Los retos que tiene que enfrentar el entrante presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, son complejos e innumerables, dado el contexto económico y político adverso heredado de los fallidos gobiernos del Partido de los Trabajadores (Lula y Dilma), y del gobierno de transición de Michel Temer.

Sin embargo, como deja entrever un reciente artículo de The Economist (ver líneas abajo), existen dos problemas estructurales que Bolsonaro no puede dejar de abordar, ya que han sido un verdadero lastre para la economía brasilera durante las últimas dos décadas: la reforma del sistema de pensiones y la lucha contra la corrupción.

Es de resaltar, no obstante, que el presidente brasilero y ex capitán del ejército ha nombrado a dos ministros con muy buenos pergaminos, en las carteras de Economía y Justicia, para lidiar con ambos problemas, lo cual nos induciría a pensar que los cauces irían por buen camino.

En el caso de la cartera de Economía, Bolsonaro ha nombrado a Paulo Guedes, doctor en economía por la Universidad de Chicago y fundador de uno de los bancos de inversión más grandes del Brasil, BTG Pactual.  Lo relevante de su perfil es que el economista es un fiel creyente de los mercados y prueba de ello, es que fue cofundador del Instituto Millenium, un think tank liberal brasileño con sede en Rio de Janeiro. Como indica The Economist, “Guedes quiere desregular, simplificar el aplastante código fiscal de las empresas, privatizar las empresas estatales y reducir el enorme déficit presupuestario, que se estimó en un 7% del PBI el año pasado”.

Como ya hemos escrito previamente en Lampadia: La necesaria reforma de pensiones en Brasil, el principal problema que enfrentará Guedes en el gobierno será el de frenar un gasto anual en pensiones que asciende al 12% del PBI y que ha generado un endeudamiento público del 74% del mismo. Al respecto, consideramos que su propuesta de crear un modelo privado de capitalización individual con una edad de jubilación mínima es una solución sensata para empezar a lidiar con este problema.

En el caso de la cartera de Justicia, Bolsonaro nombró a Sergio Moro, conocido por ser el juez que condujo la efectiva investigación del escándalo de Lava Jato y que sentenció al ex -presidente Lula Da Silva a 9 años y medio por corrupción y lavado de dinero. Las investigaciones de los fiscales sugirieron que Lula había sido parte de una red criminal, en la que su papel consistía en colocar a dedo directores en la petrolera Petrobras, dándole la posibilidad de negociar contratos de construcción con empresas brasileras a cambio de coimas.

Dicho esto, es innegable la enorme contribución que hizo Moro al probar la culpabilidad del centro de gravedad de la corrupción en América Latina, con lo cual su nombramiento como ministro de justicia de Brasil está más que merecido. Por ende, Moro haría bien en capitalizar su enorme aprobación ciudadana para mejorar las leyes y reformar al poder judicial, limpiando las planillas de funcionarios corruptos.

Al igual que The Economist, consideramos que si “Bolsonaro logra reformar la economía y limpiar Brasil, podría desatar el potencial de su país”.

Si bien esto no tendría fuertes implicancias para la economía peruana –puesto que el comercio con Brasil no es tan pronunciado- sí las tendría para la geopolítica en América Latina, ya que implicaría la victoria de la derecha liberal conservadora frente a una izquierda progresista y/o radical que se ha dedicado en las últimas dos décadas a saquear las arcas del Estado y a promover el mercantilismo en los países, con su famoso discurso de “inclusión social” y a favor de las minorías. Lampadia

La agenda radical del nuevo presidente de Brasil
Lo bueno, lo malo y lo aterrador

Tiene la oportunidad de transformar su país, pero puede hacerle un daño grave

The Economist
3 de Enero, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

«La esperanza, finalmente, derrotó al miedo», declaró Luiz Inácio Lula da Silva al convertirse en presidente de Brasil hace 16 años. Muchos brasileños saludaron la elección de Lula, un ex líder sindical de izquierda que se comprometió a mejorar a los pobres, con un optimismo que bordeaba el éxtasis. El gobierno liderado por el Partido de los Trabajadores (PT) al principio trajo prosperidad, pero sus 13 años en el poder terminaron en una pesadilla de depresión económica y corrupción. Dilma Rousseff, la sucesora elegida por Lula, fue acusada en 2016. El propio Lula cumple una condena de 12 años de cárcel por corrupción.

El temor y la rabia que esto causó han llevado al poder a Jair Bolsonaro, quien asumió el cargo el 1 de enero. Será un tipo de presidente diferente: ferozmente conservador socialmente, fanático de la dictadura militar de Brasil de 1964-85, confrontación en la que la mayoría de los predecesores eran conciliadores. Y, sin embargo, los brasileños lo saludan con algo de la esperanza que le dio la bienvenida a Lula. El 75% dice que les gusta lo que han visto desde su elección.

En muchos aspectos, estas esperanzas parecen estar fuera de lugar. Bolsonaro tuvo un récord sin distinción durante siete períodos en el Congreso. A menudo menosprecia a las mujeres, ha elogiado a los torturadores del antiguo régimen militar e incita a la policía a matar a más sospechosos. Sus nuevos ministros de asuntos exteriores, educación, medio ambiente y derechos humanos parecen hacer más daño que bien. Sin embargo, en algunas áreas, él propugna ideas sensatas. En particular, en lo que se refiere a la economía. Si puede poner en práctica sus planteamientos de políticas, podría terminar mejorando la suerte de Brasil. Los brasileños tienen derecho a la esperanza. Un repunte cíclico, que ya ha comenzado, lo ayudará.

Como ex capitán del ejército, Bolsonaro no es instintivamente un liberal económico. Sin embargo, ha confiado la política económica a un verdadero creyente en los mercados libres. Paulo Guedes, un ex banquero con un doctorado de la Universidad de Chicago, quiere aligerar muchas de las cargas que han afectado a la economía. Desde 1980, el crecimiento del PBI ha promediado solo el 2.6%, muy por debajo del de muchas otras economías de mercados emergentes. Guedes quiere desregular, simplificar el aplastante código fiscal de las empresas, privatizar empresas estatales y reducir el enorme déficit presupuestario, que se estimó en un 7% del PBI el año pasado.

Reconoce que la reforma más importante es reducir los costos de las pensiones, que, con un 12% del PBI, son aproximadamente del mismo tamaño en Brasil que en los países más ricos y más viejos y está en vías de volverse asombrosamente más grande. Los cambios serán dolorosos. Incluyen el aumento de la edad efectiva de jubilación (Bolsonaro comenzó a cobrar una pensión militar cuando tenía 33 años) y cambiar la regla para ajustar el salario mínimo, al que están vinculadas las pensiones. Sin esto, el gobierno tiene pocas esperanzas de contener su creciente deuda pública o cumplir con una enmienda constitucional que congela el gasto en términos reales. Una reforma ambiciosa, por el contrario, podría mantener la inflación y las tasas de interés bajas, acelerando la recuperación de Brasil y acelerando el crecimiento a largo plazo.

El movimiento de Moro

La otra oportunidad de Bolsonaro es asegurar los beneficios que Brasil ha logrado en la lucha contra la corrupción. Los escándalos que tanto enfurecieron a los votantes fueron sacados a la luz principalmente por la policía, los fiscales y los jueces, especialmente los encargados de las investigaciones de Lava Jato de los últimos cuatro años. Bolsonaro nombró al juez más prominente en la lucha contra la corrupción, Sérgio Moro, para dirigir un ministerio de justicia ampliado, que combatirá todo tipo de delitos. El señor Moro fue el primer juez en encontrar culpable a Lula. Al unirse al equipo de Bolsonaro, se abrió al cargo del que siempre tuvo una agenda política. Su respuesta es que la lucha contra el crimen y la corrupción necesita mejores leyes junto a un poder judicial enérgico. El nuevo ministro de justicia debe ahora demostrar que lo dice en serio.

Si Bolsonaro logra reformar la economía y limpiar Brasil, podría destrabar el potencial de su país. Nada le daría más placer a The Economist. Pero para hacerlo, debe terminar su carrera como provocador y convertirse en estadista. Debe renunciar a tener solo un respeto selectivo por la ley. Y debe dejar de ser tibio con la reforma de las pensiones, la política más importante de su gobierno, y darle su pleno apoyo. Bolsonaro todavía tiene que demostrar que puede dar malas noticias a los votantes, como que sus pensiones son inasequibles, o que puede trabajar con el Congreso. A menos que aprenda rápidamente, los brasileños se sentirán decepcionados nuevamente. Lampadia

Mientras el mundo real produce cambios que inviabilizan los sistemas de pensiones de reparto y piden más años de aportes pensionarios, dado el aumento de la esperanza de vida, nuestros políticos siguen organizando falsos regalitos populacheros como jubilaciones a menores edades.

Esperamos que las reflexiones siguientes les ayuden a reflexionar, o por lo menos a darles vergüenza cuando hacen propuestas contraproducentes. 

El envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad causarán problemas en el sistema de pensiones de jubilación. El desafío principal es que las personas viven más tiempo y, mientras que es un gran logro que el Perú tenga una mejor expectativa de vida, podría generar una situación inviable para los sistemas de jubilación de reparto en el país, ONP y Pensión 65.

¿Cuál es el problema a nivel global? Si bien la dramática expansión de las expectativas de vida es uno de los logros de la humanidad, lo que una vez fue solo una década de subsistencia en los planes de ahorro y pensión, a menudo se ha convertido en dos o más décadas. Al mismo tiempo, el número de trabajadores jóvenes que los reemplazaron se ha reducido, poniendo en duda el sostenimiento de los modelos de los sistemas de pensiones de reparto.

Rafael Puyol, el Director del Observatorio de Demografía del Instituto de Empresa Business School, realizó una presentación titulada El envejecimiento de la población y el futuro de las pensiones, en un evento organizado por la Asociación de AFP y la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas.

En el evento, el experto explicó que el bono demográfico se inicia en América Latina en la década del 70 y prevé que puede durar 50 años, lo que significa que ya se estaría acabando en aproximadamente una década. Por lo tanto, el sistema de jubilación de reparto (establecido en Alemania en el siglo XIX por Otto von Bismarck) ya no es viable porque fue pensado para una población cuyas expectativas de vida activa no superaban los 40 años y debían jubilarse a los 70 años. 

¿Y en Perú? Nuestro país refleja las mismas tendencias generales. Su tasa de fecundidad es de 2.4 hijos por mujer, una reducción muy marcada desde los años 70 cuando el promedio era de 6 hijos, y, según el INEI, en los últimos 14 años, la población mayor a los 65 años pasó de 7% a 12%, mientras que la participación de los menores de 15 años bajó de 37% a 26%.

“La tasa de fecundidad en el Perú está en declive. Según el World Population Prospects del 2017, esta será de 2.12 hijos por mujer entre el 2025 y 2030, y de 1.84 entre el 2045 y 2050, con lo cual el Perú estará por debajo de la tasa de reemplazo; es decir, que el número de los nacidos será menor a de los fallecidos”, afirmó Puyol.

De hecho, Puyol inició su conferencia haciéndose la pregunta más básica: ¿cómo definimos el envejecimiento? Mientras que durante mucho tiempo se definía el envejecimiento de la población cuando cruzaban el umbral de los 65 años, eso está cambiando. Dado el exponencial crecimiento de la esperanza de vida de la población en el mundo, el porcentaje de personas que supera ese umbral crece continuamente. Así que el experto propone que esta definición es obsoleta y que, más bien deberían usarse un umbral móvil en vez de uno fijo, basado en la esperanza de vida al nacer.

Según Puyol, estas tendencias hacen inviable mantener mucho tiempo o volver al sistema de reparto (la Oficina de Normalización Previsional se rige bajo este sistema). Los instrumentos de capitalización, con una pensión básica para las personas sin recursos, es mucho mejor procedimiento. Al menos, el modelo europeo puede servir de ejemplo de lo que es necesario evitar. Esto significa que, en el 2050, el Perú no tendrá la cantidad suficiente de trabajadores en actividad para cubrir las pensiones de los jubilados, cuyo número seguirá subiendo por el aumento en las expectativas de vida.

Entonces, ¿qué debemos hacer?

Lo que propone Puyol es que abandonemos el sistema de reparto y que sigamos la tendencia de los sistemas individuales de capitalización “porque van a ser los únicos [sistemas] que permitirán que un trabajador (con la ayuda del Estado mediante bonificaciones y otros instrumentos fiscales) pueda planificar su futuro”.

Advirtió que dichos sistemas de capitalización requieren la ayuda del Estado mediante bonificaciones u otros instrumentos fiscales que permitan incrementar el fondo de capitalización del trabajador y así financiar su jubilación. Lampadia