De cómo el Perú dejó de ser un Estado Fallido

Leadership Institute Perú

Conversación sobre política, economía y cómo defender las ideas de la libertad desde aprendizajes del pasado.

Moderador: Bernardo Picasso

Entrevista a Juan Carlos Hurtado Miller: Ex ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros en 1990.

29 de agosto de 2020

Juan Carlos Hurtado Miller lideró el año 1990, el ajuste económico que le permitió al Perú transitar desde la condición de un Estado Fallido, cuando los ingresos del Estado eran de solo 3.8% del PBI, a una nueva realidad, la de un país viable, capaz de reducir la pobreza de 60 a 20% y de mejorar los ingresos de los peruanos multiplicando por diez el PBI per cápita.

A los pocos días de iniciado el gobierno de Alberto Fujimori, se decretó un ajuste integral de precios de consumo y de precios industriales ante una hiperinflación descontrolada que dejó el primer gobierno de Alan García. El ‘shock’ de precios permitió bajar la inflación de aproximadamente 7,000% al año a 10% en 1997 y a 2.5% el 2010.

Este tremendo ajuste requirió de gran liderazgo, con muestras de coraje, firmeza y visión de desarrollo. En el aspecto social se necesitó desarrollar, de emergencia, un programa de apoyo social:

En julio de 1990, y a efectos de aminorar el tremendo impacto que las medidas económicas que daríamos el 8 de agosto del mismo año tendrían en la población de menores recursos, creamos el Programa de Emergencia Social (PES). Esta organización estaba dirigida por 11 miembros, pero solo uno de ellos, que la presidía, era representante del Gobierno, siendo todo el resto miembros de instituciones de ayuda social privada, tales como CARITAS, OFASA, CARE, el Vaso de Leche, así como por otras más. A pesar de la escasez de dinero del momento, el Gobierno aportó 5 millones de dólares semanales durante los casi cuatro meses que duró este programa. La repartición del dinero, entonces, no la decidía el Estado, sino los miembros, y con ese dinero se compraban alimentos para preparar canastas alimenticias, que luego repartían las parroquias y los municipios. Los municipios, en consecuencia, no compraban los alimentos, solo se encargaban de la distribución.

Ver en Lampadia: El “PES” y la cadena de pagos.

Entonces, a diferencia del gobierno de Vizcarra con la pandemia, no se le corrió al apoyo de la sociedad civil, especialmente al de la iglesia.

Creemos que todos los peruanos deben escuchar esta presentación de Hurtado Miller para poder comprobar dos cosas, la importancia de un buen liderazgo y la capacidad del Perú para afrontar las crisis más severas. Lampadia




Definamos los objetivos de la reforma política

Jaime de Althaus
Para
Lampadia

Se ha suscitado un conflicto entre la coordinadora del grupo que elaboró el proyecto de ley electoral y el presidente de la Comisión de Constitución. Aparentemente esta última decidió avanzar por medio de leyes parciales en lugar de revisar capítulo por capítulo el proyecto elaborado por el grupo de reforma electoral, desechando en ese sentido el proyecto en su integralidad.  

Fuente: cronicaviva.com

En realidad, no sabemos bien qué intenciones hay detrás de todo esto. El proyecto de ley contiene avances importantes pero también defectos y vacíos que debían ser revisados en la Comisión de Constitución. Parte de estos defectos y vacíos, sin embargo, devienen del hecho de que la propia Comisión de Constitución no hizo lo que debió hacer desde el principio: una discusión acerca de qué objetivos perseguimos con la reforma electoral y política y cuáles son las reformas que habría que hacer en el marco legal y constitucional para alcanzar esos objetivos. En esas condiciones el proyecto actual debió simplemente legislar lo indispensable para regular las elecciones sub nacionales del 2018, y no pretenderlo todo.

El hecho es que, como consecuencia, el proyecto no propone la eliminación del voto preferencial, ni la reducción del tamaño de los distritos electorales y menos aun la bicameralidad, por ejemplo. Y si uno de los objetivos de la reforma es reconstruir un sistema de partidos institucionalizados y abiertos a fin de reducir la fragmentación política y la pérdida de la autoridad central del Estado unitario, un tema que entra en discusión, por ejemplo, es si debemos permitir la existencia o bajo qué condiciones de los movimientos regionales. Como es obvio, si los alcaldes y gobernadores tuvieran que pertenecer a un partido o a un movimiento regional asociado a un partido, la instancia nacional del partido, o el congresista respectivo, o el gobernante, podrían llamar a orden a un alcalde o gobernador del propio partido que estuviera desarrollando acciones disruptivas o deficientes. En la actualidad, la mayor parte de alcaldes y gobernadores no le rinde cuenta a nadie y tampoco tienen balance de poderes en sus gobiernos.    

En realidad, es hora de tomar nota de la extrema fragmentación política y administrativa del Estado peruano, que atenta contra su carácter unitario y contra toda eficiencia en la gestión de los recursos y fomenta el asalto de los recursos públicos. Un reciente estudio sobre “la calidad de la inversión pública sin planificación territorial” de Alvaro Espinoza y Ricardo Fort, de Grade, identifica que en los barrios vulnerables de distritos periféricos de Lima como San Juan de Lurigancho, Villa El salvador y Villa María del Triunfo, no solo hay menos inversión pública proporcionalmente que en el resto de distritos sino que ésta es extremadamente atomizada y carente de integralidad, de modo que no resuelve los problemas que ataca. Las obras son pequeñas e incompletas: muros de contención y pistas que se quedan a la mitad, por ejemplo, o pistas sin veredas, o pistas pavimentadas sin que la troncal lo haya sido, etc. No hay planificación alguna.

Y la razón estriba en la manera como se deciden las obras. La gran mayoría son construidas por la municipalidad, pero la demanda viene de abajo, lo que no está mal, pero el problema no viene de los barrios que forman el distrito, sino de los llamados “asentamientos humanos” que forman los barrios. Dichos asentamientos humanos tienen apenas entre 50 y 150 familias, y cada uno tiene su propia dirigencia, sus propios problemas y prioridades. Si la dirigencia es activa y persistente, consigue finalmente que la municipalidad priorice su proyecto, que nunca supera los linderos del asentamiento. Por eso las pistas o los muros de contención terminan donde termina el asentamiento, y si el asentamiento vecino no ha programado la continuidad de la misma obra, esta se interrumpe. Pero como no hay planificación alguna, muchas veces se hacen pistas en áreas periféricas sin que esté construida la pista articuladora del barrio o distrito.     

Resolver este problema forma parte de la reforma del SNIP. Se supone que Invierte.pe es una mejor solución, pero no se avanzará si no se prohíbe obras menores a cierto tamaño o no se establece un sistema de planificación que asegura integralidad y enfoque territorial en la obra pública.  Quizá haya que poner el CEPLAN dentro del Ministerio de Economía para que esto funcione.  

Lo que nos lleva a la conclusión de que ni siquiera la reforma política como tal es suficiente para resolver el problema de la micro feudalización extrema  del Estado peruano. De allí la importancia de plantear los grandes objetivos para derivar de ellos el conjunto de reformas necesarias para alcanzarlos, en todos los órdenes pertinentes. Lampadia