Con la venia del gobierno
Jaime de Althaus
Para Lampadia

El ataque a las empresas mineras no cesa. Al incendio de Apumayo y las paralizaciones de Breapampa, La Inmaculada y Antamina hace pocas semanas, se suman el bloqueo a Las Bambas que ya lleva 27 días, la interrupción de la vía de acceso a la mina Cerro Lindo en Ica que lleva ya más de una semana y que ha determinado la suspensión de sus operaciones, y el bloqueo a Minas Justa. Lo que está ocurriendo es que, ante la inacción del gobierno, las dirigencias y activistas locales perciben que tienen luz verde de parte de las autoridades nacionales para bloquear y extorsionar a las empresas, y que eventualmente van a recibir el apoyo de los funcionarios gubernamentales. 

Eso fue lo que ocurrió en Chumbivilcas, donde, como informamos la semana pasada, los delegados del ministerio de Energía y Minas se pusieron abiertamente del lado del Frente de Defensa contra la empresa. Es decir, convalidaron el bloqueo y se sumaron a la extorsión. Por ello la PCM los retiró del escenario y envió al viceministro de Gobernanza territorial, que, sin embargo, tampoco ha resuelto el problema. Antes bien, ante la propuesta de la mina de que las comunidades, que están fuera del área de influencia y están situadas a 100 y 200 km de la operación, participaran con 14 camiones y otros servicios, han respondido que no aceptan menos de 25 camiones y otros trabajos adicionales, reiterando el chantaje de que si no se acepta esas condiciones, mantienen el bloqueo. 

Mientras tanto, el día de hoy Las Bambas entrará ya en paralización total de actividades, con grave perjuicio para las municipalidades, la población, la región y la economía nacional. La imagen de un país en el que impera la ley de la selva es aun más dañina para el futuro de todos nosotros. 

Es sorprendente como se ha institucionalizado la extorsión a las empresas. Se ha vuelto un negocio en el que prosperan políticos, asesores y ONGs. En el corredor minero no hay una demanda ambiental ni social. No se pide el cierre de brechas sociales por ejemplo. Cuando Las Bambas ofreció, a inicios de este gobierno, luego de un bloqueo, un plan integral de desarrollo productivo y servicios de salud y educación al Frente de Defensa de Chumbivilcas, la oferta fue rechazada y lo único que se pide es dinero y contratos. Es la extorsión. 

En gobiernos anteriores se exigía el levantamiento de la medida de fuerza como condición para el diálogo, o se establecía el estado de emergencia. Se desplegaba la fuerza armada y los bloqueos, que son ejecutados por muy pocas personas, se disolvían automáticamente, sin violencia de ningún tipo. Pero, en realidad, ni siquiera es necesario decretar estado de emergencia, porque basta con aplicar el decreto supremo N° 106-2017-PCM que establece que las carreteras son activos críticos que deben ser protegidos. 

Pero ahora ni los fiscales actúan, ante delitos flagrantes. Por eso, si el gobierno no es capaz de imponer el principio de autoridad y restablecer orden público, el congreso o la sociedad civil deberían denunciar por infracción constitucional al Presidente y a los ministros responsables. 

El artículo 118 de la Constitución reza: 

Artículo 118.- Atribuciones del Presidente de la República 

Corresponde al Presidente de la República:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.

Es claro que el presidente y los ministros competentes, particularmente el de Interior y el de Energía y Minas, no están cumpliendo su primera función constitucional: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Al contrario, convalidan su violación. 

Para comenzar, están obligados a hacer cumplir el inciso 11 del artículo 2 de la Constitución establece como uno de los derechos fundamentales de la persona:

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

Además, el presidente y los ministros están obligados a cumplir y hacer cumplir el código penal, que prohíbe y castiga los bloqueos de carreteras y, además, la extorsión. El artículo 200 del Código penal establece: 

Artículo 200. – Extorsión 

El que mediante violencia, amenaza o manteniendo en rehén a una persona, obliga a ésta o a otra a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años.

Esto es exactamente lo que ocurre en las situaciones que estamos comentando. Es hora entonces de denunciar por infracción constitucional y eventualmente por complicidad a los ministros que no cumplen con su función constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Accionista de las Bambas, incorporada en la bolsa de Hong Kong anuncia que la mina detendrá completamente sus operaciones desde el 15 de diciembre próximo.

“Como resultado de los bloqueos continuos, y la restricción de la logística de entrada y salida, Las Bambas ha sido forzada a paralizar progresivamente sus operaciones, y la producción cesará a mediados de diciembre por falta de insumos”. 

“Las Bambas ha perdido 400 días de transporte de concentrados desde el inicio de sus operaciones a principios de 2016”

La inversión minera más importante del Perú se enfrenta a su paralización total, a pesar de haber desarrollado un muy importante programa social desde antes del inicio de sus operaciones y de sus aportes a la región de sus operaciones, y a toda la economía peruana.

Esta paralización es producto del creciente sabotaje desatado sobre la mina, con todo tipo de armas, desde las más hipócritas, como las de Cooperación de De Echave, que con el cuento del mineroducto, al que originalmente se opuso, sembró insidias en la región; hasta los chantajes de los hermanitos Chávez Sotelo y luego una recatafila de comunidades que pretenden vivir abusivamente de la mina.

Esta paralización se produce en medio de un ciclo de precios muy favorable al Perú. Una afrenta que linda en la traición al país.

Lo peor de todo es que estos acontecimientos se dan en una suerte de complicidad de nuestros gobiernos, PPK, Vizcarra, Sagasti y Castillo, que no han querido explicarle a la población la naturaleza de los conflictos y la importancia de la operación, así como la vergonzosa inacción sin tomar la acciones legales que corresponden cuando se sabotean los intereses de todos los peruanos. 

Vean el comunicado de MMG.

Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Los bloqueos y la violencia en la carretera Panamericana en Ica y La Libertad tienen directa relación con los disturbios promovidos por las izquierdas y sus aliados en Lima a mediados de noviembre, que culminaron con la caída del efímero Gobierno de Manuel Merino. El casi unánime apoyo de los medios de comunicación que antes habían respaldado a Martín Vizcarra y luego la legitimación de las protestas violentas por parte del Gobierno de Francisco Sagasti –que rindió especial homenaje a los dos jóvenes delincuentes que lamentablemente fallecieron en esos eventos en su discurso de toma de posesión en el Congreso-, contribuyeron a justificar el uso de la violencia para obtener lo que se quiere.

Ni que decir del apoyo de ciertos líderes empresariales que, con absoluta miopía, intentaron quedar bien con la muchedumbre.

De esa manera se abrieron las compuertas para los desórdenes y la violencia. Naturalmente, el Gobierno de Sagasti es incapaz de enfrentar con firmeza y decisión las asonadas. Teme perder el respaldo de los que los llevaron al poder.

Así, la Policía Nacional ha sido enviada a los bloqueos con órdenes de no lastimar a los manifestantes, que han atacado con ferocidad y salvajismo, premunidos con hondas, piedras, bombas molotov y toda clase de artefactos contundentes a las fuerzas del orden.

Ese comportamiento, como es obvio, solo enardece y alienta a los violentistas a seguir cometiendo desmanes.

No solo eso, el ex candidato del Partido Morado y ex secretario del presidente Sagasti, hoy ministro del Interior, ha sostenido públicamente que hay que cambiar la ley de protección policial (N° 31012) y ha tratado con guantes de seda a los bárbaros que secuestraron y golpearon policías en los recientes disturbios (Canal N, 22/12/20).

Las cifras de la Defensoría del Pueblo muestran que las protestas sociales crecieron exorbitantemente en noviembre a 395 (en octubre 138 y en setiembre 117), aunque estas cifras solo muestran la cantidad, pero no la calidad, es decir, el nivel de violencia descontrolada de las últimas semanas. (“Gestión”, 17/12/20).

Los bloqueos en Ica y la Libertad amenazan con liquidar uno de los más importantes motores de la economía de las últimas dos décadas, la moderna agricultura de exportación que ha llevado empleo y prosperidad a cientos de miles de trabajadores y sus familias. Y se suma a los asaltos a otro de los propulsores de la economía, la minería, bajo asedio desde hace tiempo. El bloqueo de dos semanas a la mina Las Bambas es solo una muestra de ello.

Si se le agrega que el oleoducto Nor Peruano lleva más de 80 días inactivo por sucesivos ataques (ver las observaciones y conclusiones de Ismael Benavides en Lampadia, 23/12/20), se puede constatar que varias de las actividades económicas decisivas para el crecimiento del país están bajo ataque.

Nada indica que esto vaya a cambiar con el actual Gobierno. Pero es fundamental impedir que está situación se prolongue durante cinco años más.

• Las protestas sociales deben ser enfrentadas primero políticamente, es decir, negociando, convenciendo persuadiendo.
• Segundo, cuando se producen hechos de violencia, las fuerzas del orden deben enfrentar los disturbios con toda firmeza, conducidas y respaldadas por un Gobierno decidido.
• Y en tercer lugar, algo que ni siquiera se esboza ahora, aplicando la ley con vigor.

Si diez, quince o veinte violentistas fueran detenidos, procesados y sentenciados por el delito de bloqueo de carreteras (de 5 a 10 años de prisión, artículo 200° del Código Penal) o por atacar a las fuerzas del orden (de 8 a 12 años de prisión, arts. 366° y 367° del CP), la disuasión sería efectiva. Lampadia

A continuación compartimos un reciente artículo publicado por The Economist en el que se detalla muy bien cuáles son los grandes costos colaterales que están provocando las cuarentenas en todo el mundo, los cuales pasan muchas veces desapercibidos por aquellos opinológos y hacedores de política que comparten la falsa dicotomía entre economía y salud (ver Lampadia: Plata por Vida o Vidas por Vida).

Estos no solo se ven reflejados en cuantiosas pérdidas en términos de empleos y quiebras de empresas, llevando al desempleo y la pobreza a mucha gente. También hay efectos contraproducentes en el mismo ámbito de la salud puesto que posterga el tratamiento de otras graves enfermedades como la tuberculosis, el cáncer, la malaria y el sida, relegándolas a segundo plano por atender a pacientes con covid 19.

Por otra parte, en el ámbito de la educación (ver Lampadia: El perjudicial cierre de las escuelas, Se generan importantes daños y desigualdad), el cierre de colegios  inducido por los bloqueos supone no solo el retraso en el acortamiento de brechas de capital humano en los primeros años de escolaridad, un impacto que exacerba la desigualdad en países en vías de desarrollo como el Perú, sino también la pérdida de productividad misma de los padres o apoderados.

En suma, no se está diciendo que no pueda volverse a aplicar la cuarentena en los próximos meses en tanto los rebrotes son inevitables como se ha estado viendo en varias partes del mundo. Pero la idea debe ser retomarlas de manera inteligente, es decir, de forma focalizada en los distritos con más casos y realizando más pruebas de manera que se enriquezca este análisis. No como se ha estado haciendo con cuarentenas totales y sin tomar en cuenta todos estos efectos colaterales que se han mencionado. Es un balance de costos y beneficios que el gobierno sopesar cuidadosamente en la implementación de esta política, que como hemos visto, resulta ser insostenible en el mediano y largo plazo.  Lampadia

La próxima etapa del covid -19
Levantando bloqueos: el cuándo, por qué y cómo

Son instrumentos contundentes que pueden causar un daño inmenso. Es hora de ser más exigente

The Economist
23 de mayo, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Desde que China cerró la ciudad de Wuhan el 23 de enero, más de un tercio de la población mundial ha estado encerrada en su hogar en un momento u otro. Es difícil pensar que alguna política se haya impuesto tan ampliamente con tan poca preparación o debate. Pero cerrar la sociedad no fue una respuesta pensada, sino una medida desesperada por un tiempo desesperado. Ha frenado la pandemia, pero a un precio terrible. A medida que buscan dejar atrás los bloqueos, los gobiernos no están pensando lo suficiente sobre los costos y beneficios de lo que viene después.

Aunque el distanciamiento social puede tener que mantenerse durante meses o años, los bloqueos solo pueden ser temporales. Esto se debe a que está quedando claro lo costosos que son, especialmente en los países pobres. Parte del precio es económico. Goldman Sachs pronosticó esta semana que el PBI de India caería en el segundo trimestre a una tasa trimestral anualizada del 45%, y se recuperaría en un 20% en el tercer trimestre si se levantaran los bloqueos. Absa, un banco, calcula que la economía de Sudáfrica podría reducirse a una tasa anualizada del 23,5% en el segundo trimestre.

Los más pobres son muy golpeados porque no tienen nada a lo que recurrir. En África subsahariana, un individuo en el quintil de ingresos más bajos tiene solo un 4% de posibilidades de recibir asistencia social del gobierno en tiempos normales. La combinación de covid-19 y encierros podría llevar a 420 millones de personas a la pobreza absoluta, definida como tener que vivir con menos de US$ 1.90 por día. Eso aumentaría el total en dos tercios y retrasaría el progreso contra la penuria en una década.

Las consecuencias serán de largo alcance. El hambre atrofia permanentemente a los niños. Los bloqueos que bloquean los servicios normales cuestan vidas. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el covid-19 amenaza los programas de vacunación. Si se detienen en África, 140 niños podrían morir por cada muerte ávida evitada. Un bloqueo de tres meses, seguido de una interrupción de diez meses del tratamiento de la tuberculosis, podría causar 1.4 millones de muertes en 2020-25. Es lo mismo para la malaria y el sida. Cuanto más tiempo continúen los bloqueos, más probable es que cuesten más vidas de las que salvan.

La imagen en los países ricos es menos dramática, pero aún preocupante. La tasa de desempleo de EEUU aumentó de 3.5% en febrero a 14.7% en abril. En Gran Bretaña, un tercio de los recién graduados tenían una oferta de trabajo retirada o retrasada. Los mercados de bonos en EEUU están señalando una ola de impagos, especialmente en hotelería, materias primas, fabricación de automóviles y servicios públicos. La cicatrización en el mercado laboral podría durar años. Los servicios del mundo rico también son vulnerables. Un estudio concluyó que retrasar las consultas sobre el cáncer en Inglaterra en seis meses compensaría el 40% de los años de vida obtenidos del tratamiento de un número equivalente de pacientes con covid-19. Las tasas de vacunación han disminuido, con el riesgo de brotes de enfermedades como el sarampión.

Levantar los bloqueos se arriesga a una segunda ola. Irán reabrió en abril para salvar la economía, pero la semana pasada designó a la capital, Teherán, y ocho provincias como «zonas rojas», porque el virus se está propagando allí nuevamente. Algunos estados estadounidenses, como Georgia, que nunca suprimieron el brote inicial pronto descubrirán si levantaron los bloqueos demasiado apresuradamente. Algunos países africanos siguen adelante a pesar de que sus casos aumentan.

Para limitar el riesgo se requiere un enfoque epidemiológico que se centre en los lugares y las personas con mayor probabilidad de propagar la enfermedad. Un ejemplo son los hogares de cuidado, que en Canadá han visto el 80% de todas las muertes del país a pesar de que solo albergan al 1% de la población. En Suecia, los refugiados resultan ser de alto riesgo, tal vez porque varias generaciones pueden estar agrupados en un hogar. También lo son los guardias de seguridad, que a menudo son ancianos y están expuestos a muchas personas en su trabajo.

Para que este enfoque tenga éxito a escala, se necesita datos de las pruebas para proporcionar una imagen detallada de cómo se propaga la enfermedad. Las pruebas permitieron que Alemania descubriera rápidamente que tenía un problema en sus mataderos, donde el virus persiste más de lo esperado en superficies frías. Del mismo modo, Corea del Sur identificó un súper propagador en los bares gay de Seúl. Sin pruebas, un país es ciego.

Armados con datos, los gobiernos pueden refinar continuamente sus políticas. Algunas son universales. Alguna vez se pensó que las máscaras eran ineficaces, pero de hecho ayudan a detener la propagación de la enfermedad. Al igual que el lavado de manos, son baratas y no imponen costos ocultos. Sin embargo, cerrar las escuelas perjudica a los niños y evita que los padres trabajen. Resulta que, a diferencia de la gripe, los beneficios para la salud no son especialmente buenos. Las escuelas deberían reabrir, en condiciones que reduzcan el riesgo para los maestros y los alumnos vulnerables.

Como regla general, el equilibrio de costos y beneficios favorece políticas locales estrechas sobre las nacionales generales. En Gran Bretaña, los trabajadores de las agencias transportan el virus entre hogares de cuidado: deberían trabajar en uno solo. Gibraltar tiene una Hora Dorada, cuando los espacios abiertos se reservan para que los mayores de 70 años hagan ejercicio mientras todos los demás se quedan en casa. Estocolmo está trasladando a las personas vulnerables a sus propios pisos. La Universidad Liberty, dirigida por Jerry Falwell, partidario del presidente Donald Trump, fue condenada por mantener abierto su campus. Pero gracias al distanciamiento social, no ha registrado ningún caso de covid-19.

Los países pobres no podrán permitirse todos estos enfoques. Sin embargo, Vietnam y el estado indio de Kerala han demostrado que los buenos sistemas de salud primaria pueden idear y difundir adaptaciones sensatas. Los países pobres tienen más experiencia en enfermedades infecciosas que los ricos. Los epidemiólogos hablan de «contención inteligente» que todos pueden practicar. Ruanda ha puesto estaciones de lavado de manos que funcionan con los pies en lugares concurridos, como depósitos de autobuses. Los barrios marginales necesitan agua limpia para lavarse las manos y cortar las colas. Los líderes locales pueden difundir mensajes de salud y designar áreas donde se puedan aislar casos sospechosos. Los mercados deben permanecer abiertos, pero limitando el contacto social. Si las personas pueden ganar algo de dinero, millones que de otra manera pasarían hambre podrían alimentarse.

La fase de emergencia de la pandemia está llegando a su fin. Demasiados gobiernos no pudieron detectar lo que venía, pero luego hicieron lo que pudieron. En la segunda fase, mucho más larga, no tendrán tal excusa. Deben identificar grupos en riesgo; idear y promulgar políticas para ellos; explique esto para que las personas vulnerables cambien su comportamiento sin convertirse en chivos expiatorios; proporcionar infraestructura vital; y estar listo para adaptarse a medida que entren nuevos datos. Esto clasificará los países donde trabaja el gobierno de aquellos donde no lo hace. Los riesgos no podrían ser mayores. Lampadia