Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 16 de julio de 2021
Para Lampadia

Los mafiosos saben que son mafiosos. Todos los involucrados en el caso Los Dinámicos del Centro saben que delinquieron. Las coimas, coimas son… aquí, en la China y en la Cochinchina. Y también en Junín.

Sin embargo, el presente caso tiene un tremendo agravante. Las coimas en cuestión se utilizaron para financiar la campaña electoral de Perú Libre. En mi opinión ¡ahí está el fraude electoral! Por ello – precisamente – el Ministerio Público ha abierto dos investigaciones: una por corrupción de funcionarios, a cargo de la Fiscal Bonnie Bautista; y otra por lavado de activos, a cargo del Fiscal Richard Rojas Gómez.

– ¿Cómo confiar en nuestro sistema de justicia? – dirán aquellos que dudan de la integridad de nuestros jueces y fiscales. Y claro… si tenemos a una Jueza – como la Dra. July Baldeón – rechazando el pedido de prisión preventiva a los miembros de la organización criminal… ¡cómo no dudar de nuestro sistema de justicia! ¿Acaso carecen de valor los audios y mensajes obtenidos por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC)? Y – más comprometedoras aún – ¿no son más que suficientes las declaraciones de los colaboradores eficaces acerca de la corrupción enquistada en el Gobierno Regional de Junín, y las movidas de dinero de Cerrón? ¿Acaso no resulta irrefutable la existencia de la típica telaraña fraudulenta… Gobierno Regional – Perú Libre – Poder Judicial – Poder Electoral? ¡No nos vengan con cuentos!

– Cuando entre Perú Libre a la Presidencia de la República van a liberarlos – le dijo Arturo Cárdenas (secretario nacional del partido) a un “angelito” de la mafia de Cerrón. ¡Dónde estamos!

Con las pruebas que tiene el Ministerio Público debería bastar y sobrar para concluir que Vladimir Cerrón, Pedro Castillo y Dina Boluarte están metidos en la colada. Y que en general, el Gobierno Regional de Junín se prestó groseramente para el fraude. Concretamente, la Dirección Regional de Recursos Humanos que maquinaba la contratación de personal, y la Dirección Regional de Transportes que traficaba ilícitamente con los brevetes.

Incluso, los jueces que apañaron a Cerrón en el pasado. Los que filtraron anticipadamente la orden de allanamiento para que la pandilla tome las precauciones del caso. La Jueza que denegó el pedido de prisión preventiva a los miembros de la mafia. El Partido – Perú Libre – que usufructuó del dinero mal habido. Todos tienen vela en este entierro.

Y qué decir de las autoridades electorales que facilitaron las candidaturas de terroristas y sentenciados por corrupción… y que excluyeron a partidos como el APRA, PPC, Todos por el Perú, Perú Nación, entre otros. Y sabe Dios cuántas personas e instituciones más conforman esta gran organización criminal. ¡Ahí está el fraude electoral que tanto niegan algunos!

Bueno pues, el candidato de Perú Libre – con la complicidad de esa gran mafia – habría resultado ganador de las elecciones presidenciales. ¡Qué problema! Con esa conducta amoral a cuestas, Pedro Castillo ha sido proclamado presidente del Perú para el período 2021 – 2026. ¡Presidente del Bicentenario!

¿Qué dice al respecto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)? – Que no hubo fraude –. ¿Qué dice la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)? – Que no hubo fraude –. ¿Qué dice el presidente Sagasti? – Que no hubo fraude sistemático –. Pero ¿qué dicen de la organización criminal? Ni una palabra al respecto. Poco les falta para decir – no hubo fraude… tan sólo hubo una organización criminal –. ¡Qué descaro! ¿Tanto les cuesta aceptar que fraude electoral y organización criminal son dos caras de la misma moneda?

Pues bien – así las cosas – todo parece indicar que vamos a ser gobernados por dicha organización criminal. Y como tal, lo negarán hasta la muerte. Más aún – al mismo estilo del Lagarto – enarbolarán la bandera de la lucha contra la corrupción. ¡Hipócritas!

El problema es que la corrupción no es sólo un descaro moral o un delito penal. La corrupción es – sobre todo – una pesada e injusta carga para la población civil. Por eso hay que combatirla con valentía. Pero en vista de que el Estado no puede con la corrupción – o, mejor dicho, dado que está coludido con ella – tenemos que hacerle frente desde la ciudadanía… en el trabajo, en las universidades, en las calles, a través de la prensa. ¡No queda otra!

Apoyo al Estado honesto y eficiente al servicio de la ciudadanía. Eso sí. Siempre debe ser así. Pero ¡insurgencia civil contra el Estado abusivo, mafioso y corrupto! Eso también. Cuando una organización criminal toma el poder… ¡no queda otra! Lampadia

Un absurdo proyecto de Ley pretende regular “la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en delitos de corrupción”.

Actualmente, los delitos penales se refieren a las personas naturales, ya que solo la acción de un ser humano específico puede reunir los requisitos de un eventual delito penal: acto humano, voluntario y debidamente tipificado.  

La legislación actual ya establece medidas aplicables a las personas jurídicas que sean utilizadas por sus representantes para la comisión de delitos. Por ello, pueden ser incorporadas a procesos penales como “terceros civilmente responsables”, pudiéndoseles exigir el pago de reparaciones y otras sanciones.

La propuesta normativa del proyecto indicado, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas con relación a la responsabilidad penal de las personas naturales para los casos de: colusión simple y agravada, peculado doloso y culposo, cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico y tráfico de influencias. Estos serían aplicables ahora a las personas jurídicas de derecho privado, asociaciones, fundaciones y comités no inscritos, sociedades irregulares, entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del estado o sociedades de economía mixta. En otras palabras, a todo lo que se puede calificar como NO-Gobierno, que incluye: medios de comunicación y todo tipo de asociaciones.

Evidentemente, esta medida, que puede ser neutra en sí misma, representa una espada de Damocles en manos de malos políticos, sobre todo en un  país como el nuestro, que adolece de tremendas debilidades institucionales. 

Esto afectaría a sus administradores, representantes legales, contractuales y órganos colegiados, a las personas naturales que presten servicios a las entidades indicadas y que actúen por orden de estas y, a las personas naturales que no ejerzan el suficiente control o vigilancia sobre sus encargos.

Las medidas planteadas incluyen multas y disoluciones, clausura de locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo y la cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas y municipales, así como la suspensión de las actividades sociales y la prohibición para contratar con el Estado.

El planteamiento de la norma parte del supuesto de que el origen de la corrupción está en el sector privado. El mismo argumento con el que se descalifica a los peruanos por ser supuestamente proclives a la falta de respeto a las normas (semáforos), o por ser complacientes con los políticos que roban, etc. cuando la realidad demuestra que no es el ciudadano el que está mal, sino el sistema (considere el comportamiento de 3 millones de peruanos en el exterior, ver en Lampadia: Roban pero hacen obra – (Comentado por Lampadia).  )

El proyecto utiliza como pretexto la norma anti-cohecho internacional de la OCDE (que no ha sido adoptada por todos sus miembros), y que se refiere a las coimas que pagan las empresas fuera de sus países de origen. Aspecto que el Perú tendrá que negociar antes de ser parte de la OCDE. Recordemos que Alemania, hasta el año 1999, permitía que sus empresas nacionales descontaran, como costo tributario, las coimas (cohecho internacional) pagadas a sus clientes en el exterior.

Llama la atención que este proyecto tome cuerpo cuando arrecia la corrupción en el sector público y se exacerba el clima político del país.

¡Los peruanos debemos rechazar toda “Espada de Damocles”! Lampadia