Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Relata el Ing. Fernando Noriega Calmet, quien fuera Decano de la Facultad de Petróleo en 1962, que en el norte del Perú, en 1823 y antes que en ningún país de Hispanoamérica, se hizo la primera perforación en búsqueda de petróleo. Se extrajo brea de distintos lugares del Perú; la Breita y La Brea en Piura, Lobos de Tierra en Lambayeque, así como en Junín y Puno, resultando La Brea el más importante de todos y donde afloraba las evaporaciones naturales de brea en estado líquido. Luego, con una perforación de 70 pies de profundidad, se encontró en Zorritos un petróleo muy ligero. Fue en 1888 que se concedió por Resolución Suprema, los derechos petroleros de La Brea y Pariñas al propietario de la hacienda del mismo nombre, don Genaro Helguero. Cabe mencionar que hubo varios traspasos de esa propiedad entre individuos y compañías inglesas, hasta que se formó la “Compagnie de Pétrole de l’Amérique du Sud”.
Menciono esta última compañía, porque en 1897 cometió el mismo error que Petroperú cometió el 2014, al lanzarse a montar una refinería, antes de contar con las reservas adecuadas que aseguren la producción. Fue en 1900 que “The Peruvian Petroleum Syndicate” impulsó un esfuerzo de exploración, hasta que la propiedad llegó a manos de la “International Petroleum Co.” (IPC), quien efectivamente desde 1920 reforzó una exploración que le permitió cuadruplicar su producción en sólo dos años y pasar de producir 164,808 toneladas en 1920 a 2.3 millones de toneladas en 1936.
La IPC heredó de su predecesora, la London & Pacific Petroleum Co, un diferendo tributario que tomó 50 años y que se resolvió con el llamado “Laudo de La Brea y Pariñas”, que se concretó el 12 de agosto de 1968. Ciertamente esta relación de tensión durante medio siglo y la denuncia del negociador peruano por la desaparición de “la pagina 11”, dieron la excusa perfecta para el golpe de Estado liderado por el General Velasco, definido como un gobierno nacionalista.
No pasó mucho tiempo para que el gobierno de Velasco, se diera cuenta de la necesidad de convocar a la inversión internacional para la exploración, desarrollo y explotación petrolera. Obviamente asumieron los elementos comunes de los contratos petroleros a nivel internacional, bajo el esquema de “profit sharing” y riesgos geológicos, tecnológicos, económicos y políticos, asumidos por la compañía inversionista y operadora. Bajo este esquema y tomando la experiencia de Indonesia, se creó el “Modelo Peruano”, que en esencia asignaba el 50% para disposición del operador y 50% para el Estado peruano, porcentaje éste, que incluía el 68.5% de Impuesto a la Renta del operador. Con este modelo contractual se atrajo a empresas como Occidental Petroleum, quien descubrió el lote 1-A en la selva norte y posteriormente encontraría petróleo pesado en el lote 1-B, los que posteriormente se juntarían en el lote 1-AB, hoy lote 192. Por su lado, Petroperú abrió el lote 8. Estos tres descubrimientos, muy seguidos uno de otro, hicieron suponer al gobierno del Perú (indican que mal asesorado), que “nadábamos en un mar de petróleo”, pasando a asumir una actitud soberbia y poco flexible con las empresas extranjeras, al punto que en diciembre de 1979, a seis meses de entregar el gobierno, se promulgaron dos Decretos Leyes que, unilateralmente y sin previo aviso a los contratistas petroleros, autorizaban a Petroperú a renegociar los contratos bajo nuevas normas. Tanto los contratos con Occidental Petroleum, como con Belco que operaba en el zócalo continental, fueron renegociados a la fuerza y estos tuvieron que aceptar, tras ya tener invertido más de US$1 mil millones. En ese nuevo contrato, se mantenía el 50% para el contratista y 50% para el Estado, pero además el contratista debía pagar de su parte el 68.5% de impuesto a la renta, independientemente que se agregó la obligación de entregar al fisco el 40% del volumen de cada exportación, como pago a cuenta del Impuesto a la Renta, lo que significó, en la mayoría de los casos, un pago a cuenta en exceso al que correspondía. Lo aquí descrito, eliminó a los contratistas la posibilidad de invertir en seguir explorando.
Entrado el segundo gobierno de Belaunde, se promulgó una ley que permitía reinvertir en exploración, con crédito tributario. Pero apenas asumió Alan García su primer gobierno, declaró en Tacna la nulidad de los contratos petroleros existentes.
Cómo podemos ver, hasta el año 1993, año en que la nueva constitución y posteriormente los Tratados de Libre Comercio dieron las seguridades, la actividad petrolera en el Perú había estado sujeta a grandes vaivenes y gran incertidumbre política.
Entre 1974 y 1977, cuando el Perú suponía contar con un potencial privilegiado de petróleo, el gobierno militar dispuso invertir US$800 millones, en la construcción del Oleoducto Nor Peruano (ONP), el que recorre 1,106 km desde Loreto hasta Bayovar; Tramo 1, de 306 km, tubería de 24” y que une las Estaciones de bombeo 1 y 5. Tramo 2, de 548 km, tubería de 36” y que une la Estación de bombeo 5 y Bayovar. Finalmente, el Ramal Norte de 252 km, tubería de 16” y que une el lote 1-AB (hoy 192) y la Estación 5. Su diseño e ingeniería cuenta con estándares de 1973, protegido con pintura epóxica y revestido con cinta de polietileno en zonas de selva y con alquitrán en zonas rocosas y salitrosas. En zonas de selva tiene tramos sumergidos y otros aéreos soportados por estructuras en H. Por su antigüedad, no cuenta con protección galvánica y por tal razón, el efecto de la corrosión a lo largo de sus 43 años, con débil mantenimiento, ha sido muy alta.
Más allá de la parte descriptiva, el ONP fue diseñado para transportar hasta 200 mil barriles diarios (mbpd), con posibilidad de ampliarse hasta 500 mbpd, aunque nunca transportó más de 100 mbpd. Lamentablemente, ahora se podría producir y transportar hasta cerca de 50 mbpd, si pusiéramos en operación los Lotes 95, 67, 8 y 192, que por estos días están paralizados.
Ahora el ONP requiere un plan de mantenimiento que, según Petroperú, podría alcanzar a montos que “fluctúan entre US$400 y US$ 1,600 millones”. Al margen de esto, tenemos permanentemente interrupciones del servicio del ONP por protestas sociales, tal como hoy, frente a un gobierno incapaz de imponer la ley y el principio de autoridad. El tema se agrava aún más, al haberse reducido dramáticamente las reservas probadas de petróleo y su producción, lo que nos ha llevado a que la máxima producción pueda alcanzar hasta 50 mbpd, si todos los lotes del área estuvieran listos para producir, lo que a la fecha es de cerca de 35 mbpd.
No es el tiempo de discutir la conveniencia o no de la construcción de la nueva refinería de Talara, porque ya el asunto hoy día es, que después de 7 años de construcción, dentro de uno o dos años completaremos una refinería construida para refinar 95 mbpd y desulfurar petróleo, incluyendo petróleo pesado, como el que fuera parte de nuestras reservas del lote 1-B, lo que hizo que la inversión se eleve a US$7 mil millones.
El problema del Perú es que, no hemos tenido en las últimas décadas un solo gobierno capaz de generar una visión de largo plazo para el país. Ni siquiera alguien capaz de plantearse un “proyecto petrolífero nacional” y convocar en torno a ese proyecto. En cambio, el Estado se ha involucrado en inversiones desordenadas y con absoluto desconocimiento de la actividad.
Quienes conocen la industria extractiva, saben que lo primero que se debe hacer, es exploración y desarrollo, que pruebe reservas y permita asegurar la producción futura que genere un retorno económico, capaz de pagar la gran inversión inicial, incluyendo la refinería y no al revés, como el error de 1897.
Hoy el dilema del Perú es, si queremos o debemos insistir en la industria petrolífera, considerando que contamos con un formidable activismo y oposición social, que impide y dificulta al máximo las exploraciones, perturba las operaciones, sabotea el ONP, que requiere una inversión que podría llegar a US$1,600 millones, para seguir operando razonablemente. Es fundamental reconocer, que el ONP es indispensable si queremos convencer a cualquier compañía para que venga a explorar y luego explotar cualquier descubrimiento que pudiera darse. Sin garantizar la existencia del ONP, no hay posibilidad de atraer inversión en exploración a la zona nor oriental del Perú. De otro lado, si la decisión nacional fuera, que no queremos industria petrolífera, deberemos invertir cerca de US$800 millones en retirar el ONP y en remediar los pasivos ambientales generados en más de 40 años de operación.
Debemos considerar, que los precios del petróleo no están en sus mejores niveles, que el Perú no tiene una historia de éxito en la exploración petrolífera, que la historia política del Estado peruano relacionada a hidrocarburos ha sido demostradamente inadecuada (en lo tributario como lo muestra la reseña histórica y en lo ambiental, como se ve hoy en las imposiciones de OEFA a Pluspetrol respecto de la remediación de pasivos ambientales anteriores a sus contratos), que estamos teniendo una tremenda propensión al populismo en todos los sectores políticos, que se está generando para los inversionistas una seria inestabilidad política, que si no corregimos, se irá acercando a lo que tuvimos entre los años 1968 y 1993, que la industria extractiva es “la presa preferida” para los políticos populistas y las ONGs ambientalistas y que en el Perú no se respeta la ley, ni el principio de autoridad.
¿Qué debemos hacer? En lugar de tontear, como lo han hecho políticos inútiles esta última década, debemos estudiar el problema, analizar nuestras opciones, definir lo que le conviene al Perú y ponernos a trabajar para lograr el objetivo. Pero, sobre todo, asegurarnos que el Perú se gane el respeto internacional, por su seriedad y se convierta nuevamente en un destino de inversiones atractivo para los capitales, que servirán para nuestra reactivación post COVID y que al venir acompañados de oportunidades de negocio y de tecnología muy útil para nuestro desarrollo, nos plantearían un mejor horizonte. Lampadia
