Jaime de Althaus
Para Lampadia
El Presidente Martín Vizcarra aprovechó el envío al Congreso de los proyectos de reforma política y los acuerdos logrados con las comunidades en el diálogo en Chalhuahuacho para pasar al contraataque: no solo retomó el evangelio de las grandes reformas institucionales, sino que sacudió al Congreso por demorarse en la aprobación de los proyectos de reforma del sistema judicial y fustigó a los malos empresarios y las grandes corporaciones que eluden el pago de impuestos y a los poderosos que se oponen a su lucha contra la corrupción y a sus reformas.
“Esta firme decisión de corregir y cambiar el sistema político, judicial y tributario, ha afectado grandes intereses y grupos de poder que han reaccionado atacando sistemáticamente al gobierno y a su presidente”, resumió. Acudió así al clásico mecanismo populista de inventar enemigos poderosos que lo atacan por defender los intereses del pueblo y del país.
Pero hay algo de desorbitado e impostado en esta retórica. Sería interesante saber cuáles son esas grandes empresas y corporaciones qué él imagina conjurándose para digitar ataques contra él. Pareciera estar siguiendo el guion de una obra que ya no tiene público, porque, en realidad, el también atacó al punto que el supuesto “enemigo” político fue descabezado, perdió la mayoría en el Congreso y luce ahora dividido y más bien proclive a los entendimientos. El mayor esfuerzo de construcción partidaria de la última década ha sucumbido ante una criminalización de la política que resultó cuando menos funcional al gobierno.
Y, lamentablemente, lo que sí podemos decir es que el presidente resultó el principal enemigo de sí mismo en su intención de mejorar la institucionalidad política del país. Vamos a terminar, como temíamos, sin bicameralidad y sin reelección de congresistas, la peor combinación posible. El presidente ha sacrificado la construcción de la institucionalidad política del país en aras de una popularidad efímera. Proponer la no reelección de los congresistas y oponerse luego a la bicameralidad con el argumento del contrabando que el Congreso había introducido, le valió subir a un pico extraordinario de aprobación popular, que le duró apenas tres o cuatros meses. Por esa gloria pasajera de unas cuantas semanas el país quedará condenado lustros o décadas a una institucionalidad política tullida.
El Congreso debería aprobarla
Salvo, por supuesto, que el Congreso reconozca su parte de culpa en este desenlace y tenga la entereza y la superioridad moral de aprobar la bicameralidad con el mismo argumento que el presidente debió usar para proponerla: que el voto por el No a la bicameralidad en el referéndum no fue contra la bicameralidad como tal, sino contra el supuesto contrabando que el Congreso había introducido. Fue eso lo que el presidente explicó para inducir a los ciudadanos a votar de esa manera.
Donde sí no habría argumento válido para contradecir el resultado del referéndum, es en el tema de la no reelección de congresistas. Sobre eso no se puede hacer nada por ahora, pero sí debería cuando menos aprobarse la posibilidad de la reelección inmediata de los alcaldes y gobernadores regionales. Es un derecho del pueblo que no puede ser recortado, y ya existía un consenso antes de todo esto para restablecerlo.
Ahora bien, hay que decir que, en este contexto, la comisión Tuesta hizo un trabajo meritorio para compensar y tratar de morigerar los efectos de esas amputaciones. Y el Ejecutivo ha recogido la mayor parte de ese trabajo.
Acabamos de ver que un congreso unicameral con mayoría opositora puede hacer muy difícil la gobernabilidad. Por lo tanto, la reforma política debe estar orientada a fortalecer al Ejecutivo y prevenir que algo así ocurra. La no reelección, por su parte, conspira contra la consolidación de los partidos y de una clase política experimentada. La reforma debe estar orientada entonces a crear la mayor cantidad de condicionamientos posibles para que los partidos funcionen realmente pese a esa limitación.
Fortalecimiento del Ejecutivo
Y podemos decir que las reformas propuestas cumplen esos cometidos. Esos son, en realidad, los dos objetivos principales de la reforma planteada. Es claro que ella busca fortalecer el Ejecutivo cuando propone:
- Elegir al Congreso junto con segunda vuelta
- Dos tercios del número legal de congresistas para la insistir en una ley observada por el presidente, lo que refuerza el veto presidencial
- Eliminar la censura a los ministros. Sólo cabe la censura al gabinete, pero cuando se produce todos deben renunciar.
- Eliminar la vacancia presidencial por incapacidad moral, que se presta a la arbitrariedad. Solo es posible por incapacidad física permanente.
- Que cuando el presidente del congreso convoca a elecciones éstas sean para la presidencia de la república y también para el congreso de la republica
Fortalecimiento de los partidos
Y es claro también que la reforma busca que haya partidos reales, no cascarones, cuando propone:
- Que la inscripción de un partido ya no se haga con firmas de adherentes sino presentando una lista de afiliados o militantes que sea como mínimo el 0.075% de los que sufragaron última elección. En el caso de los movimientos regionales el requisito es más exigente: 1%, lo que está bien.
- Elecciones abiertas con participación obligatoria de todos los ciudadanos para elegir candidatos a elección popular, organizadas por la ONPE, a fin de reconectar a la ciudadanía con los partidos.
- Que el candidato a la presidencia debe ser afiliado
- Eliminar el voto preferencial, lo que suprime la lucha fratricida que dicho voto incentivaba
- Obligar a una participación y presencia permanentes, pues se pierde la inscripción:
- Al no presentar candidatos en 4/5 de los gobiernos regionales, ½ de los provinciales y 1/3 de los distritales
- Al no alcanzar 5% de los votos (8% en caso de las organizaciones regionales)
- Al no alcanzar 1.5% de los que sufragaron en la elección anterior en las elecciones internas (4% en organizaciones regionales)
Lo que sí parece ya una intromisión excesiva, es obligar a la paridad de género en los cargos de dirección del partido político.
Think Tanks partidarios X Impuestos
Una medida que no ha sido propuesta, pero resultaría decisiva para consolidar partidos con capacidad de propuesta, es la de “partidos X impuestos” o, más específicamente, “think tanks partidarios X impuestos”. Es decir, que las empresas puedan financiar, con parte de los impuestos que pagan, think tanks o centros de estudios en los partidos. Esto permitiría, de un lado, que los congresistas que ya no pueden reelegirse, puedan reciclarse en su periodo sabático en el centro de estudios del partido para estudiar la realidad y formular propuestas de política. Así la no reelección no elimina ni corta la carrera de los buenos cuadros. Y, de otro lado, el partido adquiere capacidad de análisis y discusión de los problemas nacionales y de formulación de planes de gobierno, para que no llegue al poder a improvisar. Tendríamos partidos políticos serios, pensantes.
Por lo demás, tampoco tiene sentido prohibir que las empresas privadas formales aporten a los partidos –como lo hace el proyecto-, si es que este aporte es público y transparente. Eso no solo fortalecería aún más a los partidos, sino que contribuiría a que las empresas desarrollen su compromiso con el país. Lampadia
