Presentación

“Análisis Estratégico del Conflicto Tía María” es un libro oportuno. Sirve para entender a los conflictos sociales que se desarrollaron en el Valle de Tambo desde el 2009 hasta hoy, y presenta un marco de interpretación del origen de los conflictos, y del accionar de los actores involucrados la conflictividad, de cómo actúan, sus objetivos y la interacción entre los mismos.

Para analizar Tía María, los autores parten marco analítico derivado de un estudio previo de varios conflictos mineros ocurridos en América Latina en las dos últimas décadas: Pascua Lama, Río Blanco, Esquel, Colombia, Costa Rica, etc. El propósito de ese estudio ha sido entender la lógica que guía los promotores de los conflictos e identificar qué determina los desenlaces de ellos, es decir, cómo hacen los grupos anti-mineros para bloquear los proyectos extractivos.

La oposición que se desarrolla a los proyectos mineros es vista como parte de conflictos políticos prolongados en el cual los opositores a la minería buscan erosionar la reputación de quienes pueden afectar dicha actividad. Sea el ejecutivo, el congreso, el poder judicial o la empresa minera. Es una lucha por producir daño reputacional, por erosionar la confianza de la sociedad en dicha actividad, o en un proyecto especifico y desprestigiar a todos aquellos que defiendan a la actividad minera.

Los autores explican como los temores hacia la minería son exacerbados para inducir a la población a creer que están frente a una amenaza a gran escala y que es un imperativo vital movilizarse para defender su forma de vida tradicional y salud de su entorno. Una vez generados los conflictos, éstos son utilizados para forzar a los poderes del estado y la empresa a enfrentar el dilema de apoyar el proyecto o abandonarlo.

En el caso de Tía María, los promotores del conflicto buscan generar costos políticos al actual gobierno para que éste, por la necesidad de proteger su popularidad, termine renunciando a brindar el marco institucional necesario para darle viabilidad al proyecto.

El texto ofrece a sus lectores un estudio realista de la problemática social y política de la minería moderna, y de los desafíos que deben enfrentar para hacer que dicha actividad pueda dinamizar de la economía peruana y abrir las puertas del progreso a la población. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Es conocido que el principal motor del crecimiento en el largo plazo es el incremento en la productividad del trabajo. Es decir, el desarrollo de un país está directamente ligado al aumento de la productividad de sus trabajadores.[i]Lo difícil es encontrar, en cada contexto económico y social, cuáles son los factores y las condiciones que estimulan el incremento de esa productividad. McKinsey ha realizado un estudio detallado de los factores que inciden sobre la productividad de los países ricos, medios y pobres (EEUU, Corea, Brasil, Rusia, etc.) mostrando lo decisivo que es la productividad para la creación de riqueza y la calidad de vida de los países.[ii]

Fuente:  pinterest.com

En el caso de Perú, la minería moderna es uno de esos factores que pueden dinamizar la productividad de las economías regionales. En mi último libro (Mendonca Ferreira, 2017, Lampadia) he explicado brevemente qué pasacuando una mina se instala en una zona rural de economía tradicional, y como se generan dos tipos de economías con grandes diferencias de productividad:[iii]

1. Un cinturón de economía moderna ligada a la minería, con alta productividad.
2. Una economía tradicional, básicamente agrícola, de baja productividad.

En las zonas mineras, los destinos económicos de la gran mayoría de las familias dependen de su grado de articulación con ese segmento de economía moderna creada por la minería en su entorno. Estar ligado a la minería resulta siendo, en la mayoría de los casos, la mejor ruta de capitalización de los productores y empresarios en las economías regionales, y en muchos casos, resulta siendo la única ruta realista de capitalización.[v] Quienes no logran articularse con la minería, de alguna forma, se quedan en la economía tradicional. Pueden obtener pequeñas mejoras, pero se mantienen cercanos a la línea de pobreza. Sufren la frustración de seguir siendo pobres entre amigos, parientes y vecinos que ya tienen capacidad de acumulación por estar ligados a la minería. Entonces, todos quieren sacar provecho de la minería para capitalizar, sea produciendo, empleándose, o generando conflictos.

La población de las regiones mineras sabe muy bien de los beneficios de estar ligados a ese sector moderno. Por esto no es difícil convencer a las comunidades que están fuera de las Áreas de Impacto Directo (AID)de las empresas mineras a que participen en conflictos. Basta decirles que, si participan de los conflictos ellos van a ser incluidos en las AID. Los ejemplos en Perú de conflictos para ser incluidos en las AID se cuentan por decenas.

Si uno reconstruye los procesos de los conflictos mineros, conversando directamente con los actores involucrados, encuentra que, en la mayoría de los casos, una de las principales razones detrás de los conflictos es el deseo de ser parte de ese sector moderno, o de sacar provecho de la actividad minera de alguna manera. También hay conflictos mineros generados por razones ambientales, pero ellos son mucho menos frecuentes de lo que se cree.[vi] Lo típico de los conflictos mineros son las comunidades exigiendo empleo y contratos a las empresas mineras, exigiendo ser parte de las AID, exigiendo inversiones sociales, o exigiendo la donación de fondos para sus organizaciones. Es esa situación la que aprovechan los emprendedores destructivos y los grupos hostiles a la minería (anti-mineros) para promover la conflictividad. La narrativa va ser siempre ambientalista, pues es creíble, pero como explicamos en un artículo anterior las causas reales pueden ser muy distintas de las narrativas (http://www.lampadia.com/analisis/mineria/los-conflictos-y-sus-discursos/).[vii]

El caso de Las Bambas es ilustrativo de la conflictividad como forma de sacar provecho de la alta productividad minera: El conflicto de fines de 2015 está ligado a culminación de los contratos con cientos de empresas locales, afectando a más de 12 mil empleos. Al perder los beneficios obtenidos en la etapa de construcción, se generó un ambiente propicio para la conflictividad y obtener beneficios adicionales. En el conflicto reciente, el disparador fue el bloqueo de una carretera, liderado por un par de emprendedores destructivos, con la finalidad explícita de extraer rentas a la empresa cobrando un peaje multi millonario. Hechos como estos, aunque de menor escala, ocurren en el entorno de todas las empresas mineras modernas del país.[viii]

La conflictividad social, en la mayoría de los casos, es una forma destructiva y violenta de ingresar a los sectores modernos de la economía regional, creado por la actividad minera, o de sacar algún tipo de provecho de la alta productividad de la minería.

El Perú tiene en la minería un motor para dinamizar las economías regionales e incorporar millones de productores y sus familias a la modernidad. La geografía desafiante del Perú hace difícil crear condiciones de desarrollo para de las poblaciones rurales de las zonas andinas. La minería, al generar una economía moderna en su entorno contribuye de forma importante a vencer ese desafío. La minería genera, además, los recursos (canon) para financiar las obras que se requiere para viabilizar el acceso a los mercados y a los servicios. Desperdiciar ese potencial transformador es una expresión de desinterés por las poblaciones rurales y un acto de desinteligencia económica.

La minería lleva dinamismo económico, tecnologías y conocimientos gerenciales de nivel global a zonas tradicionalmente pobres y aisladas de la sierra. Además, paga miles de millones de dólares en impuestos y canon, para financiar obras críticas para el desarrollo. Las fuerzas políticas y empresariales y las autoridades nacionales y regionales tienen, con las nuevas generaciones, la responsabilidad de generar las condiciones paraun aprovechamiento constructivo de la alta productividad minera. En vez de celebrar las formas destructivas de extracción de rentas, los conflictos mineros, lo que se necesita es viabilizar las formas constructivas de sinergia entre el sector moderno, creado por la minería, y la economía tradicional de las regiones mineras. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Para entender porque ocurren los conflictos mineros es necesario diferenciar dos temas: (1) las causas de los conflictos y (2) los discursos que los actores involucrados emiten para legitimar su accionar. Las causas son aquellos factores, condiciones y eventos que hacen surgir los conflictos y permiten que se sostengan. Los discursos, o narrativas, son los argumentos e historias generados para construir identidad y obtener respaldo social.

Cuando los líderes de un conflicto minero y las organizaciones que los apoyan (ONG, articulistas y partidos políticos) desarrollan su narrativa, ellos están pensando en cómo fortalecer el movimiento y como construir figuras e imágenes que ganen la simpatía de la población, y muy especialmente de los medios de comunicación.

• La narrativa tiene que reflejar un corte ‘moral’, emotiva y creíble.
• Ella puede referirse a algunas causas y no referirse a otras, si resulta o no conveniente hacerlo, o en algunos casos inventar “causas” que sean creíbles para la población y para la audiencia.
• La narrativa debe hablar de razones capaces de generar empatía con el conflicto, tales como: la defensa del agua, del medio ambiente y de la agricultura, y de un trato de respeto para las poblaciones locales.
• Para producir indignación en la población local la narrativa debe sostener también la existencia de posturas abusivas de parte de las empresas mineras y de las instituciones públicas.
• Debe además transmitir una sensación de drama y urgencia, para lograr que las personas interrumpan su vida cotidiana y asuman los costos y riesgos de participar en la protesta.

En una primera aproximación, los discursos, pancartas y consignas aparentan ser las causas de los conflictos. Ello no debe sorprender a nadie. Los líderes están afirmando que luchan por tales y cuales motivos, y es probable que así lo crean. Pero, las creencias y la realidad no siempre son lo mismo. Quien quiera entender los conflictos mineros y cómo manejarlos con efectividad necesita cernir los elementos de los discursos e identificar los factores que están realmente en su base y cuáles son solo argumentos construidos para justificar sus acciones y ganar simpatía social. Veamos un par de ejemplos.

Fuente: Youtube

Tía María

En el caso de la oposición al proyecto Tía María, el elemento central de la narrativa es el supuesto antagonismo entre la actividad minera y la agricultura en el Valle de Tambo. Sucede que ese antagonismo es falso. El proyecto no va utilizar el agua local, sino que va desalinizar el agua del mar, y canalizarla hacia la mina. Además, el proyecto es marginal al Valle de Tambo, y está ubicado en una zona desértica (La Joya). Con esa ubicación y con los actuales patrones de control ambiental exigidos en el país y suscritos por Southern Perú Corporation, los riesgos de afectación de la agricultura del valle pueden ser considerados nulos o, en el peor de los casos, efectivamente controlables.

De una reflexión preliminar, podemos decir que entre las causas reales del conflicto están los temores de la población hacia una potencial afectación ambiental de una operación minera de gran escala, que tanto la empresa como el gobierno central no han logrado explicar a los líderes locales, a las autoridades y a la población, como va operar y cual sería su impacto ambiental real. Otra causa es la acumulación de resentimientos resultados de décadas de una relación que es percibida por la población local como arrogante de parte de la empresa (que había cambiado de accionista, pasando de las manos de Asarco de EEUU, al Grupo México) y esta no fue capaz de revertir esa percepción antes de iniciar la implementación del proyecto. El tercer factor es la tradicional existencia de grupos radicales anti-sistema operando en el entorno, que encontraron en la polarización población-minería una oportunidad para desarrollarse orgánica y políticamente, siendo ese un factor político al que no se ha analizado en profundidad, ni dado un tratamiento adecuado.

La idea del antagonismo minería-agricultura, más allá de ser verdadera o no, es muy efectiva para propagar temor en una población de productores agrícolas que no entienden bien los impactos que puede tener la minería y que no confían en la empresa que lo llevaría a cabo. Además, en este caso, los agricultores más grandes de la zona, validaron los argumentos de los anti-mineros para mantener, en el valle de Tambo, los jornales bajos que ellos pagan sin la presencia del factor dinamizador de la minería.

Un efecto adicional de la narrativa hostil a la minería es un pensamiento tácito, que es inconsciente, pero que también es muy importante: si hay gente movilizándose es porque tiene un motivo, y ese motivo debe ser el que está en las pancartas y en las explicaciones de los dirigentes y de las ONG que los apoyan. Así, la población local y la audiencia nacional resultan siendo influenciadas por la narrativa y por los elementos gráficos que la representan.

Ello es inevitable para poblaciones que están bajo lo que hemos llamado en Lampadia Cerco Cognitivo y Conflictividad Minera y tienen dificultades para acceder a interpretaciones alternativas. Sin embargo, ello no debería ser así para los profesionales que se dedican a estudiar y a solucionar los conflictos mineros.

El problema de pensar con esa lógica superficial es que sometemos nuestro análisis a la narrativa de los promotores de la conflictividad y anulamos nuestra independencia para explorar las verdaderas causas del conflicto, causas que están ligadas a los temores y a los juegos de intereses de quienes ven en los conflictos mineros una oportunidad para obtener una ganancia extraordinaria sin generar riqueza, o para promover sus intereses políticos e ideológicos. Si nuestro pensamiento está sometido a la narrativa de los conflictivos, nuestra capacidad crítica se encuentra comprometida.

Conga

En el caso de Conga, anterior al de Tía María, la oposición central desarrollada por la narrativa fue: ¡Agua Sí, Mina no! Los resentimientos de la población cajamarquina hacia Yanacocha, acumulados en años  de malas relaciones, fueron el caldo de cultivo de las movilizaciones de protesta. Los temores exacerbados y movilizados también fueron parecidos. Los anti-mineros han manipulado las creencias y la imaginación local sobre el impacto que la desaparición de las lagunas de Conga podría tener sobre el ciclo del agua en los valles cercanos. Las lagunas resultaron simbólicas como reservas de agua para la agricultura en la región, y su afectación generaba un temor generalizado. Como recurso narrativo las lagunas resultaron muy efectivas. Ellas eran parte de un paisaje natural que sería afectado por la actividad minera, y operaron como “prueba irrefutable” de que el proyecto Conga iba afectar negativamente la disponibilidad de agua para los campesinos. Algunas marchas han tenido por función reforzar el lazo emocional de los campesinos con “sus lagunas”, y funcionaron muy bien como recurso narrativo. Si algo sabe hacer los grupos anti-mineros es construir narrativas que resuenan en los sistemas de creencia y temores de las poblaciones locales.

Conclusiones

Sin queremos reducir los conflictos sociales necesitamos independizar nuestro pensamiento, ver más allá de las narrativas conflictivas, y buscar las causas reales de los conflictos. Para ello, necesitamos observar los cambios económicos y políticos que desencadena una actividad moderna en una economía tradicional, los procesos de diferenciación social y los cambios en el poder político local y regional, identificar ganadores y perdedores entre esos actores, conocer el impacto simbólico y socioeconómico de una empresa moderna en una sociedad de pequeños productores y los temores que genera. Y  no pensar que las empresas mineras son fuentes de recursos de las que se puede sacar provecho sin causar daño a la sociedad. Teniendo claridad sobre esas piezas, el rompecabezas comienza a armarse. Lampadia

Con esta nota terminamos un primer ciclo de nuestro análisis sobre los conflictos que afectan a la industria extractiva y a la minería en especial. Los grupos anti inversión, los cultores del pos-extractivismo, esas ‘ideas muertas’ que han permitido se paren muchos proyectos de inversión sobre la base de relatos distorsionados, amenazas violentas a las poblaciones locales y manipulaciones para la búsqueda de rentas: han logrado acobardar a la clase dirigente y encapsular a todos los grupos políticos lejos del ‘atrevimiento’ de hablar con sinceridad sobre la importancia del desarrollo de esos proyectos.

Todos parecen estar esperando, que el ‘Ángel de la Guarda’ resuelva. Sin que se tengan que asumir liderazgos valientes con sus consiguientes costos políticos. El piloto automático, le llaman, a este escondite de cobardes.

Con el aporte de nuestros colaboradores del Centro Wiñay, liderados por Sebastiao Mendonça Ferreira, hemos publicado estos seis ensayos para disgregar el análisis sobre la conflictividad, que los peruanos debiéramos tener muy presentes. Esto se hace indispensable, habida cuenta del desbalance entre la presencia y laboriosidad de los anti mineros, versus la anomia o ausencia de los ciudadanos más informados, gremios y partidos políticos. Veamos:

Cómo Superar los Conflictos Políticos Prolongados

Para Reducir la Conflictividad Minera (6 de 6)

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

“Frecuentemente se asume [equivocadamente] que, cuando están en juego objetivos económicos, los grupos de individuos con intereses comunes intentan [colectivamente] lograr esos intereses comunes”. Mancur Olson[i]

Los conflictos mineros tienen altos costos sociales y económicos y todos quisiéramos que hubieran soluciones a la vuelta de la esquina, pero el problema es más complejo de lo que aparenta y las soluciones deben ser construidas con visión estratégica y sentido práctico.

Ya hemos explicado en los artículos anteriores quienes son los actores principales de la conflictividad: (a) las sociedades regionales, (b) los grupos anti-mineros, (c) las empresas mineras y su gremio y (d) el gobierno con sus instituciones. También hemos propuesto ideas de lo que cada uno de los actores interesados en soluciones podrían hacer.

Ver en Lampadia los artículos de la serie en nuestra biblioteca virtual Recursos Naturales y Desarrollo:

• Un enfoque estratégico y sistemático – Sobre cómo superar la conflictividad anti-minera (1)
• El rol de las empresas mineras (2)
• El rol de los gremios empresariales (3)
• Condiciones sociales y políticas que viabilicen la inversión (4)
• El rol del Estado en la Reducción de la Conflictividad (5)

Ahora queremos dar una visión integral de cómo podemos pasar gradualmente desde una situación de alta conflictividad social, como la de hoy, a una en que predomine el desarrollo compartido.

La Naturaleza de los Conflictos Mineros

Primero hay que entender la naturaleza de los conflictos mineros. En los medios predominan tratamientos superficiales en donde los conflictos mineros son descriptos como incidentes en la relación entre las empresas mineras y las comunidades campesinas, sin mostrar la figura completa del conflicto ni las razones por las cuales el Perú es uno de los países mineros con mayor nivel de conflictividad en el mundo.

Anti mineros pierden elecciones nacionales. Líder de Tierra y Libertad (ex cura Arana) no logra curul por Cajamarca en el Congreso, pero su enemigo (anti minero), Santos, gana el voto por la región de Cajamarca y distritos mineros muestran una cercanía electoral con el radicalismo anti minero que no exhiben las regiones de las que forman parte. El siguiente análisis  forma parte de nuestra biblioteca virtual sobre: Recursos Naturales y Desarrollo, en la que documentamos el ambiente en que se dan las inversiones mineras.  

Los resultados electorales sirven de radiografía política del país. Estos resultados contribuyen a entender las dinámicas sociales y políticas que alimentan las fuerzas anti-sistema, y la importancia que los conflictos mineros tienen para el crecimiento de esas fuerzas. Si bien esas fuerzas han quedado terceras en las elecciones recientes ello no significa que no constituyan una amenaza a la continuidad del desarrollo del Perú. 

Los Resultados

Las elecciones del pasado 10 de abril han servido  para identificar cuál es el estado de las fuerzas políticas en diversas regiones y gracias a los resultados de la ONPE podemos verlo inclusive a nivel distrital. Esto brinda una oportunidad de conocer el clima político en zonas rurales en las que los mecanismos privados de observación de la opinión pública tales como las encuestas son de una precisión limitada, acceso restringido o de un costo prohibitivo. Los resultados de estas elecciones nos han permitido analizar el estado de diversas fuerzas políticas en los alrededores de ciertos proyectos mineros donde se han desarrollado conflictos.

Existen dos fuerzas políticas que se han mostrado hostiles al desarrollo de proyectos mineros por motivos ya sean ideológicos o de conveniencia política: Democracia Directa y el Frente Amplio.  En el caso de Democracia Directa, esta organización lanzó como candidato a Gregorio Santos quien tiene como principal carta de presentación frente a la opinión pública su oposición frontal al Proyecto Conga; en el caso del Frente Amplio su candidata ha sido protagónica en azuzar activamente la conflictividad en el caso de Espinar. Además la principal organización del llamado Frente Amplio es Tierra y Libertad, un partido de ideología abiertamente post extractivista, es decir, contraria a la actividad minera, a la extracción de petróleo y a la construcción de represas hidroeléctricas.

En el presente artículo consideraremos el agregado del voto por estas opciones, como un indicador de una postura hostil hacia la minería. En Lampadia ya se ha publicado varios artículos acerca de la posición de estas fuerzas políticas. (Ver  El Plan de Gobierno de Verónika Mendoza acerca de la minería , Todo Vale para llegar al poder y ¿Una Nueva Minería o No Más Minería?).

Lo que señalan los resultados es claro y varios medios de comunicación ya lo han mostrado: la alta votación alcanzada por estas fuerzas políticas anti-sistema es notable en los distritos mineros.  Sin embargo, quisimos hacer un análisis numérico de los resultados distritales, y los comparamos con los resultados obtenidos en sus respectivas regiones. De esta manera podemos ver como el voto anti-minero se incrementa o no conforme se “acerque” a la zona de un proyecto minero que este bajo el ataque de esos grupos.

Para esto hemos generado un Indicador de Radicalidad Local (IRL), que se calcula con el voto anti-minero en un distrito donde se encuentra un proyecto minero divido entre el voto anti-minero en la región del proyecto.  Con esto identificamos que tanto más anti-minero es ese distrito específico comparándolo con su región. De esta manera podemos poner el voto anti-minero en perspectiva y se pueden identificar con claridad los efectos políticos de la cercanía a un proyecto en relación al clima político promedio de la región.

En la siguiente gráfica presentamos el IRL para algunos proyectos mineros en los que se han dado altos niveles de conflictividad social. La data ha sido tomada de los resultados electorales reportados por la ONPE.

En la gráfica podemos observar que, salvo en el caso de las operaciones de Yanacocha, donde el IRL es menor que 1, todas los demás proyectos se encuentran en distritos en que el voto anti-minero supera al promedio de su región.

Análisis que se desprenden

1. Se puede generar un clima de conflictividad social aún en regiones en los que las fuerzas favorables al actual modelo de desarrollo son ampliamente mayoritarias. En el caso de Lambayeque y Piura las suma de los votos de Fuerza Popular y PPK llego a 66% y 67%, respectivamente. A pesar de ello en los distritos en los que se darían los proyectos Majaz y Cañariaco los anti-mineros obtuvieron 59% y 47% respectivamente. Es decir, los grupos anti-mineros pueden provocar una dinámica de conflictividad social que genera un “micro-clima político” en el entorno a un proyecto, diferenciándose de las posturas políticas predominantes en la región. Tanto en el caso de Majaz como en el de Cañariaco la oposición social ha llevado a la paralización de los proyectos. Los elevados IRL nos indican cuando se da este fenómeno.
2. Los IRL asumen valores mayores a 1 en la mayoría de los casos. Ello nos señala que
   la cercanía a un proyecto minero conflictivo sí está asociado a un incremento en la aversión a la minería y a la economía de mercado. Ello significa que la sensación de agravio de la población se incrementa con la cercanía a un proyecto, y evidencia que los esfuerzos de responsabilidad social de las empresas mineras en su entorno no son capaces de contrarrestar la incidencia de los anti-mineros ni de neutralizar las dinámicas de búsqueda de rentas de algunos grupos de la población. Estos datos muestran que la versión de la historia contada por los anti-mineros se impone, casi invariablemente, en las zonas conflictivas. Ello representa una limitación importante de los enfoques de Responsabilidad Social con los cuales trabajan las compañías mineras en el Perú. Las empresas mineras han invertido muchas decenas de millones de dólares en su entorno, y han contribuido con el canon, pero las posturas de la población en los entornos de los proyectos son más negativas que donde no han hecho ninguna inversión, ni ha llegado nada o casi nada de canon.
3. En el caso del proyecto Conga, un proyecto que nunca operó y que no ha tenido ningún impacto sobre la población local, el patrón de los Índices de Radicalización se cumple. Sin embargo en el caso del área de operaciones de Yanacocha, una mina que ha operado por más de 20 años, este patrón no se cumple. El caso de Yanacocha en Cajamarca es una anomalía a nivel nacional. ¿Cómo se explica entonces que, siendo la misma empresa, en el caso de Conga la cercanía al proyecto genere una especial aversión; mientras que en el caso de las operaciones de Yanacocha (en cuyo entorno se dieron los conflictos importantes como Combayo y Cerro Quilish), el apoyo a las opciones anti-mineras sea menor que en el resto de la región?

Una hipótesis que puede darse es la cercanía de las operaciones de Yanacocha a una ciudad de gran magnitud como Cajamarca. Por un lado una ciudad como Cajamarca tiene mayor potencial para encadenarse económicamente a las operaciones mineras que comunidades rurales.  Una ciudad puede brindar una diversidad de servicios a la empresa minera y a sus empleados, realizando actividades económicas con una complejidad muy superior. Además, si la actividad minera se reduce, los costos económicos se hacen mucho más visibles para la población. Otro factor consiste en la viabilidad para las fuerzas anti-mineras para generar un “Cerco Cognitivo” en el entorno a un proyecto minero (este concepto ha sido detallado en un artículo previo, ver el enlace). El éxito del cerco cognitivo requiere de prácticas de intimidación social y física a quienes disientan de la postura anti-minera; y requiere además del control de la mayoría de canales de comunicación creíbles de la comunidad (maestro, sacerdote, presidente de rondas, etc.). En un entorno rural esto se facilita dada la baja presencia del Estado y de los sectores más claros sobre las ventajas de la actividad minera, y por la menor cantidad de medios de comunicaciones e instituciones independientes. En una ciudad como Cajamarca los sectores medios ligados al comercio y a los servicios son mucho más numerosos, y resulta más difícil para los anti-mineros reprimir a la totalidad de voces disidentes.

4. La hostilidad de la población no se deriva mecánicamente de la inviabilidad de un proyecto. Las Bambas pudo construirse a pesar de una población, al parecer más hostil, que en el caso de Tía María. En Las Bambas el apoyo a los anti-mineros bordeaba el 70% mientras que en Tía María el apoyo a dichos grupos fue de 50%. Ello nos señala que la viabilidad depende de un conjunto de factores adicionales al rechazo poblacional tales como la fortaleza de las organizaciones anti-mineras, las estrategias de negociación de las empresas con las elites locales, la voluntad del Estado y de la Empresa, el tipo  y el estadio de avance de un proyecto. La hostilidad de la población sin embargo es un factor de riesgo crítico y tarde o temprano surgirán los actores políticos que la canalizaran en hacia un escenario conflictivo aun si el proceso requiere de años para darse.  En el caso de Las Bambas, un proyecto minero de importancia estratégica para la economía nacional, este alto Índice Radicalización Local señala la existencia de un caldo de cultivo que favorecería a actores políticos anti-sistema, para que puedan generar conflictos que dañen las operaciones en la zona.

Conclusiones.

Estos resultados electorales son consecuencia, no solamente de los errores que las empresas hayan podido cometer, sino también del trabajo político prolongado que organizaciones anti-mineras, muchas ligadas a ambos partidos que hemos definido como anti-mineros. Años de trabajo de Responsabilidad Social, de inversiones sociales y de relacionamiento comunitario pueden ser destruidos por la sistemática labor de zapa de los grupos anti-sistema.

Las empresas mineras con proyectos conflictivos tienen un largo camino por recorrer, en especial de un trabajo con las comunidades que responda a las acciones políticas hostiles de las que son víctimas.  Las empresas deben brindar respuestas coherentes con la naturaleza de la amenaza que se yergue sobre ellas, y las amenazas están conducidas por organizaciones políticas.

El hecho que los resultados de los anti-mineros en los distritos donde hay conflictividad minera hayan sido altos, pone en duda la efectividad de la Responsabilidad Social como herramienta, y de la efectividad de estas inversiones para mejorar la relación con las comunidades; al igual que las mesas de diálogo como mecanismos para reducir la conflictividad.  En estos distritos, ambos mecanismos han sido aplicados durante años, sin poder neutralizar la incidencia de los anti-mineros sobre la opinión pública de las comunidades.

Estos resultados no pueden ser subestimados por las empresas mineras, o van pagar muy caro en términos de conflictos, paralizaciones y daño a su reputación. Lampadia

Continuando con nuestra investigación sobre los conflictos socio-políticos que  asecha las inversiones importantes en el Perú, presentamos a continuación un nuevo despacho, esta vez sobre un tema verdaderamente espeluznante, la utilización política de las víctimas de la violencia. Ver los análisis anteriores en Recursos Naturales y Desarrollo.

Si revisamos los conflictos mineros de los últimos 5 años, Tía María, Conga, Majaz, Las Bambas, y otros, encontramos que la violencia ha sido un componente saltante en los noticieros. Presenciamos lamentables pérdidas de vida (activistas, pobladores o policías) y deterioro del Estado de Derecho en las zonas de los conflictos. Los muertos y heridos de los conflictos mineros son de los tres lados, sin embargo, solo un lado busca beneficiarse políticamente de estas tragedias humanas.

El problema para el Perú es que una de las partes gana con la violencia y ha hecho de ella un componente fundamental de sus métodos de lucha.

La violencia utilizada por los anti-mineros en los conflictos puede ser calificada como Violencia Política, es decir violencia utilizada para fines políticos: “Entendemos por Violencia Política a ‘un repertorio de acciones colectivas que involucra gran fuerza física y causa daño a un adversario con la intención de imponer objetivos políticos’” (Della Porta, 1995, p. 2)[1].

¿Como se benefician los anti-mineros con la violencia política?

Asumiendo que los anti-mineros son actores racionales, con objetivos estratégicos de largo plazo, y que la violencia para ellos es un instrumento político, surge la pregunta: ¿Por qué usan la violencia en los conflictos?

Algunos creen que es un problema de nivel educativo o de tradiciones culturales de la población local, pero de acuerdo con las teorías políticas modernas (Besley & Persson, 2011)[2] el uso de la violencia es parte de la racionalidad del conflicto, es decir, la violencia es usada por los anti-mineros porque es útil, y efectiva, y muchas veces, es el método menos ‘costoso’ para lograr sus objetivos políticos.[3]

La observación de los conflictos mineros de los últimos años nos permite constatar que los anti-mineros se ‘benefician’ con la violencia de seis maneras:

1. Empoderar e intimidar: La violencia sirve para empoderar a los manifestantes y para intimidar a la población local. Con la violencia, los manifestantes muestran su fuerza, su capacidad de hacer daño, especialmente a la población local. Con la amenaza implícita de los actos de violencia, los demás pobladores, por temor a represalias, se inhiben de expresar sus opiniones. Con el monopolio de la voz del ‘pueblo’, los manifestantes lanzan sus consignas, y el silencio de la población, de las mayorías silenciosas, da la sensación de unanimidad en la protesta. Ejemplo de esto se dio el 31 de Marzo del 2015 cuando el profesor Robert Vásquez Roncal fue golpeado por las rondas de Celendin por brindar un curso sobre emprendimiento empresarial financiado parcialmente por Minera Yanacocha. El curso no trataba el tema minero, pero su realización enviaba el mensaje tácito de que la minería podría traer beneficios para la población.

2. Control cognitivo: La violencia es utilizada por los anti-mineros para reprimir las voces discrepantes, para evitar que los periodistas locales cuestionen las falacias de sus narrativas, para evitar que ellos u otros pobladores puedan emitir explicaciones alternativas para la población. Ello ocurre especialmente en ciudades pequeñas y zonas rurales del país. Acalladas las voces discrepantes, los anti-mineros consolidan la hegemonía de su narrativa en la mente de la población local.[4] El artículo de Lampadia “Stalinismo en Cajamarca”[5] nos explica como la intimidación y agresión a medios de prensa discordante con la predica anti-minera es una práctica recurrente y efectiva en la generación un espacio mediático monocorde en las inmediaciones de un proyecto minero.[6]

Hoy día lanzamos nuestra Biblioteca Virtual sobre Recursos Naturales y Desarrollo. Qué mejor manera que hacerlo con el ensayo de Sebastiao Mendonça sobre la legitimidad social de la minería.

Como todos sabemos la actividad minera ha sido pasiva de un proceso de cuestionamiento que ha descarrilado las políticas públicas que permitieron su desarrollo y aporte múltiple a la mejora de nuestros indicadores económicos y sociales durante los últimos 25 años.

Las siguientes líneas de Mendonça, inician un proceso de difusión y debate sobre los verdaderos impactos de la minería en el Perú.

La Legitimidad Social de la Minera

Un drama con elementos de tragedia

Sebastiao Mendonca Ferreira

Centro Wiñaq

No hay nada más práctico que una buena teoría.

Kurt Lewin, MIT.

Los conflictos mineros parecen rayos en cielo abierto. Aparentemente todo está tranquilo en una región, y de repente un conflicto, que parecía ser un problema menor, adquiere una escala masiva y se hace noticia nacional o internacional.

¿Por qué los conflictos mineros pueden escalar tan fácilmente? ¿Cómo puede ser que empresas muy grandes y tecnológicamente sofisticadas puedan ver sus proyectos de miles de millones de dólares paralizados en forma tan sorprendente? ¿Cómo puede ser que esas empresas sean blancos de campañas de rumores y de acciones violentas generando grandes pérdidas a ellas y al país? ¿Qué es lo que posibilita que los conflictos mineros escalen localmente y ganen el apoyo de segmentos importantes de la opinión pública nacional en cuestión de días o semanas?

La respuesta breve es que ello depende de la legitimidad social de las empresas mineras y de la actividad minera en la sociedad peruana. La facilidad con que los conflictos escalan e impactan sobre la opinión pública nacional está directamente ligada al deterioro de la legitimidad de la minería. Es el descuido sistemático de la construcción y protección de dicha legitimidad lo que ha generado todo un conjunto de debilidades críticas que hoy son bien aprovechas por quienes ven en la promoción del conflicto la ruta de su ascenso político y económico.

Cuando una empresa o un sector como la minería dejan que su legitimidad ante la sociedad local sea dañada, la empresa y todo el sector se vuelven vulnerables a múltiples tipos de ataques y hace económica y políticamente rentable el aventurerismo político, estimulando así la expansión de esa actividad en el país.

¿Qué es legitimidad social?

Una de las definiciones más ampliamente aceptadas es de Suchman (1995):

“La legitimidad es una percepción o creencia generalizada [de la sociedad local] de que las acciones de una entidad son deseadas, apropiadas y adecuadas, dentro de un sistema construido de normas, valores, creencias y definiciones.” [1]

Lo desafiante de la legitimidad social es que es una batalla que se gana o se pierde en la mente y en los corazones de la población local, en el marco de sus creencias, estereotipos, inclinaciones sociales e instituciones. Sin un conocimiento profundo de esos elementos locales, las empresas mineras no tienen muchas chances de construir y proteger su legitimidad. Sin entender la cuestión de la legitimidad, los millones de dólares aplicados en proyectos de desarrollo y en campañas de imagen tienen resultados inciertos, para decir lo menos.

A diferencia de las empresas mineras, los grupos anti-mineros conocen muy bien el sistema de creencias de la población local y han desarrollado narrativas que apuntan a destruir la legitimidad de la minería y a justificar sus acciones en contra del sector. En realidad, el desarrollo de narrativas hostiles a la minería es una especialidad de esos grupos, sea en su versión marxista o post-extractivista.

Los pilares de la legitimidad de la minería

En mayo pasado, en Lampadia descubrimos los planteamientos del pos-extractivismo que habían sido adoptados por todas las izquierdas peruanas. Presentado como una propuesta de nueva minería, tal como lo analizan Camilo Ferreira y Franco Olcese en su ensayo “¿Una Nueva Minería o No Más Minería?”, es parte de la maniobra izquierdista para dejar al país sin esa industria tan importante para nivelar el desarrollo del Perú.

Desde entonces, hemos venido insistiendo en que estas ‘propuestas’ sean analizadas por los gremios empresariales y por los partidos políticos, pero parece que la gente solo tiene tiempo para los temas de corto plazo y no da importancia al debate de ideas, por más equivocadas que puedan ser.

Una responsabilidad fundamental de la clase dirigente es asumir su rol de análisis de la realidad y comunicación con la opinión pública para formar una población más informada y un mejor sentido común sobre los temas nacionales más importantes.

Ver nuestras publicaciones previas al respecto de la absurda propuesta del pos-extractivismo:

Pos-extractivismo: Autarquía y empobrecimiento

Todas las izquierdas peruanas apuestan por la pobreza

Organizaciones peruanas no reaccionan a la amenaza del «pos-extractivismo»

Complot Anti-Desarrollo al descubierta

En ese sentido, nos complace presentar a continuación (pdf) el ensayo referido y saludarlo como una contribución muy positiva al debate nacional. Lampadia

Comentado por Lampadia:

En la siguiente publicación, Henry Luna, especialista en los temas vinculados a los recursos naturales, nos presenta un análisis debidamente sustentado sobre las informaciones propaladas por las ONG anti-mineras.

Durante las últimas semanas hemos publicado una serie de artículos de Luna con el propósito de compartir todos los aspectos que determinan la verdadera situación del sector minero en el país. Ver en Lampadia: Minería al alcance de todos los peruanos – V.

Como hemos informado innumerables veces, en el Perú se ha desarrollado una campaña para llevarnos a rechazar el desarrollo del sector minero. A esta han contribuido, efectivamente, una serie de ONGs, pero también algunos académicos despistados y muchos políticos, incluyendo a representantes del gobierno de Ollanta Humala. 

A diferencia de lo que sucede en Canadá y Australia, seguimos hablado de primarización de la economía, de exportación de “piedras sin procesar” y de que la inversión minera no tiene futuro por las condiciones de los precios de los commodities (que siguen siendo buenos) y por la desaceleración de la China.

No se quiere entender que innecesariamente estamos tirando por la borda una riqueza que ha producido muchos beneficios económicos y sociales y que, aún hoy, con las condiciones de los mercados internacionales, puede crear mucha riqueza adicional. Esta es esencial para generar los recursos que nos permitan superar nuestras brechas sociales y económicas y, sobre todo, para que ante la revolución tecnológica en ciernes podamos nivelarnos con los países más desarrollados en el más corto plazo posible.

Ver en Lampadia los siguientes informes:

         1. La minería tiene un alto valor agregado

         2. Parar y retrasar los proyectos de cobre es inmoral

         3. La minería: generó un ciclo virtuoso de crecimiento

Esperamos que nuestra terquedad en difundir información rigurosa sobre este importantísimo sector, especialmente en cuanto a nuestra  obligación moral de superar la pobreza, pueda ayudar a que reflexionemos sobre el error histórico que se está cometiendo en el país. 

TRANSPARENCIA EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS , ESTADO Y  SOCIEDAD CIVIL EN EL PERÚ

Análisis de publicaciones que no informan adecuadamente a la población

Por: Henry Luna Córdova

Catedrático de la Universidad Católica del Perú

Lima, 10 de Julio de 2015

PRESENTACION

En el Perú existen muchas organizaciones no gubernamentales que han asumido como agenda los derechos de comunidades y  temas ambientales relacionados con zonas de influencia de los principales centros mineros en el país como: COOPERACCION, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Asociación Civil Labor, Oxfam, CARE Perú, CEPES, CEAS, FEDEPAZ, GRUFIDES, Grupo Propuesta Ciu­dadana; Centro de Cultura Popular Labor (Pasco), entre otras.

Estas organizaciones no gubernamentales trabajan de manera integrada y conforman redes con presencia en zonas donde generalmente se ubican los campamentos y operaciones mineras y energéticas principalmente de gran impacto económico para el Perú.

Para sus campañas comparten los planos, informes, videos, entre otras publicaciones generadas por COOPERACCION con apoyo de cooperantes internacionales. También realizan informes de investigación que encargan a profesionales y organizaciones de otros países como: Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña para analizar los estudios presentados por los proyectos minero – energéticos con la finalidad de vincularlos con temas ambientales, agua, ordenamiento territorial, consulta previa, OIT,  derechos humanos, entre otros.

En la década pasada las movilizaciones fueron lideradas por la  Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) conformada en 1999, luego SERVINDI, Red Muqui  y recientemente una de las ONGs ha dado origen al partido político Tierra y Libertad con importante presencia en zonas mineras en Cajamarca y Arequipa.

Estas organizaciones también han creado un OBSERVATORIO DE CONFLICTOS en el que sustentan o promueven campañas contra las inversiones mineras y energéticas sobre las que enfocan sus críticas.

Felizmente, no todas las ONGs participan directa o indirectamente en campañas violentas. Una organización de la sociedad civil que mantiene una posición neutral es el GRUPO PROPUESTA CIUDADANA, que está promoviendo de manera civilizada la transparencia en las industrias extractivas en el Perú tanto de las empresas mineras y energéticas como del Estado, asimismo, está vigilando el proceso de descentralización en el Perú. Lo único que habría que corregir es diferenciar que un sistema de cuadrículas de derechos mineros no es lo mismo que un catastro de concesiones mineras que cuentan con autorización para ejercer la actividad de EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN y BENEFICIO DE MINERALES.

Las Industrias Extractivas Mineras y Energéticas no se realizan sobre solicitudes en trámite o concesiones que no cuentan con la autorización y permisos correspondientes para ejercer la actividad minera.  

Otra buena práctica que debe replicarse y extenderse en el Perú es MIM Perú (Mejorando la Inversión Municipal). Se trata de una iniciativa que reúne a instituciones de la sociedad civil para promover el Buen Gobierno Municipal en los gobiernos locales que reciben recursos significativos de canon y sobrecanon, los mismos que se espera se destinen a mejorar la calidad de vida de la población. La iniciativa promueve también el diálogo informado entre la ciudadanía y sus autoridades locales para contribuir a mejorar el impacto de la inversión pública en el desarrollo local.

MIM Perú se implementa en 31 municipalidades y cuenta con la participación de cerca de 50 instituciones de la sociedad civil de 8 regiones del país. Recibe el apoyo de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, y del Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá.

Así como la ONG COOPERACCIÓN usa LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y CATASTRAL MINERA DEL INGEMMET para elaborar los planos que se usan en las campañas contra la inversión minera y energética, también usan la información estadística del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS en su Revista ACTUALIDAD MINERA. De igual manera el OBSERVATORIO DE CONFLICTOS usa la información de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LOS PLANOS Y ESTADÍSTICAS GENERADOS POR LA ONG COOPERACCION para sustentar sus reclamos.

Es importante hacer un llamado de atención a las ONGs y REDES opuestas a la actividad minera y energética para que no tergiversen la información generada de manera transparente por el Estado y  colaboren en usar sus conocimientos en proyectos de desarrollo en los centros poblados y comunidades vecinas a los centros mineros y  energéticos de todo el país incluyendo las zonas donde actualmente predomina la minería informal e ilegal. El rol de las empresas formales es generar impacto económico y de las empresas informales e ilegales con la finalidad de mejorar el nivel de vida en todo el Perú.

ACTIVIDAD MINERA EN EL PERÚ

La minería es una actividad económica que se desarrolla en un pequeño porcentaje del territorio nacional que corresponde al área donde se ubican los tajos abiertos o las labores subterráneas conocidas comúnmente  como mina o unidad minera.

El título de una concesión minera no autoriza a los titulares mineros a ejercer la actividad de exploración o explotación si no se cuenta con los permisos y autorizaciones exigidos en la legislación minera y ambiental vigente.

LAS CONCESIONES MINERAS EN ETAPA DE OPERACIÓN OCUPAN SOLAMENTE EL 0.9% DEL TERRITORIO NACIONAL

El área ocupada por las unidades mineras en operación es muy pequeña a pesar de que el Perú es considerado  un país minero. El área de las concesiones en operación es inferior al 1% del territorio nacional (0.9 % del área de concesiones mineras tituladas que cuentan con las autorizaciones para el ejercicio de la actividad minera).

En el Perú existen regiones donde no hay actividad minera de  mediana o gran escala: Tumbes, Lambayeque, San Martín, Amazonas, entre otras regiones.

Existen regiones como Piura y Junín donde predominan las operaciones mineras por sustancias no metálicas. En el desierto de Sechura en Piura se ubica el yacimiento de fosfatos más importante del Perú.  En el caso de Junín también hay fosfatos pero se encuentran en etapa de investigación. Los fosfatos se usan para la agricultura. Piura y  Junín también tienen un gran potencial de minerales para la construcción y la industria petrolera (baritina y bentonita). Una  fortaleza de Junín es la presencia de rocas ornamentales (principalmente mármol).

El sur del Perú destaca como zona cuprífera (Tacna, Moquegua, Arequipa y Cusco), en esta zona se ubican las principales unidades mineras productoras de cobre a gran escala: Toquepala, Cuajone, Cerro Verde, Tintaya y las nuevas operaciones de Antapacay y Constancia. En el norte del Perú la principal productora de cobre es la unidad minera Antamina. En el centro del Perú destaca la nueva operación cuprífera de Toromocho. El Perú comparte el segundo lugar en la producción  mundial de cobre conjuntamente con China y Estados Unidos. El primer lugar es ocupado por Chile.

En el caso de Puno la principal unidad minera es MINSUR. Es la única productora de estaño en el Perú, sin embargo, gracias a esta operación el Perú es el tercer productor mundial de este metal. También tiene un importante potencial de oro desarrollado en minas subterráneas de pequeña escala y métodos aluviales.

Las principales productoras de oro a gran escala se ubican en el norte del Perú. Cajamarca, La Libertad y Ancash. En estas regiones se ubican las minas Pierina, Alto Chicama y Yanacocha. El Perú es el quinto productor mundial de oro.

La región Ica destaca por ser la principal productora de hierro en el Perú. La explotación está a cargo de Shougan Hierro Perú. También existen minas subterráneas de cobre y oro en pequeña y mediana escala.

El centro del Perú destaca por su producción minera polimetálica. La principal productora es la empresa minera Volcan ubicada en Pasco.

A nivel nacional existen muchas minas subterráneas del estrato de la mediana minería que extraen oro, plata, plomo, zinc, cobre, molibdeno, manganeso, tungsteno, entre otros metales. Estas operaciones se ubican principalmente en las regiones de Pasco, Lima, Huancavelica, Puno, Arequipa, Ica, Ancash, la Libertad, Cajamarca.

LAS CONCESIONES MINERAS EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN OCUPAN SOLAMENTE EL 0.3% DEL TERRITORIO NACIONAL

En el Perú actualmente también contamos con una importante cartera de inversiones que supera los US$ 60,000 millones de dólares que se encuentra en la etapa de exploración y un pequeño número de proyectos en etapa de construcción.

Entre los principales proyectos cupríferos de la gran minería en etapa de construcción destaca el proyecto “Las Bambas” en Apurímac y “Tía María” en Arequipa.

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL PERÚ

A pesar de la importancia es una actividad ancestral y es la principal actividad económica del Perú  se observa que los ciudadanos peruanos desconocen su importancia.

Se requiere que el Ministerio de educación mejore la curricular educativa, asimismo, que los gobiernos locales, regionales  y el gobierno central promuevan el conocimiento de la actividad minera en todos sus estratos a fin de lograr que se pongan en operación los proyectos mineros en etapa de exploración y construcción.

La mayoría de operaciones mineras en marcha superan el medio siglo de operación y algunas como el caso de “Tintaya” en el Cusco y “Pierina” en Ancash se encuentran en la etapa de cierre. Otras han tenido que iniciar trámites para ampliar sus operaciones como ha ocurrido con Cerro Verde y Toquepala por ejemplo.

Los gobiernos locales, regionales  y el gobierno central, así como, Comunidades Campesinas y Nativas, Universidades Nacionales e Institutos Tecnológicos Superiores ubicados en las regiones donde se desarrollan actividades mineras a mediana y gran escala gozan de los beneficios económicos que genera la minería principalmente de canon minero y de regalías mineras.

Existen muchos dirigentes de Comunidades Campesinas y Nativas que tienen mucho interés de que se pongan en marcha nuevas operaciones en sus jurisdicciones para implementar programas de desarrollo en sus  respectivas jurisdicciones, lamentablemente existen pocos yacimientos de valor económico en el Perú por haberse detenido muchos programas de investigación en etapa de exploración.

PROBLEMÁTICA DE LA ACTIVIDAD MINERA

Las principales unidades mineras en marcha y proyectos en exploración actualmente vienen atravesando problemas económicos debido a la baja internacional del precio de los metales y sobre todo por los problemas sociales promovidos por organizaciones que promueven conflictos en lugar de promover el uso adecuado de los fondos mineros en programas de desarrollo en las comunidades campesinas y nativas y centros poblados en zonas muy alejadas del país donde muchas veces no llega o ha llegado el Estado.

La información catastral minera y estadística generada por el estado ha sido tergiversada por organizaciones no gubernamentales

Desde 1992 el Sector Energía y Minas han realizado una fuerte inversión con la finalidad de difundir de manera transparente los procedimientos para el otorgamiento de concesiones mineras, beneficio, labor general y transporte minero, asimismo, para generar estadísticas mineras, planos catastrales de carácter oficial y otras publicaciones divulgativas.

Paralelamente a la actividad del Sector Energía y Minas, la ONG COOPERACCION constituida en 1997, genera un Boletín informativo en el que incluye la INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MENSUAL DE PRODUCCIÓN, INVERSIONES Y EXPORTACIONES MINERAS del Ministerio de Energía y Minas, adicionalmente, usa la INFORMACIÓN CATASTRAL Y ESTADÍSTICA DE CONCESIONES MINERAS a cargo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico y generan informes anuales sobre concesiones mineras e informes de las regiones donde se ubican las principales operaciones mineras y proyectos en marcha y la  difunden a través de su página web: http://cooperaccion.org.pe/main/mapas

Entre los donantes que financian o han financiado proyectos de la ONG COOPERACCION destacan: ICCO, ICO-LOXANET, CHIRSTIAN AID, OXFAM GB, OXFAM AMERICA, IBIS DINAMARCA, ENTRE PUEBLOS, DIPUTACION DE BURGOS, DIAKONIA, 11.11.11., ACSUR-SEGOVIAS, CATAPA, entre otras organizaciones. Casi todas las organizaciones no gubernamentales financian sus actividades con donaciones.

La información generada por COOPERACCION es utilizada por ONGs como GRUFIDES y redes de ONGs como CONACAMI y RED MUQUI, asimismo, por movimientos políticos locales y regionales para iniciar campañas o críticas contra operaciones y proyectos minero energéticos principalmente de gran impacto económico.

En el caso de los planos usados para campañas contra las inversiones mineras grafican en un color rojo intenso áreas ocupadas por derechos mineros y adjuntan cuadros estadísticos en los que los porcentajes de manera exagerada superan el 100% de los linderos de los distritos o provincias lo cual es ilógico.

Lamentablemente muchos pobladores del interior del Perú han creído el mensaje de las ONGSs y repiten sus argumentos en  movilizaciones ecologistas radicales en contra de proyectos mineros que han logrado paralizar con acciones que incluyen violencia como destrucción de campamentos e incluso muertes de trabajadores mineros, policías y humildes campesinos que creyeron su mensaje: Tambogrande, Río Blanco, Cerro Quilish, Conga, Tía María, entre otros, que han malogrado la buena imagen del Perú.

Para afrontar este problema es necesario que los estudiantes, autoridades, parlamentarios y ciudadanos en general conozcan de manera transparente ¿en que consiste la actividad minera?, ¿cuál es su importancia?, ¿cuál es el área real que ocupan las operaciones mineras?, ¿cuál es la tecnología que se usa para extraer los minerales de valor económico?, ¿cuáles son los permisos y autorizaciones requeridos?, ¿en qué consisten los programas de gestión ambiental y de seguridad?, ¿quién fiscaliza las operaciones mineras y proyectos en marcha? y sobretodo que conozcan el impacto económico de la minería para la economía nacional.

Para seguir creciendo se requiere que el Estado, las empresas y las organizaciones no gubernamentales actúen de manera transparente.

Con la finalidad de sustentar las apreciaciones contenidas en este artículo es importante que accedamos a las páginas web de las ONGs y sus redes respectivas. A continuación se analiza el contenido de la información difundida por la ONG COOPERACCION en su página web:

En esta primera imagen se puede observar que las donaciones recaudadas de la cooperación internacional se invierte en elaborar: boletines, informes, videos y libros principalmente. Esta información se comparte electrónicamente a las redes  de organizaciones no gubernamentales afines. También se observa que la información que generan es usada en un “Observatorio  de Conflictos Mineros” que toma como referencia informes elaborados por la Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM.

En la presentación de su informe cartográfico sobre concesiones mineras, muestran información estadística sobre la evolución de las concesiones al que consideran erróneamente como un indicador del crecimiento de la actividad de exploración minera en el país.

Decimos erróneamente porque las solicitudes de concesión minera definen áreas en forma de cuadrículas de las cuáles solamente el 0.3% A NIVEL NACIONAL CORRESPONDEN A PROYECTOS MINEROS EN ETAPA DE EXPLORACIÓN Y 0.9% EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN.

Si COOPERACCION realmente quiere hacer seguimiento a las EXPLORACIONES debería cruzar la información catastral del INGEMMET con la información del ESTAMIN del Ministerio de Energía y Minas que corresponde a las declaraciones de  titulares mineros que se encuentran en etapa de exploración, explotación, paralización o sin actividad minera.

También debería hacer un cruce de la información catastral minera con la información cartográfica de otros sectores o recursos naturales.

Además debe aclarar que el Catastro Minero muestra derechos mineros que forman parte de un Sistema de Cuadrículas Oficial exclusivo para el sector minero.

Finalmente debe diferenciar la diferencia entre un derecho minero y el terreno superficial que pertenece al Estado (SBN o Gobiernos Regionales), predios agrícolas, predios rurales o títulos comunales.

Segú informa la ONG COOPERACCIÓN esta información la distribuyen a la totalidad de gobiernos regionales y municipalidades provinciales, en especial aquellas zonas donde la actividad minera tiene una presencia importante.

COOPERACCION indica en la presentación de sus informes que la existencia de concesiones mineras no significa necesariamente que vaya a desarrollarse actividad de extracción, pero si es una evidencia de las distintas presiones que se comienzan a ejercer en determinados territorios y que pueden terminar por modificar el acceso y el control de determinados recursos naturales.

A partir de este mensaje final las organizaciones no gubernamentales y movimientos políticos opuestos a la actividad minera comienzan a tergiversar conceptos claramente establecidos en la legislación minera a los que tienen que adecuarse todas las personas naturales y jurídicas para el ejercicio formal de la actividad minera. De igual manera, confunden de manera mal intencionada el concepto de “Derecho minero” con el de “propiedad del terreno superficial”  que ya fue aclarado en los artículos anteriores.

En la siguiente publicación, por ejemplo, usan como título el siguiente nombre: “Concesiones proyectos y conflictos mineros”. En la explicación indican: “A continuación presentamos el mapa de superposición de concesiones mineras en territorio de comunidades campesinas, que presentan 48.6% de sus territorios bajo concesión, mientras que el 1.52% del territorio de comunidades nativas tiene concesiones mineras”. 

En otros casos, las ONGs opuestas a la actividad minera y energética se dan el trabajo de superponer en un solo plano la información catastral del INGEMMET con los lotes de gas y petróleo administrados por PERUPETRO para hacer creer a la población que en el Perú los mineros y los petroleros se han dividido el territorio nacional. Lo cual también es totalmente falso.

Las estadísticas y mapas catastrales muestran de manera transparente el número de derechos mineros clasificados según el tipo de sustancia: metálicos y no metálicos; ubicación; titular; estado (trámite, titulados, extinguidos); áreas restringidas a la actividad minera y evolución de la distribución de derecho de vigencia y penalidad a las municipalidades distritales donde se ubican que reciben el 75% de los fondos recaudados.

Es necesario que el Sector Energía y Minas haga realidad el “Sistema de Información Básica” he integre informáticamente la información que administra a fin de generar información oficial en el que se muestren las áreas efectivas en etapa de exploración, explotación y beneficio de recursos naturales minerales, de gas y de petróleo.,

Con la finalidad de prevenir conflictos contra los proyectos mineros y energéticos se debe difundir de manera transparente y sencilla  esta información a todas las entidades públicas, educativas, empresariales e integrantes de la sociedad civil.

Se debe apoyar los esfuerzos de programas de la Sociedad Civil como: MIM Perú, Propuesta Ciudadana, Ciudadanos al día, entre otros, que están promoviendo la TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN en el estado, Empresas y Sociedad Civil para mejorar la gestión del Estado.

Es necesario que la Presidencia del Consejo de Ministros, el Sector Energía y Minas y los gremios de este importante Sector de la economía nacional enfrenten esta situación e inicien una campaña a nivel nacional con la finalidad de aclarar a las comunidades campesinas y nativas y los titulares de predios agrícolas, rurales y urbanos de que el título de una concesión minera no autoriza al titular minero a iniciar una actividad de exploración o explotación, sin previamente, haber llegado a un acuerdo por el uso del terreno superficial.

También debemos enseñar que así como hay un catastro minero y un catastro de lotes petroleros y de gas existen otros tipos de catastro de propiedades o de recursos naturales y patrimonio cultural de la nación que están a cargo de diferentes sectores: bosques, concesiones forestales, áreas naturales protegidas, áreas de conservación regional, zonas arqueológicas, zonas urbanas, etc. que se consideran en los programas de ordenamiento territorial y de zonificación ecológica y económica.

Se debería estudiar la posibilidad de convertir el “Ministerio del Ambiente” en un Ministerio de “Desarrollo Sostenible” que integre las tres variables del desarrollo (social, ambiental y económico) o en un “Ministerio de Recursos Naturales” como lo tienen países desarrollados como Canadá y Estados Unidos con resultados muy positivos.

El objetivo es lograr que la legislación ambiental y su fiscalización se haga de manera equitativa con todos los sectores productivos; de igual manera; que se difundan de manera integrada la importancia de todos los recursos naturales (suelo, biodiversidad, gas, petróleo, minerales, geotérmicos, etc.) y que se generen polos de desarrollo regionales que integren los recursos naturales.

En el aspecto estadístico y cartográfico permitir que se integre la información de todos los sectores productivos con la información cartográfica especializada generada por otras instituciones especializadas del Estado que tienen a su cargo programas de investigación científica (INIA, INGEMMET, SENAMI, IGP, etc.).

El Estado tiene que fortalecer e integrar el Instituto Geográfico Nacional con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con la finalidad de que el Perú cuente con cartografía básica a escala 1/25,000 o 1/10,000 y 1/1000 (para el catastro urbano, rural, bienes nacionales y de centros poblados)

Los ciudadanos tienen que diferenciar un catastro de recursos naturales con el de propiedades o terrenos superficiales para uso urbano o agrícola. Se requiere que el país encargue a una institución nacional la responsabilidad de hacer realidad el Catastro de Predios Integrado al Registro, un proyecto que actualmente lidera la SUNARP y COFOPRI y se conoce como “Sistema Nacional de Catastro de Predios Integrado al Registro – SNCP”.  

Finalmente, recordar que el 0.9% de concesiones en explotación y el 0.3% de concesiones en exploración contribuyen con el Estado peruano mediante el impuesto a la renta (50% se convierte en canon minero), regalías mineras, impuesto especial y gravamen minero, adicionalmente, con el derecho de vigencia y penalidad que se distribuye a las municipalidades.

Estos aportes benefician a todos los peruanos y los distritos de las regiones y comunidades donde existen proyectos y operaciones minero energéticas de mediana y gran escala.

El Perú puede seguir creciendo, diversificándose  y mejorando el nivel de vida de su población si todos los ciudadanos actuamos de manera transparente y desarrollamos todas las potenciales o dones que nos ofrecen los recursos naturales que dios nos ha dado.

Traducido, comentado y glosado por Lampadia

“Equilibrando las preocupaciones económicas y sociales en el sector minero de Perú”

Publicado por Stratfor Global Intelligence el 25 de mayo 2015

Enfrentamiento entre los manifestantes que se oponen al proyecto minero y la policía peruana 

de Arequipa el 14 de mayo (Fuente: STR / AFP / Getty Images)

Resumen

El generalizado sentimiento anti-minero y la creciente oposición a los próximos proyectos han estresado el tan importante sector minero del Perú. [Es entendible que nuestra coyuntura sea vista así en el exterior. Allá se hace muy difícil persivir el balance entre los manifestantes y las mayorías silenciosas]. Las manifestaciones, algunas de las cuales se han vuelto violentas, no muestran signos de disipación, y se planean más protestas en varias zonas mineras el 27 y 28 mayo. Aunque las manifestaciones aún no afectan el relativamente fuerte crecimiento económico del país, podrían socavar el atractivo del país para los inversores a largo plazo.

Análisis

Las altas tierras andinas y los trópicos amazónicos, consideradas las dos regiones periféricas de Perú en comparación con el núcleo demográfico y político del país en Lima, contienen una gran riqueza de minerales y recursos naturales. La economía de Perú se basa principalmente en inversiones y el desarrollo de las actividades mineras y de hidrocarburos en estas regiones, que producen alrededor de dos tercios de las exportaciones del país. 

Actualmente, el Perú está disfrutando de un período de estabilidad económica y relativa prosperidad. Al inicio de esta década, la tasa de crecimiento promedio de Perú era de 7.25 %, en gran parte impulsado por las industrias mineras extractivas, como el cobre. Entre 2000 y 2012, la inversión en la minería peruana aumentó de alrededor de US$ 300 millones a US$ 8,600 millones, lo que representa casi el 50 % de todos los proyectos de inversión privada [externa] en el país. [La inversión total llega al 28% del PBI, unos US$ 55 mil millones]. La minería contribuye casi el 15 % del PBI de Perú, genera entre 10 % y 16 % de los ingresos fiscales del país [29.2% del impuesta a la renta de tercera categoría y el 40.2% del impuesto a la renta corporativo] y ofrece más de 200,000 puestos de trabajo [directos] por año.

Las políticas de libre mercado y de facilidad a los negocios del gobierno peruano de los últimos 25 años también han ayudado a expandir la economía. El Perú ha firmado más de una docena de acuerdos bilaterales de libre comercio con las principales economías como Estados Unidos, la Unión Europea y China. (…) todavía se espera que Perú crezca más que otros países de la región.

Potente Oposición

Sin embargo, entre la caída de precios de metales y la desaceleración de la demanda china, ha habido una disminución en las inversiones mineras y de hidrocarburos del Perú el año pasado. La inversión total en el Perú se ha reducido en un 6 % desde el 2013, llegando a un total de solamente US$ 5,560 millones en el año 2014. Posteriormente, las exportaciones de minerales han reducido su valor en más de US$ 4 mil millones en los últimos dos años.

Pero el sentimiento anti-minero es de gran alcance en el Perú, y la oposición local en contra de los proyectos extractivos y el malestar social de los grupos que se oponen a la actividad minera en el país están amenazando la inversión. Además, amplias coaliciones de izquierda han protestado sobre el daño ambiental y la participación extranjera en la minería durante mucho tiempo. [Estas ‘protestas’ se han concentrado en las empresas grandes y no lo hacen contra la minería ilegal de oro que está devastando inmensas áreas en la región selvática de Madre de Dios y otras. Recientemente se ha hecho público que estas organizaciones proponer implantar el pos-extractivismo, que significa dosifica la producción nacional al mínimo para la supervivencia, en minería, petróleo, gas, madera, pesca, agricultura de exportación y hasta industrias exportadoras. Como dijo Mark Twain: “Es más fácil engañar a la gente, que convencerlos que han sido engañados”].

A pesar que las protestas contra la minería no son algo nuevo en el Perú, en los últimos meses los enfrentamientos se han vuelto más violentos entre los manifestantes y la policía.

[Los] grupos de protesta más organizados y la intensificación de las demostraciones han dificultado el uso de la diplomacia. El 23 de mayo, el gobierno declaró estado de emergencia en las zonas mineras del sur.

Mirando hacia el futuro

El malestar social dirigido al sector de la minería en el Perú se intensificará durante el resto del año. Cada vez líderes locales radicales más poderosos y partidos de izquierda más organizados se enfrentarán al fuerte impulso dirigido por el gobierno para seguir adelante con los proyectos extractivos, especialmente porque las elecciones presidenciales de abril 2016 se acercan. Debido a los objetivos políticos y económicos contradictorios del gobierno, las negociaciones de los proyectos mineros se alargaran indefinidamente, mientras que Lima es presionada a hacer más concesiones a los gobiernos locales. Dichas concesiones se contradicen con los esfuerzos del gobierno central de reforzar el control sobre la distribución y el gasto de los fondos federales de los gobiernos locales.

Una de las prioridades del gobierno será encontrar una solución inmediata al conflicto proyecto minero Tía María de Southern Copper. El 16 de mayo, la empresa minera declaró una pausa de 60 días para permitir que todas las partes compartan quejas y preocupaciones, proyectos de soluciones, y asignar la responsabilidad de la ejecución del acuerdo. 

En general, las protestas aún no han herido de manera significativa al sector de la minería y, en realidad, la producción de minerales ha mejorado un 5.3 % interanualmente en el primer trimestre de 2015. Sin embargo, las manifestaciones podrían obstaculizar el crecimiento económico a largo plazo, teniendo en cuenta la alta dependencia del Perú sobre la inversión extranjera, lo que podría caer si la confianza del inversor disminuye. Será fundamental calmar esta inquietud y demostrar una capacidad de controlar a los gobiernos locales para poder retener la confianza de los inversores y mantener las tasas relativamente altas de crecimiento que ha venido logrando el Perú.