el siguiente análisis de los comentarios de los candidatos.

La cobertura periodística respecto al reciente debate presidencial se ha focalizado en los ataques y críticas mutuas entre los candidatos. A pesar de ello, a través de las propuestas brindadas, ha servido para tener una buena impresión respecto a los consensos y disensos sobre cómo enfrentar varios de los más agudos problemas del país.

La viabilidad de las propuestas sobre el aprovechamiento de los Recursos Naturales  dependerá, en gran medida, de la efectividad con que se reduzca la Conflictividad Social. Por lo tanto, no podemos tratar estos dos temas de forma separada. En este artículo trataremos los consensos y discrepancias entre los candidatos en estos dos aspectos, y evaluaremos el impacto esperado de las medidas propuestas sobre la conflictividad social.

Los Consensos y sus Limitaciones.

Ambos candidatos se refirieron a la consulta previa como un mecanismo efectivo de reducción de la conflictividad social. A primera vista, esto es bastante obvio. Si las comunidades, tras un proceso de negociación e información aprueban un proyecto, el mismo podrá llevarse a cabo sin que exista un proceso de resistencia social.

El problema estriba en que no existe una definición inequívoca respecto a quienes son y quienes no son “la comunidad,” donde están sus límites geográficos  y en qué consiste la “consulta previa”. Si consideramos como “la comunidad” a la población del entorno directo de un proyecto minero, de haberse realizado la consulta previa sobre el proyecto Conga en Cajamarca o Santa Ana en Puno, se hubieran viabilizado. En ambos casos las comunidades del área de influencia directa de estos proyectos eran claramente favorables a los mismos. Fue la movilización de la resistencia de comunidades más alejadas, que no se beneficiaban tanto de su implementación, la que inviabilizó los proyectos.

Si se expande el ámbito de la consulta, se generaría un nuevo espacio de disputa que debe ser evaluado con cuidado. Tanto los grupos interesados en beneficiarse con la minería como los grupos interesados en promover la conflictividad van buscar estar incluidos en “la comunidad” que apruebe la consulta previa. Los criterios técnicos no son suficientes, pues todos los grupos de interés utilizarán criterios “técnicos” en su discurso, se requiere entender los intereses en purga detrás de los argumentos técnicos.

Los anti-mineros pretenderán dar representatividad a aquel grupo que se movilice contra algún proyecto y dirán que el mismo representa a las “comunidades afectadas” independientemente de su cercanía al proyecto y o del real involucramiento en las consecuencias del mismo. Lo único que les importará será que la movilización de los insatisfechos tenga relevancia política y mediática. Mientras existan condiciones para generar conflictividad social en alguna zona la aplicación de la consulta previa, su realización no será un mecanismo efectivo para evidenciar la aceptación social de los proyectos.

El otro punto de consenso de los candidatos fue el énfasis que se dio en que las actividades extractivas generen desarrollo local. Sea mediante un mayor grado de inversión pública (Keiko Fujimori) o mediante un “adelanto social” (PPK). Este desarrollo local es un fin loable desde el punto de vista humano, económico y político. Si bien la minería debe servir al desarrollo de todos los peruanos, y no solo a quienes estén cerca de una mina, debemos estar claros que la persistencia de la pobreza adyacente a la enorme riqueza de las actividades extractivas genera condiciones óptimas para la conflictividad social.

Si bien el desarrollo local es condición necesaria, los estudios muestran que no suficiente para que las actividades extractivas sean viables. Una investigación del BID[2] respecto al impacto sobre el desarrollo local de las actividades mineras en el Perú encuentra que las zonas mineras manifiestan una reducción más rápida de la pobreza y de la desigualdad que zonas (comparables) sin actividad minera. Es decir, la minería en el Perú no solo reduce la pobreza en su entorno sino también la desigualdad, siendo estos hallazgos claramente opuestos a las creencias comunes brindadas respecto a las causas de la conflictividad en las zonas mineras. No hay que olvidar que las zonas mineras han recibido, vía canon, regalías y derechos de vigencia, más de 40 mil millones de soles, entre 2005 y 2014.[3]

Un problema objetivo es que los beneficios locales de los proyectos mineros, se dan con un importante desfase en el tiempo, pues estos se dan mayormente durante la etapa productiva de los mismos. El canon llega cuando las empresas producen utilidades y, eso ocurre algunos años después del inicio de operaciones, luego de absorber las pérdidas pre-operativas. En consecuencia, si el Estado no se las ingenia para acompañar el desarrollo de los proyectos (en su fase previa al canon) con inversiones sociales, productivas y de infraestructuras, la espera de los beneficios crea un espacio de vulnerabilidad hacia los conflictos.

A pesar de todos los beneficios generados por la operaciones mineras, los resultados electorales evidencian una fuerte presencia de la ideología de la conflictividad justo en las zonas más beneficiadas. Ello muestra que el beneficio económico no es suficiente para reducir la conflictividad. No hay que olvidar que algunos grupos promueven la conflictividad justamente porque es posible obtener rentas económicas y políticas por medio del conflicto.

Para ser efectivo, el desarrollo local debe aumentar la legitimidad del sector extractivo. La población necesita visualizar claramente que los beneficios obtenidos tienen su origen en la actividad minera. Es necesario que la población local atribuya el desarrollo traído por este sector a las operaciones extractivas y las empresas que las realizan. Sin ese entendimiento la narrativa anti-minera socava la legitimidad de la minería como motor del desarrollo, y vamos a escuchar consignas absurdas como “Canon sí, Mina no”.

Respecto a la minería informal ambos manifiestan una postura expectante a la misma, posiblemente dado el importante bolsón electoral que este sector representa. Sin embargo, hay que considerar que la fiscalización ambiental efectiva a miles de unidades económicas de pequeña minería resultara un esfuerzo mucho más complejo que la fiscalización a la gran inversión minera con procedimientos de control y reporte mucho más estandarizados. A su vez, la presión tributaria que se puede ejercer sobre la pequeña minería es claramente menor que la que se puede dar sobre las grandes empresas. En este aspecto hay que desarrollar nuevas estrategias para, por ejemplo, concentrar el procesamiento del mineral en instalaciones limpias y formales.

Las Diferencias.

Keiko Fujimori hizo hincapié en el rol de árbitro que debe jugar el Estado entre las comunidades y las empresas mineras. Por otro lado, considera que son las comunidades afectadas las que deben recibir las multas generadas por las infracciones ambientales. Ambas medidas tienen un potencial positivo en la medida que este rol de árbitro sea respetado y considerado como legitimo por parte de las poblaciones locales y supere la persistente campaña de desconfianza que promueven los anti mineros. Respecto a la entrega de las  multas a las comunidades afectadas, esto debe verse con mucho cuidado, esto puede responder a un principio de justicia, sin embargo el proceso de fiscalización ambiental tiene que obedecer a criterios puramente técnicos para evitar que las denuncias ambientales se vuelvan mecanismos de presión política de comunidades deseosas de fondos.

Pedro Pablo Kuczynski planteo un adelanto social como mecanismo de generación de confianza, esto permitirá mostrar realidades que faciliten socavar parte de la estrategia política anti-minera en los momentos previos a la implementación de un proyecto extractivo, el momento más vulnerable de un proyecto, tal como hemos planteado líneas arriba.

PPK propone un Banco de Fomento Minero con la idea de propiciar la formalización del pequeña minería, ello sin embargo implica poner en riesgo fondos públicos con fines que siempre terminan siendo sobrepasado por la política. Dada la nefasta experiencia del Estado con la banca de fomento sectorial, esta opción debe ser considerada como riesgosa.

En Conclusión.

Las propuestas evidencian intenciones positivas y avances sobre la situación actual, pero los planteamientos adelantados por ambos candidatos, evidencian una comprensión limitada respecto a la naturaleza de conflictividad social como fenómeno político. Las medidas en favor de minería informal parecen, por ahora, más impulsadas por criterios electorales que de formalización efectiva.

Ambos han presentado diversos mecanismos para amplificar los efectos de las actividades extractivas sobre el desarrollo en el entorno de los proyectos. Estas medidas, con un mejor entendimiento de las cuestiones políticas, tienen el potencial de reducir la conflictividad social y reabrir la puerta del desarrollo minero en Perú.

Algo que debió estar presente en el debate, es el inmenso impacto positivo de los grandes proyectos mineros, tanto los suspendidos, como los de desarrollo potencial, en el conjunto de la sociedad a través de sus encadenamientos productivos, la generación de empleo de calidad (directo e indirecto) y el aporte de divisas y recursos fiscales, que hacen posible una acción efectiva del Estado para derrotar la pobreza y superar las brechas sociales que nos aquejan. Lampadia

 

 

El Perú tiene un gran potencial para desarrollar una industria forestal sostenible que permita generar riqueza y desarrollo. Al 2012 ocupamos el décimo lugar en el ranking de los países con mayor extensión de bosques, con 68 millones de hectáreas (ha) y contamos con un mínimo 17,8 millones de ha de bosques naturales capaces de producir madera sosteniblemente.

No obstante, nuestra industria forestal está muy atrasada por la falta de voluntad política y problemas de economía institucional: el deficiente marco normativo vigente hasta hace muy poco, la falta de información, supervisión y el escaso control debilitaron la seguridad sobre los derechos forestales, lo que ha impedido desarrollar una industria competitiva y ha fomentado la informalidad y la tala ilegal. Así, se calcula que el 90% de la venta maderera de Iquitos proviene de transacciones ilegales, lo que habría reducido sustancialmente las exportaciones loretanas al no poderse demostrar el origen legal de la madera. Además, la informalidad ha generado altos niveles de deforestación anual, habiéndose acumulado al 2012 unos 8 millones de ha deforestadas.

Como consecuencia de la falta de planificación en el sector, la industria forestal en la actualidad genera un aporte mínimo a la economía (menos de 1% del PBI), y la población que vive en torno a los bosques es delas más pobres y aisladas del mercado. Si nos comparamos con Chile, que cuenta con tan solo 2,2 millones de hectáreas de plantaciones forestales, la situación es más dramática: en nuestro vecino la industria forestal aporta al 3,5% del PIB, siendo la segunda actividad económica más importante después de la minería. El marco normativo favorable a la inversión privada ha permitido que Chile tenga éxito en desarrollar una industria competitiva a nivel internacional, creando en torno a ella una amplia gama de empresas proveedoras, así como una importante cadena productiva.

Increíblemente, el Perú tiene una balanza comercial negativa en el comercio de madera, mientras Chile logró exportar productos forestales por un valor de US$5,300 millones el año pasado, dando trabajo directo a 118 mil empleados, de acuerdo a cifras de Grupo de Información Forestal y Análisis Económico del Instituto Forestal de Chile. El potencial de desarrollo del sector en el Perú debe ser del orden de cinco veces el de Chile, por lo que estaríamos desperdiciando la oportunidad de generar una producción forestal de más de US$ 25,000 millones anuales, dando trabajo de calidad a toda la población de la selva y a buena parte de la sierra.

La situación es más patética si consideramos que a pesar del enorme potencial que tiene el Perú para la producción de madera en bosques naturales, el año pasado tuvimos que importar 47,566 toneladas de madera aserrada, de las cuales 40,202 toneladas fueron compradas a Chile.

Según Antonio Brack Egg, ex Ministro del Ambiente y experto en temas forestales, uno de los principales obstáculos para el despegue del sector forestal es la falta de decisión política para impregnar de visión económica a nuestros bosques naturales, y la enorme desconfianza que existe por la falta de supervisión y garantías en el sector. El problema se agrava por la falta de visión empresarial en la burocracia estatal desde el MINAGRI y los trámites engorrosos e interminables necesarios para la explotación de los bosques. Todo ello genera que la gran inversión sea reacia a asumir el enorme riesgo que representa invertir en la explotación de los bosques peruanos.

La aprobación de la Ley Nº 29763- Ley Forestal y de Fauna Silvestre en julio del 2011 constituye un esfuerzo importante para el desarrollo del sector, al establecer un marco que va a permitir poner en valor los ecosistemas forestales y la fauna silvestre para su aprovechamiento sostenible a través de instrumentos económicos, como concesiones de hasta 40 mil ha por 40 años (renovables). Sin embargo, el Gobierno no debería retrasarse más tiempo en elaborar el Reglamento a esta Ley, ya que el sector sigue paralizado: durante el año pasado se entregaron CERO permisos o autorizaciones maderables.  

Igualmente, va a ser importante fortalecer adecuadamente al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el cual absorberá las funciones de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS), y no se debería descuidar el desarrollo del  Catastro Forestal con la información cartográfica de las categorías de bosques, unidades de ordenamiento forestal, títulos habilitantes, plantaciones y tierras de dominio público con aptitud para plantaciones forestales de producción.

El Estado debería poner todo el empeño en atraer inversiones de gran magnitud con incentivos adecuados (como se hizo en el caso chileno) para permitir crear trabajo sostenible en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, que concentran solo el 5.4% de la población nacional (1,6 millones de habitantes entre los tres departamentos) y con ello crear polos de desarrollo sostenible en la selva, agregando valor a la madera extraída y trabajada en los aserraderos. Esto, además, redundaría detener la migración de la sierra hacia la selva que termina en agricultura no sostenible, depredación de bosques, o en los sembríos de coca.