Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

El tema único del Sr. Vizcarra es la lucha contra la corrupción y no podemos estar más de acuerdo que, ese es un tema central en el Perú.

Dicho esto, es importante revisar qué encierra el concepto corrupción, pues pareciera que “ponerse del lado de los buenos” es la posición a la que aspira el señor presidente y me parece que ahí, hay mucha tela para cortar…

En términos generales, la corrupción es planteada como dos caras de una misma moneda; una activa, la del corruptor y la pasiva, la del corrompido por ese corruptor. Ese es un enfoque muy usado en la narrativa de los políticos que plantean el tema de la corrupción y fundamentalmente en la relación entre el sector público y el sector privado.

Con frecuencia se describe a un empresario que busca tomar ventajas en su relación con el sector público, corrompiendo a un funcionario para que le facilite los resultados por él esperados. Es cierto que esa dimensión de la corrupción existe, pero mucho más frecuente es aquella que el político y el burócrata, haciendo uso de su poder circunstancial, fuerza las condiciones para hacer inminente la “necesidad” de generar una “contraprestación” (coima) para otorgar la buena pro de una licitación o dar simplemente trámite a una autorización o permiso, de esos que en los últimos años han proliferado, para ejecutar algún proyecto o tan simple como obtener un brevete o certificado médico. No quiero aquí levantar el caso de las mafias organizadas de médicos que no cumplen sus labores correctamente, ni atienden a todos los pacientes que debieran atender. Tampoco el de los médicos que otorgan certificados médicos fraudulentos para generar indemnizaciones y pensiones por “enfermedades profesionales” inexistentes y estafar así al sistema de seguros de actividad de riesgo (SCTR).

Detesto levantar el caso de malos policías que, lejos de perseguir el crimen y otorgar seguridad a los ciudadanos, están en los patrulleros a la caza de algún incauto que pueda tener alguna condición vulnerable para sacar ventaja económica de ella y así hacer su guardia y lograr ingresos económicos que largamente excederán su remuneración. Más detestable aún los casos de generales de las FFAA y PNP que tomaron ventaja de su rango y posición, para robar los bienes (combustible, por ejemplo) que debieran haber sido usados para el servicio o robar los recursos otorgados para la alimentación de su tropa. Estos casos se hacen públicos y los levanta la prensa, pero nadie se refiere a la forma como alcaldes y gobernadores regionales incurren en las mismas prácticas para el robo de los recursos del Estado.

Pero más allá de estos casos de corrupción evidentes a los ojos de la población, tenemos el caso más nocivo de corrupción, más impactante y dañino, pero silencioso y este es el de la asquerosa pasividad (una resistencia pasiva a trabajar) de los gobernantes y burócratas que, llenos de parafernalias, prebendas y “honores”, pasan los días sin cumplir la misión que la Nación les encomendó y, por su omisión de función, han logrado paralizar al país, hacer que la inversión privada se retraiga, que los proyectos privados se posterguen y que la inversión pública no llegue sino a la mitad de lo previsto y presupuestado.

Viajar sin propósito no es gobernar, repetir discursos de plazuela como disco rayado tampoco lo es. No haber trazado un plan de gobierno ni una reforma adecuada del Estado, ni convocar a gente idónea para ejecutar el reclamado plan, es peor. Eso es CORRUPCIÓN, aunque por lo solapada que es, nadie se percate.

Cuando hay niños anémicos y desnutridos, subsiste la carencia de hospitales y colegios, no se ejecuta la reconstrucción con cambios del norte del país, después de tres años de la tragedia y no haber llegado ni a la mitad de la meta (¿un tercio tal vez?), no avanzar en la educación escolar a niveles que nos permita insertarnos y competir en el mundo moderno, haber lanzado una “reforma política” inconclusa y dañina, al igual que una reforma judicial peor ejecutada, al punto que se haya llegado a una guerra interna tanto en el poder judicial, como en la fiscalía, sin que nadie pueda ser capaz de poner orden…

Todo lo anterior, por acción u omisión es CORRUPCIÓN y no lo debemos permitir. Lampadia

En un contexto en el que se sigue discutiendo absurdamente si se debe prorrogar la Ley de Promoción Agraria o no, consideramos oportuno publicar el siguiente artículo y video que destaca el extraordinario desempeño de las agroexportaciones en el 2018 a pesar de la crisis política e institucional que sumió a nuestro país en ese año.

Agraria.pe, 15 de abril de 2019

Para continuar con el desarrollo del sector es necesario que se prorrogue la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), sostuvo.

(Agraria.pe) El sector agroexportador “está embalado” y el año 2018 fue extraordinario, indicó el presidente de la consultora Inform@cción, Fernando Cillóniz Benavides.

Destacó que a pesar de la vacancia presidencial, casos de corrupción (por el tema  Lava Jato), crisis política y judicial que atraviesa el país, entre otros, la agricultura exportadora de Perú volvió a tasas de crecimiento de dos dígitos.

Resaltó que para lograr dichas cifras un grupo de peruanos trabajan intensamente por crecer y desarrollar el sector, generar empleo formal, dignificar la vida de cientos de miles de peruanos y lo están logrando.

En ese sentido, dijo que para continuar con el desarrollo del sector es necesario que se prorrogue la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360) que ha permitido el éxito en la agricultura de exportación. La ley vence a fines de 2021.

“Invoco a las autoridades, a las instituciones académicas y colegios profesionales a que alcen su voz y se logre la prórroga de esta norma que favoreció tanto en el aspecto social y económico a nuestro país”, sostuvo

Agregó que la Ley de Promoción Agraria así como el régimen laboral agrario deben perpetuarse, sin embargo destacó que deben realizarse algunas modificaciones como la ampliación de las vacaciones y el aporte a EsSalud, pero la esencia de la ley debe continuar para seguir desarrollando este importante sector.

Goberna-Perú acaba de organizar un importante foro sobre: Como sacar adelante proyectos cuando se han producido casos de corrupción. Dado que en el Perú los casos de corrupción paralizaron la economía, es muy importante revisar el desarrollo de dicho foro.

La economía sigue bajando su ritmo de crecimiento. Poco a poco transitamos al estancamiento. Luego de cinco años de una creciente caída de la inversión privada y pública, en vez de corregir el clima de inversión y apostar a ganador activando los proyectos paralizados, tanto en minería como en infraestructuras, el nuevo gobierno se contentó con plantear un crecimiento de 5% hacia al 2021.

Uno de los motivos de la falta de crecimiento es la parálisis del sector construcción y de las obras de infraestructuras. La construcción es uno de los sectores que más aporta a la economía, sin embargo, el sector atraviesa su peor crisis reputacional y de crecimiento.

Como afirmó Diego Macera, Gerente general del IPE, es su presentación sobre Infraestructura de uso público y participación privada: situación actual, “La provisión de infraestructura es una herramienta efectiva para incrementar productividad y competitividad, que reducen la pobreza de manera sostenible”. Sin embargo, según el Foro Económico Mundial, el Pilar Infraestructura del Perú se encuentra en el puesto 86 de 140 países. ¿Cuáles son los problemas para el cierre de la brecha? Según Macera, son 3:

1. Inexistencia de un plan nacional de infraestructura
2. Recursos Insuficientes
3. Prácticas inadecuadas en el proceso de inversión pública

En la Alianza del Pacífico, somos el único país que carece de un plan nacional de infraestructura de mediano-largo plazo, así como una entidad especializada. El incremento de la responsabilidad de la inversión pública en infraestructura entre los gobiernos subnacionales no ha sido acompañada de mayores capacidades de gestión. Más de 1,600 obras públicas se encuentra paralizadas y se concentran en gobierno locales. Según la Contraloria, la inadecuada formulación de proyectos es el principal motivo.

Lamentablemente, el escándalo de corrupción de Lava Jato y la investigación del ‘club de las constructoras’ permitió que al no hacer caso a Lampadia: A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente), que las entidades vinculadas a la justicia y administración del Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría, los Procuradores (autónomos) y la Sunat; desarrollaran acciones descoordinadas que crearon un verdadero caos, que propició la parálisis de las empresas y proyectos de inversión vinculados a los brazos empresariales corruptos de Lula (Odebrecht), pero también arrastrando en el mismo proceso a los trabajadores, proveedores, contratistas y socios locales. (Ver en Lampadia: Cortemos la parálisis del Perú).

Un crecimiento cero en construcción, según un informe de BBVA Research, puede significar una pérdida de 70,000 empleos indirectos. Más de US$ 10,000 millones en inversión están paralizados, y la ralentización del crecimiento tiene mucho que ver con esta situación. Más de 1,600 obras públicas se encuentran paralizadas y se concentran en gobiernos locales, según Diego Macera del IPE. De acuerdo con la Contraloría, la inadecuada formulación de proyectos es el principal motivo. Salvar el sector construcción, pues, es necesario para evitar un escenario solo favorable para las fuerzas antisistema en el 2021, que intentan lentificar el crecimiento y que retorne el círculo autodestructivo de la pobreza, con objeto de hacer pasar las recetas populistas y estatistas.

¿Cómo sacar adelante proyectos cuando se han producido casos de corrupción?

Es incuestionable que la lucha contra la corrupción tiene que seguir profundizándose caiga quien caiga. Pero el combate a la corrupción de ninguna manera puede significar parar la economía, sobre todo porque en ningún país afectado por el caso Lava Jato ha sucedido lo que acontece en el Perú.

Para esto, el ‘Foro de Modernización e Infraestructura: Experiencia Internacional y Agenda Pendiente’, organizado por Goberna Perú (Fundación Ortega y Gasset – Gregorio Marañón) en alianza con la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, analizó un método de cómo sacar adelante proyectos cuando se han producido casos de corrupción.

La construcción es el sector en el mundo con mayor posibilidad de generar actos de corrupción. A nivel global está valorado en 11.4 trillones de dólares. Para evitarla, Pablo Gil de Montes, Director de ‘Compliance, Forensics and Intelligence, Control Risk’ afirmó en Lima el pasado 10 de setiembre, que se debe fomentar una cultura de transparencia mediante el monitoreo, auditoría y mejorar continua.

Para lograrlo, propone que todas las empresas y agentes que participen en los proyectos de infraestructuras firmen un “Pacto de Integridad” (PI), una serie de acuerdos suscritos por gobiernos u agencias gubernamentales con empresas o grupos de empresas que participen en procedimientos de contratación pública. Para lograrlo, es indispensable que todas las partes involucradas se comprometan a no pagar, ofrecer, promover u aceptar sobornos. Como consecuencia de ello, las partes implicadas también aceptan someterse a un sistema de supervisión.

En esencia, los PI tienen la finalidad de incrementar los niveles de transparencia, nivelar las condiciones existentes entre los distintos actores, así como mejorar la eficacia de los procedimientos de contratación pública. Según Gil de Montes, estos pactos incluyen los siguientes puntos:

• Promesa de las partes de no buscar beneficios ilegales
• Promesa entre todos los postores de no haber entendimiento entre ellos 
• Promesa de los postores de no compartir información
• Postores extranjeros tienen que dar detalles de sus agentes locales y viceversa
• Postores tienen que revelar pagos a cualquier agente o intermediario
• Acuerdo vigente desde la etapa de contratación hasta la entrega
• Violación del pacto significa descalificación para cualquier tipo de contratación futura

• Investigación: cumplimiento de las leyes anticorrupción
• Prevención: minimizar oportunidades de corrupción
• Educación: Educar a y desarrollar apoyo de la población en la lucha contra la corrupción

Quizás lo más importante es la participación de la ciudadanía y esta se logra investigando todas las denuncias de corrupción. Este es un método probado en la lucha contra la corrupción que busca establecer una receta para luchar contra la misma. Entre sus mayores beneficios tenemos:

• Mayor recaudación fiscal
• Mayor inversión extranjera
• Orden jurídico
• Estabilidad política

Un punto importante es el valor formativo y educativo. En el marco de la prevención de la corrupción, un Pacto de Integridad ayuda a promover e identificar las mejores prácticas en contratación pública y de seguimiento para evitar casos de corrupción.

Entre sus principales recomendaciones para el Perú, Gil de Montes (ver su presentación), nos deja con siete puntos clave:

1. Contextualizar, planificar y evaluar el riesgo: No usar una receta, sino analizar e identificar las áreas de riesgo, como el entorno donde se opera, los terceros y los gastos. Se debe considerar la corrupción como una parte integral de la gestión integral de riesgos empresariales
2. Apropiarse de la importancia del cumplimiento y asegurar los recursos para implementarlo
3. Establecer políticas, procedimientos y controles internos: Tener políticas y procedimientos claros acerca de los puntos débiles de los protocolos anticorrupción, incluyendo:
4. Capacitar, entrenar, comunicar y asesorar continuamente
5. Fomentar una cultura de transparencia: Implementar un protocolo claro para el reporte de cuestiones relacionadas con actos de corrupción
6. Investigar y remediar: Se deben establecer lineamientos y protocolos de investigación formales para asegurar que los asuntos se revisen y aprueben, rastreen y remedien de modo adecuado y oportuno.
7. Monitorear, auditar y mejorar continuamente: tienen que someterse a evaluaciones de riesgos periódicas y evaluaciones en tiempo real para garantizar el progreso y la mejora

Los Pactos de Integridad se enmarcan en una sociedad cada vez más hastiada de la corrupción, y a la vez, deseosa de que se establezcan mejores remedios, legales o políticos, para luchar contra la misma. El utilizarlas es una manera de demostrarle al público la voluntad del gobierno de compromiso con un sistema justo.  Lampadia