Daron Acemoglu, el popular economista, profesor en MIT y coautor (junto a James Robinson) del best-seller Por qué fracasan las naciones: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, publicó recientemente un artículo en Project Syndicate en el que muestra su visión sobre las dificultades que enfrenta el mundo actual – con dos fuerzas políticas en constante conflicto por la supremacía global, como son EEUU y China – para lidiar con problemáticas mundiales que urgen ser atendidas a la brevedad.

En este contexto, Acemoglu hace un llamado a los países emergentes y a la UE a formar coaliciones políticas para tratar algunos de estos temas muy concretamente como son la defensa de la democracia, la creciente inmersión de las Big Tech en la privacidad de datos personales por la pandemia y la lucha contra el calentamiento global y hacerse escuchar en los foros de gobernanza global.

De hecho este llamado es un tema del cual ya hemos comentado en anteriores oportunidades (ver Lampadia: La Visión de Macron), en el que incidiamos en la necesidad de que la UE tomara una mayor protagonismo en temas que vayan más allá del libre comercio y la convergencia monetaria, ante el constante desprecio por Trump hacia sus alianzas en occidente.

Al parecer el ascenso de Biden implicaría un cambio de rumbo en la política exterior de EEUU, más afable al multilateralismo y menos conflictiva con China (ver Lampadia: EEUU debe acomodarse a una nueva realidad). Sin embargo, no se puede cantar victoria hasta que no se vea en la cancha la política publica a acometerse por el equipo de Biden y sobretodo su real compromiso por revertir la guerra comercial, la cual ya ha iniciado un proceso permanente de realocamiento de empresas estadounidenses desde China a las Américas.  Ver en Lampadia: Atraer inversiones – Crisis y oportunidades.

En todo caso, abogamos al igual que Acemoglu en tener un rol más activo desde la UE y los países emergentes no en el sentido de dividir aún más el mundo, desde una dimensión bipolar a una cuadripolar, cuando más convergencia debe haber entre países. Sino en la idea de generar una suerte de balances y contrapesos en la geopolítica para que estas nuevas coaliciones velen porque se tomen decisiones más sensatas en un contexto en el que las dos grandes potencias los ultimos años han dejado mucho que desear.

Hasta hace pocos años el Perú podía candidatearse para ser uno de los países emergentes que representara uno de los bloques de la geopolítica global. Lamentablemente, el deterioro institucional y político del país imposibilitan cualquier representación válida en los foros internacionales.

Veamos la interesante propuesta de Acemoglu al respecto. Lampadia

El caso de un mundo cuadripolar

Daron Acemoglu
Project Syndicate
3 de diciembre, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Según la sabiduría convencional, el siglo XXI se caracterizará por el cambio global de la hegemonía estadounidense a la rivalidad chino-estadounidense. Pero un orden internacional bipolar no es inevitable ni deseable, y deberíamos empezar a imaginar y trabajar hacia arreglos alternativos.

Habiendo disminuido el papel global de EEUU y negándose a aceptar la creciente influencia de China, la presidencia de Donald Trump representa el último suspiro de una época unipolar. Pero mientras muchos asumen que el mundo unipolar posterior a la Guerra Fría está dando paso a un orden internacional bipolar dominado por EEUU y China, ese resultado no es inevitable ni deseable. En cambio, hay muchas razones para esperar y trabajar por un mundo en el que Europa y las economías emergentes desempeñen un papel más asertivo.

Sin duda, como la autocracia económicamente más exitosa del mundo, China ya ha logrado una influencia geopolítica significativa en Asia y más allá. Durante las dos crisis globales más recientes, el colapso financiero de 2008 y la pandemia de hoy, el Partido Comunista de China ajustó rápidamente la economía política del país en respuesta a las circunstancias cambiantes, solidificando así su control sobre el poder. Debido a que los países que no quieren seguir la línea de EEUU ahora recurren rutinariamente a China en busca de inspiración y, a menudo, apoyo material, ¿qué podría ser más natural que China emergiendo como uno de los dos polos del poder global?

De hecho, un mundo bipolar sería profundamente inestable. Su aparición aumentaría el riesgo de conflicto violento (según la lógica de la trampa de Tucídides), y su consolidación haría que las soluciones a los problemas globales dependan totalmente de los intereses nacionales de las dos potencias reinantes. Tres de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad serían ignorados o empeorados.

El primer desafío es el poder concentrado del Big Tech. Si bien la tecnología a menudo se presenta como un frente clave en el conflicto entre EEUU y China, existe una congruencia considerable entre los dos países. Ambos están comprometidos con la búsqueda del dominio algorítmico sobre los humanos, mediante el cual el gobierno y las corporaciones utilizan las plataformas digitales y la inteligencia artificial (IA) como herramientas para vigilar y controlar a la ciudadanía.

Hay diferencias, por supuesto. Mientras que el gobierno de EEUU ha adoptado la propia visión de las Big Tech y se ha vuelto subordinado a la industria, los gigantes tecnológicos chinos permanecen a merced del gobierno y deben cumplir con su agenda. Por ejemplo, una investigación reciente muestra cómo la demanda de tecnologías de vigilancia de los gobiernos locales da forma a la investigación y el desarrollo de los creadores de inteligencia artificial chinos. En cualquier caso, es probable que ninguno de los países fortalezca los estándares de privacidad y otras protecciones para la gente común, y mucho menos redirija la trayectoria de la investigación de la IA para que sus beneficios sean inequívocos y ampliamente compartidos.

Asimismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia sería una prioridad baja en un mundo bipolar. Con el aumento de la represión en China, los EEUU pueden parecer, en comparación, seguir siendo un ejemplo de estos valores. Pero el compromiso de principios de EEUU con la democracia y los derechos humanos es escaso y, en general, no se toma en serio en el extranjero. Después de todo, EEUU ha derrocado gobiernos democráticamente elegidos pero insuficientemente amistosos en América Latina, Asia y África. Y cuando ha apoyado la democracia en lugares como Ucrania, generalmente ha tenido un motivo oculto, como el deseo de contrarrestar o debilitar a Rusia.

El tercer gran problema que probablemente recibirá poca atención en un mundo bipolar chino-estadounidense es el cambio climático. En los últimos años, China ha mostrado más apoyo que EEUU a los acuerdos internacionales destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero las dos superpotencias no son solo los dos mayores emisores del mundo; ambos también están sujetos a modelos económicos intensivos en energía. China seguirá dependiendo del crecimiento de la manufactura, mientras que los consumidores y las industrias en crecimiento (como la computación en la nube) mantendrán una alta demanda de energía en los EEUU. Y uno puede esperar que el interés a corto plazo de ambas partes en la supremacía económica triunfe sobre el interés de todos los demás en una rápida transición verde.

Es más probable que todos estos problemas se aborden en un mundo con dos polos adicionales, representados por la Unión Europea y un consorcio de economías emergentes, tal vez dentro de una nueva organización, una “E10”, que comprenda a México, Brasil, India, Indonesia, Malasia, Turquía, Sudáfrica y otros. Un mundo cuadripolar así sería menos propicio para una nueva guerra fría y traería voces más diversas a la gobernanza global.

Por su parte, la UE ya se ha convertido en una abanderada de la protección de la privacidad y la regulación de las grandes tecnologías, y está bien posicionada para hacer frente a la automatización algorítmica. A pesar de que son las empresas estadounidenses y chinas las que generan en gran medida las preocupaciones sobre la privacidad, la manipulación del consumidor y la IA que reemplaza la mano de obra, el mercado europeo es tan grande e importante que puede inclinar el campo de juego a nivel mundial.

Pero un polo estratégico que habla por las economías emergentes puede tener aún más consecuencias. Si la IA continúa desplazando a los humanos en el lugar de trabajo, las economías emergentes serán las mayores perdedoras, porque su ventaja comparativa es la abundante mano de obra humana. Dado que la automatización ya está reduciendo la oferta de empleos que anteriormente se habían deslocalizado a estas economías, es fundamental que tengan voz en los debates globales que determinarán cómo se diseñan y se implementan las nuevas tecnologías.

Europa y el mundo emergente también pueden formar un grupo poderoso contra las emisiones de combustibles fósiles. Si bien la UE se ha convertido en un líder mundial en descarbonización, las economías emergentes tienen un gran interés en la acción climática, porque sufrirán de manera desproporcionada el calentamiento global (a pesar de haber contribuido en menor medida al problema).

Sin duda, un mundo cuadripolar no sería una panacea. Con una gama más amplia de voces y la posibilidad de coaliciones más oportunistas, sería mucho más difícil de manejar que el mundo unipolar del pasado reciente. Con Brasil, México, India y Turquía ahora liderados por autoritarios que intentan silenciar a sus oponentes, los medios independientes y los grupos de la sociedad civil, Europa inevitablemente se encontraría en desacuerdo con este bloque cuando se trate de derechos humanos y democracia.

Sin embargo, incluso aquí, un mundo cuadripolar ofrecería más esperanzas que la alternativa bipolar. Llevar a estos países a la mesa internacional podría hacerlos más dispuestos a tolerar la oposición en casa. Además, las economías emergentes pueden cooperar como un frente único solo si abandonan su comportamiento más autoritario, nacionalista y destructivo. Marcar el comienzo de un mundo cuadripolar puede producir dividendos inesperados. Lampadia

Un reciente artículo del notable economista Daron Acemoglu publicado por la revista Project Syndicate desentraña todas las supuestas similitudes entre las ideas del denominado “socialismo democrático” del ahora candidato con mayor popularidad del Partido Demócrata estadounidense, Bernie Sanders, y la filosofía política de los partidos socialdemócratas que actualmente gobiernan los países escandinavos. Como dice Acemoglu: “En pocas palabras, la socialdemocracia europea es un sistema para regular la economía de mercado, no para suplantarla”.

Como dejan entrever sus reflexiones, si bien el modelo de desarrollo a imponerse por Sanders puede llegar a instaurarse mediante medios democráticos – como el voto popular- sus bases económicas fuertemente marxistas hacen que sea incomparable con los modelos de las socialdemocracias nórdicas. Aún cuando estas últimas concentran grandes estados de bienestar, no terminan por eliminar la propiedad privada y menos volverla colectiva, como sí lo propone el modelo de Sanders.

Cabe resaltar, además, que estas economías, como son el caso de Suecia o Dinamarca, llegaron a ser naciones ricas primero gracias a modelos liberales implantados en los 90 y no por sus grandes estados de bienestar que fueron progresivamente instaurados en los últimos años. Estos, por el contrario, constituyen grandes bolsas de endeudamiento público a mediano y largo plazo porque dependen de una población joven, que al día de hoy es minoritaria en estos países (ver Lampadia: Suecia, el otro modelo).

Acemoglu prosigue descartando el modelo de Sanders dadas las catástrofes causadas por el comunismo soviético, pero también hace una fuerte crítica hacia los modelos de desarrollo de corte liberal adoptados por varias economías occidentales en los años 80. Según su visión, este tipo de modelo contribuyó al estancamiento de los salarios reales, al incremento de la desigualdad y a un rendimiento de la productividad igualmente magro durante las últimas 4 décadas en EEUU, por lo que no constituyen una solución definitiva a los problemas económicos y sociales que aquejan a este país

Respecto a esta crítica, tenemos que agregar que el análisis hecho por el economista es incompleto, si es que se miden los ingresos correctamente de los hogares estadounidenses abarcando más allá de los salarios (ingresos por trabajo). Como nos hemos extendido en anteriores oportunidades (ver Lampadia: Cuidados en el manejo de cifras de pobreza, Retomemos el libre comercio, Otra mirada al mito de la desigualdad), si uno realiza ciertos ajustes  a los ingresos familiares promedio en EEUU tomando en cuenta el tamaño de los hogares, las transferencias e impuestos, se tiene que dichos ingresos aumentaron en un 51% entre 1979 y 2014 (ver gráfico a continuación)

Fuentes: Oficina del Censo; CBO; BLS; BEA; NBER; The Economist

En conclusión, ni la socialdemocracia, sustentada en grandes estados de bienestar halagada por Acemoglu ni el socialismo democrático propuesto por Sanders son siquiera modelos a concebir como posibles buenas opciones. Por el contrario, profundizar en el modelo económico liberal que respeta la propiedad privada y promueve el libre emprendimiento debiera ser, a la luz de las cifras presentadas anteriormente, el camino a seguir para seguir proveyendo desarrollo a EEUU. Lampadia

La socialdemocracia vence al socialismo democrático

Daron Acemoglu
Project Syndicate
17 de febrero, 2020
Traducido y comentado por Lampadia

Ahora que el senador estadounidense Bernie Sanders se ha convertido en uno de los principales candidatos para la nominación presidencial del Partido Demócrata, su marca de socialismo democrático merece un escrutinio más cercano. En pocas palabras, no es una aproximación cercana del «modelo nórdico» que Sanders invoca a menudo ni una solución a lo que aqueja a la economía estadounidense.

Solía ser una regla no escrita de la política estadounidense que un socialista nunca podría calificar para un alto cargo nacional. Pero ahora un autoproclamado «socialista democrático», el senador estadounidense Bernie Sanders, es el principal candidato para la nominación presidencial demócrata. ¿Debería EEUU aceptar el cambio?

Los demócratas han llegado a las primarias por mucho más que el presidente de los EEUU, Donald Trump. El impulso de Sanders refleja un anhelo de soluciones radicales a los graves problemas económicos estructurales. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la economía de EEUU se volvió cada vez más productiva y los salarios de todos los trabajadores, independientemente de la educación, crecieron en promedio más del 2% anual. Pero ese ya no es el caso hoy.

En las últimas cuatro décadas, el crecimiento de la productividad ha sido mediocre, el crecimiento económico se ha desacelerado y una parte cada vez mayor de las ganancias se ha dirigido a los propietarios de capital y a los altamente educados. Mientras tanto, los salarios medios se han estancado, y los salarios reales (ajustados a la inflación) de los trabajadores con educación secundaria o menos han caído. Solo unas pocas empresas (y sus propietarios) dominan gran parte de la economía. El 0.1% superior de la distribución del ingreso captura más del 11% del ingreso nacional, en comparación con solo el 2.5% en la década de 1970.

¿Pero el socialismo democrático ofrece una cura para estos males? Como una ideología que considera la economía de mercado como inherentemente injusta, no igualadora e incorregible, su solución es cortar la línea vital más importante de ese sistema: la propiedad privada de los medios de producción. En lugar de un sistema en el que las empresas y todos sus equipos y maquinaria descansen en manos de un pequeño grupo de propietarios, los socialistas democráticos preferirían la «democracia económica», mediante la cual las empresas serían controladas por sus trabajadores o por una estructura administrativa operada por el estado.

Los socialistas democráticos contrastan su sistema imaginario con la marca de estilo soviético. La suya, argumentan, se puede lograr totalmente por medios democráticos. Pero los intentos más recientes de socializar la producción (en América Latina) se han basado en acuerdos antidemocráticos. Y eso apunta a otro problema con el debate actual en los EEUU: el socialismo democrático se ha combinado con la socialdemocracia. Y, desafortunadamente, Sanders ha contribuido a esta confusión.

La socialdemocracia se refiere al marco político que surgió y se afianzó en Europa, especialmente en los países nórdicos, a lo largo del siglo XX. También se centra en controlar los excesos de la economía de mercado, reducir la desigualdad y mejorar el nivel de vida de los menos afortunados. Pero si bien los socialistas democráticos estadounidenses como Sanders a menudo citan la socialdemocracia nórdica como su modelo, de hecho existen diferencias profundas y consecuentes entre los dos sistemas. En pocas palabras, la socialdemocracia europea es un sistema para regular la economía de mercado, no para suplantarla.

Para comprender cómo ha evolucionado la política socialdemócrata, considere el Partido de los Trabajadores Socialdemócratas de Suecia (SAP), que se distanció desde el principio de la ideología marxista y el Partido Comunista. Uno de los primeros y formativos líderes del SAP, Hjalmar Branting, ofreció una plataforma atractiva no solo para los trabajadores industriales sino también para la clase media.

Lo más importante es que el SAP compitió por el poder por medios democráticos, trabajando dentro del sistema para mejorar las condiciones para la mayoría de los suecos. En las primeras elecciones después del inicio de la Gran Depresión, el líder del SAP, Per Albin Hansson, presentó el partido como un «hogar de personas» y ofreció una agenda inclusiva. Los votantes premiaron al SAP con un notable 41.7% de los votos, lo que le permitió formar una coalición de gobierno con el Partido Agrario. Tras otra abrumadora victoria electoral, el SAP organizó una reunión en 1938 de representantes de empresas, sindicatos, agricultores y el gobierno. Esa reunión, en la ciudad turística de Saltsjöbaden, lanzó una era de relaciones laborales cooperativas que definirían la economía sueca durante décadas.

Un pilar clave del pacto socialdemócrata sueco fue la fijación centralizada de salarios. Bajo el modelo de Rehn-Meidner (llamado así por dos economistas suecos contemporáneos), los sindicatos y las asociaciones empresariales negociaron los salarios de toda la industria, y el estado mantuvo políticas activas de mercado laboral y bienestar social, al tiempo que invirtió en capacitación de los trabajadores y educación pública. El resultado fue una compresión salarial significativa: a todos los trabajadores que realizaban el mismo trabajo se les pagaba el mismo salario, independientemente de su nivel de habilidad o la rentabilidad de su empresa.

Lejos de socializar los medios de producción, este sistema apoyó la economía de mercado, ya que permitió a las empresas productivas prosperar, invertir y expandirse a expensas de sus rivales menos competitivos. Con los salarios establecidos a nivel de la industria, una empresa que incremente su productividad podría mantener las recompensas (ganancias) resultantes. No es sorprendente que la productividad sueca bajo este sistema creciera constantemente, y las empresas suecas se volvieron altamente competitivas en los mercados de exportación. Mientras tanto, se desarrollaron instituciones similares en otros países nórdicos, en algunos casos reveladores introducidos no por socialistas o socialdemócratas, sino por gobiernos de centroderecha.

La socialdemocracia, ampliamente interpretada, se convirtió en la base de la prosperidad de la posguerra en todo el mundo industrializado. Eso incluye a los EEUU, donde el New Deal y las reformas posteriores fortalecieron o introdujeron componentes importantes del pacto socialdemócrata, incluida la negociación colectiva, las políticas de bienestar social y la educación pública.

Cuando las corrientes intelectuales y políticas se desviaron del pacto socialdemócrata basado en el mercado, las cosas generalmente no funcionaron demasiado bien. A finales de la década de 1960, los sindicatos suecos y daneses, bajo la influencia de fuerzas de izquierda más radicales, adoptaron el socialismo democrático y comenzaron a exigir democracia económica y control directo de las ganancias. En Suecia, esto condujo a intensas negociaciones con las empresas y a la introducción de «fondos asalariados», mediante los cuales porciones de las ganancias corporativas (generalmente en forma de nuevas emisiones de acciones) se colocarían en fondos a nivel de empresa para los trabajadores. Este cambio destruyó el acuerdo de cooperación entre empresas y sindicatos, y distorsionó los incentivos que anteriormente habían impulsado el crecimiento de la inversión y la productividad. A principios de la década de 1990, las fallas del sistema se habían vuelto evidentes y se abandonó debidamente.

Cuando las corrientes intelectuales del libre mercado condujeron a desviaciones hacia la derecha del pacto socialdemócrata, los resultados fueron igual de malos. La desigualdad se amplió en medio de un rendimiento de productividad igualmente tibio, mientras que las redes de seguridad social quedaron hechos jirones.

Lo que se necesita, entonces, no es el fundamentalismo de mercado o el socialismo democrático, sino la socialdemocracia. EEUU necesita una regulación efectiva para controlar el poder concentrado del mercado. Los trabajadores necesitan una mayor voz, y los servicios públicos y la red de seguridad deben fortalecerse. Por último, pero no menos importante, EEUU necesita una nueva política tecnológica para garantizar que la trayectoria del desarrollo económico sea del interés de todos.

Nada de esto se puede lograr socializando las empresas, especialmente en una era de globalización y empresas lideradas por la tecnología. El mercado debe ser regulado, no marginado. Lampadia

Daron Acemoglu, profesor de economía en el MIT, es coautor (con James A. Robinson) de Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty y The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty.

Daron Acemoglu y James A. Robinson, los afamados autores de Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (¿Por qué fracasan los países?), acaban de publicar un nuevo libro, The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty (El pasillo estrecho: estados, sociedades y cómo alcanzar la libertad), donde afirman que las instituciones y libertades de la democracia “surgen de la movilización de la sociedad, su asertividad y su voluntad de usar las urnas cuando puede y las calles cuando no puede”.

Su análisis, publicado en un artículo de Project Syndicate, que compartimos líneas abajo, se desarrolla alrededor del comportamiento extremo de Donald Trump y la movilización política para su ‘Impeachment’ (vacancia), promovida por el partido demócrata.

Más allá del caso estadounidense, el artículo es de especial interés para el Perú, a la luz de las disputas constitucionales que nos ocupan estos días.

Una cita muy interesante de los autores es sobre lo que Madison (uno de los padres fundadores de EEUU) recalcó con elocuencia: “primero hay que dar al gobierno capacidad de controlar a los gobernados; y luego forzarlo a controlarse a sí mismo”. Algo que establece un balance de poder entre la calle y el gobierno.

En esencia, los autores plantean que cuando se producen situaciones extremas en la política, es muy importante contar con la movilización de las élites y de la sociedad. En un trance como el actual en el Perú, donde el presidente ha cruzado el Rubicón y se ha alejado de lo establecido por la Constitución, llama la atención que acá, a diferencia de los ejemplos que mencionan los autores, nuestras élites y la sociedad parecen adormiladas y desorientadas, sin capacidad de reacción.

Recomendamos seriamente la lectura del siguiente artículo:

La Constitución no salvará a la democracia estadounidense

Project Syndicate
Setiembre 24, 2019
DARON ACEMOGLU, JAMES A. ROBINSON

CAMBRIDGE – La revelación de una denuncia anónima en la comunidad de inteligencia estadounidense que acusa al presidente Donald Trump de hacer ofertas inadecuadas a un líder extranjero reactivó las esperanzas que hace poco pendían del informe del fiscal especial Robert Mueller. Muchos que no soportan la presidencia transgresora, mentirosa y polarizadora de Trump creyeron que el sistema hallaría el modo de disciplinarlo, contenerlo o destituirlo. Pero esas esperanzas eran erradas entonces, y son erradas ahora.

La mayoría de votantes que están hartos de Trump y del Partido Republicano que lealmente se encolumnó a sus espaldas no deben esperar que el freno a Trump se lo pongan figuras salvadoras o iniciados del poder en Washington. Cumplir esa tarea es responsabilidad de la sociedad, primero que nada, votando en las urnas, y de ser necesario protestando en las calles.

La fantasía de que a Estados Unidos puedan salvarlo figuras de Washington y la Constitución es parte de una narrativa compartida en relación con los orígenes de las instituciones estadounidenses, según la cual, los habitantes del país deben la democracia y las libertades a los padres fundadores y al modo brillante y visionario con que diseñaron un sistema con la provisión correcta de controles y contrapesos, separación de poderes y otras salvaguardas.

Pero como explicamos en nuestro nuevo libro The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty (hay traducción al español: El pasillo estrecho: estados, sociedades y cómo alcanzar la libertad), no es así como surgen las instituciones y libertades de la democracia; más bien, las hacen surgir y las protegen la movilización de la sociedad, su asertividad y su voluntad de usar las urnas cuando puede y las calles cuando no puede. Y Estados Unidos no es excepción.

Los padres fundadores de los Estados Unidos, como las élites económicas e intelectuales británicas en aquel tiempo, procuraron elaborar leyes e instituciones que sostuvieran un Estado fuerte y capaz, bajo el control de gobernantes con ideas similares a las suyas. Algunos consideraron que la mejor solución era alguna especie de monarquía.

La Constitución de los Estados Unidos, redactada en 1787, es reflejo de esos preconceptos. No incluía una carta de derechos, y consagró muchos elementos no democráticos. No fue un descuido. El objetivo principal de los padres fundadores era aplacar el creciente fervor democrático de la gente común y someter a las legislaturas de los estados, que habían sido empoderadas por el documento que antecedió a la Constitución: los Artículos de la Confederación.

En los días que siguieron a la Guerra de la Independencia, muchos, entusiasmados por las nuevas libertades que se les habían prometido, estaban decididos a participar activamente en la formulación de políticas. En respuesta a la presión popular, los estados perdonaban deudas, imprimían dinero y cobraban impuestos. Esa prodigalidad y autonomía pareció subversiva a muchos de los padres fundadores, en particular James Madison, Alexander Hamilton y George Washington. El propósito de la Constitución que redactaron no era sólo el manejo de la política económica y la defensa de la nación, sino también volver a encerrar al genio de la democracia en la botella.

Madison lo recalcó con elocuencia: “primero hay que dar al gobierno capacidad de controlar a los gobernados; y luego forzarlo a controlarse a sí mismo”. De hecho, los padres fundadores no creían que fuera buena idea que la gente protestara, eligiera a sus representantes en forma directa o tuviera demasiada participación en política.

A Madison también le preocupaba que “un aumento de la población necesariamente aumentará la proporción de los que sufren las penurias de la vida y secretamente anhelan una distribución más igualitaria de los beneficios. Con el tiempo, estos pueden superar en número a los no alcanzados por la sensación de indigencia”. La Constitución buscaba prevenir que ese deseo de “una distribución más igualitaria de los beneficios” se trasladara a las políticas en la práctica.

Uno de los catalizadores de la Constitución fue la Rebelión de Shays en Massachusetts occidental (1786‑87), cuando unas 4000 personas tomaron las armas y se unieron a una protesta liderada por un veterano de la Guerra Revolucionaria, Daniel Shays, contra las penurias económicas, los altos impuestos y la corrupción política. La incapacidad del gobierno federal para financiar y desplegar un ejército que suprimiera la rebelión fue un llamado de atención: se necesitaba un Estado más fuerte, capaz de contener y aplacar la movilización popular. El objetivo de la Constitución era hacerlo posible.

Pero el plan no se desarrolló según lo previsto. Los intentos de los padres fundadores de construir un Estado generaron sospechas. Muchos temían las consecuencias de un Estado poderoso, especialmente en cuanto el impulso democrático se revirtiera; se multiplicaron los pedidos de que se incluyera una declaración explícita de los derechos de los ciudadanos, algo que Madison mismo empezó a promover, para persuadir a su propio estado (Virginia) de ratificar la Constitución. Luego se presentó a la presidencia con una plataforma favorable a la Carta de Derechos, con el argumento de que era necesaria para “apaciguar las mentes del pueblo”.

La Constitución incluyó los controles y contrapesos y la separación de poderes en parte para “forzar [al gobierno] a controlarse a sí mismo”. Pero su objetivo principal no era hacer a Estados Unidos más democrático y proteger mejor los derechos del pueblo. En la visión de los padres fundadores, estos arreglos institucionales, incluido un Senado elitista de elección indirecta, eran necesarios no para proteger al pueblo del gobierno federal, sino para proteger a ese gobierno de un fervor democrático excesivo.

No es extraño entonces que, en coyunturas críticas de la historia estadounidense, no hayan sido tanto las salvaguardas del sistema contra el exceso democrático o el diseño brillante de la Constitución los que promovieron los derechos y libertades de la democracia, sino la movilización popular.

Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando poderosos magnates (los “barones ladrones”) se hicieron con el dominio de la economía y la política de Estados Unidos, no les pusieron freno los tribunales o el Congreso (ya que por el contrario, controlaban estas ramas del Estado). Esos magnates y las instituciones que les daban poder tuvieron que rendir cuentas cuando la gente se movilizó, se organizó y consiguió elegir a políticos que prometieron imponerles regulaciones, nivelar el campo de juego económico y aumentar la participación democrática, por ejemplo, mediante la elección directa de los senadores.

Asimismo, en los años cincuenta y sesenta, no fue la separación de poderes lo que finalmente derrotó al sistema legalizado de racismo y represión en el sur de los Estados Unidos, sino la acción de manifestantes que se organizaron, protestaron y construyeron un movimiento de masas que obligó a las instituciones federales a actuar. Lo que finalmente convenció al presidente John F. Kennedy de intervenir (y promulgar la Ley de Derechos Civiles) fue la “cruzada de los niños” del 2 de mayo de 1963, cuando cientos de niños fueron arrestados en Birmingham (Alabama) por participar en las protestas. Como expresó Kennedy: “Los hechos sucedidos en Birmingham y otros lugares han intensificado de tal modo las demandas de igualdad que no sería prudente que ninguna ciudad, estado u órgano legislativo decida ignorarlas”.

Hoy también, lo único que puede salvar a Estados Unidos en esta hora de agitación política y crisis es la movilización de la sociedad. No se puede esperar que lo hagan figuras salvadoras o los controles y contrapesos. E incluso si pudieran, cualquier cosa que no sea una derrota contundente en las urnas dejará a los partidarios de Trump con la sensación de haber sido agraviados y engañados, y la polarización se profundizará. Peor aún, sentará un precedente en el sentido de que las élites deben controlar a las élites, y aumentará la pasividad de la sociedad. ¿Qué pasará la próxima vez que un líder inescrupuloso haga cosas peores que Trump y las élites no acudan al rescate?

Visto en esta perspectiva, el mayor regalo de Mueller a la democracia estadounidense fue un informe que se abstuvo de iniciar el proceso de juicio político, pero expuso la mendacidad, la corrupción y los delitos del presidente, para que los votantes puedan movilizarse y ejercer el poder y la responsabilidad que les competen de reemplazar a los malos dirigentes.

La Constitución no salvará a la democracia estadounidense. Jamás lo ha hecho. Sólo la sociedad estadounidense puede hacerlo.

Traducción: Esteban Flamini

Daron Acemoglu is Professor of Economics at MIT and co-author (with James A. Robinson) of Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty and The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty. 

James A. Robinson is Professor of Global Conflict at the University of Chicago and co-author (with Daron Acemoglu) of Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty and The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty.

Un comportamiento disfuncional que está detrás de los llamados conflictos sociales es la búsqueda de rentas, ya sean pecuniarias (contratos o coimas) o políticas (plataformas de poder local y/o nacional).

Lamentablemente, esto ha pasado prácticamente desapercibido a la ciudadanía. Son pocos los casos en los que se hizo evidente, siendo el de las ‘lentejas’ vinculado a Tía María, una excepción. Aún así, buena parte de la prensa nacional no hizo las relaciones causa-efecto que desdibujaran los aprontes de los anti-mineros.

Este artículo es una segunda reflexión sobre el tema. Ver en Lampadia: El ‘negocio’ de los llamados conflictos sociales – El quid de los conflictos anti minería. Además se puede encontrar un análisis integral del tema de la conflictividad en nuestra biblioteca virtual, Recursos Naturales y Desarrollo.

Marco Arana junto con dirigentes del FREN.A y Pepe Julio Gutiérrez (las «lentejas» de Tía María)

Sebastiao Mendonca Ferreira

Centro Wiñaq

Para Lampadia

¿Qué tiene que ver conflictividad social con búsqueda de rentas? ¿Por qué es necesario considerar la búsqueda de rentas para entender las causas de la conflictividad social relacionada a la minería y para viabilizar el desarrollo regional?

La respuesta breve es simple: Porque, para algunos actores, es muy rentable provocar conflictos, y la gente no abandona actividades rentables fácilmente. Expliquemos esto con un poco más de detalle.

¿Que es búsqueda de rentas?

Hay dos formas básicas de acumular riqueza: (1) generar riqueza (crear valor) y (2) disputar la riqueza generada por otros. Los economistas han decidido llamar “búsqueda de rentas” a la disputa de la riqueza creada por otros. Nos adherimos a esta terminología.

Cuando un productor trabaja en su campo, un profesional en su oficina o un empresario en su empresa, él está creando valor, está generando riqueza. Cuando las empresas compiten entre si, y desarrollan nuevos productos, ellas están acelerando la creación de riqueza, y ello beneficia a toda la sociedad.[1]

Cuando un grupo genera un conflicto para exigir contratos o puestos de trabajo con una empresa, o cuando el gobierno aplica impuestos a la importación de bienes, el gobierno está beneficiando a un grupo de actores que están buscando rentas. Cuando una empresa obtiene un privilegio monopólico, ella puede aumentar sus precios y obtener rentas a costas de los consumidores. Cuando un burócrata exige coima para avanzar un trámite o para aprobar un contrato, él está buscando rentas a costas de los ciudadanos. La corrupción siempre está asociada a alguna forma de búsqueda de rentas. La solicitud de “Lentejas” a las empresas mineras es un mecanismo de búsqueda de rentas para quienes no son capaces de participar honradamente en  el circuito económico generado por la mina.

Donde existan recursos acumulados o se generan grandes recursos surgen grupos interesados en la búsqueda de rentas, es decir, en disputar el acceso  a esos recursos acumulados. En toda sociedad hay grupos especializados en parasitar, es decir, en vivir de la riqueza generada por otros. Esos grupos, frecuentemente, ocultan su parasitismo con discursos demagógicos e ideologías radicales. Hablan del bien común pero lo que buscan en realidad es el provecho personal o de su camarilla.[2]

La generación de riqueza aumenta la torta para todos, la búsqueda de rentas reparte lo que ya fue creado pero no aumenta la torta. La búsqueda de rentas es un juego de suma cero o inclusive negativo, es decir, lo que uno gana el otro pierde y lo que es peor, se encuentra asociada a una conflictividad que resulta ser nociva para la generación de riqueza en la sociedad como un todo. Si dos agentes que ganan buscando rentas, hay un tercero que está perdiendo por los dos. Frecuentemente, la búsqueda de rentas se burla de los méritos y derechos de los creadores de riqueza y de toda la sociedad para beneficiar a pequeños grupos que tienen poder o que pueden ejercer algún tipo de presión. Existe abundante bibliografía en la economía moderna (Anne Krueger, Douglass North, Daron Acemoglu, Mancur Olson, Joseph Stiglitz, etc.) explicando que mientras más fuerte sea la búsqueda de rentas en una sociedad, más desigual y más lento es su desarrollo (ver gráficas abajo).[3]

La minería, la economía dual y la búsqueda de rentas

En toda sociedad poco desarrollada, cuando surge una actividad que genera grandes cantidades de riqueza, como la minería o el petróleo, surgen grupos orientados a apropiarse de esas riquezas mediante la fuerza o presiones políticas. Mientras más grande sea la piscina de riqueza disputable, más amplios y diversos serán los grupos interesados en su apropiación.

Cuando una empresa minera se instala en una zona de economía tradicional, o de muy baja productividad, su presencia genera una economía dual con dos estratos bien definidos: un estrato de economía tradicional (preexistente) y un estrato moderno ligado económicamente  a la actividad minera. La coexistencia de esos dos estratos desencadena un proceso radical de diferenciación social. Algunos sectores sociales locales logran migrar de la economía tradicional hacia la moderna, pero otros sectores no encuentran la forma de hacerlo.

Mientras mayores sean las diferencias técnicas y de escala entre la economía tradicional y la economía generada por la minera (agricultura de sobrevivencia y minifundio versus gran minería con tecnología avanzada), más difícil se hace la movilidad hacia el estrato moderno de la economía. En un artículo anterior hemos estimado que la productividad por hectárea de la minería moderna es más de 100 veces la productividad de la agricultura tradicional (http://www.lampadia.com/analisis/mineria/el-quid-de-los-conflictos-anti-mineria/).

Es decir, la minería en una hectárea produce más que 100 hectáreas de la agricultura tradicional. Esta es una diferencia gigantesca para la economía agrícola tradicional y tiene un impacto social perturbador. Cuando la diferencia de productividad y de nivel tecnológico entre el sector tradicional y el sector moderno es muy grande, la mayoría de la población no logra readecuar sus actividades económicas para articularse con la minería. Esa economía dual (tradicional y moderna) es la realidad de la mayoría de las regiones mineras del Perú.[4]

Aquellos grupos cuyas habilidades técnicas y/o empresariales son insuficientes para conectarse con la actividad minera por medio de relaciones de mercado (empleo, contratos, etc.) se sienten marginados. Ellos ven como algunos vecinos suyos mejoran sus estándares de vida de manera significativa, mientras ellos mismos siguen prisioneros de su economía tradicional y de su pobreza. Todos quieren participar de las actividades económicas ligadas a la minería, pero no todos lo logran. Este es un contexto ideal para que grupos políticos con una narrativa de victimización cultiven sentimientos de agravio en aquellos sectores de la población que se sienten marginados del progreso generado por la minería.

¿Qué es lo que aumenta o disminuye la búsqueda de rentas?

En toda sociedad existe una tensión entre crear riqueza o disputar rentas. Un equipo de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología ha hecho un estudio sobre la búsqueda de rentas relacionada a la minería y ha encontrado que el predominio de los creadores de riqueza (Producers, en el cuadro) o de buscadores de rentas (Grabbers, en el cuadro) depende del marco institucional del país.[5] Es decir, depende de quienes son beneficiados por el marco institucional.

Las curvas en los gráficos abajo describen la rentabilidad (profits) de los buscadores de renta (Grabbers) y de los creadores de riqueza (Producers) en función de la proporción de ellos en una actividad económica. En este diagrama el número total de agentes económicos (buscadores de rentas + creadores de riqueza) es considerada estable. Si nos movemos a la izquierda, la proporción de buscadores de rentas aumenta, si nos movemos a la derecha, la proporción de creadores de riqueza aumenta. La situación es socialmente estable cuando las dos curvas se cruzan (E₁), es decir, cuando la rentabilidad de ser buscador de rentas o ser creador de riqueza es la misma. Toda actividad económica se estabiliza en torno a ese punto de equilibrio, pues nadie tiene incentivos para cambiar.

• Si las instituciones son favorables a los buscadores de rentas (curva discontinua en el gráfico de la izquierda), la rentabilidad de ser buscador de rentas aumenta, el nuevo punto de equilibrio es E₃, y el número de buscadores de rentas aumenta (flecha celeste hacia la izquierda).
• Si las instituciones favorecen a los creadores de riqueza (curva discontinua en la gráfica de la derecha), la rentabilidad de crear riqueza aumenta, el nuevo punto de equilibrio es E₄, y el número de los creadores de riqueza aumenta (flecha celeste hacia la izquierda).

Uno de los principales mecanismos de búsqueda de rentas de la minería en Perú es la promoción de conflictos. Las rentas pueden ser económicas (ingresos), políticas (cargos públicos), o sociales (prestigio). Muchos alcaldes y congresistas reciben hoy sueldos altos y tienen control sobre los recursos millonarios (presupuestos regionales y locales) gracias a su actividad promoviendo conflictos mineros. Con el aumento del canon minero (sin uso adecuado), la rentabilidad de la búsqueda de rentas se ha incrementado.

Conclusiones y Recomendaciones.

1. Hablar de reducción de la conflictividad sin considerar el impacto de la búsqueda de rentas sirve para hacer discursos políticos pero no es muy efectivo para formular políticas.
2. Es necesario que las personas e instituciones interesadas en el desarrollo de la minería y de la economía nacional, y en el diseño de estrategias para la reducción de la conflictividad incorporen la búsqueda de rentas en sus análisis y propuestas.
3. ¿En qué medida el marco institucional del Perú favorece la búsqueda de rentas o la creación de riqueza? Sería bueno que la SNMPE elabore un diagnóstico serio en ese campo y lo difunda a los actores políticos, centros de investigación y periodismo.
4. El carácter dual de la economía de las regiones mineras es un problema. Muy pocas personas se benefician productivamente de la presencia minera local. La solución requiere de la creación de rutas de modernización de las economía locales, y ese desafío desborda lo que las empresas mineras pueden hacer por si solas.
5. El canon y todas las inversiones públicas y privadas deben servir para ampliar los canales de transición de las actividades tradicionales hacia las actividades modernas, aprovechando el dinamismo y los recursos creados por la minería.
6. El sector (SNMPE y las empresas) necesitan explicar claramente las relaciones causa-efecto de la minería y sus impactos directos, indirectos e inducidos, y difundirlas en los medios nacionales y locales para bloquear el efecto nocivo de los rumores que hoy día afectan la opinión pública respecto a la minería.
7. Las empresas, el estado, los gremios empresariales y las organizaciones de la sociedad civil deben crear mecanismos para que más personas se beneficien productivamente de la minería, a través de los mecanismos de mercado y no de la generación de conflictos.
8. Necesitamos una política nacional de desarrollo regional compartido. Esta es una precondición para la reducción de la conflictividad.

El Instituto Peruano de Economía publicó recientemente su entrega sobre Institucionalidad, donde comunica sus propuestas sobre las más importantes reformas que debiéramos emprender. Esta es una parte importante de nuestras agendas pendientes. Por ejemplo, tenemos que aplicar un sistema meritocrático para los funcionarios públicos, reformar el desprestigiado sistema judicial, flexibilizar el régimen laboral, y simplificar normas y trámites administrativos que ahogan a empresas y ciudadanos y han parado nuestro desarrollo. Al final, buena parte de estas reformas, redundarían en menores espacios para la corrupción.

Según el Índice de Competitividad del World Economic Forum (WEF), las instituciones en el Perú son las más precarias si las comparamos con las de nuestros pares regionales. A pesar de mejorar en el pilar instituciones (subió 2 posiciones con respecto al año pasado), el país aún enfrenta desafíos en relación con la ética y corrupción (bajó 7 posiciones) y el pobre desempeño del sector público (bajó 8 posiciones). Para continuar el crecimiento de la economía  peruana, tendrá que “construir resiliencia abordando desafíos estructurales en instituciones, eficiencia del gobierno, corrupción e infraestructura”, afirma el WEF.

Como afirma Roberto Abusada, Presidente del IPE, “el Estado opera en una institucionalidad deficiente. Tenemos fallas graves en el sistema judicial, la inseguridad ciudadana; y un desprestigio de los poderes del Estado, además de la carencia de partidos políticos sólidos que den fundamento a la democracia. Para tornar la situación más grave aún, al poner en marcha la necesaria descentralización de manera tan torpe como desaprensiva, hemos dilapidado el carácter unitario de la nación.” Recomendamos revisar nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI, un espacio donde compilamos los distintos aspectos relativos a las imperiosas reformas del Estado por emprender.

Comparando al Perú con los demás países de la Alianza del Pacífico y Brasil, las regulaciones impuestas por el gobierno son excesivas y la eficiencia del marco legal es uno de los más bajos de la región.

La falta de instituciones sólidas en un país tiene un impacto sobre la vida de sus ciudadanos en la forma de corrupción generalizada. El mal uso de los recursos del Estado lleva a una pobre provisión de servicios públicos, lo cual constituye una barrera para el desarrollo.

Según el último informe de opinión pública de Latinobarómetro, la percepción que tienen los peruanos respecto al progreso  en la reducción de la corrupción es una de las más bajas de la región. 

En 2015, solo el 24% de los peruanos cree que se ha progresado mucho o algo en reducir la corrupción en el Estado. Aplicar un sistema meritocrático para los administradores de justicia y simplificar normas y trámites administrativos para disminuir la discrecionalidad de los funcionarios públicos son dos medidas que podrían acelerar la lucha contra la corrupción.

Además, el Perú tiene el nivel más bajo de aprobación presidencial en América Latina. Lo mismo se ve en el caso del congreso, el cual obtiene una aprobación de tan solo 8%. Para solucionar esto, el IPE sugiere “Cambiar circunscripciones electorales de manera que sean proporcionales al número de electores y los acerquen a las autoridades elegidas. Ver en Lampadia: Chile abjura del bipartidismo. Actualmente las elecciones al Congreso consideran la circunscripción plurinominal que es muy grande y no guarda relación con el número de votantes, por ello recomendamos cambiarla a una uninominal lo que incrementaría el grado de identificación de la población con el Congreso. En el caso de Lima, el número de candidatos para el Congreso, entre los que debe elegir el ciudadano puede ascender hasta 684 (36 por 19 partidos) cifra que hace imposible identificar la mejor alternativa para cada persona y sobretodo mantener un seguimiento del representante elegido al Congreso.”

Uno de los problemas más grandes de institucionalidad es la falta de confianza en la policía, la cual se considera una de las instituciones más corruptas en el Perú. El 36% de la población indica que el problema más importante es la delincuencia. Según el IPE, existe un problema de articulación entre la policía, fiscalía y juzgado que impide que se imparta la pena debida a los delincuentes.

La explicación que brinda el IPE es que existe una disociación entre el número de delincuentes capturados por la DIRINCRI y los que son efectivamente procesados, lo cual genera una norme desconfianza en la población hacia las instituciones involucradas: la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ver avances y carencias sobre este importante tema en nuestra biblioteca virtual Estado del Siglo XXI, ‘Servicios del Estado‘.

Para solucionar esto, el IPE recomienda una integración efectiva del sistema de seguridad y administración de justicia es un proceso en el que participan la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. Esto fortalecería, en particular, la policía nacional, con el fin de mejorar la investigación y contrarrestar el alto índice de delincuencia en el país.

Según Daron Acemoglu, profesor de Economía en la Universidad de MIT en EEUU y autor del libro ‘Why Nations Fail’ (Por qué fallan las naciones), la institucionalidad tiene tres características clave: “reforzar los derechos de propiedad para incentivar la participación económica, restringir el poder de políticos y élites, y asegurar un cierto grado de igualdad y acceso a las mismas oportunidades para la mayoría de los ciudadanos. Estos son los cimientos que aseguran el desarrollo sostenido de una economía”.

La institucionalidad es una de las principales garantías para el crecimiento económico, pues se transmite confianza a los inversionistas a través de reglas claras que no dependen de las autoridades de turno. Aparte de la recuperación del crecimiento económico, la materia prima para un Estado presente y efectivo, la gran tarea del próximo gobierno debe priorizar las distintas reformas institucionales que viene reclamando el conjunto de nuestra sociedad. Lampadia