Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
Una de las tantas diferencias del corrupto gobierno comunista de Pedro Castillo con otros, es la absurda cantidad de cambios ministeriales –ya son 68- y de viceministros, directores y otros funcionarios (varios centenares). El motivo es muy sencillo, no solo no sabe, sino que no le interesa gobernar.
En anteriores gobiernos, el presidente trataba de elegir buenos ministros y de retenerlos en sus cargos cuando tenían un desempeño adecuado.
Una de las características distintivas del actual desgobierno es que a Castillo no le importan los ministros, salvo en los casos en que sean hombres claves en el esquema de corrupción que dirige, según la fiscalía. Solo los usa, los pone y los quita, para cumplir ciertas operaciones específicas (por ejemplo, el senderista Iber Maraví, para reconocer al Fenate), para entregar parte del botín del Estado a sus cambiantes aliados o para distraer a la opinión pública.
Un caso típico de los que sí le interesan es el de Juan Silva, que estuvo desde el primer día en el apetitoso Ministerio de Transportes, el que tiene más dinero para inversiones en todo el Estado, y lo mantuvo ahí a pesar de su evidente incapacidad y su notoria vinculación con la corrupción.
Silva es chotano (Anguia, 1967), maestro, contemporáneo y compañero de colegio de Castillo, además de corrupto y sin capacidad para dirigir un ministerio. Es decir, cumple con todas las características para ser un hombre de confianza del individuo que ocupa Palacio de Gobierno.
Castillo lo sostuvo hasta el final, cuando Silva se vio obligado a renunciar antes de su inminente censura en el Congreso. Poco después se fugó, para no ser detenido por la policía.
Otro de los pocos ministros importantes para Castillo es Geiner Alvarado, ahora reemplazante de Silva, que también estuvo desde el principio como ministro de Vivienda –el segundo ministerio con gran presupuesto para inversiones-. En este caso, según investigaciones periodísticas y fiscales, parece que fueron Abel Cabrera (del “gabinete en la sombra”) y la esposa de Castillo los que lo llevaron a ese cargo desde la municipalidad de Chachapoyas, donde era funcionario. Antes, en 2019, había sido suspendido por seis meses en el gobierno regional de Amazonas por “irregularidades” e “infracciones éticas” en la ejecución de una obra.
En Chachapoyas creó una empresa, Alvarado Ingeniería y Construcción y tuvo jugosos contratos con el Estado (América TV Noticias, 1/8/21). Es decir, tenía experiencia en las habilidades que requieren Castillo y su esposa para elegir a sus secuaces.
También cumplía otros de los requisitos básicos para entrar al gobierno: “En Chiclayo en 2014 fue detenido por manejar con más alcohol en la sangre de lo permitido y fue intervenido en 2019 por no llevar SOAT. En 2017 lo denunciaron por abandono de hogar.” (América TV Noticias, 1/8/21).
Un caso típico en el que no le preocupan los ministros ni su desempeño, sino solamente que cumplan deshonestos trabajos específicos, es el del Ministerio del Interior donde ha cambiado siete ministros y cinco comandos policiales. Como es obvio, a Castillo le importa un comino la inseguridad ciudadana, uno de los problemas que más angustia a los peruanos. Además del cobro de coimas por los ascensos y quien sabe que otros negociados que estarán haciendo allí, le conviene controlar a la PNP para obstaculizar las investigaciones en su contra y usarla para vigilar a sus adversarios.
Y, lo más importante, para que cumpla un papel en el golpe que preparan para liquidar lo poco que queda de democracia en el Perú.
Se requieren soluciones radicales para impedir que eso ocurra. Lampadia